Las autoridades francesas denunciaron el cierre “brutal” de una planta de Bridgstone que deja a casi 900 trabajadores en la calle en una región del norte de ese país y reclamaron que la fabricante japonesa de neumáticos busque alguna alternativa que permita salvar las fuentes de trabajo. Se trata de un nuevo golpe a la industria francesa y especialmente en el rubro del neumático que no solo es atribuible a la pandemia.
El presidente del directorio de Bridgestone para Europa, Laurent Dartoux, aseguró a la agencia AFP que “no es una decisión que hayamos tomado a la ligera”, y calificó a la medida como inevitable por el exceso de producción en el continente y la competencia de los fabricantes asiáticos.
Bridgestone afirma que debe reformular su producción para competir con marcas asiáticas de bajo costo. Asegura que perdió entre el 6 y el 25% del mercado desde principios de siglo, mientras que en lo que va de este año el mercado automovilístico europeo caerá a diciembre alrededor de un 25%.
Para suavizar las críticas, la compañía anunció que es «plenamente consciente de las consecuencias sociales» de bajar las persianas y prometió puestos de trabajo en sus otras operaciones en Francia o paquetes de jubilación anticipada. Y para calmar a los distribuidores, donde tienen empleo unas 3500 personas, dijo que la red de ventas y servicios permanecerá intacta.
Dartoux, en el sillón presidencial desde enero pasado, había sido presentado a fines de año 2019 con bombos y platillos como responsable de una nueva estrategia para Bridgestone. En su presentación, se informó que el ahora comandante de los 863 despidos en la planta de Bethune, en Pas-de-Calais, ocupó cargos ejecutivos en Kodak, Hertz, Procter & Gamble y que anteriormente fue vicepresidente sénior de Ventas y Marketing en la elaboradora de neumáticos.
Se lo mostró en las redes sociales como parte de un momento emocionante para la empresa.
Bridgestone EMIA engloba las regiones de Europa, Oriente Medio, India y África. En julio pasado, Dartoux anunció el desarrollo de un neumático inteligente junto con Microsoft. “Lo digital es una gran parte de lo que hacemos hoy en Bridgestone; es imperativo que trabajemos con socios líderes en la industria que puedan satisfacer nuestras necesidades hoy y en el futuro. Al asociarnos con Microsoft, tenemos la oportunidad de llevar nuestro Sistema de Monitoreo de Daños de Neumáticos a millones de conductores, ofreciéndoles una mayor seguridad y tranquilidad», dijo esa vez.
Ahora se revela que las cosas no venían bien el Bethune, pero la pandemia empeoró la situación y aceleró decisiones que no estaban fuera de carpeta cuando Dartoux tomó posesión de su cargo. A mediados del año pasado, los directivos de la fábrica presentaron un plan de reducción productiva, para bajar de 12000 unidades diarias a 9000 en diciembre pasado. Ya entonces se hablaba de «exceso de capacidad de producción en Europa» y unas oscuras perspectivas para el 2020. Pero aún no se tenía idea del Covid-19.
Según la publicación Tire Business, de la industria del neumático, la planta de Bethune había sido inaugurada en 1960 por la estadounidense Firestone Tire & Rubber Co. La multinacional pasó luego a manos de capitales japoneses en 1988. La fábrica gala es la más grande de la compañía en Europa, tiene una capacidad de 19.200 neumáticos por día y además de los trabajadores directos genera cientos de empleos indirectos y es clave para la economía de Bethune, una comunidad de 25.000 habitantes en la región de Hauts-de-France.
Esa región ya sufrió el cierre de una planta de la Continental en Clairoix en Oise hace diez años, con la pérdida de 683 empleos, y de la Goodyear en Amiens-Nord, que tenía 1.143 trabajadores, en 2014. En 2019, Michelin cerró su planta en La Roche-sur-Yon (en la Vendée), con 619 trabajadores, y en su fábrica en Bamberg, Alemania, dejó a 858 personas en la calle. Para el gobierno, el anuncio es «una traición a la confianza que el estado y la región de Hauts-de-France han depositado» en Bridgestone. El presidente de esa región, Xavier Bertrand, se unió a la ministra de Economía y Finanzas de la nación Agnès Pannier-Runacher y la ministra de Trabajo. Empleo e inserción, Elisabeth Borne para emitir un comunicado conjunto en el que catalogan de “brutal” al cierre de la fábrica y exigen “a la empresa que abra y analice en detalle todos los escenarios alternativos al cierre del sitio”. Esto dice Bertrand en su cuenta de Twitter.
