De manera lenta pero inexorable Brasil está a las puertas un choque entre el Supremo Tribunal Federal (STF) y el presidente Jair Bolsonaro en el que Lula da Silva aparece como el empecinado disparador. La situación del líder popular, encarcelado desde abril de 2018 en Curitiba, es cada vez más incómoda para el sistema institucional brasileño. La revelación de las maniobras del exjuez Sergio Moro y los fiscales para condenarlo y sacarlo de las elecciones del año pasado generaron un tembladeral en la estructura que llevó al palacio del Planalto al excapitán del Ejército. Y si hubo dudas en algunos magistrados para aceptar el esquema procesal de Moro, luego designado ministro de Justicia, la publicación del portal The Intercept terminó por desnudar todas las sospechas.
En ese camino tortuoso por salvar la ropa ante el descrédito, la semana que pasó se sucedieron dos hechos que dan muestra de este cambio de viento. Habida cuenta de que no pudieron negar la veracidad de los mensajes en la red Telegram entre Moro y el equipo acusador comandado por el fiscal Deltan Dallagnol, primero sostuvieron que hubo un hacker que violó su privacidad y ahora son muchos los que están tratando de esquivar las consecuencias para sus propias carreras.
Dentro del STF, el juez Gilmar Mendes, que fue ungido por Fernando Henrique Cardoso pero tuvo cintura política como para no desentonar con el PT en el gobierno, es el más proclive a validar las publicaciones del portal del periodista Glenn Greenwald, una serie de filtraciones conocidas como Vaza Jato, para oponerse al Lava Jato, la investigación que dio con los huesos de Lula y de otros dirigentes políticos y empresarios en la cárcel.
La Corte ya dio muestras de cómo cambiaron los vientos en relación a la «Madre» de todas las causas anticorrupción iniciadas por Moro, y el miércoles, por seis votos contra cinco, anularon la sentencia contra Marcio de Almeida Ferreira, exgerente de la petrolera estatal Petrobras. El argumento para este cambio es que fue sentenciado mediante un vicio de procedimiento que sus abogados venían denunciando sin ser escuchados: Ferreira había sido condenado por testimonios de arrepentidos que fueron incorporados luego de que él presentara su descargo. Esto viola el principio de legítima defensa ya que no pudo responder a esos testimonios. Los abogados de Lula vienen pidiendo desde antes de su detención que se anule la sentencia en su contra porque Moro y Dallagnol hicieron lo mismo contra él.
A esto se suma toda una retahíla de maniobras que los letrados venían denunciando y que quedan en claro en los mensajes de Vaza Jato. Este jueves, los cortesanos debían debatir el caso Lula en relación con el caso Ferreira y con toda la causa Lava Jato, pero decidieron patear la decisión para noviembre.
Bolsonaro no se quedó callado y declaró este viernes que los mensajes de The Intercept no deberían ser tomados en cuenta y que, arguye, fueron obtenidos ilegalmente. «El que es criminal, es criminal. Respete la ley –le dice a Mendes–. Si siguió la ley, todo bien. Si no la siguió, está equivocado», masculló ante un grupo de periodistas al dejar el Palacio del Planalto.
Según informa Folha de São Paulo, Mendes está tratando de impulsar un pedido del STF para que la Procuraduría General de la República verifique la autenticidad del material aportado por The Intercept, un primer paso a tomarlo como válido. De este modo, toda la causa Lava Jato se caería en pedazos.
Algo de esto sospechan los fiscales, que temen por 32 sentencias que afectan a 143 de los 162 condenados. Por eso enviaron un escrito considerando que como Lula cumplió un sexto de su sentencia –que quedó en ocho años y diez meses– y tuvo buena conducta, está en condiciones de ingresar en un régimen semiabierto que le permite salir de día para realizar tareas particulares y volver a la noche a dormir en prisión.
En una carta manuscrita, el líder metalúrgico respondió que no acepta el convite, al que entiende como una trampa. «No cambio mi dignidad por mi libertad», dice. «No voy a regatear mis derechos», agrega. «Ya he demostrado que las acusaciones son falsas. Son ellos, y no yo, los que están presos de las mentiras que contaron a Brasil y al mundo».
El jueves Lula fue declarado Ciudadano de Honor por la alcaldía de París por «su compromiso para reducir la desigualdad económica y social y sacar a 30 millones de brasileños de la pobreza extrema».
