La nueva publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) en la misma semana que la OCDE anunció un acuerdo entre 136 países para cobrar un impuesto a las multinacionales del 15%, reveló que 30 gobernantes y exgobernantes, 336 políticos y funcionarios de 90 países, algunos artistas y deportistas internacionales y un puñado de multimillonarios tienen empresas offshore en cuevas fiscales.
Los Pandora Papers despertaron viejas demandas de sectores irritados contra los más ricos, que usaron la excusa de que invertirían en crecimiento a cambio de reducciones impositivas, pero se las rebuscan para no hacer ni lo uno ni lo otro. Es que antes de Pandora hubo un Panamá Papers, un Paradise Papers y en el futuro nadie descarta otros XXX Papers.
En Pandora aparecen tres presidentes en ejercicio de América Latina. Los tres llegaron a la política desde la actividad privada, donde acumularon –o heredaron– grandes fortunas con las que resultó más fácil hacer carrera. El chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader dieron una versión un tanto infantil sobre su rol en las offshore. Que no las habían usado, que era para negocios que no se hicieron. Hay un ex, el paraguayo Horacio Cartes, y como ya es costumbre, alguien de la familia Macri.
Ninguno de los actuales o pasados mandatarios “populistas” está en la lista. A la vicepresidenta argentina se la relaciona por un secretario de Néstor Kirchner y de Vladimir Putin se menciona a una presunta amante. Caen en la volteada algún rey, como el de Jordania o el emérito de España, el ex premier Tony Blair y cosas por el estilo. Y un gran “antipopulista”, como el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.
No hay cuevas fiscales, ni dirigentes, ni las grandes fortunas de EE UU en ese ranking. ¿Son los más pulcros del planeta o están entre los que filtran la data?
El gran impacto de Panamá Papers en 2015 no fue igual estos días en medios locales. ¿Será porque los que aparecen cuestionan la línea de La Nación o Infobae, que aportaron periodistas a la ICIJ? ¿O será porque también algunos de los accionistas aparecieron o pueden aparecer en el futuro?
El 65% del dinero en esas guaridas fiscales proviene de maniobras de evasión de los magnates, estima Global Financial Integrity (GFI), mientras que un 30% corresponde a delitos comunes –contrabando, trata de personas, venta ilegal de armas, narcotráfico– y el 5% restante es por corrupción de figuras políticas.
Mauricio Macri declaró hace poco, sin inmutarse, que para ganar dinero en el país hay que evadir impuestos. Ya había sido procesado a principios de siglo por ese delito. Y dijo no comprender cuál era el problema de tener una offshore como la que salió a la luz a poco haber ganado la presidencia. En el podio de Pandora Papers, Argentina tiene la medalla de bronce, con 2521 firmas locales, detrás del Reino Unido, con 3936, y Rusia con 3694.
Se escandalizan quienes no creen ético escabullir su responsabilidad social. Tal vez otros que no se pueden escapar. Trabajadores, profesionales, pequeños y medianos empresarios, que resultan ser los principales sostenes del Estado. Según la ONG estadounidense, los países del mundo pierden 427 mil millones de dólares por evasión. Un PBI argentino que se roban cada año.
Mark Zuckerberg quedó otra vez expuesto por sus prácticas comerciales pero, al mismo tiempo, demostró el poder de las redes sociales que controla, como cuando se conoció el “servicio” que Facebook (FB) había prestado para campañas electorales de candidatos derechistas en varios países del mundo a través de datos que utilizó la consultora Cambridge Analytica. Con una gimnasia propia de los gatos, el simpático exalumno de Harvard, que figura como la tercera persona más rica del mundo según Forbes, tuvo siempre habilidad para caer parado. Y por cómo se dieron los acontecimientos, no pocos sospechan que el apagón de WhatsApp, Instagram y FB de este lunes estuvo relacionado íntimamente con las denuncias de Frances Haugen, una exgerente de producto de la empresa, el día anterior en TV y el martes en el Congreso.
Haugen renunció tras dos años en Facebook, el buque insignia de Zuckerberg. Formaba parte de un equipo llamado de Integridad Cívica, que tenía como objetivo asegurarse de que la plataforma no sirviera a intereses y valores contrarios a la democracia y afectara la seguridad de los usuarios.
