por Alberto López Girondo | Dic 8, 2017 | Sin categoría
El anuncio de Trump de trasladar la embajada de EEUU a Jerusalén provocó enfrentamientos que dejaron un saldo de dos muertos y unos 200 heridos. El líder de Hamás llama a una nueva revuelta como la que en 1987 dejó un saldo de 1258 palestinos y 150 israelíes muertos.
El líder de Hamás, Ismael Hanniya, llamó a una tercera Intifada luego de la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y de trasladar la embajada de Estados Unidos a esa ciudad sagrada para tres religiones monoteístas. Los primeros escarceos no se hicieron esperar y ya hubo dos muertos y más de 200 heridos en Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza, según reveló el vocero de la Media Luna Roja, la versión árabe de la Cruz Roja.
Los enfrentamientos se produjeron contó Erab Fuqaba a Sputnik, luego de la oración del viernes y coincide con la víspera de la celebración de los 30 años de la primera Intifada, el 9 de diciembre de 1987.
Aquella vez, el “incendio” comenzó cuando un camión conducido por un israelí chocó a dos vehículos llenos de trabajadores palestinos en inmediaciones del campo de refugiados de Jabaliya, en Gaza y provocó la muerte de cuatro personas y una decena de heridos.
Al otro día el clima de repudio fue creciendo y el ejército israelí reprimió a la población palestina provocando la muerte de ocho manifestantes. Intifada, en árabe, es levantamiento o revuelta y en este caso el armamento utilizado por la población fueron piedras. Por eso esa primera Intifada fue conocida como la “guerra de las piedras”. La imagen icónica fue “piedras contra balas”: multitudes que utilizaban piedras y palos contra el muy bien pertrechado ejército israelí.
Solo para los negadores de la situación de extrema opresión que vivía la población palestina el levantemiento podía resultar sorpresivo. Un año antes, el ministro de Exteriores de Israel, Abba Eban, ya había advertido a su gobierno sobre el marco de castigos y represión violenta en que se vivía en las comunidades locales.
Se había cumplido hacía poco los 20 años de la Guerra de los Seis días, que se desarrolló entre el 5 y el 10 de junio de 1967 entre Israel y la coalición árabe formada por Egipto, Jordania, Irak y Siria y que culminó con la ocupación israelí de territorios que de acuerdo a la ONU debían ser para la formación del estado palestino, como Cisjordania, Jerusalén del Este y la Franja de Gaza.
Para muchos historiadores, aquella Intifada de 1987 fue realmente la primera guerra real entre el pueblo palestino e Israel. Terminó recién en 1993 cuando la Organización para la Liberación Palestina (OLP), dirigida entonces por Yaser Arafat, firmó en Oslo los acuerdos para la autonomía de su patria con el primer ministro israelí Yitzhak Rabin. En ese lapso, 1258 palestinos habían muerto a manos de tropas israelíes. La cuarta parte de las víctimas tenía menos de 16 años. En la revuelta también perdieron la vida 150 israelíes.
Arafat y Rabin, junto con Shimon Peres, recibieron por ese proceso de negociaciones el Premio Nobel de la Paz en 1994.
Pero el acuerdo dejó un tendal de descontentos y en noviembre de 1995, Rabin sería asesinado por un ultraderechista israelí, Yigal Amir. Poco antes había hablado en un acto por la paz y había reconocido que durante la Primera Intifada más de 100.000 palestinos habían pasado por las cárceles israelíes.
La Segunda Intifada se desató en setiembre del 2000, cuando el jefe de la derecha israelí, Ariel Sharon, visitó la explanada de las Mezquitas en Jerusalén del Este, en una acción considerara desafiante por la comunidad palestina. El Ejército de Israel volvió entonces a ocupar las principales ciudades palestinas. Se retiraría recién en 2005.
Existe desde hace décadas una política constante de los distintos gobiernos israelíes de autorizar la ocupación de territorios para la construcción de viviendas en zonas que corresponden al estado de Palestina y en contra de varias resoluciones de la ONU y de la Convención de Ginebra.
A raíz de estas aprobaciones sobre zonas ocupadas militarmente, hay más de 200 asentamientos con una población de unas 600.000 personas.
