El intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue el punto culminante de un proceso de degradación de la política y la comunicación mediática que se fue macerando desde hace tiempo y al que amplios sectores de la sociedad reclaman poner freno antes de que la escalada de violencia derive en consecuencias funestas para los argentinos. La tensión de estas últimas semanas fue en aumento a medida que el fiscal Diego Luciani iba desgranando su acusación en la causa Vialidad. La respuesta en las redes de la vicepresidenta, impedida de hacerlo en el estrado como había solicitado, sirvió para demostrar que su centralidad en la política nacional sigue intacta, al punto de que los mismos medios que fustigaban su uso frecuente de la cadena nacional transmitieron la extensa exposición… en cadena. Tras varios días de manifestaciones de apoyo en la esquina de su vivienda, el 1 de septiembre Fernando «Teddy» Sabag Montiel apretó dos veces el gatillo de una pistola Bersa calibre 32 a diez centímetros de su rostro. Por milagro, el arma no se disparó. La vicepresidenta reconoció más tarde que no se había dado cuenta de nada. Pero las imágenes de la Televisión Pública y del celular de uno de los presentes llevaron escalofríos a la población. Cualquiera sea la consideración que se tenga cobre Cristina Fernández de Kirchner, fue lo más cerca que alguien estuvo de matar a una personalidad de esa estatura política en la historia de la democracia argentina y eso afecta a todos. El siguiente capítulo de este drama se produjo a los pocos minutos, en relación con la postura que los distintos sectores expresaron en torno al ataque. Desde la calificación que los medios le daban al incidente, en ciertos casos con un tono de desconfianza o describiéndolo, sin datos, como un hecho policial. La más expresiva fue la diputada provincial santafecina Amalia Granata, que directamente lo consideró un acting para conseguir votos en el 2023. Otros fueron más remisos a condenar el hecho, como la lideresa del PRO, Patricia Bullrich, el radical porteño Martín Tetaz, o el «libertario» Javier Milei. Hubo coincidencia, en cambio, en todos los sectores de la izquierda, la UCR y representantes del partido de Elisa Carrió en repudiar el atentado, dato no menor. Porque la fisura dentro de JxC, que había estallado con la represión frente a la casa de CFK, se profundizó luego de ese jueves dramático. Con la exministra de Seguridad del macrismo lanzada en una lucha en contra de la «tibieza» de muchos de los propios. La masiva marcha del 2 de setiembre en todo el país tiene pocos antecedentes en la historia argentina, que si de algo se puede jactar es de utilizar las calles en forma pacífica para expresar sus disputas políticas. El sábado 3, en una sesión especial, el Congreso emitió un comunicado de repudio consensuado entre oficialismo y oposición. El texto dejó afuera, para lograr los votos de la oposición, temas que sin embargo son cruciales y explican el trasfondo para el ataque, como las alusiones a los discursos de odio tanto de dirigentes como de medios de comunicación. Aún así, la bancada del PRO abandonó al recinto donde se trató el documento ni bien se votó. «No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más divisiones y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar la oposición política, el Poder Judicial y los medios de comunicación, como lamentablemente venimos escuchando», argumentó el jefe del bloque, Cristian Ritondo.
Racionalidades El expresidente Mauricio Macri, en tanto, que tuvo el reflejo de condenar de inmediato el atentado, luego fue virando hasta hablar de una «cacería de enemigos simbólicos a los que les atribuye, sin ninguna racionalidad, la instigación al ataque». La disputa por la «racionalidad» no es un tema menor. Cristina Fernández había alertado, antes del jueves 1, que la oposición intentaba resolver sus diferencias internas compitiendo por quién es más duro en contra del peronismo y de ella en particular. «No tenemos gente racional frente a nosotros», había dicho horas antes del ataque. Esa misma mañana su hijo, el diputado Máximo Kirchner, había dicho «están viendo quién mata al primer peronista». No sería a manos de fuerzas de seguridad que se produciría este intento de magnicidio, sino de un personaje marginal, con simbología nazi grabada en su piel en forma de tatuajes. La causa fue declarada bajo secreto de sumario por la jueza María Eugenia Capuchetti en una causa que investiga el fiscal Carlos Rívolo. Los primeros datos muestran a Sabag Montiel como un extraño personaje muy ubicuo junto a móviles de Crónica TV y de perfil contrario al Gobierno nacional. El 4 de septiembre, una joven que en alguna emisión de ese canal aparece como su novia, fue detenida por la Policía Federal. El celular del hombre, de 35 años, habría sido bloqueado en circunstancias dudosas por el personal a cargo de su custodia. Los discursos de odio forman parte de la degradación de la política y los medios que se potenció desde la pandemia de coronavirus. Así lo marcó un usuario de las redes sociales el ironizar que para la política es un delito más grave tocar un pecho femenino en un zoom que pedir la muerte de la vicepresidenta. Hacía referencia al diputado salteño del FdT Juan Emilio Ameri, expulsado de su banca hace dos años, y al caso del neuquino Francisco Sánchez, del PRO, quien escribió en un tuit que «doce años de prisión (como Luciani reclamó para CFK) por robar impunemente es poco (…) merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria». La Constitución Nacional de 1994 adhirió al Pacto de Costa Rica, que prohíbe la pena de muerte en cualquier circunstancia.
