por Alberto López Girondo | Ago 28, 2021 | Sin categoría
Baltasar Garzón promete volver al ruedo luego del aval que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas a su actuación en la justicia española. El magistrado tuvo su hora de fama en los medios hegemónicos, allá por los últimos años del siglo XX, cuando ordenó la detención de Augusto Pinochet por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura chilena entre 1973 y 1990 y por abrir cargos contra genocidas argentinos por aquello de la jurisdicción universal para los crímenes de lesa humanidad.
Era un adalid de los derechos humanos venerado por sus connacionales hasta que tuvo el “mal tino” de pretender juzgar los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Ya venía incomodando con su pretensión de procesar a líderes políticos inmersos en escandalosos casos de corrupción dentro en la península. Pero lo de remover el pasado español fue la gota que rebasó el vaso. Y en mayo de 2010 el “pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial”, algo así como el Consejo de la Magistratura, lo suspendió cautelarmente de sus funciones en el Juzgado Nº5 de la Audiencia Nacional que ocupaba desde 1988.
En febrero de 2012, cuando ya no ocupaba cargo alguno y le iban sumando “justificaciones” para su expulsión del poder judicial español, Garzón fue condenado por el delito de prevaricación en la instrucción de la causa “Gürtel”, una trama de coimas que involucró a los máximos dirigentes del Partido Popular. La sentencia incluyó la inhabilitación para ocupar cargos públicos por 11 años. Desde entonces, Garzón tomó -si se quiere con más libertad- la defensa de causas que incomodaron a varios gobiernos.
Fue asesor del Tribunal Penal Internacional, abogado del fundador de Wikileaks, Julian Assange, del expresidente ecuatoriano Rafael Correa y también fue consejero en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante la presidencia de Cristina Fernández. Renunció en enero de 2016.
Su caso despertó adhesiones internacionales y finalmente ese organismo de la ONU, que por lo que se ve, se tomó su tiempo, dictaminó este jueves que los procesos abiertos en su contra” por los casos Franquismo y Gürtel fueron arbitrarios y no cumplieron con los principios de independencia e imparcialidad judicial”. En documento de la ONU agrega que “España tiene ahora la obligación de hacer una reparación integral por los derechos que me han sido violentados”. Eso incluye “reponerlo en su cargo y en su categoría de magistrado, borrar sus antecedentes penales y proporcionarle una compensación adecuada al daño sufrido”. La pelota ahora está en el Poder judicial de la Madre Patria.
Tiempo Argentino, 28 de Agosto de 2021
por Alberto López Girondo | Ago 25, 2021 | Sin categoría
La fallida frase de Alberto Fernández acerca de que los indios brasileños vienen de la selva, que causó un repudio generalizado y hasta las burlas del presidente Jair Bolsonaro, podría sin embargo resultar un buen argumento en la causa que el Supremo Tribunal Federal debe resolver en las próximas horas sobre la propiedad de territorios ancestrales de las comunidades originarias.
La cuestión de fondo que tiene entre manos la corte brasileña trata de los derechos de los indígenas a ocupar y preservar sus tierras, tal como les asegura la Constitución de 1988. La Carta Magna buscaba, en los albores de la democracia, ponerle un límite a la ambición de los grandes capitales por desplazar a poblaciones que, como descendientes de pueblos que estaban asentados en esos lugares por infinidad de generaciones, no tienen documentación que acredite la propiedad. El argumento que los popes del agronegocio pusieron en discusión es que solo tienen derecho a las tierras que estaban ocupadas cuando se puso en vigencia esa Constitución.
Los defensores legales de los aborígenes sostienen que la normativa no prevé eso que denominan “marco temporal” y que muchas de esas comunidades habían sido desplazadas a lo largo de la historia de Brasil y, sobre todo, durante la dictadura militar (1964-1985).
“Todo Brasil es tierra indígena. Nunca salimos de esta tierra, siempre estuvimos aquí”, dijo a la agencia AFP Tai Kariri, líder de 28 años del pueblo que tiene ese nombre del estado de Paraiba, al noroeste del país.
Bolsonaro, que se llegó a fotografiar para las redes con algunos representantes indígenas para hacer pullas a Fernández, es un firme partidario de no reconocer territorios previos y alertó que si el STF rechaza la interpretación del marco temporal favorable a los habitantes originarios, “se puede desatar un caos”. Incluso a través de la Abogacía General de la Unión presentó un petitorioi ante el STF para que prohíba los actos que se desarrollan en Brasilia.
Miles de miembros de unas 170 comunidades originarias marcharon hacia la capital del país y se asentaron en la explanada de la Plaza de los Tres Poderes, una extensa superficie que da a los edificios de la Presidencia, el Congreso y la Corte.
