Jair Bolsonaro se hizo adicto a Twitter, al igual que sus tres hijos, y utiliza la red social para hostigar y ridiculizar a sus enemigos y bajar línea a sus seguidores, que no son pocos. El presidente tiene 5.369.959; sus hijos Eduardo, 1.731.202; Carlos 1.407.898 y Flavio, el menor, 1.459.917, nada menos.
El apego a la verdad de todos ellos es bastante escaso, pero en tiempos de fake news ese no parece un problema tan grande. Esta vez, sin embargo, Jair Bolsonaro tuvo que borrar un mensaje relacionado con Argentina luego de que le avisaron que estaba metiéndose en otro problema con el futuro gobierno, y sobre todo, que no era cierto lo que dacía.
Aunque hubo quienes se tomaron el trabajo y tuvieron la perspicacia de hacer una captura que ahora queda como testimonio.
Allí se ve que el mandatario brasileño anuncia que la fábrica de motores MWM, la automotriz Honda y la cosmética L´Óreal cerrarán sus plantas de este lado de la frontera para instalarse en Brasil. Bolsonaro celebra sus 300 días en el gobierno autoalabando su gestión desde que llegó al Palacio del Planalto. Pero el contexto es también su enfrentamiento con el nuevo presidente argentino, Alberto Fernández.
Dice en uno de sus mensajes celebratorios
Dice otro. La cadena se puede consultar aca abajo.
El pequeño problema en el tuit relacionado con las multinacionales afincadas en Argentina es que salvo MWM, que efectivamente en setiembre pasado cerró su fábrica de motores diésel y de generadores en Jesús María, Córdoba -alegando que “la continuidad de operaciones de la compañía se ha vuelto inviable debido a los bajos volúmenes”- las otras siguen firmes de este lado de la frontera.
En el caso de la firma japonesa, en agosto lanzó la HR-V 2020 y utilizará su predio de Campana, en Buenos Aires, para la producción de motos desde el año que viene. Es cierto que los automóviles ya no se ensamblarán en Argentina, pero no se van.
La multinacional francesa, a su vez, negó la posibilidad de dejar el país.— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 5, 2019 El pequeño problema en el tuit relacionado con las multinacionales afincadas en Argentina es que salvo MWM, que efectivamente en setiembre pasado cerró su fábrica de motores diésel y de generadores en Jesús María, Córdoba -alegando que “la continuidad de operaciones de la compañía se ha vuelto inviable debido a los bajos volúmenes”- las otras siguen firmes de este lado de la frontera.
En el caso de la firma japonesa, en agosto lanzó la HR-V 2020 y utilizará su predio de Campana, en Buenos Aires, para la producción de motos desde el año que viene. Es cierto que los automóviles ya no se ensamblarán en Argentina, pero no se van.
La multinacional francesa, a su vez, negó la posibilidad de dejar el país.
El 5 de noviembre de 2005 queda en la historia popular latinoamericana como el día en que un grupo de gobernantes se animó a decirle en la cara al presidente de la nación más poderosa del planeta, George W. Bush, que no. Que No al ALCA, ese mercado común que Bill Clinton y los presidentes de la “larga noche neoliberal” de los 90 habían imaginado desde Alaska hasta Tierra del Fuego que debía firmarse en esa Cumbre de las Américas de Mar del Plata.
Fue el momento culminante de trabajosas negociaciones entre tres líderes que habían coincidido en tiempo y lugar para darle un rumbo al continente como no lo había tenido en 200 años de historia.
Lula da Silva y Néstor Kirchner habían ido tejiendo lazos de amistad y armando políticas conjuntas entre Brasil y Argentina desde que el exgobernador de Santa Cruz llegó a la Casa Rosada, el 11 de marzo de 2003. El metalúrgico había asumido su primera presidencia el 1 de enero de ese mismo año. Desde Venezuela, Hugo Chávez venía luchando contra el mismo modelo económico desde hacía cuatro años y había enfrentado con éxito un golpe de Estado en abril de 2002.
Argentina, en tanto, ya había atravesado el “que se vayan todos” y se había hecho trizas la convertibilidad. En el resto de la región, mientras tanto, el Frente Amplio uruguayo había ganado la presidencia unos meses antes de la mano de Tabaré Vázquez, que había sido intendente de Montevideo.