«El anuncio de Bridgestone es impactante. Disputo su brutalidad y sus fundamentos. Quiero decirles a los empleados que estamos a su lado. La empresa debe asumir sus responsabilidades. Inaceptable que abandone el juego sin haber luchado por soluciones alternativas”, agrega la titular de Economía y Finanzas. “El anuncio de Bridgestone es impactante. Disputo su brutalidad y sus fundamentos. Quiero decirles a los empleados que estamos a su lado. La empresa debe asumir sus responsabilidades. Inaceptable que abandone el juego sin haber luchado por soluciones alternativas”, agrega la titular de Economía y Finanzas.
“Llamo a la dirección de #Bridgestone tomar responsabilidad. Se han implementado muchos sistemas como parte de #FranceRelance por la salvaguardia del empleo, ¡que se apoderen de él!”, se suma la ministra de Trabajo.
Avec @AgnesRunacher et @xavierbertrand aux côtés des 863 salariés, j’appelle la direction de #Bridgestone à prendre ses responsabilités. De nombreux dispositifs ont été mis en place dans le cadre de #FranceRelance pour la sauvegarde de l’emploi, qu’ils s’en saisissent ! pic.twitter.com/Pm7Up4UJ6q— Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne)
Habrá que ver si hablándoles al corazón no responden con el bolsillo como han hecho hasta ahora.
Entre el viernes y el domingo se desarrollará la Cumbre Mundial Inaugural de la Internacional Progresista, la organización creada en mayo pasado para nuclear los esfuerzos de activistas, movimientos sociales, ambientalistas, intelectuales y medios de comunicación de todo el mundo que luchan por “transformar el orden global y las instituciones que lo conforman”. Bajo el impulso de líderes de la talla del ex precandidato presidencial estadounidense Bernie Sanders, el ex ministro de Economía griego Yanis Varoufakis, y con la participación entre otros de Noam Chomsky y Naomi Klein, este primer encuentro estaba pactado para llevarse a cabo en Islandia, cuya primera ministra, Katrín Jakobsdóttir, integra también la IP, pero la pandemia hizo cambiar los planes, lo que abrió la necesidad de incorporar tecnologías de conectividad para acercar los debates a toda la comunidad.
“Tenemos una agenda humanista que plantea un cambio radical de prioridades. Necesitamos que nos devuelvan el mundo, como dice Varoufakis -explica en diálogo con Tiempo Alicia Castro, designada embajadora argentina en Rusia y miembro del Consejo Asesor de IP- Un mundo que sea sustentable ambientalmente y donde impere el estado de derecho y no el lawfare, donde el capital este al servicio de la producción y del trabajo y no de la usura y por supuesto contra el colonialismo, el imperialismo y que pueda hacer un aporte a la construcción de un mundo multipolar de relaciones iguales y soberanas de personas iguales y con derecho a la felicidad”.
Castro cuenta que la Internacional Progresista nació de la unión de voluntades de Sanders y Varoufakis. El griego, que formó parte del gobierno de Alexis Tsipras, es el creador de DIEM25, el Movimiento Democracia en Europa 2025, que cuenta entre sus adherentes a Julian Assange, el filósofo italiano Toni Negri, el esloveno Slavoj Zizek, el músico ingles Brian Eno.
El senador por Vermont y ex aspirante a la presidencia de EEUU por los demócratas, se sumó a la propuesta a través del Instituto Sanders, la fundación desde la que plantea una nueva agenda de debate para el electorado de su país. “Ellos tuvieron en cuenta que hay muchos “think tank” (tanques de ideas) del pensamiento de la derecha pero no hay muchos desde a izquierda o el progresismo”, agrega la ex embajadora en el Reino Unido y en Venezuela.
