Abraham Lincoln asumió la presidencia de EEUU el 4 de marzo de 1861 y 40 días más tarde se desató la Guerra Civil. El presidente era Republicano; en el sur esclavista, los Demócratas eran mayoría y apoyaban ese modelo de explotación inhumana. Se sabe: triunfaron “los buenos” y formalmente se abolió la esclavitud. Lincoln sería asesinado cinco días después del fin de la guerra, hace 155 años. Los negros ganaron la libertad en los campos de batalla, pero pronto la perdieron en la vida real.
Andrew Johnson reemplazó al presidente asesinado y estableció el Plan de Reconstrucción del sur, que quedó ocupado militarmente para que se cumplieran las leyes de la Nación. Los esclavos liberados comenzaron a acceder a derechos civiles y políticos y a reclamar 40 acres de tierra (16 hectáreas) y una mula que por ley les había otorgado el gobierno. El voto negro fue clave para el triunfo de Ulysses Grant, el general victorioso, en 1868.
El conflicto en los once estados esclavistas no cesó y por esos años nace el Ku Klux Klan, el grupo supremacista blanco protagonista de las mayores atrocidades contra los afrodescendientes.
Hasta que en las elecciones de 1876 los racistas sureños encontraron la rendija que estaban buscando. Los demócratas habían candidateado a Samuel Tilden; los republicanos, a Rutheford Hayes. Tilden tuvo más votos populares, pero quedó a un elector de consagrarse presidente.
Hayes decidió ganar a como diera lugar y acordó retirar al ejército de los estados sureños ni bien asumiera su cargo y dejar las manos libres a los supremacistas. Muy poco tardaron “los malos” en arrasar con todos los derechos y profundizar este genocidio a cuentagotas.
Un siglo debió pasar para que otro Johnson, Lyndon, sucesor de otro presidente asesinado, John Kennedy, derogara las leyes de Jim Crow, promulgadas en 1876, que establecían la segregación racial en todas las instalaciones públicas, y aprobara en 1965 la ley de Derechos Civiles.
Tapizaron ese camino Rosa Parks, la mujer que en diciembre de 1955 se negó a dejarle su asiento a un blanco en un autobús en Alabama, y habían sido asesinados Martin Luther King y Malcolm X.
El triunfo electoral de un afrodescendiente, Barack Obama, no aplacó estas masacres cotidianas encarnadas, ahora, por policías de todos los rincones el país.
Si algo saben los racistas es que se puede perder una guerra. Lo importante es quién gana la paz. Y ellos siempre están al acecho.
La consigna “No puedo respirar” se convirtió en un grito de lucha y resistencia para millones de manifestantes de todo el mundo contra el racismo y la brutalidad policial. Este sábado hubo marchas multitudinarias en varios países, a pesar de la pandemia, desde Londres y París, a Sídney y Montreal. Pero donde se orientaron todas las miradas fue hacia las concentraciones que se realizaron en las principales ciudades de Estados Unidos, allí crece la protesta por el asesinato de George Floyd, asfixiado a la vista del público por Derek Chauvin, un oficial de la policía de Minneapolis, el 25 de mayo pasado.
Ayer se realizó en Raeford, Carolina del Norte, la ciudad natal de Floyd, su segundo funeral. El hombre de 46 años había ido detenido tras la acusación de haber intentado pagar una compra en un supermercado con un billete de 20 dólares presuntamente falso.
El crimen despertó una ola de indignación en todo el país, que literalmente quedó en llamas, como un tardío recuerdo de aquellos levantamientos de 1964 en el pueblo de Jessup tras el asesinato de tres activistas por los derechos civiles, reflejado en la película Mississippi en llamas, dirigida por Alan Parker en 1988.
