A dos años del golpe que lo sacó del poder en 2019 y a uno de que su partido lo recuperara tras ganar nuevamente elecciones democráticas, Evo Morales vuelve al ruedo y encabeza la Marcha por la Patria, desde Caracollo, en Oruro, a La Paz, en defensa de la democracia y contra los intentos de los grupos golpistas que desde el Oriente vienen acosando al gobierno de Luis Arce.
De la marcha, que comenzó este martes y recorrerá más de 180 kilómetros, partieron en primera fila el presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.
La manifestación cuenta con el apoyo del MAS-IPSP, el partido del gobierno, que dirige Morales, pero también de dirigentes y militantes sociales y sindicales. “Con enorme alegría hemos recibido la información de que Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las Bartolinas, la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) y otras tantas organizaciones se van a unir a esta marcha por la patria, en defensa de la democracia y pidiendo justicia por los masacrados en el golpe de Estado del 2019”, dijo Morales.
Esta larga caminata es una respuesta pacífica y democrática, como aclara la dirigencia oficialista, a movilizaciones y paros promovidos por la derecha para boicotear la ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, conocida también como “Ley Madre”, que buscaba poner coto al blanqueo de capitales y al lavado de dinero.
Arce decidió anular esa ley luego de que fue creciendo la protesta en el Oriente boliviano, con eje en el líder del golpe de 2019 y luego elegido gobernador de Santa Cruz de la Sierra en las elecciones de 2020, Luis Fernando Camacho.
Para el gobierno, estas protestas recuerdan al conato separatista de 2009 contra el propio Morales, que pudo ser frenado por la oportuna intervención de Unasur, con Néstor Kirchner como secretario General de ese organismo ahora desarticulado por las derechas regionales. Esos mismos sectores ahora intentan discutir nuevas reglas de manejo del estado central a través de argumentos sobre el federalismo.
Para las autoridades nacionales, esta nueva movida de la derecha es un ataque de contenido fascista contra un gobierno mayoritariamente indígena elegido democráticamente por amplia mayoría (55% de los votos) en 2020. La prueba, para el primer mandatario, es que aún cuando la “Ley Madre” fue derogada, los intentos destituyentes continúan.
Sin embargo, no todas son rosas dentro de la coalición derechista. A Camacho se lo recordará como el golpista que entró con una Biblia y pisoteando la whipala a la casa de Gobierno cuando obligaron a renunciar a Evo Morales, en noviembre de 2019.
Los centros de encuentro del golpismo son los Comités Cívicos. El sucesor de Camacho cuando asumió la gobernación en Santa Cruz, Rómulo Calvo -que no es menos extremista que el gobernador- ahora quedó bajo fuego amigo luego de que decidiera poner fin a los paros y bloqueos de rutas tras el anuncio de derogación de la ley que cuestionaban. “¡Calvo vendido!”, le cantaron los camachistas en la puerta de la sede del CCSC, con ánimo poco contemplativo.
Lo curioso de todo este momento de Bolivia es que el gobierno puede mostrar datos elocuentes de recuperación económica luego de la pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia acumuló un crecimiento interanual de 9,67% del PBI entre enero y agosto de este año.
Un sondeo realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), a su vez, muestra que el 55% de la población boliviana valora positivamente la gestión de Arce, una cifra que crece más si se pregunta a los encuestados por la gestión de la pandemia (76 %) y por la política social (62 %).
El estudio fue realizado entre el 18 de octubre y el 10 de noviembre, aclara el informe, mediante 2.000 entrevistas telefónicas a través del sistema CATI en los 9 departamentos del país, en enclaves rurales y urbanos.
En ese sondeo, los encuestados mostraron una imagen negativa del 60% sobre Camacho, creen que el modelo cruceño que busca oponerse al impulsado desde La Paz sólo beneficia a unos cuantos empresarios (63,6%) y consideran que se ha incrementado mucho la división regional entre el Oriente y el Altiplano en este año (51,6%) por sobre un 44,5% que entiende que esos enfrentamientos son los mismos que había desde hace décadas.
Cerca de 21 millones de venezolanos están habilitados para votar este domingo en unas elecciones llamadas a ser determinantes sobre el futuro de esa nación. No porque esté en juego el Poder Ejecutivo, en manos de Nicolás Maduro, sino porque pondrán en blanco sobre negro todas las fichas en el complicado ajedrez del país bolivariano. Luego de años de hostigamiento, con una fantasmal presidencia interina del diputado Juan Guaidó reconocida por medio centenar de gobiernos en base a la deslegitimación de las autoridades nacionales, el chavismo está a las puertas de mostrarle al mundo la transparencia de sus actos electorales. No por casualidad, participarán unos 500 observadores internacionales, entre ellos de la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Centro Carter, de EE UU.