Fue una consecuencia del escándalo Cambridge Analytica, una consultora que con información provista por FB manipuló a usuarios en elecciones, como el referéndum por el Brexit, comicios en varias naciones -en Argentina, como reconoció el titular de la consultora, Alexander Nix, ante una comisión del Parlamento británico, contra el gobierno de Cristina Kirchner- e incluso fue clave para el triunfo de Donald Trump y Jair Bolsonaro.
En octubre de 2018, FB creó una equipo para combatir las noticias falsas y vigilar la difusión de discursos disruptivos con la democracia. Al frente puso a Samidh Chakrabarti, experto en inteligencia artificial, historia y políticas públicas que trabajaba para FB desde 2015. Un artículo de la revista Time lo describe como “un hombre del Renacimiento”.
Había un “juramento cívico” que planteaba “servir primero a los intereses de la gente, no a los de Facebook”. Según Haugen, eso quedó en la nada luego de que Zuckerberg decidiera desarticular a ese departamento, tras las elecciones de 2020. Para la mujer, FB ya no quería una oficina que tuviera como prioridad el interés de los usuarios.
Semanas atrás, Haugen filtró a Wall Street Journal estudios sobre la influencia maligna de Instagram en adolescentes, que luego de ver fotos en esa plataforma se sentían peor con sus cuerpos. Y, también, investigaciones sobre cómo el cambio en un algoritmo de FB incentivó publicaciones de odio y desinformación.
Haugen envió copias a la Comisión de la Bolsa de Valores (SEC) y al Congreso, donde testificó este martes ante una Comisión del Senado – casualmente, un día después del apagón que dejó sin los servicios a casi la mitad de la población mundial-. “No se trata simplemente de que algunos usuarios de las redes sociales estén enojados o sean inestables, o de que unos se radicalicen contra otros; se trata de que FB elija crecer a toda costa, comprando sus ganancias con nuestra seguridad”.
Y agregó: “la compañía sabe cómo hacer que FB e Instagram -a la que considera la red más peligrosa- sean más seguros, pero no hará los cambios necesarios porque han puesto las ganancias astronómicas antes que a las personas”.
La justificación de FB es que sus ingresos dependen de la publicidad y que no cobran por sus servicios. Pero esas ganancias dependen de los clics que consigan. Y los cliqueos aumentan con discursos extremos.
Zuckerberg y las tecnológicas están en la mira desde hace tiempo en Estados Unidos y Europa. Trump había intentado en 2018 aplicar las leyes antimonopolio, y ahora, que fue cancelado por algunas de ellas, reclama por su libertad de expresión mediante acciones judiciales.
Hace exactamente un año, cuando faltaban unos días para las presidenciales, los CEOs de las principales plataformas de Internet, Jack Dorsey de Twitter, Sundar Pichai de Google y Zuckerberg, debieron comparecer ante el Comité de Comercio de la Cámara Alta. Roger Wicker, republicano por Mississippi, criticó que esas plataformas se hayan convertido “en un poderoso árbitro de la verdad y el contenido al que los usuarios pueden acceder”. La regulación de esos medios fue también eje de la campaña de los demócratas y motivo de debate en la Unión Europea. La cuestión es quién le pondrá el cascabel al gato.
La nueva filtración de documentos relativos a guaridas fiscales donde las élites mundiales ocultan sus bienes de los organismos impositivos ofrece detalles que resultan interesantes de analizar, no tanto por lo que revelan como por lo que no termina de aparecer.
Se sabe que líderes de varios países del mundo tienen que dar explicaciones sobre montañas de dinero que tenían, según creyeron, a resguardo de miradas indiscretas y ahora quedan al desnudo. Tres presidentes en ejercicio de Latinoamérica -Guillermo Lasso de Ecuador, Sebastián Piñera de Chile y Luis Abinader, de República Dominicana- y once ex mandatarios, entre ellos de Perú, Colombia, de Paraguay. En la volteada aparecen el rey emérito de España Juan Carlos I (cuándo no), el rey de Jordania, presidentes de Ucrania y Kenia, el primer ministro checo.
Se sabe también que Argentina se ubica en el podio de los mayores implicados en este tipen el índice de “beneficiarios finales” de empresas radicadas en esas cuevas fiscales por millón de habitantes, sería el primero lejos.
Se sabe, además, que hay implicados deportistas, cantantes, dirigentes políticos, que eligen escamotear sus ingresos del escrutinio del resto de la población para no aportar su cuota parte en el mantenimiento de las comunidades en las que viven y de las que extraen esos beneficios.
