A 27 días de una nueva ronda electoral -la tercera de este año-, el Tribunal Supremo de Madrid condenó a nueve líderes independentistas catalanes a penas de entre 9 y 13 años de prisión por el intento de crear una república separada del reino de España en octubre de 2017.
El dictamen golpea en medio de la campaña electoral y tendrá un impacto indudable en la votación en la que el actual jefe de gobierno, Pedro Sánchez, espera revalidar su título y consolidar un liderazgo de centro izquierda que estuvo intentando dirigir en coalición con Unidas Podemos, pero sin éxito. Hubo dos hechos que impidieron esa alianza: uno fue la aspiración de los seguidores de Pablo Iglesias de ministerios clave en el gabinete. El otro fue la divergencia sobre qué hacer para resolver la crisis catalana.
Este fallo de la corte va en consonancia con la posición de Sánchez, que de ninguna manera aceptaba un referéndum independentista y negociar cualquier tipo de acuerdo que implicara mayores autonomías para la rica región del noreste español.
La pena más grave que estableció el tribunal se descargó sobre Oriol Junqueras, el exvicepresidente catalán, sentenciado a 13 años. La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, recibió una pena de 11 años y medio de cárcel, los extitulares de las asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, al igual que cinco antiguos ministros regionales, 9 años cada uno.
“100 años de prisión en total. Una barbaridad. Ahora más que nunca, a vuestro lado y al de vuestras familias. Toca reaccionar, como nunca», dijo desde Bélgica el expresidente catalán Carles Puigdemont, que se refugió en Bruselas para no quedar detenido cuando el caso llegó a los estrados judiciales, durante la gestión del conservador Mariano Rajoy.
La declaración de independencia y creación de la república, del 27 de octubre de 2017, fue consecuencia del referéndum del 1 de octubre, una consulta rechazada por el gobierno del PP, que reprimió duramente la votación y sometió a la región al artículo 155 de la constitución. Una suerte de intervención del estado español que terminó con la autonomía y ordenó procesar a los “insurrectos”.
Rajoy perdió el cargo en junio del año pasado luego del rechazo del parlamento a una moción de censura. Una arremetida del partido liderado por Iglesias y del PSOE que ya estaba bajo la batuta de Sánchez, ungió al socialista a la primera magistratura con el objetivo de formar un gobierno de izquierda y en contra de la fuerte dosis de neoliberalismo impuesta desde 2008 por el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y profundizada por el derechista Rajoy.
Eso en la práctica iba contra el camino seguido por el PSOE. Fracasó porque para voltear a Rajoy se necesitaron votos de bloques nacionalistas como el vasco y el catalán. En febrero pasado, esos bloques impidieron aprobar el presupuesto, que contenía las medidas más “socialistas” desde el regreso de la democracia a España.
Sánchez llamó a elecciones para el 28 de abril. Pero el nuevo congreso no le dio posibilidades de gobernar en soledad y tampoco de armar un frente de izquierda con Unidas Podemos. Se necesitaba el voto clave de las bancadas de ERC (Izquierda Republicana de Catalunya) para completar el tablero. Las primeras diferencias entre Iglesias y Sánchez se manifestaron públicamente entonces, cuando el presidente del gobierno dijo que no confiaba en un vicepresidente (como se postulaba el fundador de Podemos) que tuviera una visión diametralmente opuesta sobre el tema catalán.
Ahora, Sánchez dijo que «una vez conocida la sentencia, quiero manifestar el respeto y el acatamiento. Pone fin a un proceso judicial con garantías y transparente». Y agregó: «aplicaremos la legalidad y responderemos con prudencia, serenidad y unidad. Esperamos contar con la cooperación leal de las fuerzas comprometidas con la Constitución».
Al menos, la sentencia le despeja el camino para mantener la política de apoyo del PSOE a la intervención de Rajoy sin tomar personalmente una decisión tan comprometida.
El actual presidente de la Generalitat, Quim Torrá, no piensa lo mismo y adelantó que «el Gobierno catalán y yo mismo rechazamos esta sentencia como injusta y antidemocrática» y consideró que «la sentencia que se ha dictado es extensiva a millones de catalanes».
El malestar en la rica región, poblada por 7,5 millones de ciudadanos y la más próspera de España, se comenzó a sentir en las calles. Incluso el club Barcelona emitió un comunicado en que expresa «todo su apoyo y solidaridad a las familias de los que son privados de libertad” y «pide a todos los responsables políticos que lideren un proceso de diálogo y negociación para resolver este conflicto.
«La resolución del conflicto que vive Cataluña pasa, exclusivamente, por el diálogo político», dice la poderosa institución deportiva en la que brilla el argentino Lionel Messi.