En los últimos días, la televisión israelí informó que el gobierno de Benjamin Netanyahu autorizó la construcción de otras 14.000 viviendas en Jerusalén, al mitad de las cuales estarán en Atarot y Pisgat, al norte de la ciudad sagrada, en una zona ocupada desde 1967.
La suma de una decisión estadounidense que, en la práctica no podría ponerse en marcha en menos de dos años, y esta constante ocupación israelí, hace prever que el llamamiento del líder de hamás encontrará eco en la población palestina, con el costo en vidas que se puede prever.
Tiempo Argentino Viernes 8 de Diciembre de 2017
por Alberto López Girondo | Dic 5, 2017 | Sin categoría
El presidente bolivariano anunció la creación del Petro, una criptomoneda con respaldo en el petróleo, gas, oro y diamantes que atesora el suelo venezolano. Servirá para saltar el cerco financiero al que lo somete el gobierno estadounidense.
Hugo Chávez solía repetir una frase del maestro de Bolívar, Simón Rodríguez: “O inventamos o erramos”. Y con esa premisa, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una moneda encriptada, el Petro, con la que espera saltar el bloqueo financiero al que el gobierno de Estados Unidos somete a Venezuela y que le impide comerciar libremente con el resto del mundo.
“Venezuela anuncia la creación de su criptomoneda, el Petro se va a llamar, esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país”, indicó Maduro en su programa dominical de televisión. La moneda virtual, una suerte de bitcoin chavista, tendrá -a diferencia del invento atribuido al tal Satoshi Nakamoto- respaldo en las reservas de petróleo, gas, oro y diamantes que atesora el rico suelo venezolano.
Su valor dependerá, según comenta a Tiempo el economista Guillermo Oglietti, de Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), un think tank de estudios regionales, del precio de los commodities en que basa su fortaleza en una proporción aún no definida. Pero conviene tener en cuenta que Venezuela tiene las reservas más grandes del planeta de crudo.
Esa riqueza pone al Petro en condiciones de competir en un plazo no demasiado largo con el dólar, que desde el fin de la convertibilidad con el oro, en 1971, se respalda en que es la moneda de cambio para las transacciones petroleras. Este ocurre desde 1974 cuando el rey Faisal bin Abdulaziz firmó un acuerdo con el entonces presidente Richard Nixon por el cual el billete estadounidense pasó a ser el único efectivo aceptado para sus exportaciones.
Venezuela viene sufriendo el acoso de Washington, primero con Barack Obama, que catalogó al país como un enemigo de Estados Unidos y le impuso sanciones económicas. Donald Trump agravó el problema sumándole un bloqueo financiero que impide la realización de transacciones en dólares, con lo cual se dificulta la venta de su principal insumo, que es el petróleo, y la compra de productos alimenticios y medicinas, que son los primeros productos cuya falta repercute en la sociedad.
Esta situación agravó una crisis económica que viene de lejos y se nació con el ataque especulativo del establishment venezolano a los gobiernos chavistas, pero continuó con la baja del precio internacional del petróleo en los últimos años. La inflación está en niveles galopantes y según el Banco Central de Venezuela, el año pasado rondó el 274% y este año será superior. Pero el gran condicionante de la economía es la escasez de dólares, lo que llevó al gobierno chavista ya desde 2013 a reforzar los controles de cambios que generaron un mercado paralelo de consecuencias devastadoras sobre la economía real.
En las últimas semanas hubo presiones mediáticas relacionadas con las dificultades o demoras para el pago de algunos vencimientos de bonos del gobierno y de la petrolera estatal PDVSA, que llevaron a que agencias evaluadoras comenzaran a hablar de default. De hecho, Rusia renegoció deudas para facilitar el pago y se informó que Caracas estaba en conversaciones para refinanciar otros documentos soberanos.
La solución de una moneda encriptada le habría sido acercada a Maduro a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, una creación del propio Chávez que data de su primer gabinete, en 1999. La base es la serie de criptomonedas que circulan en el espectro de internet, la más famosa de las cuales es bitcoin.