El Grupo Prerrogativas, un colectivo que lleva adelante las demandas indígenas, explicó que la tesis del “marco temporal” pretende que no puedan reclamar tierras que ocupaban antes de ese punto límite del 5 de octubre de 1988. “Esa tesis simplemente ignora que los pueblos fueron despojados de sus tierras por medio de la violencia o como consecuencia de la expansión rural o urbana”. Y hace un planteo que apunta señalar una interpretación maliciosa del texto aprobado hace 33 años. “¿Quedarían esos pueblos carentes de derechos en el contexto de una Constitución que reconoce igual dignidad a las personas de los diversos grupos formadores de la sociedad nacional?”.
Este razonamiento aduce que el artículo 231 de la Carta Magna elaborada luego de la dictadura, “reconoció a los indígenas los derechos originarios a las tierras que tradicionalmente ocupan. O sea que aseguró derechos que se remontan al período de la conquista, pero las tierras son las tradicionalmente ocupadas, esenciales para la conservación de la propia cultura”.
Todo este incidente nace del llamado Caso Raposa Serra do Sol, una reserva establecida como hogar de los makuxí, wapixana, ingarikó, taurepang y patamona, ubicada al norte del estado de Roraima, la más grande del país y con una superficie de 1.743.089 hectáreas.
EL proyecto se comenzó a implementar en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en 1993, pero no fue sino hasta 2005 que Lula la reconoció oficialmente.
Los productores arroceros, con el apoyo de las autoridades políticas locales, desataron una ola de violencia que provocó una treintena de muertos. El caso llegó al STF en 2009 y el fallo estableció que en ese lugar solamente podían vivir miembros de los pueblos originarios. El resto -mayormente arroceros- tuvo que irse. En 2013 otro dictamen de la corte validó los criterios de demarcación utilizados en el Territorio Indígena Raposa Serra do Sol (TIRSS).
Pero en diciembre de 2018 Bolsonaro promovió la explotación agroindustrial a la manera occidental y cristiana. “Es el área más rica del mundo. Usted tiene cómo explotarla de forma racional. Y del lado del indio, dando royalties e integrando al indio a la sociedad”, planteó esa vez a la salida de la inauguración de un colegio militar en Rio de Janeiro.
Con argumentos que por estas pampas también sonaban bastante en tiempos de Mauricio Macri pero solapadamente persisten, el general Augusto Heleno, un archienemigo de Lula, actualmente a cargo de la jefatura de Gabinete de Seguridad del presidente, se opuso a la legalización de 2005 y ahora está detrás de la expulsión de los indígenas. Alega que la famosa demarcación del TIRSS es un “primer paso para la creación de un estado autónomo” en la frontera norte de Brasil.
El STF tiene una papa caliente entre las manos pero el caso ya tiene antecedentes favorables a los pueblos originarios y además, los magistrados mantienen un enfrentamiento con el gobierno de Bolsonaro.
Tiempo Argentino, 25 de Agosto de 2021
por Alberto López Girondo | Ago 24, 2021 | Sin categoría
La sociedad argentina está a las puertas de unas elecciones que se desarrollarán en un contexto inédito, en medio de una pandemia y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Se dispone a someter al escrutinio ciudadano dos años de un gobierno al que esta situación limitó fuertemente en su margen para poner en marcha el programa que había prometido en las presidenciales de 2019. El COVID-19, cuando apenas el presidente Alberto Fernández pronunciaba su primer discurso de apertura de sesiones parlamentarias, en marzo de 2020, trastocó cualquier plan no solo en la Argentina; pero golpeó doblemente a un país que venía en picada luego de la experiencia de Mauricio Macri en la Casa Rosada. Como hace dos años, en estos comicios de medio término lo que está en juego es el modelo de país, entre un proyecto neoliberal que ya se aplicó en varias etapas del pasado reciente, y otro que en esta gestión aún no pudo mostrar todas sus cartas. Todo con el telón de fondo de un incremento fenomenal de la pobreza y la indigencia de la mano de una fuerte inflación que provoca una situación social preocupante en los grandes centros urbanos.
Pero esa discusión no es la que aflora mayoritariamente en el debate político o en los medios. Gran parte de la dirigencia –la que encuentra más minutos en los medios audiovisuales, sobre todo– parece envuelta en culparse mutuamente por actitudes reñidas con las buenas prácticas del manejo de la cosa pública –como festejos de cumpleaños en Olivos o en la casa de la exdiputada Elisa Carrió violando restricciones sanitarias– que en delinear un horizonte en el que «inclusión» no sea solo una palabra políticamente correcta. Sin embargo, los temas que afectarán no solo el futuro cercano sino el de las generaciones por venir están ahí, en la urgencia por tomar decisiones que impactarán en el bolsillo, pero fundamentalmente en los proyectos de vida de todos los que vayan a las urnas.
