Hablar de la misoginia de Jair Bolsonaro es casi un lugar común. No hay momento en su carrera política, desde cuando se postuló para ser concejal carioca, allá por 1988, en que no haya tenido algún comentario irritativo para la moral media de la población. Y sus hijos no dejan la oportunidad de demostrar de qué madera son astilla.
Tres de sus vástagos descuellan en la política brasileña-concejal Carlos, diputado Eduardo, senador Flavio- y se encargan de recodar que la dinastía mantiene una coincidencia ideológica difícil de empardar. No hay uno que no sea machista, racista, amante de las armas de fuego y que utilice las redes sociales, ayudado por miles de trolls, para denostar a quienes no comparten su visión del mundo. Sin embargo, con esos valores y recursos cada uno de ellos fueron votados para el cargo que ocupan y el ex capitán del Ejército de Brasil se puso la banda presidencial en enero del año pasado.
Pero a medida que su gobierno se fue desplegando, esas mismas características están llevando al país hacia un camino peligroso para los sectores de la población que apuestan a la convivencia democrática. Algo de eso padece en carne propia la periodista Patricia Campos Mello, del diario Folha de Sao Paulo por estas semanas.
La mujer, investigadora de raza y corresponsal en conflictos bélicos de todo el mundo, allí donde el olor a pólvora asusta al más osado, antes de las elecciones de 2018 publicó un trabajo en el que develó que una agencia que trabajaba para la campaña de Bolsonaro había disparado mensajes falsos en masa a través de números de whatsapp ficticios a través de miles de chips telefónicos comprados a nombre de personas jubiladas o fallecidas.En aquel momento, Campos Mello sufrió de bullying y el medio para el que trabaja, que no puede ser calificado de izquierda -ni siquiera de cercano al PT- fue blanco del odio de Bolsonaro, que incluso desde la presidencia amenazó con hacerlo cerrar. En octubre de 2018, esa campaña de acoso mediático generó riesgo para la periodista y su familia (ver acá)
Ahora, hubo un deja vu todavía más violento y más feroz. La semana pasada la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) para las Fake News, llamó a declarar sobre el caso a Hans River do Rio Nascimento, un exempleado de Yacows, la agencia que había hecho aquella operación de disparos masivos.El hombre debía confirmar o negar la información que Campos Mello había publicado, ya que habia sido una de las fuentes para el trabajo de investigación que publicó. En el artículo quedó claro que el testimonio había sido grabado y que se respetaban los dichos del empleado. También se sabía que al inicio de la investigación, Rio Nascimento estaba haciendo un juicio laboral a Yacows. Pero en el medio hubo un arreglo extrajudicial por lo que decidió bajarse del caso.
La respuesta de Rio Nascimento ahora, ante los legisladores, fue brutal: “Yo me negué a dar más testimonio, le dije que eso ya no tenía interés para mi y ella me propuso intercambiar sexo por información”.
Eduardo Bolsonaro, presente en la audiencia, apoyó totalmente las palabras del exempleado. “No dudo de que la señora puede haberse insinuado sexualmente, como dice el señor Hans, para intentar perjudicar la campaña del presidente Jair Bolsonaro”.
Este martes, el propio mandatario volvió sobre el asunto en un tono no menos bestial. Según lo refleja la cobertura del portal UOL, Bolsonaro utiliza una frase de doble sentido para hablar del caso. Primero dice que la periodista «quería um furo”, o sea, buscba una primicia. Luego añade “Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim”, que se puede traducir como que quería “entregar el agujero a cualquier precio contra mi”, ante la risa cómplice de un grupo de ¿periodistas?
Estas palabras despertaron las críticas más ácidas de dirigentes y medios del país y los respaldos más clamorosos de quienes conocen a la periodista. “Cubrió guerras y la peste del Ébola. Eligieron atacar a la mejor entre las mayores”, le escribó Daniela Lima, presentadora de la cadena CNN Brasil, para luego recordar el Premio que Campos Melo rcibió por su tarea del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) con sede en Nueva York.
“No hay en la historia de Brasil un presidente que haya sido tan repulsivo con una periodista como Bolsonaro”, agregó Carla Jimenez, corresponsal del diario español El País.
El diputado socialista Guilherme Boulos, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), fue tamibén fuerte contra el presidente, al que llamó cobarde por usar su posición de poder para ofender y humillar a una mujer.
El que fuera candidato a la presidencia por el PT y contra Bolsonaro en 2018, Fernando Haddad, cuestiona desde un twitter el insulto de Bolsonaro, a quien califica de «ser abjecto».