En Bolivia, la siempre caótica nación del Altiplano, Evo Morales era número puesto para el triunfo que finalmente obtuvo en diciembre de ese mismo año. Habría que esperar a 2007 para que Rafael Correa -que entonces era ministro de Economía del presidente Alfredo Palacio, que había reemplazo de Lucio Gutiérrez- cerrara desde Ecuador el círculo virtuoso de los presidentes “progresistas” que imprimieron su sello en el principio de siglo de esta parte del mundo.
De allí a que muchos de los protagonistas de esa gesta celebraran desde las redes sociales aquel acontecimiento. Es el caso de Luis D´Elía, uno de los operadores para consensuar una propuesta común.
Hugo Yaski, líder de la CTA y diputado Nacionalo por el Frente para la Victoria tambièn se sumío al recordatorio.
Lo mismo hizo el partido Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella…
Y la concejal platense Victoria Tolosa Paz…
Otro que quiso cantar presente fue el analista político Juan Manuel Karg, autor del libro Del No al Alca a Unasur, junto con el malogrado Agustín Lewit. En este caso recordando la participación clave que tuvo Diego Maradona en ese hecho.
El Partido Socialista Unificado de Venezuela, PSUV, por su parte, quiso recordar a Hugo Chávez en la Cumbre de los Pueblos, paralela a la de las Américas de Mar del Plata donde se celebró el encuentro presidencial.
Una lideresa bolivariana, Tania Valentina Díaz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, también recordó a Chávez.
Los tiempos cambiaron. Chávez y Kirchner fallecieron, Lula está preso en un caso tipico de law fare. Con esa misma metodología, Correa está perseguido por el gobierno de Lenin Moreno. En Uruguay, Vázquez deja su segundo mandato en unos meses mientras su pais enfrenta un balotaje en que el FA se juega la permanencia. Morales, a su vez, sufre otro acoso de la derecha, que promete hacerle la vida imposiuble en un nuevo mandato constitucional.
El soplo de esperanza viene desde Argentina, luego del triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
— Tania Valentina Díaz (@taniapsuv) November 5, 2019 Los tiempos cambiaron. Chávez y Kirchner fallecieron, Lula está preso en un caso tipico de law fare. Con esa misma metodología, Correa está perseguido por el gobierno de Lenin Moreno. En Uruguay, Vázquez deja su segundo mandato en unos meses mientras su pais enfrenta un balotaje en que el FA se juega la permanencia. Morales, a su vez, sufre otro acoso de la derecha, que promete hacerle la vida imposiuble en un nuevo mandato constitucional.
El soplo de esperanza viene desde Argentina, luego del triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Acosado por impeachment, Donald Trump, que hizo un culto de mostrarse diferente a todos los dirigentes políticos, apeló al mejor manual de supervivencia de algunos de sus antecesores. Es así que este martes, mientras en la Cámara de Representantes ultimaban los detalles para aprobar la investigación sobre presiones al gobierno de Ucrania para que actúe contra el hijo de un rival demócrata a las elecciones del 2020, festejó la muerte del líder de la organización yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi.
Al igual que Barack Obama cuando tropas estadounidenses eliminaron a Osama bin Laden en 2011, Trump fue a la Sala de Situación de la Casa Blanca para asistir a la muerte filmada de un Enemigo Número 1 de Estados Unidos. Al Baghdadi, quien según la información oficial se suicidó cuando estaba rodeado de efectivos estadounidenses. «Fue como ver una película», exclamó Trump. Como Osama, su cuerpo fue también eliminado y Trump asegura que ya conocen a quien es su sucesor. «Ahora el mundo es mucho más seguro», apeló a otra muletilla típica de los sucesores de George Washington.
El 19 de diciembre de 1998, la Cámara Baja abrió el impeachment contra Bill Clinton, por perjurio y obstrucción a la Justicia en torno a un escándalo sexual con una becaria, Monica Lewinski. Dos días antes, Clinton ordenó abrir fuego en la Operación Zorro del Desierto contra Irak, entonces gobernado por Saddam Hussein, por presunto incumplimiento de resoluciones de la ONU. Clinton zafó de la destitución luego de haber reconocido «relaciones impropias» con la joven. No hay un cálculo exacto de víctimas fatales de la operación, pero fuentes extraoficiales estiman que cayeron cerca de 2000 personas.
