El frente oriental de la UE es un polvorín que puede estallar en cualquier momento, temen los más pesimistas. La tensión en la frontera bielorrusa sigue creciendo y este lunes los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunirán en Bruselas para analizar nuevas sanciones contra el gobierno de Alexandr Lukashenko, al que acusan de desatar “táctica híbrida” mediante una crisis migratoria en venganza por los castigos que le impusieron tras las elecciones presidenciales del año pasado.
La realidad muestra que el enfrentamiento del gobierno de Polonia con Minsk esconde una puja geopolítica de larga data en países de la ex órbita soviética. Además, la crisis migratoria en esas regiones no es nueva. Si hay un punto de partida, podría ubicarse en la llamada Primavera Árabe, la invasión de Libia y el avance del grupo yihadista Estado Islámico en Irak y Siria.
Cientos de miles de personas intentaron huir del horror a través de Turquía, mientras en el norte de África otros tantos buscaban cruzar el Mediterráneo para escapar de persecuciones y matanzas en países subsaharianos. Gobiernos europeos y estadounidenses no son ajenos a esta tragedia, ya que fueron responsables de cada una de esas crisis.
El caso es que hubo una explosión de migrantes buscando mejores horizontes desde 2010. En paralelo, crecieron los movimientos xenófobos y neofascistas en el continente, mientras la UE trataba de encontrar una salida que no pusiera en debate el rol de defensora de los Derechos Humanos que se atribuye.
La frontera oriental de Europa es un terreno propicio para esas fuerzas racistas que pululan también en los países más “políticamente correctos”. Y dentro de ese “club” ultraderechista, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki se lleva varios galardones. Cuestionado desde Bruselas por una reforma judicial muy controvertida y leyes antiaborto y antiLGBT, es aliado del gobierno húngaro en eso de levantar muros para evitar a foráneos “indeseables”.
Polonia comenzó a erigir alambrados de púas en la frontera con Bielorrusia ante el auge de migraciones por esa región. Lo mismo hicieron Letonia y Lituania. Lukashenko está en la mira de Bruselas y Washington, entre otras razones, porque es un firme aliado de Rusia. En 2014, un golpe de estado destituyó a otro prorruso, Viktor Yanukovich, en Ucrania, desde entonces gobernada por fuerzas de derecha hostiles a Moscú. La respuesta de Vladimir Putin fue recuperar la península de Crimea, sede de una base naval desde la era zarista y poblada por rusófilos.
Lukashenko – en el poder desde 1994 y con una impronta soviética, aun hoy -ganó las elecciones de agosto de 2020 con 80,23% de votos. La UE y EEUU deslegitimaron el resultado, hablan de un comicio amañado y decidieron sanciones.
Por Bielorrusia pasa el gasoducto Yamal-Europa. Y desde Donald Trump, la Casa Blanca trata de socavar el acceso de la UE al gas ruso. Un conflicto puede poner en riesgo la provisión, fundamentalmente a Alemania. Otra cañería, el Nord Stream II, pasa por el Báltico y está por entrar en régimen a pesar de las presiones estadounidenses.
Para la interpretación “oficial” de esta crisis, Lukashenko envía migrantes a Europa en venganza por las sanciones del año pasado, y detrás del mandatario bielorruso está Putin. Pero si bien Lukashenko amenazó con cerrar los grifos, desde Moscú le pidieron bajar un cambio y garantizan que el gas seguirá fluyendo. Hay tropas polacas en la frontera con órdenes de evitar incursiones de migrantes. Y tropas bielorrusas vigilando que los polacos no crucen. En el medio, un millar de migrantes en un clima helado y sin protección de ningún tipo.
Moscú destinó dos aviones bombarderos con capacidad nuclear Tu-22M3 a sobrevolar el espacio aéreo bielorruso, mientras denuncia ante la ONU el envío de militares británicos a esa frontera caliente como una provocación.
A menos de un año al frente del gobierno de Estados Unidos, Joe Biden está en su nivel más bajo de aprobación. La derrota del candidato demócrata en Virginia, donde hace un año el partido había sacado 10 puntos de ventaja, es la señal más palpable de un naufragio que los republicanos están aprovechando en cada rincón del país. La demora en poner en marcha las promesas electorales -un poco por el bloqueo de la oposición y otro tanto por el rechazo dentro de las propias filas oficialistas a cambios demasiado profundos al status quo – jaquean a una gestión que pretendía reconstruir la economía de la otrora gran potencia mundial.
