La democracia argentina acumula fuertes déficits en varios ámbitos y uno de ellos es sin dudas el de la vivienda. Hay pocos parámetros para dimensionar en cifras a cuánto asciende la falta de un hábitat digno para millones de ciudadanos argentinos y ante esta carencia, se recurre a datos del ultimo censo nacional, que se realizó hace diez años. Un sector de los medios, en tanto, augura una suerte de apocalipsis por las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires y difunden mensajes reactivos a toda reivindicación de los derechos de los pueblos originarios en la Patagonia. A esto se suma el debate en la dirigencia política, donde el tema levanta controversias de tal magnitud que incluso dentro del oficialismo se generan enfrentamientos sobre la forma de caratular a este fenómeno, que se verifica con mayor intensidad como una de las consecuencias sociales que acompaña a la pandemia. Genéricamente se habla de que para satisfacer las necesidades habitacionales de la población hacen falta 3 millones de viviendas. Pero el dato es de 2010, no actualiza las condiciones reales de los ciudadanos afectados y además, no toma en cuenta el crecimiento demográfico. Un dato más cercano en el tiempo es el censo que se realizó desde 2017 para crear el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Fue una iniciativa que contó con el voto unánime en el Congreso, que fructificó en 2018 con la ley 27.453 que declaraba de utilidad pública y sujetos a expropiación a los inmuebles comprendidos en ese registro. Fue el primer inventario de barrios populares –una forma edulcorada de denominar a las villas miserias y los asentamientos urbanos– elaborado por los movimientos sociales y organizaciones cercanas a esas comunidades con la participación fundamental de los propios vecinos. Lo auspicioso fue que se trató de una iniciativa que el Gobierno de Mauricio Macri y sus legisladores aprobaron en conjunto con la oposición de entonces. Un ejemplo de consenso poco común en temas tan álgidos como la propiedad privada y el acceso a la tierra en tiempos neoliberales. Los datos que surgieron muestran que en todo el territorio nacional había 4.416 barrios populares donde vivían 935.000 familias sin la titularidad de los terrenos donde plantaron sus viviendas. Hubo algunos datos más: que allí no hay acceso a los servicios básicos –agua, cloacas, electricidad, comunicaciones– y que dos tercios de los pobladores tienen menos de 29 años. El proyecto de aporte solidario por única vez aplicado a las grandes fortunas destina 15% de lo recaudado para solventar proyectos de RENABAP. Podría ser un buen aporte para mejorar la situación. Esos barrios fueron los que más sufrieron durante la pandemia, donde el virus circuló más fuerte y provocó cientos de muertes y miles de contagios por las condiciones de hacinamiento en que se vive. Pero hubo otros datos inquietantes que no tienen registro, aunque sí visibilidad mediática: en estos meses terribles miles de argentinos perdieron sus ingresos y el monto de la ayuda que recibieron del Estado no fue suficiente para cubrir la alimentación y el pago de un alquiler. Literalmente, quedaron en la calle, a pesar de los decretos del Gobierno que trataron de impedir desalojos de inquilinos y congelar pagos a los propietarios. En lo que va del año, según información provista por el Gobierno bonaerense, hubo 868 desalojos y fueron detenidas 524 personas en intentos de ocupaciones en los partidos de Presidente Perón, La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, General Pueyrredón, Moreno, Quilmes, Avellaneda, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Almirante Brown, Hurlingham y La Plata. El debate público se potenció con la ocupación de 100 hectáreas en Guernica (Presidente Perón). Desde los medios hubo muchos que alentaron la expulsión sin miramientos de los «usurpadores» y «delincuentes». La oposición deslizó acusaciones veladas de connivencia con el delito contra dirigentes del oficialismo y hubo cruces entre el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, y líderes de movimientos sociales. Tanto fue el ruido que Juan Grabois, uno de los referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), salió al cruce de las acusaciones en su contra afirmando: «Odio las tomas». Su argumento es que «toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación. Esas familias son víctimas, no culpables». Federico Fagioli tiene motivos para ser escuchado cuando habla del tema. Ahora diputado por el Frente de Todos, en 2014 participó en una toma en la localidad de Glew, donde se construyó el barrio Pueblo Unido. Allí vive y desde ese lugar afirma: «Nunca en mi vida fogonearía que alguien haga una toma, no se la pasa bien en una toma». Pero al mismo tiempo recuerda que hace seis años estaba en una encrucijada, atrapado entre deudas impagables y falta de ingresos acordes. «Era esto o quedarme en la calle». Los Curas en Opción por los Pobres se sumaron al debate en un documento donde señalan que «el conflicto por la tierra (…) pide respuestas de fondo que busquen resolver y no dilatar el problema». Y agregan un dato no menor a esta problemática: «El atravesamiento de negocios oscuros como la venta de droga; la compra-venta y alquiler de lotes; y otras inconfesables actividades, por mano de verdaderas bandas (generalmente al cobijo de funcionarios que “miran para otro lado” y del personal de seguridad que termina siendo socio del delito) complican este escenario». Entre las bandas que genéricamente denuncian los sacerdotes se pueden anotar grupos especulativos de carácter mafioso y las barras bravas de algunos clubes que, según los que conocen de la entretela de esos grupos –como el periodista Gustavo Grabia, autor de La Doce– al no haber fútbol pierden sus fuentes de ingresos y se ofrecen como mano de obra tanto sea para una toma como para un desalojo. En ese contexto, el líder de la barra disidente de River, Martín Núñez Gioiosa, «Saviolita», murió baleado en un enfrentamiento a tiros en una toma en Moreno.