Para combatir el fuego, expresado en actos violentos, saqueos e incendios durante las manifestaciones, al presidente Donald Trump no se le ocurrió mejor idea que responder con más fuego. Y a los primeros desafíos en las redes sociales a los manifestantes, agregó luego la amenaza de usar toda la fuerza estatal para reprimirlos, a través de la Guardia Nacional, una especie de Gendarmería de EE UU. Lo pudo hacer en Washington DC por el estatus particular de la ciudad capital del país, donde pudo inundar lo que se denominó el “espacio de batalla” con vehículos motorizados del Ejército.
También acusó de terrorista al grupo Antifa (Acción Antifacista), a los que calificó como grupo anarquista de izquierda radical, como una banda que alienta los saqueos o destrozos producidos en algunas de las marchas. Todo esto sin mostrar ninguna prueba de sus aseveraciones.
Esa provocación incentivó aún más la presencia de manifestantes en cada una de las marchas a lo largo del país. Se movilizan con el reclamo de poner fin a las desigualdades y la violencia institucional, y tienen cada vez más claro el objetivo, explícito por los organizadores, de impedir que grupos ultras puedan copar las protestas.
En vísperas de elecciones presidenciales, Trump se enfrenta con un panorama incierto sobre su aspiración a otro período en la Casa Blanca. A su desastrosa gestión de la pandemia, que puso al país al tope de contagios y muertos, se suma la caída en la actividad económica y la pérdida de millones de puestos de trabajo. Si la excusa para no aceptar una cuarentena estricta era mantener la producción y el empleo a pesar de la pérdida de vidas humanas, Trump fracasó en todo. Las últimas encuestas ubican primero en la carrera presidencial a Joe Biden, el candidato de los demócratas.
Para colmo, el inquilino de la Casa Blanca se topó estos días con un inesperado rechazo. Fiel a su estrategia de tensar la cuerda al máximo y luego ver cómo sigue la historia, amenazó con sacar al Ejército a las calles de todo el país para controlar los desmanes. Dijo que para lograrlo iba a recurrir a la Ley de Insurrección, de 1807.
No contaba seguramente con que el Pentágono no estaba dispuesto a sostener esa bravuconada. Y si bien nadie en actividad se pronunció abiertamente, por eso de cuidar las asentaderas, dos expresidentes del Estado Mayor Conjunto -en la práctica el cargo representa el máximo comandante de las Fuerzas Armadas de EE UU luego del presidente de la Nación- salieron a cuestionar sin cortapisas el liderazgo del presidente Trump.
El general Mike Mullen, el comandante de las tropas entre 2007 y 2011, esto es, un tramo de George W. Bush y uno de Barack Obama, dijo en una columna para la revista The Atlantic que «Estados Unidos tiene una larga y, para ser justos, a veces problemática historia de usar las fuerzas armadas para hacer cumplir las leyes nacionales” y agregó que el mandatario “puso al descubierto su desdén por los derechos de protesta pacífica (con lo cual) ayudó a los líderes de otros países que se sienten cómodos con nuestra lucha interna y se arriesgó a politizar aún más hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas».
En un tuit, su sucesor, el general Martin Dempsey, fue también contundente. “Los militares estadounidenses, nuestros hijos e hijas, se pondrán en riesgo para proteger a sus conciudadanos. Su trabajo es inimaginablemente duro en el extranjero; más duro en casa. Respétalos, porque ellos te respetan. Estados Unidos no es un campo de batalla. Nuestros conciudadanos no son el enemigo”.
Como la espuma crecía en el Pentágono, el secretario de Defensa, Mark Esper, debió fijar posición. Militar en su origen, devenido en lobista de la industria bélica, declaró: «La opción de las fuerzas de servicio activo en una función de aplicación de la Ley sólo debe usarse como un último recurso, y solo en las situaciones más urgentes y graves. No estamos en una de esas situaciones ahora. No apoyo invocar la Ley de Insurrección».