El caso del exmandatario y fundador del Partido de los Trabajadores se hizo carne en dirigentes políticos y sociales de todo el planeta, que reclaman por la forma en que fue sometido a juicio. Francia, además, a través de su presidente Emmanuel Macron, tiene un enfrentamiento personal con Bolsonaro por la defensa del medio ambiente y la respuesta institucional de las actuales autoridades brasileñas ante los incendios en Amazonas.
Quienes creyeron que en 2015, con el triunfo de Cambiemos en la Argentina, se consolidaba un largo ciclo de neoliberalismo se topan estos días con una realidad que desmiente sus deseos. Podría decirse que los incendios que vienen devastando Amazonas, también consumen a la dirigencia de gran parte de los países iberoamericanos, mientras la humareda se acerca cada vez más a Washington.
Bastante chamuscados están los gobiernos de Brasil, Perú, Ecuador, Honduras, Haití. Y para colmo de males, en el centro del poder que sustenta a esas clases dominantes ahora buscan sacarse de encima al inquilino republicano de la Casa Blanca, en un impeachment en el que ni acusado ni acusadores tienen las manos limpias.
Porque este proceso regresivo y promercado comenzó en Honduras hace diez años, cuando con apoyo del demócrata Barack Obama derrocaron al presidente Manuel Zelaya, que había congeniado con el venezolano Hugo Chávez. Fue el modelo de golpe que luego el departamento de Estado exportó a Paraguay en 2012 y a Brasil en 2016.
Ahora un fiscal de Nueva York confirmó los lazos con el narcotráfico de Juan Orlando Hernández, el mandatario que se instaló en el palacio de gobierno en elecciones fraguadas. El paraguayo Abdo Benítez se topó hace unas semanas con una pueblada por los contratos de venta de energía de Itaipú a Brasil en condiciones desventajosas para la nación. Y Jair Bolsonaro busca -a lo bestia- formatear Brasil, mientras crece la expectativa sobre la liberación de Lula da Silva, lo que le permitiría plantear desde las calles una dramática disputa entre dos modelos.
Esto ya ocurre en Ecuador, donde el sucesor de Rafael Correa traicionó cada uno de los compromisos con la ciudadanía, y su partido, para someterse a los dictados del FMI. Ahora dejó la capital para cuidarse de la ira popular mientras suspendió los derechos constitucionales.
En Perú la cosa viene de arrastre y Martín Vizcarra simplemente trata de manejar la deriva del establishment, que no logra posicionar un gobierno estable y tiene a todos sus anteriores presidentes sentenciados por corrupción.
En Haití, el país más pobre del continente, la crisis crece con la misma velocidad que las protestas contra el presidente Jovenel Moïse, acusado de haberse quedado con dineros del fondo de Petrocaribe.
Y mientras Venezuela resiste, hay cierta calma en Bolivia, que en dos semanas elige presidente, con Evo Morales como favorito y una oposición que solo tiene como aliado a Washington. Y en Uruguay, que va a las urnas el mismo día que Argentina.
Los uruguayos tienen ocasión de revalidar 14 años de Frente Amplio contra una oferta que mucho se parece a las que de este lado del río llevó adelante Cambiemos.
¿Renace otro ciclo progresista desde las cenizas en la región?
La cruzada de Francisco por transparentar los manejos oscuros de las finanzas vaticanas provocó un nuevo cimbronazo en la Santa Sede cuando las autoridades judiciales eclesiásticas allanaron dependencias y suspendieron a cinco funcionarios. La investigación, sobre compras ilegales de inmuebles en Londres, podría derivar en nuevos procedimientos contra algunos obispos y cardenales presuntamente implicados en una operatoria millonaria de la que habrían participado prelados y empresas de origen británico.
La noticia fue publicada originalmente en la revista L´Espresso por el periodista Emiliano Fittipaldi, un especialista en corrupción dentro de la Iglesia Católica que alcanzó fama y prestigio tras publicar Avaricia y Lujuria, dos libros no casualmente titulados con algunos de los pecados capitales en los que reveló escándalos sexuales y financieros dentro la iglesia en todo el mundo.
Luego el dato fue confirmado por la oficina de prensa del Vaticano. Oficialmente, se informó que por orden del Fiscal General Gian Piero Milano se había incautado documentos y dispositivos electrónicos en oficinas de la Secretaría de Estado y de la Autoridad de Información Financiera (AIF), una entidad independiente creada en tiempos del papa Benedicto XVI en el marco de otros escándalos financieros dentro del Instituto de Obra Religiosa (IOR), el banco del Vaticano.