El joven, de 28 años, hace mucho que la viene remando en la más popular de las categorías automovilísticas estadounidenses y ese día había obtenido su primer triunfo, con el equipo Brandonbit Motorsports, en Talladega Superspeedway, Alabama.
La entrevistadora Kelli Stavast -quizás con problemas de sonido por tener los auriculares puestos o para mantenerse dentro de cánones políticamente correctos, quién sabe – le dijo al piloto que los espectadores gritaban “Let’s go Brandon” (¡Vamos Brandon!), celebrando el podio inaugural del muchacho.
La verdad es que desde las tribunas bajaba un canto bien audible que decía “Fuck Joe Biden” (“Andate a la mierda, Biden”, sería por estas pampas). El equivoco provocó la hilaridad de las multitudes en tiempos en que todo se viraliza. Y más cuando si de grietas se habla, la sociedad estadounidense puede decirse que está a la vanguardia internacional.
El guante lo recogieron de inmediato los más fanáticos dentro de los “trumpistas” y la frase ahora es visible en remeras, banderas, carteles callejeros, como sinónimo de insulto al presidente de Estados Unidos.
Es más delicado que el cántico contra Mauricio Macri de hace unos años en tribunas argentinas. Y tiene la ventaja de que las redes sociales no podrían cerrar cuentas ya que técnicamente no es un improperio. El usuario puede alegar que está apoyando a su piloto de Nascar favorito.
En ese sentido hace recordar una historia de los últimos tiempos de la dictadura militar. La contó el periodista deportivo Alejandro Fabbri en su libro Historias negras del fútbol argentino. Fue al finalizar un encuentro entre Nueva Chicago y Defensores de Belgrano en Mataderos, que ganaron los locales 3 a 0.
“…ocurrió el 24 de octubre (de 1981), cuando la policía detuvo a 49 hinchas del cuadro verdinegro por ¡¡¡¡cantar la marcha peronista en la tribuna!!! – escribió Fabbri, que cubrió aquel partido para Clarín -Los fanas de Chicago fueron bajados de la popular que corre paralela a la calle Francisco Bilbao cuando terminó el partido y llevados a la Comisaría 42ª trotando por la calle. (…)Al partido siguiente, Nueva Chicago debió jugar contra Atlanta en la cancha de Villa Crespo. Ganó 2-1, alimentó su gran chance de campeonar y sus hinchas, que abarrotaron la tribuna visitante, amenazaron con cantar la marcha peronista y terminaron entonando el ¡¡¡arroz con leche!!! para deleite de muchos y bochorno de los policías presentes, predispuestos a una nueva represión o ridiculez semejante a la del sábado anterior. Lo mismo hicieron al pasar frente a la Seccional 42ª…”
Este Let’s go Brandon se parece bastante a aquel arroz con leche, aunque en Buenos Aires, del otro lado había una feroz dictadura.
Como era de suponerse, pronto tomó nota del caso el expresidente Donald Trump, que todavía insiste en que le robaron la elección el año pasado y ahora enfrenta un investigación judicial por haber alentado la incursión de sus seguidores en el Capitolio el 6 de enero pasado. Hace unos días, en su resort de Mar-a-Lago, en Florida, dio un discurso en un acto organizado por The America First Policy Institute y mientras criticaba fuertemente a Biden, los asistentes comenzaron con el Let’s go Brandon.
“Me gusta más la primera frase, de alguna manera más precisa”, dijo, sin temor a represalias de las redes, donde fue clausurado en enero pasado. La chanza, a esta altura un lema antiBiden, fue seguida por la congresista republicana por Colorado Lauren Boebert, para quien no es una frase sino un movimiento para volver al gobierno.
Boebert, de 35 años, es una ferviente defensora del uso de armas de fuego que tiene un restaurante en la ciudad de Rifle bautizado “Shooter’s Grill”, Parrilla del Tirador. Como para que no queden dudas de dónde se para. En su cuenta de Twitter se mostró junto a Trump con un vestido que tenía inscripto en la espalda el famoso lema.
Una contracara del vestido blanco con letras rojas que la congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez vistió en un acto demócrata hace un par de meses. Solo que la legisladora del ala izquierda del partido del burro pedía aprobar más impuestos a los ricos. Sutil diferencia.
