por Alberto López Girondo | Nov 5, 2021 | Sin categoría
El gobierno español está en una encrucijada para concretar una “contrarreforma” laboral antes del 31 de diciembre y así poder acceder a un nuevo tramo del millonario fondo pospandemia que puso en marcha la Unión Europea. Son cerca de 57 mil millones de “buenas razones” para que gremios y patronales se pongan de acuerdo. Pero los intereses son muchos y los tironeos desde ambos lados del mantel también.
El gobierno de Pedro Sánchez es una coalición en la que el PSOE es mayoría pero tiene peso determinante Unidas-Podemos, el partido nacido al calor de las protestas del 15 de mayo de 2011 en torno a Pablo Iglesias. Retirado de la política – al menos momentáneamente – Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda, está mostrando dotes de liderazgo dentro de ese sector de la izquierda que la convierten en la enemiga del establishment hispano.
Díaz se puso al hombro la reforma laboral y desde ese lugar “pateó el hormiguero” de una modificación perjudicial para los trabajadores que impuso el Partido Popular durante la gestión de Mariano Rajoy, en 2012. Eso le granjeó rechazo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que nuclea a las cámaras patronales, del amplio arco de las derechas españolas pero también dentro del partido de Sánchez.
“Ha mostrado mucha capacidad para negociar y por eso apuntan contra ella en este momento”, dice a Tiempo Francisco López. Residente en Buenos Aires desde hace años, López es secretario de Participación Militante de Círculos y Áreas de Podemos Exterior.
La pelea que lleva adelante Díaz es para que -frente a la amenaza de no recibir los fondos restantes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – los empresarios acepten algunas modificaciones a la normativa de Rajoy, sentados a una mesa con la dirigencia sindical, cosa de mostrar en Bruselas que están dispuestos a aprovechar esa millonada según parámetros aceptables para la Comisión Europea (CE), el órgano ejecutivo de la UE.
Esa ley, con la excusa de que la rigidez laboral impedía que los empresarios contrataran personal, redujo la indemnización de 45 días por año trabajado a 8, “es decir, nada”, apunta López, que también representa al Frente Progresista Trece Rosas para las próximas elecciones al Consejo Residentes Españoles (CRE, ver aparte). Además, la normativa extendió las temporalidades de prueba “casi al infinito”.
El argumento de quienes apuestan a cambiar la reforma del 2012 toma en cuenta datos de la UGT (Unión General de Trabajadores), una de las centrales obreras, junto con Comisiones Obreras (CCOO), que discuten el asunto con los empresarios sobre precarización y pérdida de empleo en estos once años. Según un trabajo que firma Pepe Álvarez, secretario general de UGT, entre 2013 y 2018 la tasa de temporalidad creció al 26,8 por ciento. “Sólo 10 de cada 100 contratos son de carácter indefinido – dice el informe- y la tasa de temporalidad de los menores de 25 años es del 72,8%”. Esto es, que la temporalidad se convirtió en una buena forma de no regularizar la situación de los trabajadores pagando salarios que en algunos casos no superan los 300 euros. Y de reducir artificialmente tasas de desempleo con precarización.
“El uso generalizado de contratos temporales supone un freno para el potencial de crecimiento y la cohesión social en España. Sigue siendo difícil pasar de un contrato temporal a otro indefinido”, había advertido en 2019 la UE. Pero no es que eso implicaba un giro progresista. Sobre todo porque los empresarios se recuestan Bruselas para defender sus posturas y desde la capital belga no son de dar señalas claras para no mover demasiado el avispero.
La CE, en ese marco, con una mirada ecuménica pide a los actores sociales de España que consensuen una ley de empleo. “Le corresponde a los Estados miembros determinar las reformas y las inversiones incluidas en sus planes nacionales. El papel de la Comisión es evaluar si estas son compatibles con los criterios del plan de recuperación y del semestre europeo”, indica. Pero la espada de Damocles amenaza. De ese plan pospandemia ingresaron 9000 millones de euros. El resto está en veremos y el plazo para abrir las arcas o demorar nuevas entregas es el 31 de diciembre.
Eligen representantes los residentes españoles
Los Consejos de Residentes Españoles (CRE) se definen como órganos consultivos de las oficinas consulares de cada distrito del exterior. Los integrantes son elegidos por votación y este 28 de noviembre, finalmente, luego de varias controversias por la negativa inicial a aprobar las candidaturas que se presentan, será el comicio en Buenos Aires. Tres listas se presentan, una ligada al PP.