Fittipaldi sostuvo que este caso deja más tela para cortar y podría involucrar incluso a los fondos del Óbolo de San Pedro, que son las donaciones que cada año se recolectan de los fieles en todo el mundo y que el año pasado sumaron 400 millones de euros y que se venían investigando desde 2015.
En la lista de sospechosos, preventivamente suspendidos de sus cargos y con prohibición de ingreso al área del Vaticano, figuran Tommaso Di Ruzza, director de la AIF, Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi y una funcionaria de la administración, Caterina Sansone.
Pero el más alto en la escala eclesiástica es monseñor Mauro Carlino, de la oficina de información y documentación de la Secretaría de Estado, que está a cargo de un hombre de confianza de Jorge Bergoglio, el cardenal italiano Pietro Parolin, número dos del Vaticano y hasta la asunción del papa argentino, nuncio apostólico en Venezuela y contacto con el gobierno bolivariano desde 2009.
Carlino llegó a ese puesto hace algunas semanas en reemplazo de Monseñor Alberto Perlasca, nombrado promotor de Justicia para la Corte de la Signatura Apostólica. Hasta entonces, había sido secretario general del cardenal Angelo Becciu, designado prefecto para la Congregación de las Causas de los Santos y en la practica el número tres de la Curia. Sucede que una de las oficinas allanadas es la que ocupaba Becciu en la Secretaría de Estado. Por eso muchas miradas están puestas ahora sobre él.
Salvo Carlino, que vive en la Casa de Santa Marta, donde reside Francisco, el resto de los implicados en este affaire solo pueden pasar los controles de la Gendarmería a laspuertas del Vaticano para atenderse por problemas de salud en el centro asistencial.
El periodista cuenta en su artículo que la investigación partió del mismo papa, que recibió información sobre maniobras irregulares del IOR y del Revisor General, el encargado de auditar la administración de la Santa Sede, a principios del verano boreal, y pidió ir hasta las últimas consecuencias.
Bergoglio fue ungido e marzo de 2013, tras la renuncia del alemán Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Llegó en un momento crítico para la iglesia católica, en medio de denuncias en todo el mundo por abusos sexuales. Pero los escándalos financieros también fueron un tema que preocupaba en el Vaticano.
El IOR fue creado para la administración de los fondos vaticanos y reemplazó en ese sentido al Banco Ambrosiano, que se hundió escandalosamente en 1982 dejando un tendal de víctimas de prácticas mafiosas, como el que fuera su director, Roberto Calvi, ligado a la Logia P2, que en los años 70 brindó apoyo a los gobiernos represores de América del Sur.
El tema de las maniobras financieras en el IOR se hizo público una vez que Francisco se puso en movimiento en Roma. Para el 2014 la información oficial era que el banco Vaticano estaba en quiebra. Sin embargo, a poco de hurgar en sus cuentas, el cardenal australiano George Pelli, designado prefecto de la Secretaría de Economía, que había sido creada unos meses antes, descubrió que había no menos de 3000 cuentas sospechosas entre las que se ocultaban cientos de millones de euros del Vaticano.
Este nuevo escándalo se registra a pocos días de que comience en Roma un encuentro de obispos para debatir el tema Amazonia: Nuevos caminos para la Iglesia uy la Ecología, lo que sin dudas habrá de generar un fuerte contrapunto con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, negacionista del cambio climático y de fe pentecostal.
En esta era, en la que en lugar de periodismo de investigación prima el de filtración, la difusión de un audio del dueño de Facebook generó una controversia con la senadora demócrata Elizabeth Warren, quién en el marco de las internas para la renovación presidencial de 2020, si no ganó adeptos al menos logró publicitar su imagen como ningún otro golpe publicitario lo había hecho hasta ahora.
El audio de la trifulca fue tomado de una charla de Mark Zuckerberg con empleados de la empresa en la que el fundador de esa red social se refirió en términos amenazantes a una pregunta sobre riesgos para FB ante la posibilidad de que Warren llegara a la Casa Blanca.
La legisladora, enrolada en el ala izquierda del Partido Demócrata, representa al estado de Massachusetts y a los 70 años tiene un largo historial como luchadora por los derechos de las minorías y de los consumidores, por lo que los sectores más conservadores de la dirigencia estadounidense la consideran como “populista de izquierda”. Una especie de Bernie Sanders con polleras.
Es una de las aspirantes, junto con su colega Sanders, para competir en las presidenciales del año que viene contra Donald Trump, que ya anunció que piensa en la reelección y casi seguramente no encontrará oposición dentro de los republicanos.
