Como ocurrió a fines de 2013, cuando policías de 20 provincias se levantaron contra las autoridades por reclamos salariales, el conflicto con la Policía Bonaerense potenció los debates por la sindicalización de los agentes de las fuerza de seguridad. En un artículo publicado en octubre pasado, Sabina Frederic recordaba que Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y los países de la Unión Europea cuentan con sindicatos policiales. “También Uruguay, el único en América Latina, pues Brasil solo lo reconoce a la Policía Federal. Ninguno cuenta con derecho a huelga”, resumía la actual Ministra de Seguridad de la Nación, para luego indicar que aquellas discusiones de hace casi 7 años se estrellaron contra un fallo de la Corte Suprema que denegó el derecho de agremiación de los uniformados.
La cuestión, en el mundo, sigue candente, sin embargo, al punto que diversos estudios académicos e incluso la experiencia de estos últimos meses en Estados Unidos señalan que los sindicatos policiales suelen servir más que para garantizar las negociaciones por salarios y condiciones laborales, para cubrir a agentes acusados de graves violaciones de los derechos humanos. Lo que en Argentina podría ser catalogado como “gatillo fácil”, y que en América del Norte es más bien “gatillo racial”, con las consecuencias que se vieron desde el bárbaro asesinato de George Floyd en Minnesota el 25 de mayo pasado.
Esta defensa fue particularmente fuerte cuando desde legislaturas locales se intentó algún tipo de reformas policiales para evitar nuevas matanzas.
En un hilo de tuits muy oportunos, la periodista María Clara Albisu destaca un par de estudios de la Universidad de Oxford y de la de Chicago.
Un trabajo publicado por el Newyorker revela que según una investigación de Oxford de 2018, en las 100 ciudades más grandes de EEUU los gremios habían utilizado su poder de fuego -nunca mejor utilizada la metáfora- para impedir cambios en los contratos policiales con el objetivo de amparar a colegas acusados de violencia o abusos contra los ciudadanos.
Reconocer un sindicato implica admitir que el policía pasa a ser un trabajador. La Corte argentina no aceptó esa calificación –los considera funcionarios públicos- y por eso negó el reconocimiento a asociaciones gremiales. Dicho esto, si la tarea policial es un trabajo, debe haber contratos laborales que reglamenten ese ejercicio.
Un trabajo de 2017 de Reade Levinson determinó que esos contratos son aplicados para proteger a los agentes de anomalías y actos de indisciplina. Hay casos hasta de que las autoridades políticas pueden negociar salarios a cambio de borrar malos antecedentes de los registros policiales que impedirían ascensos o directamente deberían significar la expulsión del implicado.
El caso más sugestivo sucedió en 2014 en San Antonio, Texas, cuando la alcaldesa Sheryl Sculley intentó quitar la cláusula de eliminación de quejas de mala conducta de los registros y aumentar la participación ciudadana en el proceso de calificación de los agentes.
La respuesta de la Asociación de Oficiales de Policía de ese distrito costó dinero pero lograron el objetivo de voltear la medida. Con una campaña publicitaria de un millón de dólares a página entera en los periódicos locales instalaron que las tasas de criminalidad habían aumentado porque la alcaldesa rechazó cubrir las vacantes policiales.
Hace unos días, hubo un cruce entre el líder del gremio policial de Nueva York y el alcalde Bill Di Blasio. El mandatario demócrata había cuestionado al presidente Donald Trump por amenazar con recortes presupuestarios para ciudades donde “reine la anarquía”. Esto es, donde no haya policías reprimiendo manifestaciones contra la violencia policial.
“¿Qué necesitábamos escuchar esta semana? Planes para luchar contra COVID-19 y hacer que los estadounidenses vuelvan a trabajar. ¿Qué escuchamos? Mentiras sobre la ciudad más grande del mundo y uno de los lugares más diversos de la Tierra. Porque @realDonaldTrump tiene miedo a la diversidad. Tiene miedo de la verdadera grandeza”, escribió Di Blasio en su cuenta de Twitter.
La brutal respuesta -destituyente en términos nacionales- vino de parte de la Asociación Mutual de Suboficiales Nueva York (SBA por sus siglas en inglés), una gremial creada en 1889.
“Necesitamos escuchar su RENUNCIA como alcalde de Nueva York. Estamos esperando. Solo quedan unas pocas horas para la puesta del sol. Dale un regalo a 8 millones de personas y renuncia. Arruinó la ciudad de Nueva York, salva la ciudad y dimita”, gritaron. Algo así como el “renuncie montonero Di Blasio” de Capusotto.