El presidente turco anunció el inicio de su ofensiva en el norte de Siria con todas las previsiones de un tema delicado para la estabilidad del Medio Oriente. Dijo que el ataque se produjo luego de informar detalladamente a los mandatarios de Estados Unidos y Rusia. Eso no impidió el rechazo generalizado de los líderes europeos, que de pronto vieron reducida su influencia en la región a casi cero.
«Las bases y los puestos de observación de nuestros Aliados en el área de la operación no serán objetivos. Los canales de comunicación militar para impedir conflictos permanecerán abiertos y en funcionamiento. Tomamos medidas inmediatas para informar a la comunidad internacional sobre los antecedentes, las bases legales y los objetivos de esta operación», dice un comunicado oficial del gobierno de Recep Tayyip Erdogan.
Trump, a su turno, señaló que tras el retiro de tropas, no hay soldados estadounidenses en el área bajo ataque de los turcos en Siria y se jactó de que habían cumplido con la tarea de derrotar al Califato de ISIS, algo que no es tan así ya que en el campo de batalla estuvieron también rusos y sirios.
«Ahora los turcos están atacando a los kurdos, contra quienes pelearon por 200 años», agregó. Y ante las primeras críticas por semejante pasividad, consideró que Estados Unidos tiene tres caminos por seguir: «Enviar miles de tropas y ganar militarmente, golpear a Turquía muy duro financieramente y con sanciones, ¡o mediar en un acuerdo entre Turquía y los kurdos!».
No parece que el tema se soluciones con el voluntarismo de un mediador. Por lo pronto, la dirigencia de la Unión Europea no acepta dejar las manos libres a Erdogan para que rediseñe la región. Y el presidente turco no se quedó atrás. «Si intentan presentar nuestra operación como una invasión, abriremos las puertas y les enviaremos 3,6 millones de migrantes», se descargó.
Para Trump, Turquía es un miembro de la OTAN, algo que pretenden ignorar en Bruselas, y por lo tanto no se trata sólo de amenazar con sanciones, como le piden adentro y afuera. «Estoy tratando de poner fin a las guerras sin fin. Hablando a ambos lados. Algunos quieren que enviemos decenas de miles de soldados al área y comenzar una nueva guerra de nuevo». Algo que no quiere hacer.
De todas maneras, su flamante asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien, declaró haberle dejado en claro a Erdogan «desde el principio que la invasión de Siria fue una mala idea. No respaldamos la operación militar. No estamos involucrados en la operación militar».
La ofensiva contra las milicias kurdas provocó ya un éxodo de al menos 100 mil civiles y una cifra no precisada de muertos. La preocupación de los dirigentes europeos es que sea al inicio de una nueva oleada de inmigración forzada de un pueblo que ahora se siente traicionado por EE UU.
Donald Trump se defiende como gato entre la leña ante la amenaza de ser destituido por un juicio político y, como parte de su estrategia, no duda en revelar el trasfondo real de esta embestida para expulsarlo de la Casa Blanca. «Ir a la guerra en Medio Oriente fue la peor decisión que se ha tomado en la historia de nuestro país», señaló en una cadena de tuits, su medio de comunicación predilecto y al que recurrió de un modo compulsivo por estos días. «Fuimos a la guerra –en Irak en 2003– bajo la premisa falsa ahora refutada de armas de destrucción masiva», agregó, luego de detallar que el costo de «estar vigilando» en esa región fue de ocho trillones de dólares.
Sólo militantes o intelectuales de izquierda se atreven en Estados Unidos a plantear esa posición sobre la invasión estadounidense luego de los atentados a las Torres Gemelas, el 11S de 2001. Y la primera consecuencia ahora fue el retiro de tropas y un acuerdo con el gobierno de Recep Tayyip Erdogan que permitió la ocupación turca del norte de Siria con el objetivo de terminar con los últimos focos de terrorismo de Estado Islámico. De paso, Erdogan aprovechó para atacar a pobladores kurdos asentados en esa región y que contaban hasta ahora con protección estadounidense (ver aparte).
Mediante la costumbre de incomodar a la audiencia, desde que llegó al gobierno Trump usó la red social para mantener un diálogo descarnado con el público. Muchos tuits mostraron su talante xenófobo y misógino. Pero otros muestran el revés de la trama que se cocina en el Capitolio y exponen el verdadero rostro de una nación empeñada en extender su imperio a cualquier precio. Y sobre todo, arrincona al aparato industrial-militar sobre el que ya advertía Dwight Eisenhower en 1959, antes de dejar el gobierno a John Kennedy.
Desde este lugar, se comprende también que el impeachment no trata solamente sobre una amenaza de Trump al presidente Volodimir Zelenski para que la Justicia de Ucrania investigue maniobras económicas del hijo del ex vicepresidente Joe Biden, precandidato demócrata a la presidencia en 2020.