En ese sentido, puede hablarse de triunfo político del chavismo. El boicot contra el gobierno, que fue importante con Hugo Chávez desde el golpe de 2002 –amparado por la administración Bush y el gobierno español de José María Aznar–, se potenció tras la muerte del líder bolivariano, en 2013. Si el abstencionismo fue una maniobra intermitente contra Chávez, con Maduro fue la táctica preferida. Y esa oposición derechista, que recurrió incluso a actos de violencia, encontró en el gobierno de Donald Trump un aliado que la llevó a soñar con el fin del chavismo.
Hubo intentos de invasión a través de otros gobiernos “amigos”, como el de Iván Duque y Jair Bolsonaro y hasta el apoyo de Mauricio Macri. Venezuela, en ese lapso, sufrió la baja del precio del petróleo, su principal insumo, como hecho fortuito, pero también el bloqueo económico y la incautación de la petrolera Citgo, con más de 2000 estaciones de servicio en Estados Unidos, y de las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. En todas estas operaciones estuvo la sombra de Guaidó. Como ejemplo, los fondos en DEG del FMI por el Covid fueron bloqueados con la excusa de que “no hay claridad” sobre quién es el gobierno legítimo de Venezuela.
Guaidó emergió como figura tras las legislativas de diciembre de 2015, en las que la oposición arrasó y logró el control de la Asamblea Nacional. Desde allí intentaron destituir a Maduro y provocaron un enfrentamiento con el gobierno que para la población terminó siendo fatal. La consecuencia fue la hiperinflación y el desabastecimiento, que generaron una grave situación que llevó a millones de venezolanos al exilio por razones económicas.
En este clima, proliferaron denuncias por abusos de fuerzas de seguridad y la calificación de dictadura para el régimen bolivariano, que cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas y gran parte de la población residente. Hubo intentos de encontrar salidas negociadas en República Dominicana coordinada por el expresidente de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero que fueron petardeadas por la oposición por orden de Washington. Este año se reiniciaron nuevas conversaciones en México con la mediación de Noruega.
Estas elecciones son parte de esa mesa de diálogo, por momentos áspera, pero que demostró la porosidad de la oposición al gobierno de Maduro. La mayoría de los partidos aceptaron el convite y este domingo se harán presentes en las urnas. Guaidó quedó mal parado porque su propia legitimidad está en cuestión luego de que no se presentaron a la renovación parlamentaria del año pasado y formalmente ya no ocupa ninguna banca. Dijo que no votará pero entiende a quienes quieren participar. El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles sí llamó a las urnas. “Tengo cuatro años que no voto, mi último voto fue en 2017 y el domingo voy a ir a votar (…) No se debe dejar de votar, creo que hay que reencontrarse con ese derecho y eso es lo que voy a hacer, y estoy seguro que millones de venezolanos también lo van a hacer”, dijo Capriles.
Una nueva era alumbra desde este domingo para la legitimidad de todos los actores políticos venezolanos.
La justicia tarda y, a veces, llega por los vericuetos menos imaginados. En tiempos de plataformas de streaming no debería llamar la atención que un documental de Netflix haya desempolvado viejas demandas de dos condenados por el crimen del líder activista negro Malcolm X. El caso es que finalmente, a pesar de que pasaron 55 años y uno de los inocentes que pagaron por un asesinato que no habían cometido ya murió, puedan ver sus nombres limpios por el mismo sistema que los había condenado – a las apuradas – en 1966.
En febrero del año pasado, fue presentado ¿Quién mató a Malcolm X?, un trabajo de investigación dirigido y producido por Phil Bertelsen y Rachel Dretzin. Bertelsen ya había dirigido la serie Blacklist. En este tuit recomendaba no perderse los seis capitulos de la serie que investigó “vida y misterios alrededor del asesinato de uno de los más dinámicos líderes de todos los tiempos”.
Dretzin había producido algunos capítulos Frontline, sobre una ola de casos de abuso infantil a fines de los 80 en EEUU y es una militante antirracista. Acá lo demuestra con un mensaje de solidaridad con las movilizaciones “alrededor del país y el mundo del equipo de ¿Quién mató a Malcolm X?” a Black Lives Matter, la causa tras los crímenes de afrodescendientes a manos de la policía que surgió tras la muerte de George Floyd.
En el documental se demostraba con testimonios y el simple recurso de contrastar evidencias, que dos de los sentenciados a cadena perpetua habían sido chivos expiatorios convenientes para cerrar el magnicidio en una época oscura de la historia de Estados Unidos.