Néstor Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva, Tabaré Vázquez, Nicanor Duarte Frutos y Hugo Chávez se encontraron ese 5 de noviembre de 2005 en el Salón Versailles del Hotel Hermitage, de Mar del Plata, para ultimar los detalles de lo que parecía una aventura con destino incierto. El argentino, el brasileño, el uruguayo, el paraguayo y el venezolano iban a decirle No al proyecto continental que Estados Unidos venía amasando con los gobiernos surgidos desde los ’90, en el auge del neoliberalismo.
El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) era un enorme mercado para que los grandes capitales estadounidenses pudieran hacer negocios con un grupo selecto de intereses nacionales ligados al imperio. Era un proyecto para cazar en un zoológico.
Cuatro años antes, los atentados a las Torres Gemelas habían disparado la intervención estadounidense en Afganistán y luego en Irak y más tarde en Libia y Siria. Si el proyecto ALCA nace en 1994, tras la caída de la Unión Soviética, cuando EE UU queda como la potencia dominante en el planeta, para 2005 la declinación comenzaba a percibirse entre quienes sabían ver más allá de las narices. Y esos líderes supieron que estaban en condiciones de torcer el rumbo si se unían sin temores. Y, además, podían dar un empujoncito en esa pendiente.
George W. Bush no tuvo más remedio que tolerar en silencio el rechazo de esos levantiscos mandatarios. Enfrascado en guerras que prometían cumplir con el destino manifiesto de los “Padres Fundadores”, EE UU se sorprendió con ese proyecto de integración regional que a poco de andar puso en marcha Unasur y Celac y potenció Mercosur desde una perspectiva diferente.
Fue un momento virtuoso para América Latina y el Caribe. Era el cumplimiento de ese otro destino, el que habían soñado los líderes que protagonizaron la independencia de la corona española desde 1810. Fue una era dorada, con el cielo como techo.
Estos días visitan Buenos Aires Evo Morales y Rafael Correa. Si pudieron llegar a la presidencia de Bolivia y Ecuador fue en gran medida gracias a aquel No al ALCA, que fortaleció a gobiernos que garantizaron el respeto por la voluntad popular expresada en una verdadera democracia.
Con el golpe de noviembre de 2019, la oligarquía boliviana mostró su verdadero cariz. ¿Hubieran dejado que un aymara pudiera gobernar en 2006 de no ser por el respaldo regional? ¿Las elites ecuatorianas hubieran permitido una Revolución Ciudadana como la que promovió en 2007 ese economista formado con los salesianos?
Se sabía que China estaba destinada a ser una potencia mundial en este siglo y que más temprano que tarde Rusia volvería a sentarse a discutir su lugar bajo el sol. Pero no deberían quedar dudas de que también el No al ALCA fue un acelerador de la historia.
Más aún: ¿hasta qué punto EE UU percibió que por expandirse al Oriente desperdició recursos, y pudo alzar vuelo ese puñado de naciones que despectivamente considera su patio trasero? De allí la importancia de aprender las lecciones del pasado reciente.
Nunca está todo ganado. Pero mucho menos está todo perdido. Siempre el destino de los pueblos es levantarse, luchar, vencer, caer y volver a levantarse. Hasta que se acabe la vida, como recuerda Álvaro García Linera.
El gobierno español está en una encrucijada para concretar una “contrarreforma” laboral antes del 31 de diciembre y así poder acceder a un nuevo tramo del millonario fondo pospandemia que puso en marcha la Unión Europea. Son cerca de 57 mil millones de “buenas razones” para que gremios y patronales se pongan de acuerdo. Pero los intereses son muchos y los tironeos desde ambos lados del mantel también.
El gobierno de Pedro Sánchez es una coalición en la que el PSOE es mayoría pero tiene peso determinante Unidas-Podemos, el partido nacido al calor de las protestas del 15 de mayo de 2011 en torno a Pablo Iglesias. Retirado de la política – al menos momentáneamente – Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda, está mostrando dotes de liderazgo dentro de ese sector de la izquierda que la convierten en la enemiga del establishment hispano.
Díaz se puso al hombro la reforma laboral y desde ese lugar “pateó el hormiguero” de una modificación perjudicial para los trabajadores que impuso el Partido Popular durante la gestión de Mariano Rajoy, en 2012. Eso le granjeó rechazo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que nuclea a las cámaras patronales, del amplio arco de las derechas españolas pero también dentro del partido de Sánchez.