Se trata de medios de pago electrónicos que circulan por la red de redes pero que a diferencia de las monedas de metal o papel, no tienen existencia tangible y tampoco dependen de un centro de control, como puede ser un gobierno o un banco emisor. La ventaja para quienes la usan es que los pagos se hacen en forma anónima (la encriptación es altamente confiable) y no pueden ser bloqueados por ninguna institución formal. Y también que en cualquier momento se pueden convertir en moneda real, de acuerdo a la cotización del día. Hay “casas de cambio” de encriptadas en casi todos los centros financieros internacionales.
“El mundo tradicional de las finanzas atraviesa fuertes transformaciones por la expansión de las nuevas tecnologías. Desde la aparición de internet, las innovaciones en el sector financiero han sido importantes. El uso de algoritmos de trading, es decir, operaciones automatizadas de compra y venta de activos financieros sin intervención humana, ya representan el 70% de los movimientos bursátiles”, advierte Oglietti en un trabajo realizado junto con Federico Jucher.
Para garantizar las operaciones con el Petro, Maduro anunció ese mismo día la creación de un observatorio de la cadena de bloques (blockchain) con que se emite la moneda, que será “la base institucional, política y jurídica para la criptomoneda venezolana”. La blockchain es un registro de todos los bloques de transacciones que se realizan (pagos y cobros), “localizado en miles de computadoras de todo el mundo, lo que representa la garantía del sistema, porque para validarse una transacción, muchas computadoras tienen que aceptarla en sus registros”, agrega Oglietti.
En el caso del Petro, sería un derivado financiero que se irá a valuar por el precio del activo que representa. Y el petróleo viene en aumento desde que hace casi un año el propio Maduro realizó una gira por todos los países productores, nucleados en la OPEP o no, para convencerlos de reducir la producción y así incrementar el precio.
La posición de Arabia Saudita en este negocio es central para cualquier cotización, y también para el respaldo tan frágil que tiene el dólar. Lo que explica la extraña relación de los sucesivos gobiernos estadounidenses con el régimen saudita. Una relación que puede complicarse si es que China logra que finalmente la monarquía acepte venderle petróleo en yuanes. Mucho más si es que el Petro, a pesar de algunos pronósticos agoreros, finalmente se impone y abre nuevos cauces por donde circule el comercio internacional. Además de que alivie el cerco financiero con que Trump pretende voltear al chavismo.
Tiempo Argentino Martes 5 de Diciembre de 2017
por Alberto López Girondo | Dic 1, 2017 | Sin categoría
Entre los 194 detenidos en las protestas del 20 de enero hay dos periodistas independientes. El primer tramo del juicio, contra seis acusados, servirá de espejo para lo que pueda ocurrir en la segunda fase. «Es como el canario en la mina de carbón»; dicen los analistas.
Un tribunal de Washington está por definir lo que sin dudas será un caso testigo para el tratamiento de las protestas sociales en Estados Unidos en el futuro. Se trata del juicio contra seis de los 194 detenidos durante las manifestaciones del 20 de enero pasado, el día que asumió el presidente Donald Trump, y que enfrentan cargos de hasta 60 años de prisión.
Como se recuerda, miles de personas fueron a expresar su rechazo a la llegada de magnate a la Casa Blanca, pero la movilización terminó con incidentes y la policía reprimió arrinconando a un puñado de personas en la esquina de las calles L y 12, desde donde fueron llevados a la rastra hasta una sede policial. Allí les quitaron las pertenencias, los celulares y sufrieron todo tipo de abusos.
Entre los detenidos había varios periodistas, algunos de los cuales fueron liberados pocas horas más tarde, pero dos siguen atados a esa causa, tal vez porque trabajan como free lance o para medios alternativos. Por ahora las únicas pruebas contundentes en su contra son algunos videos provistos por una ONG financiada por sectores ultraconservadores y que a su vez enfrenta denuncias por haber intentado en estas semanas “sembrar” una testigo a periodistas de The Washington Post con una acusación falsa contra un candidato a senador por Alabama. Para los grupos de defensa de los derechos civiles, este primer tramo contra los seis implicados es, apelando a una frase popular, “como el canario en la mina de carbón”, es decir, lo que ocurra con ellos indicará el rumbo judicial para los demás acusados. Uno de los trabajadores de prensa acusados es Alexei Wood, un reportero gráfico de San Antonio, California, que según declaró, tomó la decisión de viajar a Washington para asistir a la ceremonia de jura porque intuía que las protestas contra Trump serían grandes y quería testimoniar ese evento. El otro periodista acusado es Aaron Cantú, quien también trabaja en forma independiente.