En el ambiente se respiraba un clima denso ese nublado mediodía del 9 de abril de 1948 cuando el carismático líder liberal Jorge Eliécer Gaitán salió de su oficina en el centro de Bogotá. Tras años de un período que se llamó La Violencia, entre conservadores y liberales -y que con lujo de detalles contó Gabriel García Márquez- los sectores más pobres de la sociedad colombiana veían en Gaitán, un abo-gado que hoy sería considerado “progresista”, una esperanza para sus anhelos de paz y mejores oportunidades. Pero su candidatura a la presidencia incomodaba a la derecha local y a las élites vinculadas a Estados Unidos.
Gaitán caminó unos pocos metros entre los seguidores que solían hacerle vigilia, cuando un joven de 26 años le acertó tres disparos, uno en la nuca y dos en la espalda. El hombre que seguramente iba a ganar la elección de 1949 se desangró camino al hospital. El asesino fue linchado por una multitud. Nunca se pudo saber si actuó solo o era un sicario.
El crimen de Gaitán desencadenó la ira de la población que, enardecida, desencadenó el “Bogotazo”. Por esos días se desarrollaba en la capital colombiana la IX Conferencia Panamericana, a impulsos de la Casa Blanca en el marco del inicio de la Guerra Fría. La sesión de ese 9 de abril se suspendió por los disturbios. El 30 se fundó oficialmente la Organización de Estados Americanos (OEA).
Con los años, bloqueadas las salidas políticas, Colombia derivó en la lucha armada, una tragedia de la que el país aún intenta volver. Las enciclopedias recuerdan una frase premonitoria de Gaitán. “Ninguna mano del pueblo se levantará contra mí, y la oligarquía no me mata porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán cincuenta años en regresar a su nivel normal”, escribió en una columna periodística. Dos caudillos conservadores desnudarían las verdaderas intenciones de esa oligarquía: “Creo que la guerra civil es inevitable, quiera Dios que la ganemos nosotros…”, dijo Laureano Gómez, quien también ejerció el periodismo. “A este país lo pacificamos a sangre y fuego”, prometió José Antonio Montalvo, que ocupó las carteras de Justicia, Gobierno, Industrias y Relaciones Exteriores.
Si se discute el rol de los medios en la incitación a la violencia en momentos de tensiones sociales extremas, es bueno recordar el genocidio de Ruanda, una atroz matanza de un millón de pobladores de la comunidad tutsi a manos de hutus, entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994. Las masacres estallaron tras el atentado contra los presidentes Juvénal Habyarimana, ruandés, y el burundés Cyprien Ntaryamira, de la etnia hutu.
En noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que juzgaría a los responsables del genocidio. En total, fueron condenadas 61 personas, entre políticos, militares, empresarios y civiles.
En diciembre de 2003 recibieron una sentencia a cadena perpetua Ferdinand Nahimana, de 53 años, que había sido director de Ra-dio Televisión Mil Colinas (RTLM), y Hassan Ngeze, de 42, jefe de redacción de la revista Kangura. Jean Bosco Barayagwiza, de 50 años, fundador de la RTLM, recibió un pena de 35 años de prisión. En todos los casos, por delitos de odio.