La jefa de la bancada demócrata, la experimentada Nancy Pelosi, condujo de debate para investigar a Trump. El mandatario quedó contra las cuerdas luego de que se difundiera una conversación del 25 de julio pasado con el presidente Volodymyr Zelensky en que le recomendaba dar pie a una pesquisa de un fiscal ucraniano contra Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente Joe Biden, tal vez el mejor posicionado de los candidatos demócratas a pelear la elección del año que viene. Biden Jr, luego del golpe que destituyó –con apoyo de agencias estadounidenses– al presidente Viktor Yanukovich, en 2014, obtuvo un puesto muy bien remunerado en el directorio de una empresa de energía de ese país.
De la conversación Trump-Zelensky surge que Estados Unidos facilitaría un crédito para la compra de armas, un insumo básico para Kiev en el contexto de su conflicto con las zonas rusófilas del este del país, que se rebelaron contra el poder central tras la destitución de Yanukovich. Pero el dinero llegaría a condición de que el fiscal se reuniera con el abogado del inquilino de la Casa Blanca, Rudolph Giuliani para arreglar la investigación contra Biden Jr.
La defensa de Trump en este entuerto es que no hubo presión ni extorsión, que el crédito se otorgó. No lo dijo, pero en realidad ese tipo de actitudes forman parte del ADN de Washington, sólo que en este caso lo que se le cuestiona es que haya utilizado esa metodología para avanzar contra un rival interno.
De allí tal vez que las encuestas no muestran un apoyo al impeachment. Un sondeo encargado por el diario The Washington Post y la cadena ABC News revela que el 49% de los ciudadanos aprueba el juicio político mientras que el 47% dice que no hay razones para procesarlo. La diferencia está dentro del margen de error.
Por otro lado, el juicio político fue aprobado por 232 a 196, pero sólo un republicano se sumó al pedido, mientras que dos demócratas votaron por el No. Esto le baja el precio a cualquier resolución ya que una eventual condena estaría teñida de partidismo. La Cámara Alta, en tanto, está dominada por el oficialismo.
Trump critica ácidamente sobre todo al legislador encargado del proceso, el representante demócrata Adam Schiff, titular del Comité de Inteligencia. Razones no le faltan para la sospecha: Schiff ya cumplió diez períodos como representante por California y en su historial mantiene una férrea cercanía con los intereses del Pentágono y el aparato industrial-militar.
El «modelo chileno» fue, desde el fin de la dictadura pinochetista, el caballito de batalla de las derechas regionales para mostrar un ejemplo de lo que debía hacerse para desarrollar un país. Un país en apariencia pobre que gracias al orden y al respeto por las reglas de la economía neoliberal progresaba a tasas importantes y hacía bajar los índices de pobreza. Y que, además, respetaba algunas premisas básicas, como la institucionalidad, la alternancia en el poder y la ausencia de corrupción. Un oasis, como lo había definido semanas antes el presidente Sebastián Piñera, un verdadero paraíso en un entorno poco menos que bárbaro. Sin embargo, algo se rompió el viernes 18 de octubre, a raíz, según los medios masivos, del aumento de 30 pesos en el boleto de subte. Había algo más: bajo la superficie estaba fermentando una revuelta popular, invisible a los ojos de la dirigencia e incluso de los propios protagonistas. «No son 30 pesos, son 30 años» sintetizó alguien en una de las consignas de cientos de miles de manifestantes que colmaron las calles de todo el país (ver La semana que todo cambió). En pocas horas, el presidente Sebastián Piñera pasó a proclamar que estaban en guerra «contra un enemigo poderoso» al que no definió, pero para el que llenó las calles de militares, policías y carabineros. A esta altura, nadie dudaba de que lo que estaba en juego ciertamente no eran 30 pesos chilenos, (apenas 4 centavos de dólar) sino un modelo de exclusión, desigualdad y violencia larvada que pudo verse en la ferocidad con que los uniformados pretendían acallar los reclamos populares. Para colmo, un invento típicamente chileno como el cacerolazo, ese que las clases medias acomodadas usaron en 1973 para expresar su descontento con el gobierno constitucional de Salvador Allende, volvió a sentirse en toda su intensidad. Esta vez, para pedir que se termine el modelo económico instaurado a sangre y fuego hace 46 años y que la democracia apenas modificó desde 1990.