El sindicato más importante de Estados Unidos es la Orden Fraternal de la Policía (FOP, según sus siglas en ingles) En cifras es el gremio policial más grande del mundo, con más de 355.000 afiliados en más de 2100 regionales. “Somos la voz de quienes dedican sus vidas a proteger y servir a nuestras comunidades -dicen en su sitio web– Estamos comprometidos a mejorar las condiciones de trabajo de los agentes del orden y la seguridad de aquellos a quienes servimos a través de la educación, la legislación, la información, la participación comunitaria y la representación de los empleados”. Hace unos días el sindicato apoyó explícitamente a Donald Trump para la reelección, informó a portavoz, Jessica Cahill.
Quien piense que esos enfrentamientos con el poder político son privativos de Estados Unidos, se equivoca. Este miércoles en España el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, recibió un revés cuando la Justicia rechazó un castigo contra 9 agentes policiales que fueron a protestar, de civil, frente a la casa que ocupan el líder de Podemos y su esposa Irene Montero en Galapagar, en las afueras de Madrid. El sindicato Jupol, uno de los más activos entre el puñado de asociaciones gremiales españolas de fuerzas de seguridad, celebró la decisión judicial, en momentos en que allá también reclaman recomposición salarial.
Jupol también presentó una querella contra funcionarios de Madrid y del Estado español por “atentar contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación, por no haber proporcionado material de protección adecuado frente al Covid-19 y haber permitido concentraciones como las del 8-M que pusieron en riesgo a los policías que debieron controlarlas”.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), a su turno, fue la fuente de información para un artículo del diario El Mundo en el que se aseguraba que el delito en Casa de Campo, un parque de la capital española, había crecido un 611% entre junio de 2019 y junio de 2020. El SUP atribuyó el crecimiento a la llegada a esa zona de los MENA. Así se llama en España a Menores Extranjeros No Acompañados. Niños y adolescentes de menos de 18 años sin la atención o cuidado de ningún adulto.
Quizás en el futuro se designe al 7 de setiembre cono el Día del Proscripto Latinoamericano. Porque en una operación que convendría no catalogar como casual, los sistemas judiciales de Ecuador y Bolivia emitieron dictámenes que inhabilitan a Rafael Correa y a Evo Morales a presentarse como candidatos a cargos elegibles. Desde Brasil, mientras tanto, en ocasión de celebrarse los 198 años de la declaración de la independencia, Lula da Silva -que fue impedido de presentarse como aspirante a la presidencia en 2018- subió a las redes sociales un video donde se ofrece como candidato a presidente en 2022 para revertir este período de retrocesos y convertir nuevamente a Brasil en “un país de todos, con justicia social y soberanía”.
Correa había lanzado una fórmula presidencial para las elecciones ecuatorianas del año próximo en la que él figura como vice del economista Andrés Aráuz. Fue un golpe impactante, al mejor estilo CFK, cuando el gobierno de su sucesor, Lenin Moreno, viene en picada por la crisis que generaron las políticas neoliberales que implantó desde que asumió y a falta de respuestas la tragedia sanitaria que deja el coronavirus.
El primer rechazo que recibió Correa fue del Consejo Nacional Electoral (CNE) que no quiso tomar por válida su aceptación del cargo, un requisito creado para evitar que pudiera presentarse a comicio.(ver acá).
Como ese artilugio podía ser bastante discutible en tiempos de pandemia, se aceleraron causas en su contra por supuesto cohecho. Procesos judiciales que suelen demorar meses pasaron el tamiz de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en tipo récord para dictar sentencia firme con una pena de 8 años de prisión e inhabilitación permanente.
La CNJ dijo en su fallo que «por voto de mayoría (…) rechaza los recursos de casación interpuestos por los recurrentes, y ratifica la sentencia por cohecho» dictada en abril contra Correa y varios exfuncionarios de su gobierno. El expresidente fue vinculado a un caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria. Correa afirma que era dinero de un préstamo de un fondo de su partido.
Las curiosidades de proceso fueron develadas por el propio Correa en su cuenta te Twitter.
El caso boliviano tiene componentes semejantes, Morales, refugiado en Buenos Aires luego del golpe de noviembre de 2019, se presentaba como senador por Cochabamba. La conveniente utilización acá de una cláusula que obliga a dos años de residencia era discutible. En Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde los abogados del MAS IPSP reclamaron ante un rechazo inicial Tribunal Supremo Electoral (TSE), hubo un empate entre quienes aceptaban la candidatura y quienes querían a verlo fuera de carrera.