“Ha mostrado mucha capacidad para negociar y por eso apuntan contra ella en este momento”, dice a Tiempo Francisco López. Residente en Buenos Aires desde hace años, López es secretario de Participación Militante de Círculos y Áreas de Podemos Exterior.
La pelea que lleva adelante Díaz es para que -frente a la amenaza de no recibir los fondos restantes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – los empresarios acepten algunas modificaciones a la normativa de Rajoy, sentados a una mesa con la dirigencia sindical, cosa de mostrar en Bruselas que están dispuestos a aprovechar esa millonada según parámetros aceptables para la Comisión Europea (CE), el órgano ejecutivo de la UE.
Esa ley, con la excusa de que la rigidez laboral impedía que los empresarios contrataran personal, redujo la indemnización de 45 días por año trabajado a 8, “es decir, nada”, apunta López, que también representa al Frente Progresista Trece Rosas para las próximas elecciones al Consejo Residentes Españoles (CRE, ver aparte). Además, la normativa extendió las temporalidades de prueba “casi al infinito”.
El argumento de quienes apuestan a cambiar la reforma del 2012 toma en cuenta datos de la UGT (Unión General de Trabajadores), una de las centrales obreras, junto con Comisiones Obreras (CCOO), que discuten el asunto con los empresarios sobre precarización y pérdida de empleo en estos once años. Según un trabajo que firma Pepe Álvarez, secretario general de UGT, entre 2013 y 2018 la tasa de temporalidad creció al 26,8 por ciento. “Sólo 10 de cada 100 contratos son de carácter indefinido – dice el informe- y la tasa de temporalidad de los menores de 25 años es del 72,8%”. Esto es, que la temporalidad se convirtió en una buena forma de no regularizar la situación de los trabajadores pagando salarios que en algunos casos no superan los 300 euros. Y de reducir artificialmente tasas de desempleo con precarización.
“El uso generalizado de contratos temporales supone un freno para el potencial de crecimiento y la cohesión social en España. Sigue siendo difícil pasar de un contrato temporal a otro indefinido”, había advertido en 2019 la UE. Pero no es que eso implicaba un giro progresista. Sobre todo porque los empresarios se recuestan Bruselas para defender sus posturas y desde la capital belga no son de dar señalas claras para no mover demasiado el avispero.
La CE, en ese marco, con una mirada ecuménica pide a los actores sociales de España que consensuen una ley de empleo. “Le corresponde a los Estados miembros determinar las reformas y las inversiones incluidas en sus planes nacionales. El papel de la Comisión es evaluar si estas son compatibles con los criterios del plan de recuperación y del semestre europeo”, indica. Pero la espada de Damocles amenaza. De ese plan pospandemia ingresaron 9000 millones de euros. El resto está en veremos y el plazo para abrir las arcas o demorar nuevas entregas es el 31 de diciembre.
Eligen representantes los residentes españoles
Los Consejos de Residentes Españoles (CRE) se definen como órganos consultivos de las oficinas consulares de cada distrito del exterior. Los integrantes son elegidos por votación y este 28 de noviembre, finalmente, luego de varias controversias por la negativa inicial a aprobar las candidaturas que se presentan, será el comicio en Buenos Aires. Tres listas se presentan, una ligada al PP.
Españoles Unidos; el Memoria, Verdad y Justicia, de La Lorca; y el Frente Progresista las 13 Rosas, con apoyo del PSOE y Unidas Podemos. Este sector rinde homenaje con su nombre a las 13 jóvenes fusiladas por la dictadura de Francisco Franco en Madrid el 5 de agosto de 1939, a cuatro meses del fin de la Guerra Civil Española.
Hay algunas coincidencias en las propuestas electorales, como eliminar el “voto rogado” -la obligación de reclamar la inscripción para emitir el sufragio– y la ampliación del acceso a la nacionalidad española a hijos y nietos de emigrantes que quedaron fuera de los alcances de la Ley de Memoria Histórica.
Francisco López, portavoz de Trece Rosas, cuenta que dentro del programa electoral, el Frente impulsa la cooperación entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y organismos estatales españoles “para la creación de un banco datos genéticos de quienes tuvieron familiares desaparecidos en la guerra civil y posterior dictadura franquista, para facilitar la identificación de los restos que se vayan exhumando en España y para posibilitar las identificaciones de niños robados”.
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