Por la región, integran IP Rafael Correa, el candidato a presidente ecuatoriano Andrés Araúz, Álvaro García Linera, el brasileño Fernando Haddad, además de las argentinas Alicia Castro y Elizabeth Gómez Alcorta.
En esta primera oportunidad la consigna del encuentro es bien clara y concreta: “Internacionalismo o Extinción”. La cumbre consistirá en una jornada que comienza este viernes a las 11 horas de Argentina donde Varoufakis presentará una ponencia sobre el post capitalismo.
Dos horas más tarde Klein, autora de No logo y La toma lanzará propuestas para reparar las agresiones que sufren el clima, la raza, la economía y la infraestructura. A las 15, Chomsky debatirá con representantes de IP sobre como enfrentar al capital concentrado.
Para los latinoamericanos, el momento clave será desde las 17 horas, cuando Alicia Castro presentará la mesa La Democracia en Latinoamérica, junto con los candidatos a presidentes Luis Arce, de Bolivia, y Andrés Arauz, de Ecuador.
Castro integra el Consejo de Asesores de IP con Gómez Alcorta y explica que el encuentro, organizado junto con la ONG Wiphalas por el Mundo, será un conversatorio en el que se planteará “el modo de reconstruir la unidad regional, que es imprescindible para que haya bienestar en América Latina y el Caribe y cómo terminamos con la desigualdad en un continente enormemente rico y el más desigual del planeta. Y también como vivir en una democracia que no esté amenazada por estos golpes blandos que han secuestrado electoralmente a Evo Morales, a Lula da Silva y a Rafael Correa.”
Hay distintas formas de denominar a la utilización del sistema judicial para sacar de la cancha a líderes populares. En el caso latinoamericano, hay quienes hablan de una continuación del Plan Cóndor, o de una Escuela de las Américas judicial. Pero el fenómeno no es solo regional, ya que del otro lado del Atlántico, los perseguidos son los dirigentes de Unidas Podemos, que integran la coalición gobernante con el PSOE. A nivel global se habla de lawfare, que parafraseando a algunos teóricos del siglo pasado, sería la continuación de la política por otros medios.
El lunes estallaron los casos de Evo Morales y Rafael Correa, cuando sendos tribunales proscribieron sus candidaturas mientras otro proscripto, Lula da Silva salía al ruedo al celebrar un nuevo aniversario de la independencia brasileña. Se postuló para las presidenciales de 2022 cuando todavía pesan sobre él algunas causas armadas para dejarlo fuera de carrera en 2018. Son sumarios que se van desvaneciendo y los impulsores de las causas van abandonando el barco.
Correa recurrió a una estrategia K para armar una fórmula de cara a las elecciones del 7 febrero próximo, con el economista Andrés Arauz a la cabeza de la fórmula y él como vice. El gobierno armó un artilugio para bloquear postulaciones incómodas con el trámite de “aceptación de la candidatura” en la sede del Consejo Nacional Electoral.
Correa se fue a Bélgica cuando percibió que su sucesor, Lenin Moreno, no iba a tener problemas en que terminara entre rejas, como ya sucedió con su vicepresidente, Jorge Glas, acusado y detenido sin condena por presuntos sobornos de la empresa Odebrecht. El expresidente ecuatoriano cumplió con el requisito electoral desde una aplicación de teléfono celular. En tiempos de pandemia, la tendencia es legalizar los trámites vía web y con firma digital. Por si no bastaba, Correa aceptó la nominación desde un teléfono celular en tiempo real.
No le aceptaron la presentación, pero por las dudas, se aceleró una causa que dormía en Casación. Un dictamen que normalmente demora varios meses, por una denuncia de sobornos entre 2012 y 2016, confirmó una condena a 8 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos. El argumento de Correa fue demoledor: “Me acusan de delitos que se cometieron cuando él era vicepresidente y que dejaron de cometerse cuando lanzó a la candidatura”.
No podían dejar pasar el momento, luego de que hace unas semanas Luis Raúl Chicaiza, ex espía ecuatoriano, pidió refugio en Argentina y denunció amenazas y presiones para involucrar a Correa en un presunto secuestro del opositor Fernando Balda en 2012. Uno de los casos que medios y la derecha usaron para armarle expedientes al exmandatario.