A su turno, el uruguayo Edison Lanza, el relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteó posición desde su red social.
A pesar de las amenazas del poder judicial, que declaró ilegal a la huelga de trabajadores de Petrobras, que ya lleva 18 días, el sindicato que los nuclea, la Federación Única de Petroleros de Brasil (FUP), dobló la apuesta y además de ratificar la medida de fuerza por tiempo indefinido, hará una gran marcha a la sede de la empresa semi estatal en Río de Janeiro.
Unos 21.000 trabajadores de 121 plantas de Petrobras podrían ser despedidos con causa luego de que el Tribunal Supremo del Trabajo (TST) considerara que el paro tiene “motivaciones políticas y no respeta la ley del derecho de huelga y las órdenes judiciales”.
La respuesta del gremio, a través del director de la FUP, Deyvid Bacelar, fue que el dictamen comunicado por el ministro del TST Ives Gandra “es inconstitucional y lo vamos a cuestionar”. Mientras tanto, al rechazo de la política neoliberal del gobierno en relación con la petrolera de bandera se sumaron los camioneros afiliados a Asociación Nacional de Transportes de Brasil (ANTB) y de la Asociación Brasileña de Conductores de Vehículos Automotores (Abrava), que este miércoles cesarán y plantean un bloqueo de rutas contra la política de precios de combustibles.
La huelga petrolera se inició tras los despidos en masa por el cierre de la planta de fertilizantes Fafen de Araucaria, en el estado de Paraná. Para los trabajadores se trata de una nueva escalada en el proceso de privatización de Petrobras que se inició con la llegada de Jair Bolsonaro al gobierno. (Ver acá).
Por un lado, rechazan el plan ultraneoliberal del ministro de Economía, Paulo Guedes, por lo que implica para la soberanía energética del país. Pero además, porque el gobierno fue equiparando el precio que se paga por los combustibles y el gas a los valores internacionales, siendo que los costos de producción interna son mucho menores.
Es así que paralelamente al cese de actividades en las plantas más importantes del país, abrieron un servicio de venta de garrafas a precios subsidiados por el sindicato con el argumento de que la población de menores recursos no tiene por qué pagar esos precios exorbitantes.
Los trabajadores aclaran que entre los derivados del petróleo hay unos 300 subproductos entre los cuales están los que se elaboran en la planta de Fafen. “Con el cierre de esa fábrica -señala Gerson Castellano, uno de los directores del gremio y funcionario en Fafen- los ganaderos tendrán que importar urea, lo que encarecerá la carne para el mercado brasileiro o. lo más probable, pasarán a usar urea agrícola, que contiene formol. Eso tendrá consecuencias funestas para a salud del pueblo brasileño y para la exportación. ¿Quién querrá consumir carne con formol?”.
La huelga, una verdadera parada contra la política del gobierno de Bolsonaro -que a decir verdad no es sino una continuación aunque más brutal- de la que inició Michel Temer tras la destitución de Dilma Rousseff, es también contra el desguace de Petrobrás, la empresa de bandera que había crecido a su máximo exponente cuando descubrió el yacimiento del Presal, bajo la superficie del mar, con reservas por 273 mil millones de barriles. La principal joya de la abuela brasileña está siendo despedazada de tal modo que según la FUP trabaja al 70% de su capacidad y el país volvió a importar combustible.
Para los camioneros, la política de Bolsonaro también es perjudicial porque están pagando el combustible a precios internacionales. Con el agregado de que el real, la moneda brasileña, se viene devaluando con relación al dólar a un ritmo que preocupa. De 3,68 reales por dólar cuando asumió Bolsonaro, ya esta en 4,34.
No es la primera huelga de camioneros y ya Temer tuvo que negociar con la soga al cuello para sofrenar una medida de fuerza que paralizó al país por 11 días en mayo de 2018. Esa vez creó una tabla de precios mínimos del flete para aquietar las aguas.
Los camioneros brasileños tienen varias entidades que los representan, según se trate de grandes empresas de transporte o pequeños propietarios de una unidad. El presidente de la ANTB, Jose Roberto Stringasci, declaró que el reclamo pasa por acordar una política de precios para el combustible. “Nosotros tenemos el petróleo y a Petrobras, no es posible más aceptar esos valores inadecuados en el surtidor». puntualizó.