El empresario inmobiliario ganó la presidencia en el colegio electoral pero obtuvo casi tres millones de votos menos que su oponente, Hillary Clinton. Y es el mandatario que llegó a la Casa Blanca con peor imagen pública. No parecía una mala oportunidad de registrar lo que ocurriera. Wood acostumbra a poner el lente en lugares donde los grandes medios no quieren ni asomar la nariz, Cantu hace lo propio con palabras.
Según mostraron las cámaras de tevé aquel día y contaron luego testigos presenciales, un grupo con algunos encapuchados se desprendió de la manifestación y provocó incidentes con la policía e incluso causó destrozos en comercios aledaños. Pero los uniformados persiguieron a un sector de la multitud a mansalva.
El argumento de los desmanes fue presentado ante el tribunal por la fiscalía, en este caso a cargo de Jennifer Kerkhoff, quien mostró a los jurados la boleta de reparación de una vidriera de un local de Starbucks y un televisor de una estación de servicio de BP atacados por manifestantes pro varios miles de dólares. Por esta razón los acusados enfrentan cargos por hasta 60 años de prisión ya que se los acusa de amotinamiento, conspiración, y daños a la propiedad y a las personas.
Este juicio genera en los grupos de defensa de los derechos civiles de Estados Unidos dos cuestiones a debatir en los tribunales y ante la opinión pública ¿Se puede acusar a un grupo masivo por los delitos que puedan haber cometido solo algunas personas? ¿Se trata de una acusación contra actos de violencia o el inicio de una escalada de ataques a la libertad de expresión de un gobierno sin pudores para avanzar contra derechos y garantías?
Y aquí es donde entra en juego Project Veritas, una organización creada por James O´Keefe, un joven de 33 años, militante ultraconservador de escasa credibilidad desde que se encontró que editaba maliciosamente videos en los que los personajes involucrados aparecen diciendo lo contrario de lo que realmente habían dicho. En 2010 se declaró culpable de haber ingresado en la oficina de la senadora Mary Landrieu, demócrata por Luisiana, mediante falsos pretextos para realizar grabaciones ilegales.
Hace un par de semanas una mujer se presentó en la redacción del Washington Post para denunciar que cuando tenía 15 años había sido víctima de abuso sexual por parte de Roy Moore, un ex juez y dos veces presidente del Supremo Tribunal de Alabama que se presenta para senador para ocupar el cargo que dejó vacante Jeff Sessions cuando asumió la secretaría de Justicia de Trump. A los periodistas no les cerraba el testimonio de la mujer y decidieron tomarse unos días para contrastar la información antes de publicarla. Pero hete aquí que la encontraron ingresando a la oficina de Project Veritas. Allí les cayó la ficha de que era algo armado por O´Keefe para desprestigiar a un aspirante al Senado que, de todas maneras, ya tenía otras denuncias en su contra y está tan corrido a la derecha como para ir en contra del casamiento igualitario en un distrito donde es legal.
Pero este incidente le sirvió al Post para mostrar imparcialidad y a los organismos de derechos civiles para alertar al jurado que debe resolver sobre los acusados por las marchas contra Trump sobre una de las pruebas consideradas por la fiscalía como contundentes contra los activistas. Es que el ministerio público presentó una grabación de Project Veritas donde se ve una presunta reunión secreta de militantes sociales del día previo la marcha donde se estaría hablando de los planes para interrumpir la ceremonia de inauguración del nuevo periodo presidencial.
«Es absolutamente impactante que los fiscales hayan declarado que confían en un video de Project Veritas», dijo a Democracy Now Jude Ortiz, miembro de Defend J20 Resistance, una organización que apoya a los 194 manifestantes involucrados en el juicio. Para James Anderson, de It´s Going Down, otra ONG progresista, que el tribunal haya tenido que recurrir a un video de Project Veritas “muestra que el Estado no tiene mucho de dónde agarrarse” para condenar a los manifestantes.