Guerra. El mandatario convocó a los militares para reprimir y empeoró la situación. (Presidencia Chile)
La respuesta desde el Palacio de la Moneda fue, entonces, «Nueva Agenda Social», un paquete destinado a morigerar la situación de la clase media para calmar las aguas. Pero del otro lado de los ventanales de los despachos oficiales se pedía una nueva Constitució que reemplace a la que en 1980 decretó el dictador Augusto Pinochet y que sigue vigente, más allá de las enmiendas que se le hicieron. También corresponde formular algunas preguntas clave: ¿Es la primera vez que la población se manifiesta contra este régimen? ¿Qué tan desigual es la sociedad chilena? ¿La dirigencia es tan transparente como dicen los medios? ¿Por qué nadie vio venir lo que se gestaba? Eso habría evitado las graves consecuencias que se registraron. Al cierre de esta nota los datos oficiales daban cuenta de 20 muertos y la cifra se elevaba a 42 según organismos no gubernamentales, además de cerca más de 3.500 detenidos, cientos de heridos, mujeres violadas y hasta denuncias de desaparecidos y de torturas. A estos datos se podrían sumar los desmanes producidos en estaciones del metro y edificios de empresas privadas.
Leyes de blindaje Una de las críticas más fuertes que se escuchan apunta al sistema de jubilación privada que se instauró en 1980. El encargado de armar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y muchas de las primeras reformas neoliberales fue el entonces ministro de Trabajo y Previsión de Pinochet, José Manuel Piñera. El actual presidente, su hermano, tenía entonces 24 años y el 11 de septiembre de 1973 estaba en Harvard completando sus estudios. El Nobel de Economía Kenneth Arrow, su profesor, le informó que en su país había un golpe de Estado. No es la primera vez que las AFP están en el candelero, pero ni la dos veces presidenta socialdemócrata Michelle Bachelet ni Piñera hicieron mucho para reformarlas. El drama, explica José Salvador Cárcamo, economista exiliado en Argentina desde el golpe y docente en la Universidad Nacional de Moreno, es que «un jubilado cobra un 25% del salario de una persona activa, con lo que en Chile no se puede vivir».
Desigualdad. Los índices de pobreza disminuyeron, pero el criterio de medición es discutible. (Jorge Severino)
Por si esto fuera poco «los militares mantienen el sistema de reparto», añade Cárcamo. El pacto tácito entre Pinochet y la dirigencia política para la transición posdictadura incluía ese privilegio para las fuerzas armadas. Y además de la jubilación especial, se dispuso mediante una ley secreta derogada recién en septiembre pasado pero que aún regirá hasta enero próximo, que parte de los ingresos de la exportación de cobre se destine a la compra de armamento. Al mismo tiempo, muy a regañadientes se fue modificando la legislación para que el presidente pudiera designar y remover a comandantes de la Fuerza, que tenían garantía de inmunidad constitucional en un régimen de tipo cuasimonárquico destinado a proteger a los más poderosos. Y en 2015 estalló lo que se conoció como el «Milicogate», una trama para la apropiación de fondos públicos de la Ley Reservada del Cobre por los altos mandos por el que terminaron procesados un general y dos coroneles. También entre los Carabineros, una fuerza que integró la junta golpista de 1973, hay más de un centenar de miembros que están procesados por un monumental desfalco y lavado de activos.