Una conversación telefónica del 25 de julio pasado entre Trump y Zelenski dio los motivos que demócratas y el establishment mediático necesitaban para sostener un deseo que tienen desde que sorpresivamente el empresario inmobiliario se convirtió en primer mandatario, en noviembre de 2016.
En esa charla, el estadounidense le pedía que tomara en cuenta la investigación que dejó pendiente el fiscal Yuri Lutsenko, quien fue expulsado presuntamente por presiones de los demócratas. Hunter Biden, el hijo del precandidato, ocupó un cargo directivo en una petrolera ucraniana luego del golpe contra Viktor Yanukovich, en 2014.
Acusado de haber recibido apoyo ruso para llegar al poder, Trump pretende un giro en la política exterior estadounidense que va en contra del llamado Estado Profundo, el aparato burocrático que guía a EE UU más allá de quien tenga la firma como presidente.
Al retirar tropas de Medio Oriente, Trump cumple con una promesa de campaña… de Barack Obama en 2008 y por la que recibió el Premio Nobel de la Paz hace justo diez años.
Pero ahora tanto demócratas como muchos legisladores de su propio partido, quieren frenar a Trump antes de que su giro en política exterior sea irreversible. Bastante golpeados quedaron luego de su acercamiento al líder norcoreano, uno de los enemigos acérrimos del Departamento de Defensa por décadas, entre otras «impertinencias».
La denuncia por aquella llamada telefónica del 25 de julio fue presentada por un agente de la CIA, a la que ahora se agregó la presentación de otro miembro de los servicios de inteligencia. Ambos estamentos son parte fundamental del Estado Profundo.
«No creo que sea un denunciante en absoluto. Creo que esta es una fuente anónima para el personal demócrata en la Cámara de Representantes –tuiteó Trump el miércoles–. Esto es un insulto para los verdaderos denunciantes. Los denunciantes de irregularidades continúan con sus vidas dadas vuelta», completó, arrobando a John Kiriakou, un exagente de la CIA condenado a 30 meses de prisión en 2013 por pasar información a un periodista.
La palabra para denunciante es «whistlerblower», literalmente, soplón. En esa misma condición están Julian Assange, preso en Gran Bretaña por filtrar documentos secretos estadounidenses, y Edward Snowden, exagente de la agencia NSA exiliado en Rusia tras revelar la forma en que las agencias de EE UU espían ilegalmente en todo el mundo. De un modo insólito, los mismos dirigentes políticos que se rasgaban las vestiduras contra WikiLeaks, que habría beneficiado a Trump en 2016, ahora le dan entidad a presentaciones contra el mandatario.
Mientras tanto, Eric, el tercer hijo de Donald Trump, también usó Twitter para castigar a Biden Jr. «Los miembros de la junta de Exxon Mobil (una de las compañías de energía más grandes y prestigiosas del mundo) ganan U$S 330 mil al año. A Hunter Biden, sin conocimiento de la industria ni obligaciones, se le pagaban U$S 600 mil anualmente».
Según publica el periodista Rob Crilly en Washington Examiner, al menos uno de los «soplones» trabajó junto a Biden cuando era vicepresidente de Obama. « Las farmacéuticas, otro enemigo del presidente Días antes de esa conversación con el presidente ucraniano, Donald Trump presentó un plan para facilitar la importación de medicamentos de Canadá, una forma de presionar a la industria farmacéutica para que bajen los exorbitantes precios de los remedios en Estados Unidos. Al mismo tiempo, firmó una ley que permite acelerar la autorización para genéricos. La industria farmacéutica es tan influyente en la financiación de la política como la militar. Y los precios, para el paciente, son astronómicos. Un tuit del Consejo de Asesores Económicos del presidente dice este jueves que los medicamentos bajaron un 2,3% por el aumento de aprobaciones de genéricos. Este organismo de asesores presidenciales presentó ese día un informe de 27 carillas donde detalla la “inflación de la prescripción de drogas” y cómo la utilización creciente de genéricos y de la competencia de laboratorios de otro país impacta para la baja de los remedios. Las farmacéuticas, otro enemigo del presidente Días antes de esa conversación con el presidente ucraniano, Donald Trump presentó un plan para facilitar la importación de medicamentos de Canadá, una forma de presionar a la industria farmacéutica para que bajen los exorbitantes precios de los remedios en Estados Unidos. Al mismo tiempo, firmó una ley que permite acelerar la autorización para genéricos. La industria farmacéutica es tan influyente en la financiación de la política como la militar. Y los precios, para el paciente, son astronómicos. Un tuit del Consejo de Asesores Económicos del presidente dice este jueves que los medicamentos bajaron un 2,3% por el aumento de aprobaciones de genéricos. Este organismo de asesores presidenciales presentó ese día un informe de 27 carillas donde detalla la “inflación de la prescripción de drogas” y cómo la utilización creciente de genéricos y de la competencia de laboratorios de otro país impacta para la baja de los remedios.