El sur profundo La problemática de los pueblos originarios tiene otros condimentos. Recién con la Constitución de 1994 se reconoció la preexistencia y los derechos de los pueblos originarios. Estigmatizados durante la gestión de Patricia Bullrich, las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel se inscriben en las luchas por recuperar sus territorios ancestrales. La sucesora de la actual líder del PRO, Sabina Frederic, se vio inmersa en otro de los debates a raíz de una protesta contra los integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, en Lago Mascardi. Bastó que dijera que «la toma de tierras no es un tema de seguridad» para despertar feroces críticas por lo que desde sectores de la derecha se consideró un ataque al derecho a la propiedad. Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), mantiene una mesa de diálogo para destrabar la situación en Río Negro. «En la Patagonia, desde la Conquista del Desierto hasta nuestros días, la tierra es un espacio de conflicto», afirma la exsenadora. «Se quejan por Bariloche –abunda Odarda–, pero no dicen nada de otros 700 predios que ocupan privados en otras fracciones de otros parques, ni de (el empresario británico Joe) Lewis, ni del príncipe de Qatar, que también tienen propiedad sobre espejos de agua que compraron a precios irrisorios».
Revista Acción, segunda quincena de Septiembre de 2020
Las autoridades francesas denunciaron el cierre “brutal” de una planta de Bridgstone que deja a casi 900 trabajadores en la calle en una región del norte de ese país y reclamaron que la fabricante japonesa de neumáticos busque alguna alternativa que permita salvar las fuentes de trabajo. Se trata de un nuevo golpe a la industria francesa y especialmente en el rubro del neumático que no solo es atribuible a la pandemia.
El presidente del directorio de Bridgestone para Europa, Laurent Dartoux, aseguró a la agencia AFP que “no es una decisión que hayamos tomado a la ligera”, y calificó a la medida como inevitable por el exceso de producción en el continente y la competencia de los fabricantes asiáticos.
Bridgestone afirma que debe reformular su producción para competir con marcas asiáticas de bajo costo. Asegura que perdió entre el 6 y el 25% del mercado desde principios de siglo, mientras que en lo que va de este año el mercado automovilístico europeo caerá a diciembre alrededor de un 25%.
Para suavizar las críticas, la compañía anunció que es «plenamente consciente de las consecuencias sociales» de bajar las persianas y prometió puestos de trabajo en sus otras operaciones en Francia o paquetes de jubilación anticipada. Y para calmar a los distribuidores, donde tienen empleo unas 3500 personas, dijo que la red de ventas y servicios permanecerá intacta.
Dartoux, en el sillón presidencial desde enero pasado, había sido presentado a fines de año 2019 con bombos y platillos como responsable de una nueva estrategia para Bridgestone. En su presentación, se informó que el ahora comandante de los 863 despidos en la planta de Bethune, en Pas-de-Calais, ocupó cargos ejecutivos en Kodak, Hertz, Procter & Gamble y que anteriormente fue vicepresidente sénior de Ventas y Marketing en la elaboradora de neumáticos.
Se lo mostró en las redes sociales como parte de un momento emocionante para la empresa.