El mismo lunes, el expresidente boliviano Evo Morales recibió la noticia de que también estaba proscripto, en su caso, para una senaduría por Cochabamba para el comicio del 18 de octubre. El argumento del tribunal supremo -al que se tuvo que sumar un juez para desempatar en contra de Morales- fue que no tenía dos años de residencia continua en el país.
Claro, en noviembre pasado escapó de las bandas fascistas que asolaban el país y que forzaron su renuncia. De todas maneras, el gobierno de facto apresuró denuncias por sus supuestas relaciones con menores y por los bloqueos de rutas.
Para Lula, el panorama judicial pareciera irse despejando. Su principal “perseguidor” judicial, el juez Sergio Moro, una vez que logró su proscripción hace dos años, asumió el ministerio de Justicia con Jair Bolsonaro el 1 de enero de 2019. Pocas pruebas debe de haber de una connivencia como esa en el mundo. Pero no duró mucho el amor y en abril pasado dejó el cargo aduciendo que Bolsonaro quería interferir en la Policía Federal, un órgano similar al FBI estadounidense, que investigaba las trapisondas de la familia presidencial.
Hace diez días, renunció el fiscal que armó la causa Lava Jato, Deltan Dallagnol, según dijo, por los problemas de salud de su pequeño hijo. Pero las revelaciones del portal The Intercept, mostraron la brutal manipulación de la justicia contra el líder metalúrgico entre Moro y Dallagnol y ahora enfrenta procesos judiciales por violar procedimientos legales.
El 2 de setiembre, siete fiscales de la operación Lava Jato presentaron sus renuncias afirmando que recibían presiones para no proseguir las investigaciones. El fiscal general del país Augusto Aras, deslizó que el caso se había manejado de una manera opaca como se fuera una “caja de secretos”. Un expediente que por lo que se ve, dista bastante de poder sostenerse en estrados judiciales.
(Foto: Afp)
El conflicto español
El argentino Pablo Echenique es uno de los voceros de Podemos. Así definió el proceso judicial por presuntos delitos en las cuentas del partido político creado por Pablo Iglesias, actual vicepresidente segundo de gobierno: “Se basa en la declaración de un tipo diciendo que ‘escuchó’ esto y ‘sospecha’ lo otro». Y agregó que el lawfare no solo es antidemocrático, sino que “desprestigia a la justicia».
La derecha está de punta contra la coalición que encabeza Pedro Sánchez, del PSOE. Buscan a como dé lugar la ruptura para que el socialismo se reencauce hacia posiciones más centristas. Lo que no pudieron en las urnas esperan conseguirlo enlodando a Unidas Podemos. El sistema judicial no es ajeno a esta estrategia.
A Iglesias lo vienen citando en Tribunales desde 2014 en causas por “falseamiento de cuentas” o por blanqueo de capitales, que fueron quedando archivadas. Son carátulas de escasa posibilidad de avance judicial pero que tienen una gran repercusión mediática y genera solemnes indignaciones.
Como ocurrió a fines de 2013, cuando policías de 20 provincias se levantaron contra las autoridades por reclamos salariales, el conflicto con la Policía Bonaerense potenció los debates por la sindicalización de los agentes de las fuerza de seguridad. En un artículo publicado en octubre pasado, Sabina Frederic recordaba que Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y los países de la Unión Europea cuentan con sindicatos policiales. “También Uruguay, el único en América Latina, pues Brasil solo lo reconoce a la Policía Federal. Ninguno cuenta con derecho a huelga”, resumía la actual Ministra de Seguridad de la Nación, para luego indicar que aquellas discusiones de hace casi 7 años se estrellaron contra un fallo de la Corte Suprema que denegó el derecho de agremiación de los uniformados.
La cuestión, en el mundo, sigue candente, sin embargo, al punto que diversos estudios académicos e incluso la experiencia de estos últimos meses en Estados Unidos señalan que los sindicatos policiales suelen servir más que para garantizar las negociaciones por salarios y condiciones laborales, para cubrir a agentes acusados de graves violaciones de los derechos humanos. Lo que en Argentina podría ser catalogado como “gatillo fácil”, y que en América del Norte es más bien “gatillo racial”, con las consecuencias que se vieron desde el bárbaro asesinato de George Floyd en Minnesota el 25 de mayo pasado.