Los transportistas exigen el fin del Precio de Paridad de Importación (PPI), que las refinerías pusieron en marcha desde 2016 y que equipara los importes de los combustibles en el mercado interno al valor en los mercados exteriores.
Se cumplieron dos semanas del paro más grande de petroleros de Brasil en los últimos 25 años, con alrededor de 20 mil trabajadores de 116 unidades operativas en 13 estados en huelga. Este sábado, empleados de la subsidiaria Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Paraná (FAFEN) rompieron los telegramas de despido en señal de protesta. La alerta surgió a principios de mes, cuando se anunció este proceso de cesantías que para la Federación Única de Petroleros (FUP) representa la avanzada en la línea de privatización de la mayor empresa brasileña, de mayoría estatal.
Petrobras, que durante los gobiernos del PT creció hasta ser la multinacional más importante de su país, llegó a tener la exclusividad de la cuenca del Presal, con reservas superiores a los 273 mil millones de barriles. Pero desde 2013 sufrió el acoso de los servicios de inteligencia de la NSA, según denunció el agente Edward Snowden, y supuestos esquemas de corrupción desde sus cuentas resultaron decisivas para la causa Lava Jato, por la cual varios exfuncionarios “trabalhistas” y legisladores de todos los partidos terminaron en prisión. En ese marco también Lula da Silva quedó involucrado en esas investigaciones.
Desde la destitución de Dilma Rousseff, en agosto de 2016, se supo que los vientos soplaban en contra de la empresa, por la tendencia neoliberal de Michel Temer. Con la llegada de Jair Bolsonaro al gobierno, el 1 de enero de 2019, se consolidó un proyecto que, de la mano del ministro de Economía Paulo Guedes, un egresado de la Escuela de Chicago, puso al frente de la firma a Roberto Castelo Branco, relacionado familiarmente con el primer presidente de la dictadura (1964-1985) y un convencido de que el estado no debe participar en negocios donde hay privados que se dedican a lo mismo. Así fue que Petrobras perdió la exclusividad en la explotación de la rica cuenca marina.
En el caso concreto de la FAFEN, se trata de una planta comprada en 2012 a Vale do Rio Doce. Para los actuales directivos de la empresa, era deficitaria y no logró venderla luego de dos intentos frustrados, por lo que decidió cerrarla. El viernes 145 trabajadores recibieron los telegramas de despido, pero hay otros 368 empleados directos de Petrobras que están en la misma situación, al igual que cerca de 600 tercerizados. Desde que comenzó el conflicto, el 1 de febrero, se fueron sumando al reclamo los planteles de otras plantas de Petrobras. Por solidaridad y porque saben que es hora de barbas en remojo. Entre los que adhirieron hay plataformas de producción, refinerías, terminales de petróleo y usinas térmicas.
La Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANP) advirtió al Tribunal Superior del Trabajo (TST) por los riesgos de desabastecimiento en todo el país ante esta medida. El ministro de esa entidad, Ives Gandra Martins Filho avisó a los gremios que deberían mantener un contingente de no menos de 90% de trabajadores en cada unidad. Las penalidades, si no lo hicieran, serían de 500 mil reales diarios para la FUP y los sindicatos adheridos del Norte Fluminense, Bahía y Espirito Santo y de 250 mil para los otros gremios. Que en esta partida el gobierno se juega una fuerte parada lo demuestra la oferta que Petrobras hace a los despedidos: un adicional a la indemnización de entre 50 mil y 200 mil reales (entre 12 mil y 48 mil dólares), y la permanencia en la obra social por 24 meses luego del cese. Por otro lado, a través de agencias externas buscan contrataciones temporales para reemplazar a los petroleros en paro. Pero esa tentativa no alcanzó para romper con la huelga. Así, en Rio Grande do Norte los trabajadores impidieron embarques de Campo de Ubarana; situaciones parecidas se vivieron en Espirito Santo. Plantas refinadoras de Bahia se agregaron a las 39 plataformas de Petrobras en la región sudeste, donde se concentra la mayor producción.
Los petroleros enrolados en la FUP vendieron garrafas de gas y nafta a precios subsidiados en Amazonas, Pernambuco, Bahía, Espirito Santo, Rio de Janeiro, San Pablo y Rio Grande do Sul. Es que con Bolsonaro, los precios de los combustibles fueron liberados y el costo para los sectores más pobres es asfixiante. Los reajustes se realizan en función del precio en dólares. Pero sucede que estas últimas semanas hay una corrida contra el real y el dólar se disparó a 4,30 por real. En enero del año pasado, estaba a 3,68. Otro dato que anotan los representantes gremiales es que hace seis años las refinerías brasileñas operaban al 95% de su capacidad, mientras que antes de la huelga lo hacían por debajo del 70%. En resumen, Brasil pasó nuevamente a ser importador de combustible.
