Emmanuel Macron tuvo que ceder y anunció la suspensión durante seis meses del aumento de impuesto a los combustibles. Podría decirse que el presidente francés no pudo contra los «chalecos amarillos» a pesar de aplicar una brutal represión y que los manifestantes lograron un triunfo al menos parcial. Mientras tanto habrá febriles negociaciones, algo que le faltó al mandatario desde mediados de noviembre, cuando la protesta fue creciendo desde el interior del país y se limitó a doblar la puesta cada vez.
El argumento para el incremento en el tributo es el impulso al uso de energía renovables en lugar de combustibles fósiles. Peor en el bolsillo de los franceses de menos recursos, es casi una afrenta ya que paralelamente el gobierno bajó impuestos a los más ricos (ver aca). El sábado pasado, mientras el mandatario galo se subía al avión que lo llevaba de la cumbre del G-20 en Buenos Aires, Paris se incendiaba.
El lunes se sumaron a la protesta estudiantes secundarios y paramédicos, revelando que el problema no es solo con un grupo de campesinos pobres indignados porque les suben el precio de la nafta. La represión ordenada por el gobierno no hizo sino elevar el resquemor contra las autoridades, sobre todo ante las imágenes de la feroz golpiza a un manifestante que huía en solitario por la Rue de Berri, a unas pocas cuadras del Arco de Triunfo y fue atacado por siete policías antidisturbios fuertemente pertrechados.
Muestras similares de crudeza contra el reclamo se podían ver en las redes sociales. Incluso en escuelas secundarias se veía cómo lanzaban granadas de gas lacrimógeno contra los estudiantes, secundarios que no aceptan las reformas a la enseñanza que impulsa el gobierno. En Marsella, una mujer de 80 años murió luego de ser herida cuando una de esas granadas ingresó por la ventana de su casa.
En otros distritos galos, como en Pau, en los Pirineos, varios policías y gendarmes se quitaron los cascos frente a los chalecos amarillos que cantaban el himno francés. Al diario Le Monde, en riguroso anonimato, los uniformados dijeron cosas como que «lo que está sucediendo es el resultado de años de fragmentación de la sociedad francesa. Por ahora, la respuesta está al lado de la placa (policial)», se lamenta uno. «Estoy muy preocupado porque el poder está en una burbuja tecnocrática. Están separados de Francia por personas valientes que no pueden llegar a fin de mes», destaca otro.
Yves Lefebvre, del sindicato de la policía de Unité SGP, si habló públicamente, y en un reportaje con la radio France Info consideró que las fuerzas de seguridad enfrentaron los peores disturbios en la capital francesa desde 1968. Pero también alertó: «Los oficiales no quieren permanecer como el último baluarte contra la insurrección. No podemos soportarlo. Le pido al presidente que asuma sus responsabilidades».
Políticamente, el gobierno se fue quedando aislado a medida que la protesta fue ganando espacio en la sociedad. Es así que según las encuestas de la consultora Ifbop-Fiducial el índice de aceptación del presidente Macron es de apenas 23%, seis puntos menos que hace un mes. Hay que aclarar que es casi el porcentaje que obtuvo en la primera vuelta electoral. El mandatario «olvidó que el 52% de los que votaron por él en la primera ronda lo hizo por defecto, sin adherirse a su política», recordó el columnista Aurélien Soucheyre en el periódico L´Humanité.
El fin de semana se registraron más de 130 heridos en Paris y alrededor de 400 detenidos, y desde el 17 de noviembre, la primera marcha sobre Paris, hubo tres muertos. El reclamo pasó de rechazar el impuesto al combustible a pedir por «una justicia fiscal justa», como resaltó en su página de Facebook Thierry Paul Valette, uno de los que fungen como coordinadores de los chalecos amarillos. «Quieren justicia social»; resumió.
Además de los estudiantes, los choferes de ambulancias también salieron a las calles y las enfermeras armaron enormes hisopos bajo el lema: «Para que Macron se destape los oídos». El candidato de la izquierda «populista», Jean-Luc Mélenchon -quien en el comicio pasado quedó a un punto apenas de entrar al balotaje contra Macron- también reclamó que el gobierno escuche lo que se grita en las calles parisinas. «El gobierno debe ceder a los reclamos»; dijo.
A su regreso de Buenos Aires, el mandatario se reunió con su mesa chica y el primer ministro Edouard Philippe. «Ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la Nación», explicó el premier al anunciar la suspensión temporaria de la suba impositiva. «Hay que estar sordos» para «no escuchar la cólera» de los franceses, añadió, ahoora si.
Desde la otra vereda Benjamin Cauchy, uno de los representantes visibles de los chalecos amarillos, un movimiento que carece de líderes, declaró a AFP que «los franceses no quieren migajas». El ya conocido Vallette, en tanto, quien se alegra de que «los chalecos amarillos somos los patrones ahora», posteó que no piensan negociar nada. «Es solo una moratoria de seis meses. Esto es demasiado tarde e insuficiente».