Esta defensa fue particularmente fuerte cuando desde legislaturas locales se intentó algún tipo de reformas policiales para evitar nuevas matanzas.
En un hilo de tuits muy oportunos, la periodista María Clara Albisu destaca un par de estudios de la Universidad de Oxford y de la de Chicago.
Un trabajo publicado por el Newyorker revela que según una investigación de Oxford de 2018, en las 100 ciudades más grandes de EEUU los gremios habían utilizado su poder de fuego -nunca mejor utilizada la metáfora- para impedir cambios en los contratos policiales con el objetivo de amparar a colegas acusados de violencia o abusos contra los ciudadanos.
Reconocer un sindicato implica admitir que el policía pasa a ser un trabajador. La Corte argentina no aceptó esa calificación –los considera funcionarios públicos- y por eso negó el reconocimiento a asociaciones gremiales. Dicho esto, si la tarea policial es un trabajo, debe haber contratos laborales que reglamenten ese ejercicio.
Un trabajo de 2017 de Reade Levinson determinó que esos contratos son aplicados para proteger a los agentes de anomalías y actos de indisciplina. Hay casos hasta de que las autoridades políticas pueden negociar salarios a cambio de borrar malos antecedentes de los registros policiales que impedirían ascensos o directamente deberían significar la expulsión del implicado.
El caso más sugestivo sucedió en 2014 en San Antonio, Texas, cuando la alcaldesa Sheryl Sculley intentó quitar la cláusula de eliminación de quejas de mala conducta de los registros y aumentar la participación ciudadana en el proceso de calificación de los agentes.
La respuesta de la Asociación de Oficiales de Policía de ese distrito costó dinero pero lograron el objetivo de voltear la medida. Con una campaña publicitaria de un millón de dólares a página entera en los periódicos locales instalaron que las tasas de criminalidad habían aumentado porque la alcaldesa rechazó cubrir las vacantes policiales.
Hace unos días, hubo un cruce entre el líder del gremio policial de Nueva York y el alcalde Bill Di Blasio. El mandatario demócrata había cuestionado al presidente Donald Trump por amenazar con recortes presupuestarios para ciudades donde “reine la anarquía”. Esto es, donde no haya policías reprimiendo manifestaciones contra la violencia policial.
“¿Qué necesitábamos escuchar esta semana? Planes para luchar contra COVID-19 y hacer que los estadounidenses vuelvan a trabajar. ¿Qué escuchamos? Mentiras sobre la ciudad más grande del mundo y uno de los lugares más diversos de la Tierra. Porque @realDonaldTrump tiene miedo a la diversidad. Tiene miedo de la verdadera grandeza”, escribió Di Blasio en su cuenta de Twitter.
La brutal respuesta -destituyente en términos nacionales- vino de parte de la Asociación Mutual de Suboficiales Nueva York (SBA por sus siglas en inglés), una gremial creada en 1889.
“Necesitamos escuchar su RENUNCIA como alcalde de Nueva York. Estamos esperando. Solo quedan unas pocas horas para la puesta del sol. Dale un regalo a 8 millones de personas y renuncia. Arruinó la ciudad de Nueva York, salva la ciudad y dimita”, gritaron. Algo así como el “renuncie montonero Di Blasio” de Capusotto.
El sindicato más importante de Estados Unidos es la Orden Fraternal de la Policía (FOP, según sus siglas en ingles) En cifras es el gremio policial más grande del mundo, con más de 355.000 afiliados en más de 2100 regionales. “Somos la voz de quienes dedican sus vidas a proteger y servir a nuestras comunidades -dicen en su sitio web– Estamos comprometidos a mejorar las condiciones de trabajo de los agentes del orden y la seguridad de aquellos a quienes servimos a través de la educación, la legislación, la información, la participación comunitaria y la representación de los empleados”. Hace unos días el sindicato apoyó explícitamente a Donald Trump para la reelección, informó a portavoz, Jessica Cahill.