Españoles Unidos; el Memoria, Verdad y Justicia, de La Lorca; y el Frente Progresista las 13 Rosas, con apoyo del PSOE y Unidas Podemos. Este sector rinde homenaje con su nombre a las 13 jóvenes fusiladas por la dictadura de Francisco Franco en Madrid el 5 de agosto de 1939, a cuatro meses del fin de la Guerra Civil Española.
Hay algunas coincidencias en las propuestas electorales, como eliminar el “voto rogado” -la obligación de reclamar la inscripción para emitir el sufragio– y la ampliación del acceso a la nacionalidad española a hijos y nietos de emigrantes que quedaron fuera de los alcances de la Ley de Memoria Histórica.
Francisco López, portavoz de Trece Rosas, cuenta que dentro del programa electoral, el Frente impulsa la cooperación entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y organismos estatales españoles “para la creación de un banco datos genéticos de quienes tuvieron familiares desaparecidos en la guerra civil y posterior dictadura franquista, para facilitar la identificación de los restos que se vayan exhumando en España y para posibilitar las identificaciones de niños robados”.
Tiempo Argentino, 5 de Noviembre de 2021
por Alberto López Girondo | Nov 3, 2021 | Sin categoría
A un año exacto de las elecciones que Donald Trump todavía asegura que le birlaron, los republicanos celebran un triunfo quizás determinante en Virginia, un estado que los demócratas computaban como propio luego de más de una década. Fue un golpe duro para Joe Biden porque el resultado puede complicar más aún al primer mandatario estadounidense, que en un año enfrenta elecciones de medio término con perspectivas poco halagüeñas y no logra que sus proyectos más ambiciosos sean aprobados en el Congreso. Para peor, un artículo de Huffington Post computó que al menos seis integrantes del Partido Republicano que el 6 de enero pasado participaron del intento de toma del Capitolio para rechazar la nominación de Biden resultaron electos el legislaturas estatales, tres obtuvieron puestos locales y otros 57 se postularán para el 2022.
La caída de los demócratas en Virginia es estruendosa si se tiene en cuenta que en 2020 Biden había ganado por 10 puntos de diferencia. Ahora, el multimillonario Glenn Youngkin se impuso sobre Terry McAuliffe por dos puntos que valen oro: 50.7% a 48.5%. Los analistas entienden que el inquilino de la Casa Blanca defraudó a sus votantes y que no es mucho lo que cambió desde que llegó al gobierno. Para colmo, la retirada de Afganistán supo ser aprovechada por los republicanos, que la tildaron de desastrosa y afirmaron que ellos nunca se hubieran ido del país asiático, a pesar de que Trump hizo los primeros acuerdos con los talibán para que las tropas de EEUU no siguieran empantanadas en una guerra que no podría ser ganada.
Youngkin tiene un patrimonio de unos 440 millones de dólares y es uno de los principales accionistas de Carlyle Group, uno de los grupos inversores más grandes del mundo. Cercano a Trump -un poco por cuestiones comerciales y otro por miradas comunes sobre el mundo – en los últimos tiempos tuvo la perspicacia de despegarse del expresidente y convocar como acompañante de fórmula a Winsome Sears, la primera afrodescendiente en ocupar ese cargo en la historia del estado y también la primera no nacida en EEUU, ya que es jamaiquina. Trump festejó el triunfo que había apoyado con fervor estas últimas semanas, cuando las encuestas pronosticaban un resultado como el que se dio.
El golpe para los demócratas es mayor porque normalmente Virginia puede ser una señal de alarma para el futuro y un aliciente para los republicanos, que potenciarán sin dudas el bloqueo al que están sometiendo al gobierno de Biden, que ya tuvo que ceder en sus iniciativas más “peronistas” para reactivar la economía y repotenciar a Estados Unidos a los primeros planos internacionales.
Es cierto que la diferencia en Virginia no es tanta, pero fue interpretada por los medios y la dirigencia como impactante. Porque por otro lado en Nueva Jersey peleaban voto a voto el gobernador Phil Murphy con el desafiante republicano Jack Ciatarelli, un trumpista que se bajó del caballo luego del 6E y tras esgrimir el argumento de que le habían robado la elección, ahora elige el silencio sobre el tema. También cambió las declaraciones xenófobas por un perfil más moderado para conseguir los votos de comunidades latinas.