Bridgestone EMIA engloba las regiones de Europa, Oriente Medio, India y África. En julio pasado, Dartoux anunció el desarrollo de un neumático inteligente junto con Microsoft. “Lo digital es una gran parte de lo que hacemos hoy en Bridgestone; es imperativo que trabajemos con socios líderes en la industria que puedan satisfacer nuestras necesidades hoy y en el futuro. Al asociarnos con Microsoft, tenemos la oportunidad de llevar nuestro Sistema de Monitoreo de Daños de Neumáticos a millones de conductores, ofreciéndoles una mayor seguridad y tranquilidad», dijo esa vez.
Ahora se revela que las cosas no venían bien el Bethune, pero la pandemia empeoró la situación y aceleró decisiones que no estaban fuera de carpeta cuando Dartoux tomó posesión de su cargo. A mediados del año pasado, los directivos de la fábrica presentaron un plan de reducción productiva, para bajar de 12000 unidades diarias a 9000 en diciembre pasado. Ya entonces se hablaba de «exceso de capacidad de producción en Europa» y unas oscuras perspectivas para el 2020. Pero aún no se tenía idea del Covid-19.
Según la publicación Tire Business, de la industria del neumático, la planta de Bethune había sido inaugurada en 1960 por la estadounidense Firestone Tire & Rubber Co. La multinacional pasó luego a manos de capitales japoneses en 1988. La fábrica gala es la más grande de la compañía en Europa, tiene una capacidad de 19.200 neumáticos por día y además de los trabajadores directos genera cientos de empleos indirectos y es clave para la economía de Bethune, una comunidad de 25.000 habitantes en la región de Hauts-de-France.
Esa región ya sufrió el cierre de una planta de la Continental en Clairoix en Oise hace diez años, con la pérdida de 683 empleos, y de la Goodyear en Amiens-Nord, que tenía 1.143 trabajadores, en 2014. En 2019, Michelin cerró su planta en La Roche-sur-Yon (en la Vendée), con 619 trabajadores, y en su fábrica en Bamberg, Alemania, dejó a 858 personas en la calle. Para el gobierno, el anuncio es «una traición a la confianza que el estado y la región de Hauts-de-France han depositado» en Bridgestone. El presidente de esa región, Xavier Bertrand, se unió a la ministra de Economía y Finanzas de la nación Agnès Pannier-Runacher y la ministra de Trabajo. Empleo e inserción, Elisabeth Borne para emitir un comunicado conjunto en el que catalogan de “brutal” al cierre de la fábrica y exigen “a la empresa que abra y analice en detalle todos los escenarios alternativos al cierre del sitio”. Esto dice Bertrand en su cuenta de Twitter.
«El anuncio de Bridgestone es impactante. Disputo su brutalidad y sus fundamentos. Quiero decirles a los empleados que estamos a su lado. La empresa debe asumir sus responsabilidades. Inaceptable que abandone el juego sin haber luchado por soluciones alternativas”, agrega la titular de Economía y Finanzas. “El anuncio de Bridgestone es impactante. Disputo su brutalidad y sus fundamentos. Quiero decirles a los empleados que estamos a su lado. La empresa debe asumir sus responsabilidades. Inaceptable que abandone el juego sin haber luchado por soluciones alternativas”, agrega la titular de Economía y Finanzas.
“Llamo a la dirección de #Bridgestone tomar responsabilidad. Se han implementado muchos sistemas como parte de #FranceRelance por la salvaguardia del empleo, ¡que se apoderen de él!”, se suma la ministra de Trabajo.
Avec @AgnesRunacher et @xavierbertrand aux côtés des 863 salariés, j’appelle la direction de #Bridgestone à prendre ses responsabilités. De nombreux dispositifs ont été mis en place dans le cadre de #FranceRelance pour la sauvegarde de l’emploi, qu’ils s’en saisissent ! pic.twitter.com/Pm7Up4UJ6q— Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne)
Habrá que ver si hablándoles al corazón no responden con el bolsillo como han hecho hasta ahora.
Entre el viernes y el domingo se desarrollará la Cumbre Mundial Inaugural de la Internacional Progresista, la organización creada en mayo pasado para nuclear los esfuerzos de activistas, movimientos sociales, ambientalistas, intelectuales y medios de comunicación de todo el mundo que luchan por “transformar el orden global y las instituciones que lo conforman”. Bajo el impulso de líderes de la talla del ex precandidato presidencial estadounidense Bernie Sanders, el ex ministro de Economía griego Yanis Varoufakis, y con la participación entre otros de Noam Chomsky y Naomi Klein, este primer encuentro estaba pactado para llevarse a cabo en Islandia, cuya primera ministra, Katrín Jakobsdóttir, integra también la IP, pero la pandemia hizo cambiar los planes, lo que abrió la necesidad de incorporar tecnologías de conectividad para acercar los debates a toda la comunidad.