“Buscamos cumplir con las condiciones determinadas por la justicia –dicen en la FUP- pero la actual gestión de Petrobras no quiere que asumamos en las unidades para aumentar la producción y reducir los precios de los derivados del petróleo”. Al mismo tiempo, alertan sobre maniobras de la empresa para generar desabastecimiento en algunas regiones del país. El proceso de privatizaciones de las empresas públicas brasileñas fue iniciado por Bolsonaro ni bien llegó al Palacio del Planalto. A tal punto que en Economía se creó una Secretaría de Privatización y Desinversión, a cargo de Salim Mattar, empresario minero. En agosto pasado, el ministro Guedes anunció que se irían a acelerar las ventas, que incluyeron la Casa de la Moneda, el Correo, Telebras. En el caso de la petrolera, la estrategia pasó por deshacerse de BR Distribuidora y Liquigas.
En enero pasado, el gobierno anunció que durante 2020 proyecta vender otros 300 activos públicos, con los que piensa recaudar unos U$S 36 mil millones. Entre estas joyas de la corona figura Electrobrás, la mayor proveedora de energía eléctrica de América Latina. Eletrobrás fue un proyecto del expresidente Getulio Vargas, de 1954, que tuvo una enorme resistencia en la dirigencia política y en los medios de entonces. Esas trabas fueron uno de los fundamentos para el suicido, el 24 de agosto de ese año, según dejó escrito en una carta póstuma. La otra gran creación de Vargas fue Petrobras, de 1953. Los trabajadores de la FUP hacen lo posible para que este no sea el fin del sueño varguista.
Una familia poco común
Los Bolsonaro suelen mostrar su rostro más violento muy seguido. El domingo pasado, la policía bahiana abatió al exagente de la policía carioca Adriano Magalhaes da Nobrega. El hombre, un asesino a sueldo vinculado al hijo mayor del presidente, Flavio Bolsonaro, fue sindicado como uno de los responsables del asesinato de la concejala Marielle Franco, en marzo de 2018. A medida que avanzaba la investigación sobre el crimen que conmovió a la sociedad antes de las elecciones del año pasado, la situación de Flavio parecía complicarse. La muerte de Da Nobrega resulta, en este contexto, muy oportuna.
Otro de los hijos del presidente, Eduardo, se sumó a una brutal campaña contra una periodista del diario Folha de Sao Paulo que había revelado el sistema de fake news en redes sociales de equipos cercanos al exmilitar para desacreditar al partido de Lula da Silva, un método que los analistas consideran que fue clave para ganar el apoyo de sectores sociales mayoritarios de Brasil.
Patricia Campos Melo, una profesional muy respetada y rigurosa, fue atacada por esas mismas redes de trolls desde que publicó la información. El martes, en una reunión de la Comisión Parlamentaria mixta Investigadora de las fake news, un exempleado de la firma de marketing digital Yacows, en lugar de argumentar por el esquema revelado por Campos Melo, dijo que la mujer le había hecho insinuaciones para tener sexo a cambio de información. El diputado Eduardo Bolsonaro dijo que no dudaba de la palabra del acusado. Lo que despertó ácidas críticas de los colegios de periodistas y de colectivos feministas.