A último momento agregaron a un magistrado para romper el empate jurídico de 4 a 4. Como es de imaginar, el juez sumado a las apuradas determinó que Evo Morales se encuentra inhabilitado para postularse como senador por el departamento de Cochabamba en los comicios del 18 de octubre.
La presidenta de facto, Jeanine Añez, celebro la decisión judicial. y de paso lanzó una consigna política en apoyo de su propia candidatura a las elecciones programadas para el 18 de octubre, en las que según las encuestas figura en tercer lugar y bastante alejada del segundo, Carlos Mesa, y del binomio del MAS, Luiz Arce David Choquehuanca, que marcha a la cabeza. La esperanza de la derecha es que haya una segunda vuelta y ahí el que tallaría fuerte, por ahora, es Mesa.
Frenamos al MAS en dos oportunidades y lo hemos hecho con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos. Somos los únicos que podemos evitar que vuelvan y que Evo Morales quede impune porque respetamos la ley y amamos la democracia. ¿Carlos Mesa frenó al MAS alguna vez?— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) September 7, 2020
Evo respondió por la misma vía a su proscripción.
En Brasil, mientras tanto, y al tiempo que se acumulan los cadáveres por el coronavirus -la cifra de víctimas fatales se acerca a las 130.000 personas- sin que al gobierno de Jair Bolsonaro le tiemble la pera, Lula da Silva conmovió desde un spot de 23 minutos que se entiende como el lanzamiento de su campaña para el 2022.
A los 74 años, el ex dirigente metalúrgico, creador del Partido de los Trabajadores y dos veces presidente de la potencia sudamericana, consideró que el actual mandatario convirtió al Covd-19 en “un arma de destrucción masiva”.
“Estamos entregados a un gobierno que no da valor a la vida y banaliza la muerte. Un gobierno insensible, irresponsable e incompetente, que incumplió las normas de la Organización Mundial de la Salud”, dijo Lula.
El exmandatario, también víctima de un proceso de lawfare orquestado por Sergio Moro y Deltan Dallagnol, ahora ex juez y ex fiscal respectivamente, poco a poco va viendo como se caen causas en su contra. (ver acá)
«Brasil está viviendo uno de los peores periodos de su historia», dice el ex tornero en un tramo de su spot. Y cuestionó que Bolsonaro, excapitán del Ejército, haya subordinando “Brasil a los Estados Unidos de una forma humillante», al permitir que un general brasileño sirva en el Comando Militar Sur y firmar un acuerdo con Donald Trump para que tropas estadounidenses usen la Base Aeroespacial de Alcántara, en el estado de Maranhao.
Lula propone crear un estado de bienestar y la consigna, al menos de este video, es “Un Brasil de todos y para todos”. En el video, subtitulado en portugués, el líder laborista analiza la actualidad del capitalismo, recuerda “una verdad incuestionable, que lo que sustenta al capitalismo no es el capital sino nosotros los trabajadores”. Para rematar, acude a una frase de Víctor Hugo “escrita hace un siglo y medio y que todo trabajador debería llevar escrita en un pedacito de papel para nunca olvidar: Es del infierno de los pobres que está hecho el paraíso de los ricos”.
Unas 26 personas fueron detenidas en tres ciudades de Australia por participar de protestas contra el confinamiento decretado ante el rebrote de coronavirus. Entre las detenidas figura una mujer embarazada que publicó en su página de Facebook consignas contra las restricciones. En Londres, el hermano del líder laborista Jeremy Corbin, Piers, fue arrestado en una manifestación en la Plaza Trafalgar y condenado a pagar una multa de 10 mil libras. En Alemania, el gobierno se mostró preocupado por la movilización del domingo en la que grupos neonazis intentaron ingresar al Bundestag. La policía dispersó a la multitud y detuvo a unos 300 manifestantes.
Las marchas anti cuarentena se extienden en todo el mundo con discursos calcados y muy pocas diferencias, incluso en Argentina. No se podría decir que todos los que asisten compartan el mismo perfil, pero si que las convocatorias están en manos de grupos ultraconservadores que recurren a la idea de defensa de las libertades constitucionales para oponerse a cualquier decisión contra la circulación de personas.
Coindicen en ese rincón libertarios, terraplanistas, antivacunas, “conspiranoicos” y hasta algún vegano-fascista. Usan las redes sociales -aunque abominan de las hegemónicas- para encontrarse. Los grupos más activos, sobre todo en Estados Unidos, tienen financiación de acaudalados promotores del partido republicano y apoyo explícito del presidente Donald Trump.