John Kennedy había caído en Dallas el 22 de noviembre de 1963, la guerra de Vietnam generaba protestas masivas en todo el país y la comunidad negra reclamaba por sus derechos, abruptamente eliminados luego del triunfo del Norte en la Guerra Civil, un siglo antes. Y en el FBI sentaba sus reales, como hacía 40 años, el tenebroso Edgard Hoover.
En ese contexto, Malcolm Little comenzó a hacerse conocido como activista de los derechos de los afrodescendientes. Era la época en que muchos de ellos, los más radicalizados, se convertían al Islam y cambiaban sus nombres por otros relacionados con esa fe. Estaban a la izquierda del pastor de la iglesia bautista Martin Luther King -asesinado tres años después -y lo demostraban a cada paso.
Así como el boxeador Classius Clay pasó a ser Muhammad Alí, Malcolm fue El-Hajj Malik El-Shabazz, aunque se hizo conocido como Malcolm X. La X porque quería demostrar que era uno más, un anónimo. Así se explican los apelativos de Thomas Johnson (luego Khalil Islam y entonces Thomas 15X Johnson ) y Norman Buttler (hoy Muhammad Abdul Aziz, en esa época Norman 3X Butler). Khalil y Muhammad estaban en el Audubon Ballroom de Manhattan el 21 de febrero de 1965, cuando tres individuos acribillaron a balazos a Malcolm X durante un discurso ante sus seguidores.
El líder negro había integrado la organización conocida como Nación del Islam, pero luego había profundizado su estudio de la situación mundial y se había ido acercando a movimientos del Tercer Mundo en un momento en que crecían las luchas antiimperalistas en todo el planeta.
Undated picture of Malcolm X (C), the leader of the Organization for the Afro-American unity. (Photo by AFP)
“Escuchar a líderes como (el egipcio Gamal Abdel) Nasser, (el argelino Ahmed) Ben Bella y (el ghanés Kwame) Nkrumah han hecho darme cuenta de los peligros del racismo”, dijo en un reportaje tres días antes de ser eliminado. A esa altura, las luchas por las libertades civiles de las comunidades oprimidas de EEUU eran para él una instancia particular de la lucha de clases internacional.
Por eso Malcolm X era un hombre peligroso para el sistema, en un momento en que el sistema se sentía amenazado en varios frentes externos pero también adentro, con el crecimiento del movimiento antibélico que se oponía a la intervención militar en el sudeste asiático. El distanciamiento de Malcolm X con la Nación del Islam, la organización fundada en 1930 por Wallace Fard Muhammad y por entonces dirigida por Elijah Muhammad, fue un hecho también determinante.
Aquel día de febrero, tres hombres dispararon sobre él. Uno de ellos, Tomas Hagan, luego Mujahid Abdul Halim, terminó por confesar que había participado del homicidio. Siempre dijo que Khalil Islam y Muhammad Abdul Aziz no habían tenido nada que ver, pero se negó a identificar a los cómplices. Los tres terminaron condenados a cadena perpetua. Aziz, que actualmente tiene 83 años, quedó libertad en 1985. Islam salió de la cárcel en 1987 y murió en 2009. Halim, de 80 años, fue liberado en 2010.
Al ver el documental, el estudio de abogados de David Shanies y el fiscal fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr profundizan una investigación para determinar cómo fueron los hechos. Este miércoles, vance Jr. dijo en un reportaje a The New York Times que la causa contra Khalil Islam y Muhammad Abdul Aziz había sido poco menos que una maniobra destinada a enterrar el caso a como diera lugar sin importar los hechos.
“Noticias de última hora -dice el texto- Se espera que dos de los hombres declarados culpables del asesinato de Malcolm X tengan sus condenas desestimadas, lo que valida las dudas arraigadas sobre quién mató al líder de los derechos civiles”.
“NOTICIAS: DA Vance, @innocence y Shanies Law Office se moverán para anular las condenas injustas de dos hombres por el asesinato de Malcolm X. Más por venir mañana”, sobre la conferencia de prensa anunciada para hoy.
Cyrus Vance Junior tuvo algunos casos en sus manos de bastante impacto, como denuncias por abuso sexual contra el magnate Jeffrey Epstein, el ex director del FMI Dominique Strauss Khan, y el expresidente Donald Trump, entre otros. Es hijo de otro Cyrus Vance que fuera secretario de Estado durante el gobierno de Jimmy Carter. En ese rol, Vance Senior emplazó al dictador Jorge Rafael Videla con una lista desaparecidos, en 1979.