La gira de Alberto Fernández por Europa resultó exitosa en lo formal. Recibió el espaldarazo de tres líderes de peso en los organismos internacionales: la alemana Ángela Merkel, el francés Emmanuel Macron y el español Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con el papa Francisco y con la responsable del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva. Jorge Bergoglio insistió en un discurso que enarbola desde que fue ungido obispo de Roma: «Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras y recortes en los servicios sociales, a medida que sus Gobiernos pagan deudas contraídas insensible e insosteniblemente. De hecho, la deuda pública puede constituirse en un factor que daña y perjudica el tejido social». En forma simultánea, Fernández obtuvo un mensaje, que sus voceros difundieron como favorable, del presidente Donald Trump. Fue cuando el designado embajador en Washington, Jorge Argüello, le presentó las cartas credenciales. «Dígale al presidente Fernández que puede contar con este presidente», dijo Trump. Los más desconfiados se preguntan cuál sería el precio para que ese apoyo se traduzca en una quita o una refinanciación de la deuda con el FMI, donde EE.UU. tiene la acción de oro, y con los privados, que tienen bonos bajo el paraguas de las leyes estadounidenses, que siempre jugaron en contra de los intereses argentinos. Fue bastante claro que Trump usó el poder determinante de Washington dentro del FMI para forzar la aprobación de créditos por casi el 66% de la cartera de la entidad para beneficiar a un gobierno como el de Mauricio Macri, que fue un sólido apoyo político para el embate contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos tiene el 16% de los votos del Fondo, pero cualquier decisión de la entidad necesita el 85% de votos-cuota. El argumento de Fernández fue, desde su campaña, que los créditos a Macri se aprobaron sin respetar el estatuto del FMI, que impide entregar dinero que podría ser utilizado para la fuga de divisas, y sin pasar por el Congreso Argentino, que debe aprobar el endeudamiento externo. El fracaso de la política económica del macrismo arrastró a Macri, pero está calando en el propio FMI. Con un dejo de astucia, Christine Lagarde se había ido de Nueva York a Fránkfurt, sede del banco Central Europeo, en septiembre pasado. Ahora fue el turno de su número 2, David Lipton, el otro gran responsable de haber aprobado el acuerdo por 57.000 millones de dólares. El problema de la deuda, principal factor que preocupa al Gobierno, es un campo minado. El resultado de la negociación que llevó a cabo la provincia de Buenos Aires fue un buen test de lo que le espera al ministro de Economía, Martín Guzmán. Axel Kicillof tensó la cuerda al máximo intentando posponer un pago de 250 millones de dólares, pero finalmente –al borde de un default y luego de haber colocado 9.300 millones de pesos en letras del Tesoro provincial para solventar parte de ese pago de 15.000 millones– cumplió con el compromiso.
Camino bloqueado El caso generó críticas y brulotes desde la oposición, que repentinamente olvidó que la brutal deuda externa y los acuerdos con el FMI se hicieron durante el anterior gobierno. Kicillof argumentó que había ido hasta el final con el aval de Nación y que se encontró con una estrategia de asedio de un fondo de inversión, Fidelity, que logró bloquear un acuerdo para el que la provincia tenía un 50% de aceptación entre los acreedores, pero necesitaba del 75%. Para Kicillof, la actitud de Fidelity, un fondo al que se negó a calificar de buitre o agresivo, podría inscribirse en una movida que apunta a la negociación que Economía lleva adelante con el FMI y los bonistas de la Nación. Alberto Fernández no tuvo casi tiempo para celebrar su segundo mes al frente del Poder Ejecutivo cuando a poco de bajar del avión que lo traía de vuelta de su gira por Europa debió salir a enfrentar un clima de debate interno dentro del Frente de Todos que la oposición buscaba desde el día en que Cristina Fernández anunció la fórmula para enfrentar al macrismo. El jaleo en los días previos al 10 de febrero tuvo que ver con los dirigentes y exfuncionarios presos durante la gestión de Mauricio Macri. Para el presidente, hay presos detenidos arbitrariamente, pero esta definición causa escozor entre quienes buscan la libertad y una reivindicación, entre otros, de la dirigente jujeña Milagro Sala, del exvicepresidente Amado Boudou y del exministro de Obras Públicas Julio de Vido. Hasta la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, fustigó esa definición: «Me duele que quieran minimizar la situación de los detenidos por razones políticas. Es algo triste», dijo. Los que recibieron los ataques más furiosos fueron el canciller, Felipe Solá, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por plantear esa misma postura. Pero los palos, obviamente, no eran para ellos, y así lo entendió Fernández. «Me molesta que digan que tengo presos políticos», se quejó el mandatario en una entrevista radial. «Hay que decirles a los compañeros que no seamos tontos, que no caigamos en este debate porque quieren hacernos pelear y dividirnos. Todos saben lo que hizo la Justicia. El primero que lo sabe es Alberto Fernández». La que le dio más sustancia quizás al contenido de este debate fue la abogada Graciana Peñafort, defensora de Boudou como lo fue de Héctor Timerman, y actual directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación. Luego de señalar en un hilo de tuits que para ella se trata en todos los casos de presos políticos, argumenta que Fernández es «el único que no puede intervenir en este tema», porque si sostiene esa postura, quizás debería amnistiarlos, que es algo que ninguno de los detenidos quiere. «Quieren un juicio justo donde puedan demostrar que son inocentes», aseguró.
Revista Acción, segunda quincena de Febrero de 2020
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