Precisamente en su rol de defensora de los consumidores y de la sana competencia, había dicho que en caso de resultar elegida como la primera mujer en llegar al Salón Oval -como mandataria- impulsaría leyes para “evitar que esta generación de grandes compañías tecnológicas use su poder político para moldear las reglas a su favor y emplee su poder económico para eliminar o comprar a todos los competidores potenciales”.
(Foto: AFP)(Foto: AFP)
El antecedente que tiene en mente es el proceso antimonopólico contra la Standard Opil Compañy, la mayor petrolera del país, que en 1911 fue desmembrada por orden de la Corte Suprema, que entendió que violaba los términos de la Ley Sherman Antitrust, de 1890. El holding se dividió en 34 empresas independientes, una de ellas la Standard Oil de Nueva Jersey, luego Esso y finalmente Exxon; otra fue la Standard Oil Company de Nueva York, que se transformaría en Mobil.
De allí la respuesta de Zuckerberg. «Si Warren sale elegida presidenta, apostaría a que tendremos una batalla legal y apostaría a que la ganaremos. ¿Eso sigue siendo malo para nosotros? Sí, no quiero tener que poner una gran demanda a nuestro propio gobierno. Pero si alguien te amenaza con algo tan existencial, solamente se subes al ring y peleas», transcribe la revista tecnológica The Verge.
Resulta dificil de creer que a Zuckerberg se le haya escapado la grabación, y mucho más que no se trató de una puesta en escena para deslizar una amenaza sobre cualquier candidato que piense en algo parecido a un control sobre un monopolio.
(Foto: AFP)
Los casos más recientes de aplicación de la Ley Sherman Antitrust datan de 1982, cuando la telefónica American Telephone & Telegraph AT&T, heredera de la Bell Telephone original, en 2000 fue desmembrada en siete empresas, entre ellas la Bellsouth, que llegó a pugnar por una parte de la estatal argentina Entel sin éxito, y la Bell Atlantic.
El otro caso fue el de Microsoft, llevada a los tribunales por sus competidores en el año 1999 a raíz de la utilización monopólica de un sistema operativo y un buscador en sus computadoras de mesa. El juez Thomas Penfield Jackson concluyó que la empresa de Bill Gates diseñanaba un modelo de negocios de “cebo y anzuelo” del que los usuarios normalmente no podían escapar, eliminando toda posible competencia.
El 3 de abril de ese año dictaminó que Microsoft debía dividirse en dos empresas independientes, una dedicada a crear el sistema operativo y la otra a los diferentes programas. Pero a la llegada de George W. Bush al poder, el clima de negocios cambió y en noviembre de 2001 el Departamento de Justicia laudó a favor del gigante con el simple expediente de obligarlo a compartir la interfaz de programación de aplicaciones. Y santo remedio.
La publicación de The Verge despertó un vendaval de críticas contra el polémico Zuckerberg, que ya conoce el manejo de los tribunales por haber tenido que defenderse en un proceso por la propiedad de las acciones de la empresa con el judicialmente reconocido como cofundador de Facebook, el brasileño Eduardo Saverin, quien denunció que le había birlado una fortuna con un traspaso de documentos de propiedad.
Zuckerberg, que ahora tiene 35 años, no se amilanó. «La trascripción de una de mis preguntas y respuestas hace unos meses se acaba de publicar online, y aunque estaba destinada a ser interna en lugar de pública, ahora que está disponible, pueden consultarla si están interesados en ver una versión sin filtro de lo que estoy pensando sobre temas como la responsabilidad social, la ruptura de las compañías tecnológicas, las interfaces de computación neuronal», dijo.
Zuckerberg también es fuertemente cuestionado por denuncias de que a través de esa plataforma se espiaron los perfiles de millones de usuarios para manipular elecciones a traves de la consultora británica Cambridge Analytica y para otros usos no menos oscuros por agencias de vigilancia estadounidenses.
Warren, en tanto, va desplegando los ejes de su campaña la presidencia en uan red del pajarito. Allí sostiene la necesidad de terminar con el sistema de prisiones privadas, un negocio sobre la libertad de millones de ciudadanos. Y le respondió al dueño de FB en un tuit.
«Tenemos que arreglar un sistema corrupto que permite que compañías gigantes como Facebook se involucren en prácticas anticompetitivas ilegales, pisoteen los derechos de privacidad del consumidor y pierdan en repetidas ocasiones su responsabilidad de proteger nuestra democracia. #BreakUpBigTech», anotó. Y linkeó al artículo en cuestión.
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