Los sectores progresistas en cambio pudieron celebrar el triunfo de Michelle Wu para la alcaldía de Boston. Descendiente de taiwaneses, Wu tiene 35 años y un perfil de defensa del medio ambiente que la lleva no solo a plantear la conversión del transporte público de la ciudad a electricidad sino a proponer que el viaje sea gratuito. Cobijada bajo la mirada de la senadora Elizabeth Warren, Wu es la primera no “blanca caucásica” y también no nacida en Boston – es oriunda de un suburbio de Chicago – en ser electa para comandar los destinos de la “Capital de la Nueva Inglaterra”.
Las elites de los demócratas también festejan el triunfo del expolicía Eric Adams en Nueva York. Recostado en el ala más conservadora de los demócratas, Adams será un alcalde amigo de los poderes financieros que rondan Wall Street. Lo contrario de la representante Alexandria Ocasio-Cortez, pero así son las cosas. Para compensar, el progresista Ed Gainey será nuevo alcalde de Pittsburg, el primer afrodescendiente en ese distrito.
Tiempo Argentino, 3 de Noviembre de 2021
por Alberto López Girondo | Oct 30, 2021 | Sin categoría
“Nos ha dado mucho en qué pensar y nos tomaremos nuestro tiempo para tomar nuestra decisión”. Las palabras de Ian Burnett, uno de los dos jueces de la audiencia de apelación de Estados Unidos sobre la extradición de Julian Assange, no debieron sonar tranquilizadoras para el creador de WikiLeaks. Porque pueden significar que la corte londinense espere la ocasión política más propicia para cumplir con la voluntad de Washington de tener entre rejas –sus rejas– al periodista que difundió millones de documentos que prueban crímenes de guerra cometidos en Irak, Afganistán y Guantánamo, actos de corrupción que involucran a dirigentes políticos de EE UU, entre ellos la excandidata Hillary Clinton, y las herramientas informáticas que utilizan ilegalmente agencias de inteligencia para la vigilancia global.
La audiencia había sido solicitada por el gobierno de Estados Unidos luego de que en un primer debate sobre la extradición, la jueza Vanessa Baraitser, en enero pasado, rechazara la demanda de extraditar al australiano de 50 años tras un informe psiquiátrico que determinó el peligro para su salud de padecer las inhumanas condiciones del sistema penitenciario estadounidense. El fiscal de ese país James Lewis dijo que no era creíble el informe médico y que EE UU se compromete a llevar a Assange a una cárcel con todas las garantías.
Si bien Assange es extranjero, los tribunales de EE UU lo acusan de 17 cargos por la Ley de Espionaje y sus abogados saben que en la práctica ya está condenado. Es que el llamado “Tribunal de Espionaje”, en el que se juzgan delitos contra la seguridad nacional, está ubicado en Alexandría, Virginia, donde el 85% de los residentes trabaja en las agencias de inteligencia (CIA o NSA), o las secretarías de Defensa y de Estado. Según las normas estadounidenses, el jurado estará integrado abrumadoramente por personas que no podrían ser imparciales, aunque se lo propusieran.
Pero a medida que avanza el caso resulta más que claro que EE UU logró torcer el eje del debate en torno a WikiLeaks y Assange de manera asombrosa. Consiguió que los medios dominantes lo catalogaran de un simple hacker, que lo acusaran de haber violado a dos jóvenes –que nunca presentaron cargos en su contra–, de ser narcisista e inescrupuloso.
Esos mismos medios que en noviembre de 2010 destilaron agua bendita en sus páginas publicando las revelaciones de WikiLeaks (El País de España, Le Monde de Francia, The Guardian de Gran Bretaña, The New York Times de EE UU, Der Spiegel, de Alemania), y que entonces habían incrementado sus tiradas con los secretos más incómodos que los gobiernos de Occidente querían ocultar, cambiaron el enfoque hacia la ética del periodista.
Un camino inverso busca el Tribunal de Belmarsh, que unos días antes de esta audiencia reunió a varios referentes internacionales para debatir los crímenes cometidos por el gobierno de EE UU en Asia y las torturas en la base de Guantánamo. Bautizado con el nombre de la prisión de máxima seguridad donde está alojado Assange, emula al tribunal impulsado por los filósofos Bertrand Russel y Jean Paul Sartre que en 1967 juzgó en Estocolmo y Copenhage a Washington por la guerra de Vietnam.