«Ustedes sabían del poder que tenían las palabras», argumenta el fallo, pero «no respetaron la responsabilidad que conlleva la libertad de expresión y envenenaron las mentes de sus lectores (y oyentes, y de ese modo) prepararon el terreno para el genocidio», concluye.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se metió otra vez en la disputa y, en una conversación telefónica con su par ruso Vladimir Putin, ofreció su mediación en la controversia por la planta nuclear de Zaporiyia. Voceros de Turquía, no desmentidos por el Kremlin, informaron que la charla entre los dos líderes euroasiáticos giró también sobre el comercio de cereales, facilitado luego de un acuerdo entre Moscú y Kiev alcanzado en Estambul en julio para el transporte por el Mar Negro de la mercancía. Este nuevo acercamiento se da en el marco de la llegada de la comisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) comandada por el argentino Rafael Grossi a la central atómica, bajo control de tropas rusas desde marzo pero asediada por fuerzas ucranianas, con el riesgo que esto implica para la seguridad.
«Estamos preocupados. No queremos otro Chernóbil», dejó trascender Erdogan, que como líder de un país miembro de la Otan pero de buen diálogo con Putin es, en la práctica, el único canal de diálogo entre el gobierno de Putin y los países occidentales cuando se están por cumplir los 200 días de combates en esa región del globo.
A su llegada a Zaporiyia, Grossi declaró que la instalación de la planta había resultado dañada, sin dar mayores precisiones. «Estamos estableciendo una presencia permanente sobre el terreno, esta vez con dos inspectores que continuarán su trabajo», dijo Grossi a su regreso a Viena, la sede de la OIEA. La integridad física de la planta «fue violada no una vez, sino varias veces», agregó Grossi, para indicar luego que se registraron rastros de bombardeos en el área de la central. «Carecemos de elementos de evaluación», pero «esto no puede volver a suceder», alertó.
De hecho, Kiev reconoció este viernes que había bombardeado posiciones militares rusas en Energodar, la ciudad más próxima a Zaporiyia, fundada en 1970, en tiempos de la Unión Soviética, para residencia de los trabajadores de la central, la más grande aún de Europa. «Nuestras tropas han realizado ataques precisos en las ciudades de Jersón y Energodar, destruyendo tres sistemas de artillería enemigos, así como un arsenal de municiones», informó el ejército ucraniano en un comunicado.
Fuentes de la región de Donetsk afirmaron que los ucranianos habían comenzado el ataque ni bien llegó la delegación de la OEIA y que el objetivo habría sido aprovechar la distracción entre las tropas de vigilancia para tomar posiciones al otro lado del río Dnieper, cosa que no lograron.
Las fuerzas de Kiev vienen manteniendo una contraofensiva sobre las rusas desde hace dos semanas sobre Jerson y aseguran haber tomado varias localidades que habían quedado bajo control de las milicias del Donbass.
Foto: Genya Savilov / AFP
Por otro lado, las autoridades rusas informaron que a raíz de los daños sufridos en una línea eléctrica atribuidos a ataques ucranianos, había sido suspendido el suministro de energía eléctrica de Zaporiyia a territorios controlados por Kiev. Al cierre de esta edición no se había informado cuándo volvería el servicio.
Al mismo tiempo, la empresa estatal rusa Gazprom anunció el cierre del gasoducto Nord Stream I, que transporta el combustible a Alemania, por una fuga de aceite en una turbina. El cierre es visto en los medios y el gobierno alemán como una amenaza que preocupa de cara a la llegada del invierno, cuando podrían hacerse más frecuentes este tipo de cortes que impactarían en una sociedad que padecerá las consecuencias de las sanciones contra Rusia por el ataque en Ucrania. La fabricante de la turbina, la alemana Siemens Energy, por las dudas abrió el paraguas y aseguró que «este tipo de fugas no suelen afectar el funcionamiento de una turbina y pueden sellarse in situ».
En Rusia, mientras tanto, otra firma del negocio energético, la petrolera Lukoil, informaba que el presidente de la compañía, una de las más grandes del país, se había tirado por la ventana del Hospital Central de Moscú, donde se hallaba internado a raíz de un paro cardíaco. Ravil Maganov, de 67 años y un alto cargo en la firma desde 1993, habría venido padeciendo de una gran depresión y decidió quitarse la vida, según la información que publicaron las agencias de noticias Tass e Interfax.
En ese mismo centro asistencial murió el martes pasado el último mandatario de la Unión Soviética y el que selló su disolución, Mijaíl Gorbachov, a los 91 años. Las agencias occidentales dijeron que a las exequias no asistiría Putin, sin embargo el presidente ruso despidió a los restos de Gorbachov en el hospital donde falleció antes de emprender una visita a Kaliningrado, el enclave ruso en el Báltico.