El hijo ahora encontró que detrás de la condena por el crimen de Malcolm X hubo una trama entre la fiscalía de aquella época, el FBI y la policía local para ocultar y cajonear pruebas concluyentes. Y que desecharon la declaración de Halim con tal de cerrar el caso.
Así, absolvió a dos inocentes por un crimen que no habían cometido y por el que pagaron con años de su vida y limpia sus nombres y honor. La justicia llegó, pero 55 años tarde.
A dos años del golpe contra Evo Morales fogoneado por la OEA, el secretario general de la organización continental con sede en Washington DC aparece como ganador de una pulseada para desconocer las elecciones que dieron ganador a Daniel Ortega en Nicaragua la semana pasada. Para Luis Almagro es un doble triunfo, ya que la moción presentada por Canadá recibió 25 votos sobre 34 miembros y sumó a Argentina, que hasta ahora no había sustentado ninguna acción oficial contra el gobierno del Frente Sandinista amparado en la no injerencia en asuntos externos. Lo que implicó críticas a la postura local por el contexto en que se produjo la votación: la derecha amenazando con otro golpe en Bolivia, el acoso al gobierno democrático de Pedro Castillo en Perú y la ofensiva contra Cuba que se potenciará este lunes con marchas opositoras en varias ciudades del mundo.
Pero además es inevitable que se cuele también la sospecha de un guiño a la administración de Joe Biden como intercambio de favores para la negociación por la deuda del FMI que el gobierno de Donald Trump facilitó durante la gestión de Mauricio Macri.
Claro que hay algunos aditamentos a tener en cuenta. Las relaciones entre Nicaragua y Argentina no están en su mejor momento y en Buenos Aires, dicen los que conocen la entretela, recelan del bloqueo nicaragüense a la presidencia de Alberto Fernández en la Celac. Por otro lado, hay informes incluso de Parlasur que cuestionan severamente la detención de dirigentes opositores. En junio pasado, México y Argentina habían dado muestras de malestar y convocaron a sus embajadores en Managua ante “las preocupantes acciones políticas-legales” del gobierno de Ortega.
En el Palacio San Martín, a su vez, tras el cambio intempestivo de Felipe Solá por Santiago Cafiero, las cartas no están del todo claras. Si bien el vicecanciller sigue siendo Pablo Tettamanti, la política exterior se recuesta más en Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos de presidencia, y en el embajador en Washington, Jorge Argüello.
Ambos tienen mucha llegada a los demócratas y experiencia en esas lides del DC -Béliz integró el staff del Banco Interamericano de Desarrollo por 15 años y Argüello fue embajador de Cristina Fernández y antes, en la ONU–, un handicap clave cuando el principal objetivo del gobierno de Alberto F. luego de este domingo será arreglar la estrambótica deuda con el FMI.
El presidente ya se reunió en la semana con un puñado de grandes empresarios para contarles precisamente su necesidad de acordar con el Fondo, para lo cual busca apoyo entre la oposición y el poder económico. Béliz, por su parte, tuvo un encuentro en la capital de EE UU con Jake Sullivan, consejero de Seguridad de Biden.
Desde sectores ligados al kirchnerismo cuestionan que en la OEA se votó junto con los gobiernos de la derecha pro estadounidense más rancia, como los actuales de Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay. Y que por Venezuela participó un delegado del diputado Juan Guaidó, al que esos gobiernos consideran presidente interino, a pesar de que no tiene ningún resorte del poder real dentro del país bolivariano. Cierto es que también votó a favor el representante de Pedro Castillo, el presidente peruano.
En resumen, votaron en contra Nicaragua y se abstuvieron México, Honduras, Bolivia, Dominica, Belice, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. La moción de Canadá tuvo el aval de Chile, Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y República Dominicana. El documento aprobado considera que “las elecciones de 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática” y reclama “la liberación de los todos candidatos y presos políticos”.
Tettamanti explicó el voto argentino: “Hemos acompañado el actual proyecto de resolución con la convicción, la esperanza y la voluntad política de seguir trabajando a favor del diálogo”. También señaló el rechazo a la imposición de sanciones y bloqueos, lo que evidencia que el documento final fue muy trabajado. Pero el texto compromete al organismo a realizar “una evaluación colectiva inmediata de la situación” en Nicaragua a ser completada antes del 30 de noviembre.
Desde Managua se tildó la iniciativa de una “grosera injerencia” que obedece a “campañas terroristas” contra la soberanía nicaragüense. Y resaltaron que en el mismo día en que la OEA castigaba al gobierno de Ortega, Nicaragua fue reelecta como miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. El embajador Carlos Argüello tendrá un nuevo período de cinco años, tras haber representado al país en la Corte Internacional de Justicia por más de 36 años.
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