Siembra peligrosa
Hubo muestras de desencanto en los comicios que se realizaron este año en dos provincias norteñas. La asistencia a las urnas se estancó en un 65% mientras se registró un incremento del voto en blanco (12,1% en Jujuy y 5% en Salta). A esto se le puede agregar el crecimiento que destacan varias encuestas del voto juvenil hacia los candidatos mal llamados libertarios, que representan el extremo derecho del arco político, en general expresado de modo violento, una postura que sorprende y que con sus diferencias de «presentación» encarnan candidatos como Javier Milei en CABA y José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires. Estas figuras, y otras con posturas similares, muestran una escalada preocupante de violencia discursiva, multiplicada en los medios de comunicación, donde no faltan expresiones de convalidación hacia estas peligrosas tendencias que lamentablemente encuentran terreno fértil en algunos sectores de la población.
Es cierto que la economía viene saliendo del estancamiento en el que cayó en lo peor de la pandemia, cuando aún no se había recuperado de la crisis desatada por la gestión de Macri. Pero en lo inmediato, todavía esos resultados parecen distantes y no llegan a impactar en amplias franjas de la sociedad.
Las sucesivas crisis que padeció la sociedad desde, por poner un punto de partida, el Rodrigazo de 1975, pasando por la hiperinflación de los 80, el estallido de la convertibilidad en 2001/2002 y la crisis de 2018 durante el macrismo, marcan a fuego a los ciudadanos más añejos, pero también repercuten en los que se inician en el ejercicio del voto. En el mensaje mediático hegemónico y en la información que circula en redes y canales de internet predomina el desaliento («Fulano de Tal se fue del país y triunfó en el exterior») o el discurso antisistema extremo. Ya sea que se identifique al sistema como el Estado que impide circular, que elabora y pone en marcha un gigantesco plan de vacunación o que, incluso, tiene el monopolio de las regulaciones. Algunas de esas ideas «libertarias» implicarían el regreso a una etapa pre democrática.
Herencia maldita
La vicepresidenta Cristina Fernández mantiene un protagonismo central que se corrobora en cada aparición pública, cada vez más frecuentes desde que decidió meterse de lleno en la campaña electoral. Su intento por discutir otra agenda no encuentra un eco demasiado notable del otro lado de la «grieta» ni entre las cúpulas empresariales. A pesar de que, más allá de lo que se piense sobre sus objetivos, son los temas que preocupan en la población.
Como señala CFK, ningún país inmerso en las cifras astronómicas de la inflación y la pobreza de Argentina pudo salir de ese brete sin un compromiso de todas las fuerzas políticas detrás de ese objetivo. Y un acuerdo con el FMI que no termine de asfixiar a la población depende también de consensos básicos entre las mayorías determinantes de la política nacional. Un modelo de país, parafraseando a la expresidenta, significa un proyecto inclusivo y requiere crear condiciones para generar empleos registrados y un proceso virtuoso de la economía en general.
No todos los empresarios se avienen sin más a los planteos neoliberales que defienden los grandes grupos que comandan la Unión Industrial Argentina. Las diferencias más explícitas se escuchan de boca del actual presidente del BICE, José de Mendiguren, crítico feroz de la dirigencia de la UIA, entidad a la que alguna vez dirigió durante los gobiernos de Carlos Menem y de Néstor Kirchner.
Otro empresario, el textil Teddy Karagozian, tal vez el más grande en ese sector de la industria nacional, declaró que no votó a Alberto Fernández, como sí lo había hecho con Macri cuatro años antes. Pero durante el Gobierno anterior terminó por cerrar algunas de sus plantas, diseminadas en varias provincias, y pensar en expatriar su producción. «Me entusiasma que se haya comprendido que un país no crece si no trabaja. El sector industrial es la amalgama de toda la economía», dijo estos días en una entrevista en Radio con Vos. «Este Gobierno ha mandado señales inequívocas para fomentar la producción y generar más trabajo», añadió, para culminar que «las empresas estamos yendo por otro lugar de donde está la noticia. La discusión hoy es muy pobre».
Macri, ahora también metido a pleno en la campaña, representa a ese proyecto de Argentina que en los hechos cerró fuentes de trabajo y volvió al ciclo de «asistencia» del FMI, del que el país parecía alejado tras el interregno kirchnerista. Tanto la deuda externa como la pobreza y la desindustrialización siguen siendo la herencia maldita de la dictadura. Y es la cuenta pendiente de la democracia.
En Estados Unidos la denominación más corriente para cada gobierno es «administración». Hubo una «administración Trump» como desde enero de este año hay una «administración Biden». Lo que en el fondo esconde la palabra es que una presidencia no se propone cambios profundos desde la Casa Blanca. Es la ratificación de que la política, para el establishment estadounidense, consiste en administrar lo que hay y «no hacer olas». En la Argentina, en cambio, el debate de fondo es si la dirigencia se contenta con administrar las sucesivas crisis o se juega a utilizar la política como herramienta de cambio.