Quien piense que esos enfrentamientos con el poder político son privativos de Estados Unidos, se equivoca. Este miércoles en España el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, recibió un revés cuando la Justicia rechazó un castigo contra 9 agentes policiales que fueron a protestar, de civil, frente a la casa que ocupan el líder de Podemos y su esposa Irene Montero en Galapagar, en las afueras de Madrid. El sindicato Jupol, uno de los más activos entre el puñado de asociaciones gremiales españolas de fuerzas de seguridad, celebró la decisión judicial, en momentos en que allá también reclaman recomposición salarial.
Jupol también presentó una querella contra funcionarios de Madrid y del Estado español por “atentar contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación, por no haber proporcionado material de protección adecuado frente al Covid-19 y haber permitido concentraciones como las del 8-M que pusieron en riesgo a los policías que debieron controlarlas”.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), a su turno, fue la fuente de información para un artículo del diario El Mundo en el que se aseguraba que el delito en Casa de Campo, un parque de la capital española, había crecido un 611% entre junio de 2019 y junio de 2020. El SUP atribuyó el crecimiento a la llegada a esa zona de los MENA. Así se llama en España a Menores Extranjeros No Acompañados. Niños y adolescentes de menos de 18 años sin la atención o cuidado de ningún adulto.
Quizás en el futuro se designe al 7 de setiembre cono el Día del Proscripto Latinoamericano. Porque en una operación que convendría no catalogar como casual, los sistemas judiciales de Ecuador y Bolivia emitieron dictámenes que inhabilitan a Rafael Correa y a Evo Morales a presentarse como candidatos a cargos elegibles. Desde Brasil, mientras tanto, en ocasión de celebrarse los 198 años de la declaración de la independencia, Lula da Silva -que fue impedido de presentarse como aspirante a la presidencia en 2018- subió a las redes sociales un video donde se ofrece como candidato a presidente en 2022 para revertir este período de retrocesos y convertir nuevamente a Brasil en “un país de todos, con justicia social y soberanía”.
Correa había lanzado una fórmula presidencial para las elecciones ecuatorianas del año próximo en la que él figura como vice del economista Andrés Aráuz. Fue un golpe impactante, al mejor estilo CFK, cuando el gobierno de su sucesor, Lenin Moreno, viene en picada por la crisis que generaron las políticas neoliberales que implantó desde que asumió y a falta de respuestas la tragedia sanitaria que deja el coronavirus.
El primer rechazo que recibió Correa fue del Consejo Nacional Electoral (CNE) que no quiso tomar por válida su aceptación del cargo, un requisito creado para evitar que pudiera presentarse a comicio.(ver acá).
Como ese artilugio podía ser bastante discutible en tiempos de pandemia, se aceleraron causas en su contra por supuesto cohecho. Procesos judiciales que suelen demorar meses pasaron el tamiz de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en tipo récord para dictar sentencia firme con una pena de 8 años de prisión e inhabilitación permanente.
La CNJ dijo en su fallo que «por voto de mayoría (…) rechaza los recursos de casación interpuestos por los recurrentes, y ratifica la sentencia por cohecho» dictada en abril contra Correa y varios exfuncionarios de su gobierno. El expresidente fue vinculado a un caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria. Correa afirma que era dinero de un préstamo de un fondo de su partido.
Las curiosidades de proceso fueron develadas por el propio Correa en su cuenta te Twitter.
El caso boliviano tiene componentes semejantes, Morales, refugiado en Buenos Aires luego del golpe de noviembre de 2019, se presentaba como senador por Cochabamba. La conveniente utilización acá de una cláusula que obliga a dos años de residencia era discutible. En Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde los abogados del MAS IPSP reclamaron ante un rechazo inicial Tribunal Supremo Electoral (TSE), hubo un empate entre quienes aceptaban la candidatura y quienes querían a verlo fuera de carrera.
A último momento agregaron a un magistrado para romper el empate jurídico de 4 a 4. Como es de imaginar, el juez sumado a las apuradas determinó que Evo Morales se encuentra inhabilitado para postularse como senador por el departamento de Cochabamba en los comicios del 18 de octubre.