El funeral del exjefe de estado convocó a una multitud en la Casa de los Sindicatos, de Moscú, tradicional lugar ceremonial para los líderes soviéticos. Entre los que asistieron estuvo el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, acompañado por una delegación de su país. Orbán también es un miembro de la Otan con cercanía a Putin que resulta incómodo para sus vecinos. «
China anuncia «contramedidas» por el paquete de armas de EE UU a Taiwán
El gobierno chino advirtió que pondrá en marcha «contramedidas» ante el anuncio de Washington de un acuerdo para la venta armas por 1100 millones de dólares a Taiwán. China tomará «las legítimas y necesarias contramedidas a la luz del desarrollo de la situación», dijo el portavoz de la embajada china en Washington, Liu Pengyu.
El nuevo paquete de «ayuda militar» todavía debe ser aprobado por el Congreso y contempla el envío un fondo de 665 millones de dólares para la compra de un sistema de radar de alerta temprana «para ayudar a Taiwán a rastrear los misiles que se aproximan», indica un comunicado del Departamento de Estado. A este bagaje se le agregan 85,6 millones para proveer de un centenar de misiles Sidewinder.
El portavoz de la presidencia de Taiwán, Chang Tun-han, agradeció el «continuo apoyo de Estados Unidos a la defensa y seguridad» de la isla.
Las tensiones entre Washington y Beijing se intensificaron desde la visita de Nancy Pelosi, titular de la Cámara Baja, que desencadenó fuertes quejas de las autoridades continentales, que replicaron maniobras militares sin precedentes en torno a Taiwán.
A la visita de Pelosi a principios de agosto le siguió la de una delegación de congresistas estadounidenses con el senador Ed Markey a la cabeza y el gobernador del estado de Indiana, Eric Holcomb.
El vocero de la embajada en Washington dijo a la agencia rusa Sputnik que Estados Unidos debe adherir al principio de «Una sola China» para no dañar aún más los lazos bilaterales, ante situaciones que el gobierno de Xi Jinping percibe como provocaciones.
El retiro de un agente con 30 años de carrera en el FBI no debería llamar tanto la atención. Sin embargo, el caso de Timothy Thibault, a dos meses de la elección de medio término, despertó feroces enfrentamientos entre republicanos y demócratas. O más bien entre trumpistas y el resto del mundo. Porque Thibault está acusado de haber dejado que su interés político hubiera interferido en la investigación del contenido de una computadora que el hijo de Joe Biden, Hunter, dejó olvidada en una tienda de reparaciones de Delaware en 2019 y que demostraría sus negociados con oligarcas ucranianos y comprometen al actual inquilino de la Casa Blanca. Más aún, de haberse sabido en tiempo y forma, hubieran sido claves para el resultado de la elección en 2020.
Thibault fue uno de los 13 agentes especiales que hurgaron en la laptop de Hunter Biden. El hijo presidencial ya estaba en la mira del entonces presidente Donald Trump, que buscaba acelerar una investigación de la fiscalía ucraniana sobre su participación en el directorio de la empresa energética Burisma Holdings tras el golpe contra Viktor Yanukovich, en 2014. Una conversación entre Trump y Volodimir Zelenski filtrada a los medios originó el primer pedido de juicio político contra el empresario inmobiliario impulsado por el Partido Demócrata.
El veterano agente del FBI –que anunció su retiro voluntario desde el 31 de agosto– fue cuestionado porque posteó en las redes mensajes anti- Trump, lo que invalida su actuación en el caso Biden Jr. Esta semana, el senador republicano Ron Johnson denunció actos de corrupción «políticamente motivada» en la agencia ante el inspector general de la secretaría de Justicia, Michael Horowitz. «Después de que el FBI obtuviera la computadora portátil de Hunter Biden de la tienda de computadoras de Wilmington, DE, los denunciantes declararon que los líderes locales del FBI les dijeron a los empleados: ‘No mirarán esa computadora portátil de Hunter Biden’», afirma Johnson en la última edición de la revista Newsweek.