Un hombre murió este domingo en Azuay, una provincia al sur de ecuador, en el marco de las manifestaciones que se producen en todo el país contra el paquetazo de ajustes lanzado por el gobierno de Lenin Moreno como parte de sus acuerdos con el FMI. Las protestas ya produjeron al menos 14 heridos y 477 detenidos luego de que Moreno, que llegó a la presidencia como representante del partido de Rafael Correa pero luego dio un giro de 180 grados en todos los órdenes contra el proyecto progresista, dictó el viernes el estado de excepción, una suspensión de derechos y garantías constituciones que en estas tierras se conoce como estado de sitio. Como contrapartida, las comunidades originarias nucleadas en la mayoritaria Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) también declararon un «estado de excepción en todos los territorios indígenas», lo que implica que «militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a la justicia indígena (reconocida por la Constitución)».
La primera consecuencia de esta réplica fue la detención este sábado de 50 uniformados en la comunidad Nizag, provincia de Chimborazo (centro-sur). La primera reacción del gobierno fue desconocer esa información, pero luego la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró se mantienen negociaciones para su liberación.
En cuanto a la víctima fatal, la funcionaria declaró que no hubo «ni una sola persona muerta como resultado de los enfrentamientos”. El subterfugio que utilizó fue decir que “hubo una persona que perdió su vida en el arrollamiento en la zona de Molleturo, pero no fue resultado de un enfrentamiento con la fuerza pública». Si no hubiera habido protestas ni represión policial esa persona seguiría con vida. Se trataría de un hombre de unos 35 años atropellado por un vehíoculo que intentaba evadir el bloqueo de la ruta.
La comunidad de Nizag había retenido a tres policías, 38 soldados y nueve oficiales del ejército, entre ellos el comandante de la Zona 6 de la Policía, Fernando Torres. La gobernadora de la provincia de Chimborazo, Luisa Loza, y la directora de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, intentaban llegar a acuerdos con los líderes comunitarios para lograr la liberación. “Esto no está bien, no es aceptable y no es cierto que esto sea una manera legítima de manifestarse, están cometiendo una grave falta», se quejó la ministra. El 1 de octubre el presidente Moreno anunció la eliminación del subsidio de 1.300 millones de dólares a los precios del gas oil y la nafta y una serie de recortes presupuestarios que llegan hasta una baja del 20 por ciento en los salarios de los estatales, lo que despertó la ira popular.
A medida que avanzaron los días y al clima de protesta no cesa, el mandatario convocó a las fuerzas armadas, que desplegaron sus tanques por las principales ciudades y dictó el estado de sitio, aunque al mismo tiempo convocó al diálogo con las poblaciones indígenas, que incluso en otros tiempos se llegaron a plantar ante Rafael Correa por sus proyectos de explotación petrolera y minera.»Estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. ¡Dialoguemos! sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados», dijo Moreno este domingo en cadena nacional.
El viernes el mandatario fue a Guayaquil en lo que muchos interpretaron una huida ante la posibilidad de que las manifestaciones lleguen hasta la sede del gobierno, en Quito. Esos mismos críticos ahora se preguntaban si Moreno había regresado a la capital ya que su imagen en cadena no permitía saber desde dónde se había filmado el mensaje.
Poblaciones indígenas de al menos seis provincias, especialmente de la Sierra, bloquearon carreteras para manifestar su rechazo a los ajustes de Moreno dictados por el FMI, que febrero pasado otorgó un préstamo de 4200 millones de dólares, lo que junto con otros fondos del Banco Mundial y el BID suman 10200 millones de dólares condicionados a una serie de ajustes brutales para los habitantes de esa nación.Las comunidades originarias se dirigían en forma masiva hacia Quito para una huelga general decretada por sindicatos y agrupaciones sociales. El líder de la Conaie, Jaime Vargas, descartó toda posibilidad de diálogo con el gobierno. “Aquí no estamos para negociar a espaldas del pueblo. El pueblo se ha levantado y eso es lo que se va respetar”, afirmó.Las comunidades originarias se dirigían en forma masiva hacia Quito para una huelga general decretada por sindicatos y agrupaciones sociales. El líder de la Conaie, Jaime Vargas, descartó toda posibilidad de diálogo con el gobierno. “Aquí no estamos para negociar a espaldas del pueblo. El pueblo se ha levantado y eso es lo que se va respetar”, afirmó.
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