La presidenta de facto, Jeanine Añez, celebro la decisión judicial. y de paso lanzó una consigna política en apoyo de su propia candidatura a las elecciones programadas para el 18 de octubre, en las que según las encuestas figura en tercer lugar y bastante alejada del segundo, Carlos Mesa, y del binomio del MAS, Luiz Arce David Choquehuanca, que marcha a la cabeza. La esperanza de la derecha es que haya una segunda vuelta y ahí el que tallaría fuerte, por ahora, es Mesa.
Frenamos al MAS en dos oportunidades y lo hemos hecho con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos. Somos los únicos que podemos evitar que vuelvan y que Evo Morales quede impune porque respetamos la ley y amamos la democracia. ¿Carlos Mesa frenó al MAS alguna vez?— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) September 7, 2020
Evo respondió por la misma vía a su proscripción.
En Brasil, mientras tanto, y al tiempo que se acumulan los cadáveres por el coronavirus -la cifra de víctimas fatales se acerca a las 130.000 personas- sin que al gobierno de Jair Bolsonaro le tiemble la pera, Lula da Silva conmovió desde un spot de 23 minutos que se entiende como el lanzamiento de su campaña para el 2022.
A los 74 años, el ex dirigente metalúrgico, creador del Partido de los Trabajadores y dos veces presidente de la potencia sudamericana, consideró que el actual mandatario convirtió al Covd-19 en “un arma de destrucción masiva”.
“Estamos entregados a un gobierno que no da valor a la vida y banaliza la muerte. Un gobierno insensible, irresponsable e incompetente, que incumplió las normas de la Organización Mundial de la Salud”, dijo Lula.
El exmandatario, también víctima de un proceso de lawfare orquestado por Sergio Moro y Deltan Dallagnol, ahora ex juez y ex fiscal respectivamente, poco a poco va viendo como se caen causas en su contra. (ver acá)
«Brasil está viviendo uno de los peores periodos de su historia», dice el ex tornero en un tramo de su spot. Y cuestionó que Bolsonaro, excapitán del Ejército, haya subordinando “Brasil a los Estados Unidos de una forma humillante», al permitir que un general brasileño sirva en el Comando Militar Sur y firmar un acuerdo con Donald Trump para que tropas estadounidenses usen la Base Aeroespacial de Alcántara, en el estado de Maranhao.
Lula propone crear un estado de bienestar y la consigna, al menos de este video, es “Un Brasil de todos y para todos”. En el video, subtitulado en portugués, el líder laborista analiza la actualidad del capitalismo, recuerda “una verdad incuestionable, que lo que sustenta al capitalismo no es el capital sino nosotros los trabajadores”. Para rematar, acude a una frase de Víctor Hugo “escrita hace un siglo y medio y que todo trabajador debería llevar escrita en un pedacito de papel para nunca olvidar: Es del infierno de los pobres que está hecho el paraíso de los ricos”.
Unas 26 personas fueron detenidas en tres ciudades de Australia por participar de protestas contra el confinamiento decretado ante el rebrote de coronavirus. Entre las detenidas figura una mujer embarazada que publicó en su página de Facebook consignas contra las restricciones. En Londres, el hermano del líder laborista Jeremy Corbin, Piers, fue arrestado en una manifestación en la Plaza Trafalgar y condenado a pagar una multa de 10 mil libras. En Alemania, el gobierno se mostró preocupado por la movilización del domingo en la que grupos neonazis intentaron ingresar al Bundestag. La policía dispersó a la multitud y detuvo a unos 300 manifestantes.
Las marchas anti cuarentena se extienden en todo el mundo con discursos calcados y muy pocas diferencias, incluso en Argentina. No se podría decir que todos los que asisten compartan el mismo perfil, pero si que las convocatorias están en manos de grupos ultraconservadores que recurren a la idea de defensa de las libertades constitucionales para oponerse a cualquier decisión contra la circulación de personas.
Coindicen en ese rincón libertarios, terraplanistas, antivacunas, “conspiranoicos” y hasta algún vegano-fascista. Usan las redes sociales -aunque abominan de las hegemónicas- para encontrarse. Los grupos más activos, sobre todo en Estados Unidos, tienen financiación de acaudalados promotores del partido republicano y apoyo explícito del presidente Donald Trump.