Revista Acción, 24 de Agosto
por Alberto López Girondo | Ago 21, 2021 | Sin categoría
En la última conferencia de prensa de Joe Biden se destacó la incomodidad del presidente ante la pregunta de un reportero. Apelando a una estrategia de evasión, respondió otra cosa y terminó la sesión. Es que la Casa Blanca no puede explicar el desastre que generó y deja en esa parte del mundo al cabo de 20 años de invasión. Tampoco pudo hacerlo la OTAN y otros aliados occidentales, con las manos manchadas de sangre y fracaso. Pero ellos fueron más astutos para no resultar tan salpicados.
Pedro Sánchez, el presidente de Gobierno español, se mostró orgulloso del papel que jugaron las tropas hispanas en Afganistán. “En estos 15 años, gracias al esfuerzo de todos, hemos sembrado y esperamos que en un futuro esa siembra germine en una mayor prosperidad, seguridad y libertad del pueblo afgano”, dijo desde La Moncloa, con aire de satisfacción.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció que la UE no reconocería a las nuevas autoridades, aunque admitió que mantenían contactos “operativos” con los talibanes para acordar las evacuaciones de personal. Desde el otro lado del Canal de la Mancha, el jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, Nick Carter, pidió dejar espacio “a los talibanes para ver cómo van a gobernar. Tal vez quieran tener un gobierno inclusivo y un país inclusivo”.
Los medios occidentales baten el parche con el fanatismo extremista de los talibanes y los peligros para las libertades de las mujeres. En la primera rueda de prensa de representantes talibanes desde la toma de Kabul, el vocero Zabihullah Mujahid prometió que “no habrá problema en que las mujeres obtengan educación hasta la universidad y continúen trabajando. Sólo necesitan usar el hijab (el velo sobre la cabeza). No es necesario llevar burka (la túnica que cubre todo el cuerpo)”.
Los mensajes de apertura de los dirigentes talibán no tranquilizan a todo el mundo, pero son un gesto. El mulá Abdul Ghani Baradar, uno de los fundadores del movimiento, aseguró ayer, recién llegado a la capital, que “el Emirato Islámico de Afganistán (la nueva denominación del país) desea construir lazos diplomáticos y comerciales con todos los países, en particular con Estados Unidos”. Como otra señal, liberaron a 340 presos políticos en la provincia de Farah y otros 40 en Uruzgan.
El temor por los posibles actos de venganza es grande y tiene sus razones. Sin embargo, a la hora de hablar de violaciones a los derechos humanos no habría que olvidar los crímenes cometidos por tropas occidentales a lo largo de estas dos décadas. En primer lugar, teniendo en cuenta que una invasión es, desde su origen, un hecho violento.
Autores como el alemán Fabian Scheidler recuerdan masacres cometidas por tropas germanas, como un bombardeo a una caminata de civiles en setiembre de 2009, con más de cien muertos, entre ellos varios niños. “El proceso contra los principales responsables, el coronel Georg Klein y el ministro de Defensa Franz Josef Jung, finalizó con absoluciones”, recuerda.
Desde 2010, la información sobre crímenes horrendos cometidos por “soldados de la libertad” fue saliendo a la luz a través del trabajo de Julian Assange. Las pruebas condenatorias contenidas en 76.000 documentos clasificados como secretos fueron divulgadas en medios hegemónicos de los países con tropas en Asia Central: Alemania, Francia, EEUU, Gran Bretaña, España, Italia. Lejos contribuir a la justicia y la paz, significó persecución, la detención ilegal y la amenaza de una pena extrema para el periodista australiano.
No hay una cifra exacta de víctimas fatales de la guerra comenzada por George W, Bush. Los cálculos menos pesimistas hablan de 100.000, entre civiles afganos y soldados de más de diez naciones, principalmente bajo bandera de EEUU (aunque de origen hispano en muchos casos). Por otro lado, se sabe que muchos de los occidentales que intentaban huir de cualquier modo de Kabul eran personal especializado en “técnicas de interrogatorio mejoradas”. Eufemismo para hablar de tortura.
Baradar estuvo preso en cárceles de Pakistán hasta que hace tres años el gobierno de Donald Trump pidió que lo liberaran. Khairullah Khairkhwa, ministro del Interior del gobierno talibán entre 1997 y 1998 y seguramente con algún puesto expectante en el nuevo gobierno, pasó 12 años en una celda de Guantánamo, sin un juicio ni condena, llevado por personal de la CIA.
Tiempo Argentino, 21 de Agosto de 2021
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