«Si bien entiendo su vacilación para investigar un asunto que puede estar relacionado con una investigación en curso, para mí está claro, según numerosas revelaciones creíbles de denunciantes, que no se puede confiar en el FBI para el manejo de la computadora portátil de Hunter Biden», agregó el senador por Wisconsin. Su colega por Iowa, Chuck Grassley, acusó la agencia de cerrar la investigación por motivos políticos. «Como saben, el agente especial adjunto a cargo, Tim Thibault, no es el único agente del FBI políticamente sesgado en la oficina de campo de Washington».
Johnson y Grassley le pidieron también a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que les cuente de las presiones del FBI para bloquear la información sobre la computadora de Biden Jr. Entrevistado por el presentador de podcast más popular de EE UU, Joe Rogan, Zuckerberg tuvo un momento de sinceridad brutal.
«El FBI vino a ver a algunas personas de nuestro equipo y dijeron: ‘Para que lo sepan, tienen que estar en alerta máxima. Hubo… pensamos que hubo mucha propaganda rusa en las elecciones de 2016 (cuando ganó Trump). Tenemos un aviso de que está a punto de haber algún tipo de noticia similar. Así que manténganse alerta’».
El CEO de Meta/Facebook agregó que eso mismo ocurrió con Twitter, que restringió totalmente el acceso a información sobre el caso. «Nosotros no hicimos eso. Lo que hacemos es que nos informan de que algo es información potencialmente errónea y usamos un programa de verificación. Así que durante, creo que fueron cinco o siete días cuando básicamente se estaba determinando si era falso, se redujo la distribución en Facebook”.
Un fuerte repudio de la dirigencia política, social y sindical se manifestó frente al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, un ataque que sorprendió y alarmó a la población en la noche del jueves, perpetrado por un hombre de 35 años que apareció entre un grupo de militantes que participaban de vigilia que se desarrolla desde hace diez días frente a la vivienda de la vicepresidenta y le gatilló un arma de fuego a pocos centímetros del rostro. Fue inmediatamente detenido. Cerca de la medianoche, el presidente Alberto Fernández habló por cadena nacional y tras calificar al ataque como un hecho «de una gravedad institucional y humana extrema», decretó feriado nacional este viernes para que la población pueda «pronunciarse en defensa de la paz y la democracia». El mandatario describió cómo fue el atentado, confirmó que el arma estaba en condiciones de disparar, que tenía cinco balas en el cargador y ninguna en la recámara y que solo por milagro no se disparó. Luego dijo que se había comunicado con la jueza a cargo de la investigación, María Eugenia Capuchetti, para solicitarle el pronto esclarecimiento de los hechos. «También le he solicitado que asegure la vida del acusado directo que se encuentra detenido», puntualizó Alberto Fernández. El presidente encuadró el caso en el clima de exasperación que se vive en distintos sectores de la vida política nacional. «Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina», consideró. Luego convocó «a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras», dijo en un mensaje de tres minutos. Las muestras de repudio al intento de magnicidio comenzaron a difundirse ni bien se conocieron las primeras imágenes del ataque. Los canales repitieron en pantalla partida esos segundos dramáticos que mostró la Televisión Pública, la única que transmitía el regreso de la expresidenta a su domicilio al cabo de una jornada en el Senado que se destacó por un áspero cruce de acusaciones sobre el accionar de la Policía de la Ciudad durante el fin de semana, en esa misma esquina de las calles Uruguay y Juncal. Mientras, se iban desgranando las distintas posiciones para calificar al atentado. Los primeros mensajes surgieron en las redes sociales emitidos por personalidades vinculadas al oficialismo nacional, desde legisladores, dirigentes partidarios, mandatarios provinciales y municipales, la CGT y la CTA. Los bloques de diputados y senadores del Frente de Todos repudiaron en un comunicado «el atentado contra la vida de la vicepresidenta» y recordaron que venían advirtiendo que «las incitaciones al odio vertidas desde distintos ámbitos de poder político, mediático y judicial contra la expresidenta solo llevaban a un clima de violencia extrema». Además, realizaron una conferencia de prensa en la noche del jueves para reafirmar el repudio y mostrar la unidad del sector en este contexto. Se fueron sumando miembros de sectores de la oposición. Entre ellos el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el expresidente Mauricio Macri, el jefe de la bancada de la UCR en Diputados, Mario Negri y la lideresa de Coalición Cívica, Elisa Carrió. Solo fueron disonantes los mensajes de la diputada provincial santafesina Amalia Granata, quien definió al caso como un acto armado «para subir en las encuestas», y el diputado nacional Martín Tetaz, quien insistió en que no se trataba de un hecho político, según su parecer, porque ningún grupo se lo había atribuido. Luego de la medianoche, la titular del PRO, Patricia Bullrich, fustigó la decisión presidencial de decretar feriado para este viernes. «El presidente está jugando con fuego: en vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa y decreta un feriado para movilizar militantes. Convierte un acto de violencia individual en una jugada política», escribió en su cuenta de Twitter. Lo que se sabe hasta ahora es que el autor del atentado sería Fernando Sabag Montiel, nacido en San Pablo, Brasil, pero residente en Buenos Aires desde niño, con antecedentes por portación ilegal de armas y un perfil difícil de definir: algunos lo tildan de neonazi, otros de freak. Se desconoce su medio de vida. Había tenido alguna aparición televisiva en una cobertura de Crónica TV acompañando a una joven vendedora callejera.