En Alemania se los llama “antimascarilla” y uno de los más conocidos es Attila Klaus-Peter Hildmann, autor de libros de cocina vegana, quien se declara ultranacionalista alemán. Otro que “arrastra” público es el cantante Xavier Naidoo, un racista y anti gay descendiente de cingaleses e irlandeses. Para el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, el ataque al Parlamento es un hecho “insoportable al corazón de nuestra democracia”. El incendio del Recihstag en 1933, del que se culpó al Partido Comunista, fue la excusa de Adolf Hitler para imponer el estado de emergencia. Ahora, algunos
antibarbijo llevaban banderas con la cruz gamada y culpan al Partico Comunista chino por el virus y de las restricciones sanitarias.
En Estados Unidos, desde bien temprano, hubo marchas anticuarentenas en Michgan, Virginia, Colorado, Minnessota y Kentucky. Ya en abril surgió la llamada Operación Gridlock (embotellamiento), una “creación” de organizaciones derechistas de Michigan que alentó una manifestación en automóviles para bloquear las calles céntricas de su capital, Lansing, contra las medidas decretados por la gobernadora Gretchen Whitmer.
Una de esas instituciones, la Michigan Freedom Fund (Fundación de Michgan para la Libertad) recibe aportes de la familia De Vos, según denunció la propia Whitmer. Richard De Vos, uno de los hombres más ricos de EEUU, puso parte de su fortuna para las campañas de los republicanos más oscurantistas, como Rick Santorum y Newt Gringrich. Con Ronald Reagan fue presidente de la Comisión para la Epidemia de Sida. Su nuera, Betsy De Vos es secretaria de Educación de Trump.
Otro grupo muy activo es Proud Boys, de extrema derecha y fuertes partidarios de Trump y de lo que representa en la historia de su país. La organización -Muchachos Orgullosos, una frase tomada de la película Alladin, de Disney- fue creada por Gavin McInnes, un comentarista televisivo de origen canadiense ideólogo de la derecha alternativa. Cuando Proud Boys derivó hacia posiciones racistas McInnes se corrió a un costado. Eso no impidió el crecimiento del “club”, que tiene ramificaciones en Canadá, Australia y el Reino Unido.
Otro grupo influyente es QAnon, que sostiene la existencia de conspiración del Estado Profundo para boicotear a Trump. La sigla corresponde a la autorización de acceso Q que se aplica en dependencias estatales. Como una clave para ingreso del ciudadano anónimo.
En algunas marchas se vio a manifestantes armados para “defender los derechos constitucionales” a circular. Son seguidores de una asociación que no solo defiende la segunda enmienda, sino que pretende que ni siquiera hay que estar registrado para portar una. El líder es Patrick Parsons y recibe apoyo de otra familia poderosa, los hermanos Dorr.
Steve Moore asesor de Trump y fundador del Club para el Crecimiento, reconoció ante la CNN que están “tratando de ayudar a organizar y también brindar asesoramiento a algunos de estos grupos para que puedan tener el máximo impacto y entusiasmar a la gente en lugar de apagarla”.
De estas canteras, entre otras, salieron los que portan carteles «Abramos nuestro país» o «Recuerden la Constitución» que se extendieron por varias ciudades estadounidenses. También los que, como ocurrió el 2 de mayo pasado, atacaron a un periodista de la MSNBC que cubría la marcha en Laguna Beach. “Quítate esa maldita máscara”, le gritó un exaltado que le escupió en la cara.
Redes alternativas
Tenía razón Raymond Chandler cuando escribió que “aún los paranoicos tienen quien los persiga”. Y las revelaciones de Edward Snowden en 2013 aceleraron la mudanza a las redes alternativas de muchos ciudadanos hartos de ser vigilados en Facebook tanto para uso gubernamental como de empresas privadas. Así fue creciendo MeWe, una plataforma creada por Mark Weistein, quien dice: “las redes sociales no se inventaron para que todos pudiéramos ser datos, se inventaron para que pudiéramos disfrutar de la comunicación privada con nuestros amigos, familias, comunidades de interés compartido, para conocer nuevos amigos”. No extraña que MeWe sea la red a la que acuden los anti cuarentena para conectarse y también planificar acciones. Otro sitio es Reddit, un portal de marcadores sociales donde los usuarios comparten imágenes, textos y debaten libremente.
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