La Escuela de Chicago El grueso del modelo neoliberal chileno fue instaurado, con Milton Friedman como asesor del ministro de Economía, Hernán Büchi, entre 1982 y 1984, tras la crisis económica de la deuda que atravesó la región. A partir de ese momento, la disciplina fue férrea para imponer reglas de juego de la Escuela de Chicago. «En cinco años de dictadura cambiaron la estructura económica y las relaciones sociales de forma tal que 30 años después Chile sigue funcionando con esos esquemas», argumenta Diego Raus, director de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Lanús. Esas reglas contemplan el abandono por parte del Estado de funciones que hasta entonces eran básicas. Así ocurrió con la educación. «La fórmula neoliberal es que el Estado entregue a cada persona un cupo de dinero para la educación de sus hijos y que cada familia elija a qué colegio llevarlo. Obviamente las clases adineradas le suman fondos propios para que vayan a los colegios top. El resto se tiene que arreglar con escuelas que están devastadas», sostiene Raus. Es así que en 2011 y 2012 cientos de miles de estudiantes protagonizaron la llamada Revolución de los Pingüinos, por el uniforme escolar. Pedían una educación gratuita y de calidad. «Finalmente eso se solventó con un pequeño impuesto que se instauró en el gobierno de Bachelet a los ingresos de los más ricos, que son el 1% de la población», agrega Cárcamo. Ese ínfimo porcentaje de la sociedad recibe el 30% del PBI de Chile. Una muestra del nivel de desigualdad del país modelo. Si estos hechos no fueran suficientes como para encontrar el caldo de cultivo del estallido, hubo algunas frases de personajes ligados a ese 1% que irritaron a las mayorías. Al respecto, es ilustrativo un audio de la esposa de Piñera –a todo esto, uno de los hombres más ricos de Chile, con una de las mayores fortunas del continente– que circuló en las redes y que ella no negó. «Es como una invasión extranjera, alienígena, vamos a tener que disminuir nuestros privilegios», dijo Cecilia Morel describiendo las manifestaciones callejeras. Para peor, ante el rechazo al aumento del boleto, el ministro de Hacienda, Juan Andrés Fontaine, explicó que «alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja». Nicolás Rojas Scherer es politólogo recibido en la Universidad Diego Portales, de Chile, y trabaja en temas territoriales en el municipio santiaguino de Peñalolén. Explica el significado de la consigna utilizada por los chicos que, desde el día del aumento, empezaron a colarse en el subte. «¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!», gritaban los estudiantes que comenzaron con una jornada de reclamo. «Hasta ahí era una forma muy del Primer Mundo de protestar, pero el viernes comenzaron a sumarse oficinistas y trabajadores. A la noche se iniciaron los incendios y desmanes en estaciones de metro».
Promesa. El sistema de jubilación privada resultó un fracaso que ahora padecen los retirados. (Jorge Severino)
La noticia del incremento, el cuarto en un año, coincidió con la novedad de que el gobierno de Piñera estudiaba eliminar el impuesto destinado a financiar la educación. Pero, además, había condonado deudas fiscales de una farmacéutica y de La Polar, una cadena de electrodomésticos. En un país donde los más ricos pagan menos impuestos, evadir es verdaderamente una forma de lucha, sostenían los manifestantes.
Esquema de dominación Para Marco Enríquez Ominami, tres veces candidato presidencial por un desprendimiento por izquierda de la Concertación, no es que los manifestantes se inclinen por propuestas extremas y mucho menos, que tengan influencias de militantes bolivarianos o cubanos, como el bloque conservador regional e incluso la OEA se apuraron a declarar. «En el fondo son consumidores furiosos», sostiene, enojados porque el modelo chileno creó un Estado sin deuda externa pero con una sociedad altamente endeudada, al punto que para la mayoría de la población, el 80% del ingreso se va en pagar la tarjeta de crédito. «Cuando dicen “basta de abusos”, se refieren más a abusos comerciales: no es que no quieran pagar, es que les están cobrando muy caro». De allí que el ahora documentalista niegue que el negocio de las grandes cadenas comerciales, algunas de las cuales son fuertes de este lado de la cordillera, sea vender productos. Son empresas financieras, su verdadero negocio es el crédito», relata. El legado más importante de Pinochet, al decir de Raus, no es tanto un modelo neoliberal como «un modelo de dominación. La dictadura creó relaciones de dominación, esta burguesía nació en ese entonces y es parte de ese modelo». Un esquema petrificado en una Constitución que tiene mecanismos que le permiten resistirse a ser modificada y que es defendida por una dirigencia muy hábil para cambiar todo sin que nada cambie, y contra la que ahora reaccionaron –de un modo si se quiere anárquico y «conducidos solo por la rabia», al decir de Manuel Antonio Garretón, sociólogo, politólogo y ensayista chileno– millones de ciudadanos. Esta circunstancia, que puede parecer anecdótica, es uno de los puntos fundamentales para entender la cuestión. Así como los Chalecos Amarillos en Francia encabezan una protesta que parece irse diluyendo por falta de conducción, las protestas chilenas carecen de líderes. Señal de que no es solo contra Piñera, sino contra toda la dirigencia. ¿Qué pasó con los jóvenes que habían protagonizado la Revolución de los Pingüinos? Luego de las monumentales protestas, el Gobierno apuró un proyecto que venía demorando en el Congreso para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Fue una propuesta de la diputada comunista Camila Vallejos, la más emblemática protagonista de aquellas protestas juveniles.
Revista Acción, primera quincena de Noviembre de 2019
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