“Tenemos una agenda humanista que plantea un cambio radical de prioridades. Necesitamos que nos devuelvan el mundo, como dice Varoufakis -explica en diálogo con Tiempo Alicia Castro, designada embajadora argentina en Rusia y miembro del Consejo Asesor de IP- Un mundo que sea sustentable ambientalmente y donde impere el estado de derecho y no el lawfare, donde el capital este al servicio de la producción y del trabajo y no de la usura y por supuesto contra el colonialismo, el imperialismo y que pueda hacer un aporte a la construcción de un mundo multipolar de relaciones iguales y soberanas de personas iguales y con derecho a la felicidad”.
Castro cuenta que la Internacional Progresista nació de la unión de voluntades de Sanders y Varoufakis. El griego, que formó parte del gobierno de Alexis Tsipras, es el creador de DIEM25, el Movimiento Democracia en Europa 2025, que cuenta entre sus adherentes a Julian Assange, el filósofo italiano Toni Negri, el esloveno Slavoj Zizek, el músico ingles Brian Eno.
El senador por Vermont y ex aspirante a la presidencia de EEUU por los demócratas, se sumó a la propuesta a través del Instituto Sanders, la fundación desde la que plantea una nueva agenda de debate para el electorado de su país. “Ellos tuvieron en cuenta que hay muchos “think tank” (tanques de ideas) del pensamiento de la derecha pero no hay muchos desde a izquierda o el progresismo”, agrega la ex embajadora en el Reino Unido y en Venezuela.
Por la región, integran IP Rafael Correa, el candidato a presidente ecuatoriano Andrés Araúz, Álvaro García Linera, el brasileño Fernando Haddad, además de las argentinas Alicia Castro y Elizabeth Gómez Alcorta.
En esta primera oportunidad la consigna del encuentro es bien clara y concreta: “Internacionalismo o Extinción”. La cumbre consistirá en una jornada que comienza este viernes a las 11 horas de Argentina donde Varoufakis presentará una ponencia sobre el post capitalismo.
Dos horas más tarde Klein, autora de No logo y La toma lanzará propuestas para reparar las agresiones que sufren el clima, la raza, la economía y la infraestructura. A las 15, Chomsky debatirá con representantes de IP sobre como enfrentar al capital concentrado.
Para los latinoamericanos, el momento clave será desde las 17 horas, cuando Alicia Castro presentará la mesa La Democracia en Latinoamérica, junto con los candidatos a presidentes Luis Arce, de Bolivia, y Andrés Arauz, de Ecuador.
Castro integra el Consejo de Asesores de IP con Gómez Alcorta y explica que el encuentro, organizado junto con la ONG Wiphalas por el Mundo, será un conversatorio en el que se planteará “el modo de reconstruir la unidad regional, que es imprescindible para que haya bienestar en América Latina y el Caribe y cómo terminamos con la desigualdad en un continente enormemente rico y el más desigual del planeta. Y también como vivir en una democracia que no esté amenazada por estos golpes blandos que han secuestrado electoralmente a Evo Morales, a Lula da Silva y a Rafael Correa.”
Hay distintas formas de denominar a la utilización del sistema judicial para sacar de la cancha a líderes populares. En el caso latinoamericano, hay quienes hablan de una continuación del Plan Cóndor, o de una Escuela de las Américas judicial. Pero el fenómeno no es solo regional, ya que del otro lado del Atlántico, los perseguidos son los dirigentes de Unidas Podemos, que integran la coalición gobernante con el PSOE. A nivel global se habla de lawfare, que parafraseando a algunos teóricos del siglo pasado, sería la continuación de la política por otros medios.
El lunes estallaron los casos de Evo Morales y Rafael Correa, cuando sendos tribunales proscribieron sus candidaturas mientras otro proscripto, Lula da Silva salía al ruedo al celebrar un nuevo aniversario de la independencia brasileña. Se postuló para las presidenciales de 2022 cuando todavía pesan sobre él algunas causas armadas para dejarlo fuera de carrera en 2018. Son sumarios que se van desvaneciendo y los impulsores de las causas van abandonando el barco.