A esta rebelión su sumaron empleados de la Agencia de Inteligencia del Pentágono (DIA por sus siglas en inglés) preocupados por la posibilidad de tener que vigilar a los manifestantes. La información se filtró luego de un cónclave por videoconferencia coordinada por el director de la DIA, el teniente general Robert Ashley. A la pregunta de si es verdad que en la Agencia se estaba preparando un equipo de trabajo sobre las protestas a raíz del asesinato de Floyd, Ahsley respondió: “Nuestra misión principal es la inteligencia en el exterior”.
Pero esta rebelión no debería interpretarse como un giro de los militares hacia posiciones más pacifistas o democratizantes. Uno de los que castigó a Trump estos días fue el general James Mattis: “Sabemos que somos mejores que el abuso de la autoridad ejecutiva que presenciamos en la plaza Lafayette (donde la policía reprimió bárbaramente el lunes). Tenemos que rechazar y hacer que rindan cuentas aquellos que están en el poder y que quieren reírse de nuestra Constitución”, señaló.
Mattis fue secretario de Defensa de Trump y renunció en enero de 2019 en disconformidad con el anuncio de Trump de retirar tropas de Siria.
Donald Trump armó un acting represivo en Washington para incentivar a los gobernadores sobre la mejor forma de reprimir la rebelión popular por el asesinato de George Floyd. Luego, amenazó con sacar el Ejército apelando a la ley de Insurrección de 1807 si los mandatarios estaduales mostraban blandura. Pero como viene ocurriendo desde hace algún tiempo, el Pentágono ya no obedece dócilmente a las directivas presidenciales. Lo notable esta vez es que lo tuvo que confirmar el propio Secretario de Defensa, Mark Esper. «La opción de las fuerzas de servicio activo en una función de aplicación de la ley solo debe usarse como un último recurso, y solo en las situaciones más urgentes y graves -advirtió Esper – no estamos en una de esas situaciones ahora. No apoyo invocar la Ley de Insurrección «.
Luego de que fueran creciendo las manifestaciones en todo el país tras difundirse las imágenes del homicidio de Floyd, asfixiado con la rodilla por un agente policial en Minneapolis, Trump mostró su vena más agresiva. Y desafió a los ciudadanos, indignados por la seguidilla de crímenes policiales contra ciudadanos de la comunidad negra. Era la chispa que faltaba para que se incendiara, literalmente, gran parte de Estados Unidos de un modo que no se veía desde la década del 60.La política sanitaria de Trump, que generó más de 100.000 muertos, sumado a las amenazas contra China, Venezuela y la OMS, crearon un clima irrespirable para las capas de la sociedad más civilizadas.
Para colmo, es bastante evidente que las tropas estadounidenses no están para nada de acuerdo con el liderazgo del presidente, que es visto por lo menos como temeraria y sin una estrategia de fondo. Hubo varios hechos que levantaron las alarmas entre los militares. Uno de ellos fue el contagio masivo de marines en el portaaviones Roosevelt y la complicada respuesta de la Casa Blanca cuando necesita desviar la atención de algún tema acuciante, que es desatar algún conflicto bélico, un arma que Trump usó muy poco en relación con sus antecesores, pero que inscripto en la crisis por el coronavirus, representa un cóctel intolerable para los uniformados.
Cuando amenazó con tomar represalias ante la llegada de petroleros iraníes que desafiaron el bloqueo sobre Venezuela, también resultó desairado por sus subordinados. A esa altura, ya había más de 5.000 militares contagiados y las camas de terapia intensiva de los hospitales militares estaban atestadas.
Los últimos reportes oficiales indican que en un mes se duplicaron los casos de Covid-19 entre civiles y militares que trabajan para alguna dependencia del Pentágono y los muertos ya son más de 1.500. En ese contexto, la última bravuconada no hizo sino visibilizar ese malestar hasta ese momento en bambalinas.Es así que este martes pateó el hormiguero el ex titular del Estado Mayor Conjunto, Mike Mullen, el comandante de las tropas entre 2007 y 2011, literalmente el segundo al mando de las tropas estadounidenses, detrás del presidente de la Nación, durante el último tramo de la segunda presidencia de George W. Bush y la mitad del primer mandato de Barack Obama.