«El hecho de que tienen que recurrir al uso de estos trolls de extrema derecha, que están ampliamente desacreditados, no solo habla de la ilegitimidad de su caso, sino también de una relación fundamental entre la administración Trump y el alt-right (la derecha alternativa, un sector de extrema derecha que apoya al magnate)», abundó Anderson ante el británico The Guardian.
No solo eso, en el juzgado quedó claro que los investigadores desmenuzaron información de ocho teléfonos celulares de los incautados y que revisan historiales de internet y las imágenes extraídas de los aparatos para utilizarlas en contra de los reos. La conocida Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) demandó a la policía por el uso de fuerza excesiva contra los detenidos, maltrato y abusos sexuales como forma de intimidación. Para el departamento de policía de Washington, “los arrestos del 20 de enero fueron apropiados”, lo mismo que los procedimientos posteriores.
“Periodistas, abogados, el manifestante promedio: esas son las personas a las que acecharon, arrestaron y acusaron de delitos graves”, dijo Alex Stokes al portal The Intercept. Stokes también es periodista pero pudo zafar de la causa porque fue liberado a los pocos días. Lo que no queda claro es cómo se resolverá el caso, en el que parecen haber muchas presiones desde el gobierno federal.
Así lo interpreta Suzanne Ito, de ACLU, quien ironiza sobre la forma que podrían utilizar los jueces para una condena como la que sustancia la fiscalía. “Podrías sacar una pistola en el centro del DC (Washington) y asesinar de un disparo en la cabeza contra un policía y tendrías 30 años de prisión”. La mitad de la que se cierne sobre las cabezas de los detenidos el 20J, como titulan el caso los medios en inglés.
Tiempo Argentino Viernes 1 de Diciembre de 2017
por Alberto López Girondo | Nov 29, 2017 | Sin categoría
Los hermanos Koch, la tercera fortuna de EEUU, niegan el calentamiento global, abogan por reducir impuestos y financian la operación del grupo Meredith. Nace otro medio amigo de Trump.
Donald Trump sigue ganando amigos en los medios más influyentes de Estados Unidos. Y al apoyo que le brindan (y blindan) los medios de la derecha tradicional como Fox y al crecimiento que él mismo beneficia desde el gobierno como los medios de Sinclair (ver acá) ahora le sumará la venta de Time Inc al grupo Meredith, con el respaldo financiero de los hermanos Koch. Con esta operación, la agenda ultra conservadora gana un espacio de relieve amparada en los millones de David y Charles Koch, quienes rechazan visceralmente las advertencias sobre el cambio climático y hacen lobby desde hace décadas por una drástica eliminación de impuestos para los más ricos. Entre los cuales están ellos: la tercera fortuna de Estados Unidos, un nivel de facturación anual de 100 mil millones de dólares y unos 120 mil empleados en 60 países diseminados en empresas petroleras, químicas, de fertilizantes, mineras y hasta casi 190 mil hectáreas de la Matador Cattle Company, donde pastan 12 mil vacunos de la mejor carne, según se ufanan en su página web.
La operación sobre Time fue concretada el domingo pasado a última hora y anunciada el lunes. Desde entonces las especulaciones sobre este hecho discurren por todos los medios estadounidenses, aunque no puede decirse que sorprende porque se sabía de las conversaciones desde hace por lo menos tres años.
Es una oferta por 2800 millones de dólares por una editorial que publica las revistas Time, People, Fortune y Sport Illustrated. Es bueno aclarar que Time Inc. se desprendió en 2014 del grupo Time-Warner, cuya fusión con AT&T rechaza el gobierno de Trump.
El grupo Meredith, con sede en Des Moines, estado de Iowa, a su vez, creció en torno de la revista Better Homes & Gardens y tiene varias otras publicaciones relacionadas con el hogar, la salud y la mujer. Pero además posee 16 canales de televisión locales, afiliadas unas a CBS, otras a Fox, MyNetworkTV, NBC y ABC, las cadenas más conocidas de EEUU.