Todos en mayor o menor medida están dando sus explicaciones. Algunos es escudan en que el hecho de formar una empresa offshore no es ilegal, o que tenían el dinero declarado de alguna manera no tan visible.
El expresidente Mauricio Macri, a modo de ejemplo, cuya familia suele aparecer en este tipo de investigaciones y ahora no fue la excepción, declaró hace un mes que “para ganar plata hay que evadir impuestos”. Y no hubo un escándalo nacional por esas palabras en los grandes medios, esos mismos que ahora presentaron el informe conocido como Pandora Papers. Lo que no aventura demasiado escándalo en algunos lugares del mundo.
Como sea, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) forman parte de los diarios más influyentes de varios países del mundo: Estados Unidos, el Reino Unido, España, Francia, Alemania. Por Argentina participaron periodistas de La Nación, Infobae y ElDiarioAR. El trabajo fue sin dudas inmenso ya que se trató de casi 12 millones de archivos provenientes de 14 empresas de servicios offshore y participaron más de 600 periodistas y analistas informáticos de 117 naciones durante dos años hurgando en esa enorme cantidad de material.
Pero hay algunas lagunas en la información que, posiblemente se comiencen a develar en los próximos días -la información va saliendo a cuenta gotas por una estrategia mediática comprensible- o que quizás no tengan respuesta.
El agregado de “Paper” a la revelación de información secreta nació en los 70 con los Pentagon Papers, la primera gran filtración de documentos sensibles producida por un analista del departamento de Estado, Daniel Ellsberg, sobre la guerra de Vietnam, en 1971. No la pasó bien Ellsberg y a punto estuvo de ser juzgado por traición a la patria durante el gobierno de Richard Nixon.
En lo que va del siglo, el caso que más trascendió también tenía relación con aventuras bélicas de Estados Unidos y fueron los documentos que otro analista, Chelsea Manning, filtró sobre atrocidades en Irak y Afganistán de tropas de ese país en 2010 a través del sitio WikiLeaks. Tampoco la pasó bien Manning, detenida en una prisión de máxima seguridad de EEUU e indultada por Barack Obama como un gesto final antes de dejar el gobierno, en 2017. El que la pasa peor es el australiano Julian Assange, el creador de Wikileaks, una plataforma que usa servicios encriptados para proteger a quienes compartan información que afecte a la sociedad en manos de pocos y poderosos, ya sean gobiernos o individuos.
Pandora Papers tiene el mayor volumen de datos de alguna filtración, según quienes investigaron el caso. Supera a los anteriores Panama Papers, Paradise Papers y Offshore Papers en cantidad de información: son casi tres Terabytes. Todos estos escandaletes salieron a la luz mediante plataformas encriptadas.
Lo que algunos malpensados sostienen es que si bien aparecen datos a granel sobre estudios y consultoras que realizan la tarea de crear esas compañías en cuevas fiscales, no hay de Estados Unidos ni de su mayor distrito con protección para inversores, que es Delaware. Por casualidad, se diría, ese pequeño estado es el que el actual presidente Joe Biden representó como senador durante 36 años, desde 1973 hasta que fue vicepresidente de Obama.
Tampoco aparecen las mayores fortunas estadounidenses. Apenas un no tan conocido Robert F. Smith, un multimillonario que ya tuvo algunos problemas con la agencia de recaudación y debió pagar 140 millones de multa. No es por pensar mal, pero Smith es el afroamericano más rico de EEUU.
Por otro lado, es cierto que los periodistas no deben revelar sus fuentes, pero los mismos medios que en 2010 blandieron la espada de la transparencia sobre las revelaciones de WikiLeaks y luego miraron para otro lado acerca de la suerte de Manning y Assange -que pasó estos últimos nueve años de su vida sin ver la luz del sol, primero en la embajada de Ecuador en Londres y desde 2019 en un penal de esa ciudad- ahora vuelven a mostrar su rol de fiscales sin inmutarse. Ahora, como antes, están el Washington Post, El País de Esoaña, The Guardian de Gran Bretaña, Le Monde, de Francia. La pregunta sería quién es capaz de semejante filtración sin sufrir la amenaza de padecer las mismas consecuencias que Assange, por decir algo.
El presidente de EE UU está acotado por los demócratas “moderados” y el ala progresista. Unos piden austeridad; los otros, cumplir con las promesas.