En un artículo publicado por el sitio web The Atlantic, Mullen – que entre sus “logros” ostenta el de haber supervisado el asesinato de Osama bin Laden en Pakistán – se descargó con un ácido ataque al inquilino de la Casa Blanca.“ He sido reticente a hablar sobre temas relacionados con el liderazgo del presidente Trump, pero estamos en un punto de inflexión, y los eventos de las últimas semanas han hecho que sea imposible permanecer en silencio”, dice de entrada, como para romper el hielo.
«Cualquiera que sea el objetivo de Trump al realizar su visita (a la iglesia de Saint John, en una provocación a los manifestantes), dejó al descubierto su desdén por los derechos de protesta pacífica en este país, ayudó a los líderes de otros países que se sienten cómodos con nuestra lucha interna y se arriesgó a politizar aún más hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas». «Estados Unidos tiene una larga y, para ser justos, a veces problemática historia de usar las fuerzas armadas para hacer cumplir las leyes nacionales», agregó Mullen en esa columna en The Atlantic que tituló “No puedo permanecer en silencio” El problema para nosotros hoy no es si esta autoridad existe, sino si se administrará sabiamente», concluyó.
Mullen, destaca Military Times, una publicación para las tropas estadounidenses desplegadas en todo el mundo, no hizo sino sumarse a otro General de alto rango, Martin Dempsey, su sucesor en el cargo, hasta la llegada de Trump al poder, quien el lunes había publicado un tuit revelador del estado de rebelión que también anida en las Fuerzas Armadas de EEUU. “Los militares estadounidenses, nuestros hijos e hijas, se pondrán en riesgo para proteger a sus conciudadanos. Su trabajo es inimaginablemente duro en el extranjero; más duro en casa. Respétalos, porque ellos te respetan. Estados Unidos no es un campo de batalla. Nuestros conciudadanos no son el enemigo”
Poco le quedaba por hacer a Esper, teniente coronel galardonado por sus servicios en la guerra del Golfo contra Irak en tiempos de George Bush padre. No tiene espalda como para lidiar contra dos comandantes como Demspey y Mullen, que además reflejan el sentimiento de los cuarteles.
Es difícil coincidir con Donald Trump. Sin embargo, esta vez habría que agradecer que pateó el tablero de Twitter.
El presidente de EE UU protestó la censura sobre dos posteos. En uno, Twitter adosó un cartelito alegando que podía ser “información engañosa” un mensaje de Trump que ponía en dudas el voto por correo. En el otro caso, caratuló como “glorificación de la violencia” un texto donde amenazaba con una respuesta feroz a las protestas en Minneapolis.
Trump, indignado, se quejó de que la red tiene “poder sin chequeo para censurar, restringir, amoldar, esconder, alterar virtualmente cualquier forma de comunicación” y firmó un decreto que propone revocar la sección 230 de la Ley de Decencia en Comunicaciones, que establece que las plataformas no son responsables sobre lo que publican los usuarios.
Si Twitter edita un mensaje deja de ser neutral, argumentó, entonces tiene responsabilidad en lo que se publica.
Twitter es una red social donde el odio, la mentira y la mala leche afloran en millones de usuarios de todo el mundo. También, el principal medio donde Trump expresa esos mismos sentimientos primarios al público.
Sucede que gran parte de la información disponible para ciudadanos inadvertidos corre por ese puñado de caracteres a veces explosivo. No estaría mal alguna forma de control sobre lo que se publica. No de gobiernos, pero tampoco de editores ignotos de una empresa privada, precisamente.
En resumen: Trump tiene razón, pero no con estas mismas razones.
Comentarios recientes