Esta operación con Time genera, aseguran, un medio con impacto en 135 millones de lectores y unos 60 millones de suscriptores y una facturación de 2700 millones en publicidad.
Time venía en picada por el cambio de paradigmas informativos que se registra en todo el planeta. Y le cuesta trabajo adaptarse a la realidad de que cada vez menos personas se informan por medios en papel y que la publicad en la web aún le es esquiva. Pero nadie ignora que sigue teniendo una influencia poderosa en la sociedad. De hecho su modelo se exportó a revistas de todo el mundo, incluida la Argentina, donde Noticias aparece como un claro producto surgido de esa escuela. Hablando en plata, sin embargo, Time perdió en el primer semestre de este año unos 72 millones de dólares y de no hacer algún tipo de acuerdo de salvataje se encaminaba a la bancarrota.
La cuestión es que detrás de esta operación están los 650 millones que aportaron los hermanos Koch. El presidente ejecutivo del grupo Meredith, Stephen Lacy, aseguró que los «Big Brothers» como se los menciona irónicamente, tendrán una «participación pasiva» y que no se sentarán en el directorio, con lo que, jura, «no tendrán influencia en las operaciones editoriales o gerenciales de Meredith».
Eso despertó suspicacias entre quienes conocen como se mueven los Koch y como se mueven los empresarios en general en todo el planeta.
Es cierto que la participación parece mínima en esta etapa, pero hay una experiencia previa de cuando los hermanos intentaron comprar los ocho periódicos de Chicago Tribune y recibieron a cambio una ola de protestas que los hizo desistir. Era 2013 y gobernaba Barack Obama. Ahora son otros tiempos, pero mejor entrar de a poco antes de que aparezcan cuestionamientos.
«La revista Time no mueve la aguja sobre nada más», pontifió Jay Rosen, profesor de periodismo en la Universidad de Nueva York, ante el británico The Guardian. «Simplemente (la compra) no tiene mucho sentido para mí, a menos que quieran influir en los rankings de Fortune 500 o algo así » agregó.
Pero el sentido puede estar en análisis para el mismo medio de Bill McKibben, un militante del movimiento ecologista que suele escribir para del New Yorker. «Es una decisión empresarial muy adecuada: una forma barata de ejercer aún más influencia política», en relación con la negación del cambio climático, uno de los caballitos de batalla de empresarios como ellos que tienen, según el Political Economic Research Institute de Massachusetts. la décima compañía más contaminante de Estados Unidos.
Efectivamente, para Koch, que patrocina la fundación Americans for Prosperity y sponsorea al grupo ultraderechista republicano Tea Party, no será negocio tener medios influyentes. Hay coincidencia entre los analistas que no está ahí precisamente la gallina de los huevos de oro.
Pero puede ser más que conveniente a largo plazo mantener medios que confronten con los argumentos de científicos y especialistas de todo el mundo en torno a las consecuencias del cambio climático. Una agenda que consideran «de izquierda».
Ellos son, en realidad, libertarios. Propugnan una sociedad donde el estado sea mínimo y solo sirva para defender las libertades individuales. Nada de mantener organismos como el FBI, la CIA o financiar la Seguridad Social. En este contexto, tiene sentido contar con medios que apoyen nuevas y más contundentes reducciones impositivas como las que Donald Trump intenta aprobar.
El mandatario, por cierto, ya se convirtió en un adalid en el negacionismo climático y aboga por una reforma fiscal que beneficie a los más poderosos con el viejo y conocido argumento que así habrá más inversiones.
Pero todo indica que el hombre de los Koch no era el actual inquilino de la Casa Blanca sino su vicepresidente, Mike Pence, quien conoce a los Koch desde hace más de una década y recibió generosos aportes para ganar la gobernación de Indiana. No pudieron colocarlo como cabeza de la candidatura la presidencia, en 2016, pero fueron fundamentales para que acompañara en las sombras a Trump.
Si por alguna razón el polémico magnate es destituido -y no resultaría algo insólito a esta altura el amigo de los Koch ocuparía su lugar.
Tiempo Argentino Miércoles 29 de Noviembre de 2017
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