La crisis energética en la que se sumió Europa, a raíz de la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia, todavía no se hace sentir con toda su plenitud sobre la población, pero los líderes y los sectores más despiertos de las sociedades buscan el modo de morigerar las consecuencias a como dé lugar.
El miércoles, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió descarnadamente a los ciudadanos que deben prepararse para “el fin de la abundancia”. A las 24 horas viajó a Argelia para “refundar” la relación con el país árabe, de pronto convertido en el proveedor alternativo al gas ruso.
La ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock, en tanto, cruzó el Mediterráneo para recomponer relaciones con Marruecos con el mismo objetivo de reemplazar las fuentes actuales de energía y, en una declaración conjunta con su homólogo marroquí Nasser Bourita, declaró que ahora Berlín considera «al plan de autonomía (para el Sahara Occidental) presentado en 2007 como un esfuerzo serio y creíble de Marruecos y como una buena base para una solución aceptada por las dos partes». A una “conclusión” similar había llegado el gobierno español en marzo pasado.
En el Reino Unido, a su vez, organizaciones de defensa del consumidor alertaron a las autoridades de que si no amplían al descuento (subsidio) en las facturas de gas y luz millones de hogares no podrán tener calefacción este invierno. Una de estas ONG, evaluó que los aumentos para los usuarios residenciales pueden ser de hasta 50%. Un informe de la consultora Baringa Brothers, por su parte, considera que la crisis energética puede ser tener un impacto mayor que el de la crisis financiera de 2008.
Foto: Ludovic Marin / AFP
En el marco de la primera reunión del Consejo de Ministros tras el receso veraniego, Macron señaló que se vienen tiempos de sacrificios para la población. «Es un gran punto de inflexión el que estamos viviendo», dijo y habló de los incendios en varios países por la ola de calor extremo y las sequías. Pero a continuación puso el foco en la cuestión geopolítica: “Nuestro sistema, basado en la libertad, en el que nos hemos acostumbrado a vivir, a veces, cuando tenemos que defenderlo, puede suponer hacer sacrificios», dijo a modo de arenga ante una batalla esencial.
Luego, en Argelia, intentó recular sobre sus últimos desaguisados con el país africano. En 2021 el mandatario había minimizado la existencia de Argelia antes de la ocupación francesa y acusó al gobierno argelino de de fomentar el «odio hacia Francia». La colonización, establecida en 1830, culminó hace 60 años, en marzo de 1962, luego de ocho años de una guerra de independencia donde las fuerzas armadas y tropas irregulares francesas mostraron una ferocidad que hizo escuela para los estadounidenses en Vietnam y la dictadura militar argentina. Para la historia oficial francesa, en la guerra de Argelia hubo medio millón de muertos, 400.000 de ellos argelinos. Este número de víctimas locales se multiplica por cuatro, hasta más de un millón y medio, según Argelia.
Muy cerca de allí, Baerbock retomó los contactos con la monarquía marroquí, rotos desde que Berlín criticó la decisión de la Casa Blanca de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, un territorio del que se apropió Rabat ni bien España se retiró en 1976, tras la muerte del dictador Francisco Franco. El rey de Marruecos, Mohamed VI, había reclamado la semana anterior a «determinados socios», que no identificó, a que aclaren cómo se definen ante este conflicto, si ambiguamente con el Frente Polisario, que lucha por la independencia saharaui, o apoyan «inequívocamente» la iniciativa de autonomía marroquí.
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