Reunidos en la Church House, el hogar de la iglesia anglicana, en el extremo sur de la Abadía de Westminster donde se congregaba el Parlamento durante la Segunda Guerra Mundial y se realizó la primera reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el acto contó con la conducción del filósofo croata Srećko Horvat y la participación presencial del exlíder laborista Jeremy Corbyn, el escritor Tariq Ali, el periodista Ewen MacAskill, y de manera virtual el expresidente Rafael Correa, Daniel Ellsberg –quien en 1971 reveló los Papeles del Pentágono, la gran filtración sobre Vietnam– y el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, entre otros.
Hubo coincidencia en que Assange no solo no debe ser extraditado sino que debe ser liberado en forma inmediata. No fue él quien cometió crímenes, fue solo el mensajero de documentos que recibió de personas con acceso a esos archivos que no toleraban la forma en que su gobierno se maneja en el mundo. Y que una condena al periodista australiano es una condena a la libertad de prensa de funestas consecuencias para la declamada democracia occidental.
Tiempo Argentino, 30 de Octubre de 2021
por Alberto López Girondo | Oct 29, 2021 | Sin categoría
Hace 30 años, el Gobierno de Carlos Menem ponía en marcha la primera reforma laboral del período que había iniciado anticipadamente en 1989. Una frase quedó grabada en la memoria de quienes vivieron aquella época, signada por la expansión global del modelo neoliberal: «Si decía lo que iba a hacer no me votaban». Por el contrario, en sus discursos electorales prometía atacar la desocupación con una «revolución productiva».
Esa primera reforma –la Ley de Empleo 24.013, promulgada el 5 de noviembre de 1991– iba de la mano del otro modelo que se había puesto en marcha meses antes: la convertibilidad. El objetivo era frenar la hiperinflación mediante un cambio de moneda, que debía quedar atada al dólar de manera indisoluble. Como salida a una misma crisis recurrente para los argentinos, el incremento de precios, la pérdida de valor de la moneda y la desocupación podían comenzar a solucionarse milagrosamente a partir de leyes más flexibles para que los empresarios pudieran contratar y despedir personal sin ataduras. El corsé del 1 a 1 podía mantenerse si se daba ese paso decisivo de eliminar la sujeción a las leyes laborales.
«Las reglas de juego que operan sobre el mercado de trabajo argentino, definidas en sus grandes trazos en las primeras cuatro décadas de este siglo, se han demostrado inadecuadas para acompañar el proceso de crecimiento, estabilidad e integración en los mercados mundiales en el que se encuentra inmersa la economía argentina», afirmaba por entonces un personaje clave en esos escarceos, Armando Caro Figueroa, asesor y luego ministro de Menem, que había participado en el Gobierno de Raúl Alfonsín. Una continuidad llamativa en un país históricamente en grieta.
Distintos estudios de especialistas como Daniel Cieza, Carlos Dasso, Daniel Contartese, Norberto Zeller y Javier Lindenboim, entre otros, muestran el derrotero de aquellas panaceas laborales. Y más allá de los datos sobre el avance de la precariedad en el caso de los trabajadores que lograron tener empleo y al crecimiento de la desocupación en el resto, quizás la manifestación de que esa modificación no sirvió de gran cosa es que hubo otras tres leyes durante esa última década del siglo XX: la reglamentación de la Ley Pyme 24.467 de 1995, la Ley 25.013 de Reforma Laboral de 1998 y ya en el período de Fernando de la Rúa, la Ley de Reforma Laboral 25.250 –recordada como Ley Banelco por el escándalo de coimas que desnudó– del año 2000.
Mientras tanto, y con estabilidad monetaria y una inflación por momentos negativa, la desocupación pasó de 7% a 14% entre 1989 y 1999 –con picos de 18%– llegando al 20% cuando estalló la convertibilidad, en 2001. La precariedad laboral creció en ese lapso bastante más de diez puntos y en 2002 llegaría a casi 43%. En algún tramo de este sendero de declive, el entonces superministro de Economía, Domingo Cavallo, explicó que el índice de desocupación crecía porque los trabajos estaban bien remunerados y había más gente buscando un empleo.