Correa recurrió a una estrategia K para armar una fórmula de cara a las elecciones del 7 febrero próximo, con el economista Andrés Arauz a la cabeza de la fórmula y él como vice. El gobierno armó un artilugio para bloquear postulaciones incómodas con el trámite de “aceptación de la candidatura” en la sede del Consejo Nacional Electoral.
Correa se fue a Bélgica cuando percibió que su sucesor, Lenin Moreno, no iba a tener problemas en que terminara entre rejas, como ya sucedió con su vicepresidente, Jorge Glas, acusado y detenido sin condena por presuntos sobornos de la empresa Odebrecht. El expresidente ecuatoriano cumplió con el requisito electoral desde una aplicación de teléfono celular. En tiempos de pandemia, la tendencia es legalizar los trámites vía web y con firma digital. Por si no bastaba, Correa aceptó la nominación desde un teléfono celular en tiempo real.
No le aceptaron la presentación, pero por las dudas, se aceleró una causa que dormía en Casación. Un dictamen que normalmente demora varios meses, por una denuncia de sobornos entre 2012 y 2016, confirmó una condena a 8 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos. El argumento de Correa fue demoledor: “Me acusan de delitos que se cometieron cuando él era vicepresidente y que dejaron de cometerse cuando lanzó a la candidatura”.
No podían dejar pasar el momento, luego de que hace unas semanas Luis Raúl Chicaiza, ex espía ecuatoriano, pidió refugio en Argentina y denunció amenazas y presiones para involucrar a Correa en un presunto secuestro del opositor Fernando Balda en 2012. Uno de los casos que medios y la derecha usaron para armarle expedientes al exmandatario.
El mismo lunes, el expresidente boliviano Evo Morales recibió la noticia de que también estaba proscripto, en su caso, para una senaduría por Cochabamba para el comicio del 18 de octubre. El argumento del tribunal supremo -al que se tuvo que sumar un juez para desempatar en contra de Morales- fue que no tenía dos años de residencia continua en el país.
Claro, en noviembre pasado escapó de las bandas fascistas que asolaban el país y que forzaron su renuncia. De todas maneras, el gobierno de facto apresuró denuncias por sus supuestas relaciones con menores y por los bloqueos de rutas.
Para Lula, el panorama judicial pareciera irse despejando. Su principal “perseguidor” judicial, el juez Sergio Moro, una vez que logró su proscripción hace dos años, asumió el ministerio de Justicia con Jair Bolsonaro el 1 de enero de 2019. Pocas pruebas debe de haber de una connivencia como esa en el mundo. Pero no duró mucho el amor y en abril pasado dejó el cargo aduciendo que Bolsonaro quería interferir en la Policía Federal, un órgano similar al FBI estadounidense, que investigaba las trapisondas de la familia presidencial.
Hace diez días, renunció el fiscal que armó la causa Lava Jato, Deltan Dallagnol, según dijo, por los problemas de salud de su pequeño hijo. Pero las revelaciones del portal The Intercept, mostraron la brutal manipulación de la justicia contra el líder metalúrgico entre Moro y Dallagnol y ahora enfrenta procesos judiciales por violar procedimientos legales.
El 2 de setiembre, siete fiscales de la operación Lava Jato presentaron sus renuncias afirmando que recibían presiones para no proseguir las investigaciones. El fiscal general del país Augusto Aras, deslizó que el caso se había manejado de una manera opaca como se fuera una “caja de secretos”. Un expediente que por lo que se ve, dista bastante de poder sostenerse en estrados judiciales.
(Foto: Afp)
El conflicto español
El argentino Pablo Echenique es uno de los voceros de Podemos. Así definió el proceso judicial por presuntos delitos en las cuentas del partido político creado por Pablo Iglesias, actual vicepresidente segundo de gobierno: “Se basa en la declaración de un tipo diciendo que ‘escuchó’ esto y ‘sospecha’ lo otro». Y agregó que el lawfare no solo es antidemocrático, sino que “desprestigia a la justicia».
La derecha está de punta contra la coalición que encabeza Pedro Sánchez, del PSOE. Buscan a como dé lugar la ruptura para que el socialismo se reencauce hacia posiciones más centristas. Lo que no pudieron en las urnas esperan conseguirlo enlodando a Unidas Podemos. El sistema judicial no es ajeno a esta estrategia.
A Iglesias lo vienen citando en Tribunales desde 2014 en causas por “falseamiento de cuentas” o por blanqueo de capitales, que fueron quedando archivadas. Son carátulas de escasa posibilidad de avance judicial pero que tienen una gran repercusión mediática y genera solemnes indignaciones.
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