Joe Biden confía en que sus proyectos de Infraestructura y Gastos Sociales puedan ser aprobados en el Congreso estadounidense. “No importa si en seis minutos, seis días o seis semanas, pero lo haremos”, dijo a la salida de un cónclave con sus correligionarios en el Capitolio. Y seguramente logrará atravesar los escollos que se le presentan, lo que no puede garantizar es cómo saldrán esas propuestas que hace algunos meses sonaban a revolucionarias en el marco de la cultura bipartidista conservadora que comanda los destinos del país hace décadas. A Biden le está costando más poner en fila a los propios que lidiar con los contrarios.
El ambicioso plan de Infraestructura presentado en abril pasado bajo el nombre de Build Back Better (Reconstruir mejor) destinaba 2,5 billones de dólares en ocho años para inversiones en carreteras y puentes, vías férreas, servicios de agua, banda ancha en todo el territorio e incentivos para nuevas tecnologías respetuosas del medio ambiente. Un plan “peronista”, lo tildaron algunos.
El primer renuncio en la negociación con los republicanos fue bajar el monto a 1,7 billones en junio. Se podrá decir que la cifra propuesta hace seis meses era para negociar. Lo mismo podría creerse que era la Ley de Gasto Social de 3,5 billones durante una década que tiene como destino la educación, la salud, el bienestar de las familias de menores recursos y el cambio climático que Biden pretende solventar con un incremento en los impuestos a las corporaciones y las élites millonarias.
En un principio se explicó que la Casa Blanca buscaba subir la tasa impositiva para empresas del 21% actual al 28% que tenía en 2017 y que Donald Trump hizo bajar abruptamente. Ahora Biden se conformaría con un 15% sobre los ingresos contables que se reportan a los inversores, según la vocera Jen Psaki, quien aseguró que de todas maneras el mandatario tratará de llegar al 28% porque “piensa que las corporaciones pueden permitirse pagar más”.
Sucede que dentro del Partido Demócrata fue creciendo un ala progresista entre los que descuellan un puñado de legisladoras de origen inmigrante que tienen como faro a la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, pero fundamentalmente a su par de Vermont, Bernie Sanders, quien lleva la voz cantante. Fue precandidato a presidente y resignó su disputa con Biden en 2020 a cambio de un programa de cambios que ahora pretende que se cumpla.
Sanders, la representante por Washington Pramila Jayapal y la neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez salieron al ruedo para explicar por qué rechazaban la estrategia de la líder demócrata en el Congreso Nancy Pelosi de votar Infraestructura y Gasto Social récord de manera separada. No querían que se tratara el primero si antes no se votaba el segundo, para no caer en viejas trampas legislativas. Parecía una jugada arriesgada, pero así lo explicó el veterano senador, que se declara socialista: “Creo que es absolutamente imperativo que enfrentemos la amenaza existencial del cambio climático, que bajemos el costo de los medicamentos recetados, que nos aseguremos de que las personas mayores puedan masticar sus alimentos porque ampliamos Medicare al cuidado dental, audífonos y anteojos, es inaceptable que tengamos medio millón de personas durmiendo en las calles de Estados Unidos porque tenemos una gran crisis de vivienda”.
Dentro del partido hay un ala que los medios denominan “moderada” y que en este caso se expresa a través de los senadores Kristen Sinema y Joe Manchin. Ella, de Arizona; él, de Virginia Occidental. Manchin dice que se opone al plan de 3,5 billones porque está en contra de la “mentalidad de asistencialismo”. Sinema también muestra “preocupación” porque considera que los gastos sociales son “exorbitantes” y que conllevan un crecimiento de la inflación. “Estoy con 1,5 billones en gastos” se plantó Manchin.
El paquete debía votarse este viernes en la Cámara Baja –en Senadores fue aprobado con algunas reformas–, como pretendía Pelosi, pero tuvieron que bajarla del debate para no sacar los trapos sucios a relucir en un momento en que, además, la imagen de Biden viene en picada tras la desastrosa salida de Afganistán.
Por otro lado, esta semana la Casa Blanca enfrentaba otro desafío como la posibilidad de un cierre de la administración por falta de presupuesto. Contrarreloj –”cortando clavos se diría en estos lares”–, el oficialismo logró aprobar un aumento en el techo de la deuda hasta diciembre y “vamos viendo”. Los republicanos, en tanto, disfrutan desde las gradas cómo los demócratas se cuecen en su salsa.
Comentarios recientes