Habría una nueva modificación al sistema de contratación en 2004, con Néstor Kirchner en la Casa Rosada, la ley de Ordenamiento del Régimen Laboral 25.877. No fue un retorno al modelo histórico del peronismo, pero les devolvió a las asociaciones sindicales el rol de sujeto, junto con el trabajador, de una negociación colectiva. También fija su objetivo como la promoción del «trabajo decente», una definición en consonancia con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La misma receta
Un informe de la Universidad Nacional de Mar del Plata muestra que en el período 2004-2015 la economía nacional creció a un promedio de 2,6% anual, que el salario real subió un 43,2% y el desempleo bajó de cerca de 15% al 5,9%. Todo esto en el marco de la crisis internacional de 2008 y la caída consecuente de la actividad económica mundial.
Desde 2016 comienza a incrementarse la desocupación y ese primer año de mandato de Mauricio Macri la cifra asciende a 8,5%. Paralelamente, se empieza a discutir a través de voceros gubernamentales y los medios concentrados una nueva reforma laboral. Y aparece un tema que no se había explicitado hasta entonces: la posibilidad de extender al resto de las ramas industriales el sistema de indemnización del gremio de la construcción.
Ese régimen laboral fue implementado en 1967 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Básicamente establece un aporte patronal mensual que se deposita en una cuenta a nombre del empleado y que queda a disposición cuando la relación se rompe, ya sea por decisión patronal como del trabajador. Se lo llamó Fondo de Desempleo y, luego de otra dictadura, en 1980 se convirtió en Fondo de Cese Laboral. Recibe aporte del 12% mensual durante el primer año y 8% en los posteriores.
El titular de la Cámara Argentina de la Construcción contaba las bondades de ese sistema cuando se cumplieron los 50 años de vigencia. «Con este sistema va a costar menos despedir a alguien, ya que los empleadores irán pagando las indemnizaciones mensualmente, conformando un fondo a tal fin. Ese fondo se actualiza cada mes por la evolución de la UVA, lo que en la práctica representa una forma de abonarlo en cuotas. Llegado el final del vínculo, ese dinero se pone a disposición del empleado y resta poco por pagar», declaró Gustavo Weiss a El Cronista el 10 de noviembre de 2017.
Tras este recorrido histórico que marca el devenir de la flexibilización laboral como una medida que no solo no favorece la creación de empleo, sino que, por el contrario, acompañó los períodos de mayor desocupación, unos días antes de las PASO del 12 de septiembre, Horacio Rodríguez Larreta sorprendió a propios y ajenos con una propuesta de reforma laboral que tenía muchos de esos ingredientes. Se sumaba a una recorrida por los medios del empresario textil Teddy Karagozian, quien viene impulsado lo que llama la Mochila Argentina o Flexiseguridad. Una suerte de seguro de desempleo que abarate el costo de la indemnización tomado del sistema austríaco. Pronto se sumó el senador radical Martín Lousteau con un proyecto de ley.
El enfoque es que los empresarios temen contratar personal por el costo de romper contratos considerados demasiado rígidos y que otorgarían beneficios exorbitantes a los trabajadores. Si en las leyes del primer peronismo el empresario tiene el deber de mantener la fuente de trabajo ante una posible crisis económica, ahora –y esto forma parte del vademécum neoliberal– el riesgo de una crisis repercute en las espaldas del empleado, y sin paracaídas.
Los antecedentes desmienten que una flexibilización laboral reduzca el desempleo o mejore las condiciones de los que consigan trabajo. Pero el viejo deseo de las cámaras patronales de reducir la responsabilidad inherente a una contratación sigue vigente. Y como ocurrió históricamente, siempre dicen que se trata de «modernizar» un sistema anquilosado que traba las ansias productivas del empresariado nacional. Y hasta parece culpable de la inflación y déficit fiscal.
Lo que sí se ve como una novedad es que los candidatos hablan de estos temas en plena campaña electoral. En tiempos de focus groups y estudios de mercado supertecnificados, cabe pensar que ya no necesitan ocultar sus propósitos para conseguir votos, como le ocurrió a Menem. Peor aún, que luego de más de un año de visibilidad mediática de las posturas más radicalizadas de los llamados «libertarios», ese discurso tiene aceptación en grandes capas de la sociedad y las derechas compiten por ese votante. El tiempo dirá, estamos a las puertas del 14 de noviembre.
Revista Acción, 29 de Octubre de 2021
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