En Alemania se los llama “antimascarilla” y uno de los más conocidos es Attila Klaus-Peter Hildmann, autor de libros de cocina vegana, quien se declara ultranacionalista alemán. Otro que “arrastra” público es el cantante Xavier Naidoo, un racista y anti gay descendiente de cingaleses e irlandeses. Para el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, el ataque al Parlamento es un hecho “insoportable al corazón de nuestra democracia”. El incendio del Recihstag en 1933, del que se culpó al Partido Comunista, fue la excusa de Adolf Hitler para imponer el estado de emergencia. Ahora, algunos
antibarbijo llevaban banderas con la cruz gamada y culpan al Partico Comunista chino por el virus y de las restricciones sanitarias.
En Estados Unidos, desde bien temprano, hubo marchas anticuarentenas en Michgan, Virginia, Colorado, Minnessota y Kentucky. Ya en abril surgió la llamada Operación Gridlock (embotellamiento), una “creación” de organizaciones derechistas de Michigan que alentó una manifestación en automóviles para bloquear las calles céntricas de su capital, Lansing, contra las medidas decretados por la gobernadora Gretchen Whitmer.
Una de esas instituciones, la Michigan Freedom Fund (Fundación de Michgan para la Libertad) recibe aportes de la familia De Vos, según denunció la propia Whitmer. Richard De Vos, uno de los hombres más ricos de EEUU, puso parte de su fortuna para las campañas de los republicanos más oscurantistas, como Rick Santorum y Newt Gringrich. Con Ronald Reagan fue presidente de la Comisión para la Epidemia de Sida. Su nuera, Betsy De Vos es secretaria de Educación de Trump.
Otro grupo muy activo es Proud Boys, de extrema derecha y fuertes partidarios de Trump y de lo que representa en la historia de su país. La organización -Muchachos Orgullosos, una frase tomada de la película Alladin, de Disney- fue creada por Gavin McInnes, un comentarista televisivo de origen canadiense ideólogo de la derecha alternativa. Cuando Proud Boys derivó hacia posiciones racistas McInnes se corrió a un costado. Eso no impidió el crecimiento del “club”, que tiene ramificaciones en Canadá, Australia y el Reino Unido.
Otro grupo influyente es QAnon, que sostiene la existencia de conspiración del Estado Profundo para boicotear a Trump. La sigla corresponde a la autorización de acceso Q que se aplica en dependencias estatales. Como una clave para ingreso del ciudadano anónimo.
En algunas marchas se vio a manifestantes armados para “defender los derechos constitucionales” a circular. Son seguidores de una asociación que no solo defiende la segunda enmienda, sino que pretende que ni siquiera hay que estar registrado para portar una. El líder es Patrick Parsons y recibe apoyo de otra familia poderosa, los hermanos Dorr.
Steve Moore asesor de Trump y fundador del Club para el Crecimiento, reconoció ante la CNN que están “tratando de ayudar a organizar y también brindar asesoramiento a algunos de estos grupos para que puedan tener el máximo impacto y entusiasmar a la gente en lugar de apagarla”.
De estas canteras, entre otras, salieron los que portan carteles «Abramos nuestro país» o «Recuerden la Constitución» que se extendieron por varias ciudades estadounidenses. También los que, como ocurrió el 2 de mayo pasado, atacaron a un periodista de la MSNBC que cubría la marcha en Laguna Beach. “Quítate esa maldita máscara”, le gritó un exaltado que le escupió en la cara.
Redes alternativas
Tenía razón Raymond Chandler cuando escribió que “aún los paranoicos tienen quien los persiga”. Y las revelaciones de Edward Snowden en 2013 aceleraron la mudanza a las redes alternativas de muchos ciudadanos hartos de ser vigilados en Facebook tanto para uso gubernamental como de empresas privadas. Así fue creciendo MeWe, una plataforma creada por Mark Weistein, quien dice: “las redes sociales no se inventaron para que todos pudiéramos ser datos, se inventaron para que pudiéramos disfrutar de la comunicación privada con nuestros amigos, familias, comunidades de interés compartido, para conocer nuevos amigos”. No extraña que MeWe sea la red a la que acuden los anti cuarentena para conectarse y también planificar acciones. Otro sitio es Reddit, un portal de marcadores sociales donde los usuarios comparten imágenes, textos y debaten libremente.
El laboratorio especial de la Bundeswehr concluyó que que el dirigente opositor ruso Aléxei Navalni fue envenenado por un agente neurotóxico del tipo del Novitchok, el mismo que hace dos años había afectado al ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en Londres. Y como en esa ocasión, las acusaciones contra el gobierno de Vladimir Putin tensan la relación de países occidentales con Rusia, al punto que la canciller alemana, Angela Merkel, afirmo que Navalni “fue víctima de un crimen”, por el que “sólo el gobierno ruso puede y debe responder».
Desde Moscú, la respuesta corrió por cuenta del vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, quien señaló que Berlín no dio mayores datos para corroborar el envenenamiento. «Parece que estamos volviendo a los tiempos que, sinceramente, tendría ganas de dejar atrás, los tiempos de declaraciones infundadas y ausencia de hechos a la hora de debatir las cuestiones serias», agregó la portavoz de la cancillería rusa, Maria Zajárova.
Los medios rusos, como el canal RT y la agencia de noticias Sputink, difundieron una entrevista a Leonid Rink, uno de los científicos que desarrolló el Novitchok en la época soviética, quien dijo que si Navalni hubiese sido envenenado «habría estado descansando en el cementerio desde hace mucho tiempo» en lugar de haber entrado en coma.
El hombre, de 44 años, es uno de los fundadores del partido Rusia del Futuro y estaba en vuelo de Tomsk a Siberia el 20 de agosto cuando se descompuso y la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en Omsk, donde fue internado en el hospital regional. Los médicos diagnosticaron un shock diabético y le suministraron atropina.
La noticia corrió como reguero de pólvora y ante las sospechas de que había sido envenenado y con los antecedentes de casos anteriores, los familiares se pusieron en contracto con una ONG que arregló con el gobierno ruso el traslado a una clínica en Berlín.
En el hospital Charité, un sanatorio universitario estatal de alta especialización, determinaron que su cuadro coincidía con una ingestión o contacto con un inhibidor de colinesterasa. Esto es compatible con el efecto que produce el Novitchok, un producto que dejó de producirse luego de la caída de la URSS.
“Cuando Alexey Navalny ingresó en la clínica de internación, lo examinaron para detectar una amplia gama de narcóticos, sustancias sintéticas, psicodélicos y sustancias médicas, incluidos los inhibidores de colinesterasa. El resultado fue negativo”, se defendió Alexander Sabayev, jefe de la unidad de Intoxicaciones Agudas del Hospital de Emergencias de Omsk.
La controversia bien puede tener componentes médicos, ya que para algunos expertos ya que Navalni tiene antecedentes de ser diabético. Sus simpatizantes, en tanto, resaltan que no es la primera vez que Navalni sufre ataques por sus posturas políticas. En 2017 denunció que le rociaron los ojos con un desinfectante cuando salía de sus oficinas. Dos años más tarde acusó a agentes del gobierno de haberlo envenenado luego de que le apareciera una grave hinchazón de los párpados y múltiples abscesos en el cuello, espalda, torso y codos.
Esta vez, su portavoz, Kira Yármysh dijo que lo más probable es que haya sido envenenado con algo mezclada en el té que había tomado en el aeropuerto mientras esperaba la hora de despegue. Vladimir Úglev, otro científico que trabajó en el proyecto Novotchik, declaró que en vista de los pormenores del caso, «se puede excluir el uso de organofosforados utilizados como agentes de guerra —sarín, somán y Novichok (A-234)— de la lista de sustancias, ya que debido a la alta presión de vapor a una temperatura de más de 20 grados centígrados y a la alta toxicidad por inhalación, además de Navalny, las personas que lo rodeaban se habrían visto afectadas de una u otra manera».
En 2013, Navalni se presentó a elecciones para la alcaldía de Moscú, donde nació en junio de 1976. Obtuvo un 27,24% de votos y desde entonces si imagen creció, quizás más afuera de Rusia que dentro del país. Muchos lo catalogan como el “Pollo” de las potencias para competir con Putin.
En 2018, no fue autorizado a presentarse a elecciones porque había sido condenado a cinco años de prisión en una causa por malversación que llevó un tribunal de Kirov, en el oeste de Rusia.
Esos comicios se desarrollaron el 18 de marzo de 2018 y Putin ganó por una abrumador 76, 69% de sufragios. Por esos mismos días se había dado a conocer el caso de Segei Skripal, ex agente de inteligencia ruso acusado de haberse pasado a EEUU que fue intercambiado por agentes rusos en 2010 por Barack Obama y Dmitri Medvedev y encontró refugio en Londres.
Ahora, el caso de Navalni coincide con el incremento de las tensiones con Rusia por las protestas en Bielorrusia luego de la reelección del presidente Alexandr Lukashenko a la que grupos opositores tildan de fraudulentas. (ver acá)
En ese contexto, tanto la Unión Europea como la OTAN emitieron comunicados en los que afirman estar analizando el caso para tomar medidas en consecuencia. La portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, en tanto, dijo que la organización no está en condiciones por ahora para hacer comentarios el respecto.
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