Xi Jinping y Mauricio Macri se verán este mediodía en una bilateral que quedó un tanto empastada luego de que la vocera de Donald Trump metiera su púa tras la reunión del viernes a la mañana entre el presidente argentino y el mandatario estadounidense. Los temas sobre la mesa ya habían sido adelantados por el gobierno nacional y confirmados por la diplomacia del gigante asiático. Los convenios a firmarse dentro de lo que se denominó como Segundo Plan Quinquenal de Acción Conjunta pasan por inversiones, cooperación en ciencia, tecnología, turismo y seguridad.
No habrá avances en los proyectos para ampliación de la planta Nuclear Atucha III –cajoneado con la excusa de la crisis económica local hace un par de meses–, aunque desde Balcarce 50 informaron que se tratará la relación argentina con la Obor (las siglas en inglés para «Un cinturón, un camino», como se llama a la ruta de la Seda con que China viene apostando fuerte para el desarrollo del comercio con sus países amigos). Además, se hablará de la ampliación del swap otorgado para reforzar las reservas del Banco Central Argentino y de Vaca Muerta.
Para el embajador chino en Buenos Aires, Yang Wanming, el total de documentos a firmarse será cerca de 40. Nada hace prever que habrá cambios de última hora, a pesar del disgusto de los chinos tras aquella calificación de «depredadora» que según la jefa de Prensa de Trump habría sobrevolado la conversación mantenida en la Casa Rosada.
No suele ser con un portazo que los asiáticos muestran su irritación, de manera que por ahora seguramente todo transcurrirá entre sordinas diplomáticas pero, como dice la canción de León Gieco, «todo queda en la memoria» y habrá que ver cómo se corrige este desvío hacia futuro, en vista de que China es para la Argentina un socio comercial y estratégico ineludible, más allá de la voluntad política o las presiones de Washington para quitar esa competencia del medio.
Ni bien Macri asumió el gobierno, la construcción de las represas que el gobierno de Cristina Fernández había licitado para la provincia de Santa Cruz con financiación y socio chino, Gezhouba y contrapartida de Electroingeniería. Luego, el Gloriagate puso el foco en las constructoras nacionales y en la brasileña Odebrecht, acusadas de coimas para obtener licitaciones. El dueño de Electroingeniería, Gerardo Fereyra, de hecho está preso, aunque no es el único, se sabe.
Entre los documentos que el ministro de Economía Nicolás Dujovne firmó en el marco del G20 con su par estadounidense Steven Mnuchin figura uno de cooperación energética que abre las puertas a constructoras norteamericanas para participar en licitaciones. Para los malpensados, ese era el objetivo inicial de las denuncias contra empresarios argentinos: meter una pata en la obra pública. Como parte de los PPP, los planes público-privados, tras la vista de Trump se acordó la inversión de 250 millones de dólares de la estadounidense Astris. Desde el otro lado del mundo, la empresa China Construction American formó una UTE para construir la autovía Anguil-Santa Rosa de la Ruta 5.
En el encuentro de hoy –será la quinta vez que Xi y Macri están frente a frente– esas cuestiones no quedarán al margen de la charla que llevarán a cabo en la Quinta de Olivos. Tampoco los convenios firmados en marzo para la renovación de la línea San Martín y Belgrano de cargas con la asiática CRCC.
Era la final más esperada de este encuentro de líderes mundiales en Buenos Aires. Por el peso de sus economías y por el impacto que tiene una guerra comercial entre los dos jugadores más grandes en el resto del mundo, parecía que los demás jefes de estado eran teloneros en un escenario preparado para que se sacaran chispas o arreglaran un acuerdo que calmara las aguas. Finalmente, la cena entre Donald Trump y Xi Jinping termin{o con aplausos en un clima que dio para la foto familiar para el recuerdo. No es que hayan sellado la paz, pero se dieron espacio para una tregua.
Declaraciones desafiantes del estadounidense en la previa, la zancadilla al gobierno argentino esbozada en el comunicado de la prensa sobre lo conversado en la bilateral Trump-Macri más la información de que había muerto el ex presidente George Bush padre daban el entorno necesario para suspender el cónclave sin que sonara a un desaire de nadie.
Los chinos no mostraban demasiado interés a esa altura en que los mandatarios se encontraran y que por la contraparte norteamericana no había mucho para añadir a lo ya dicho hasta ese momento.
Trump, que unas pocas horas antes había firmado un nuevo acuerdo de libre comercio con México y Canadá podía exhibir un logro a su vuelta a Washington. Pero en el fondo, los dos tienen más que perder si al menos para las fotos no muestran una actitud civilizada.
«Vamos a llegar a algo que sea bueno para China y EEUU», dijo Trump antes de ingresar al salón donde se celebró la cena clave de este G-20. «La cooperación es la mejor opción para China y Estados Unidos», dijo Xi. Dos horas después, la cena había concluido y si bien no hubo comunicado oficial, la oficina de prensa estadounidense dijo que Xi le había dado las condolencias por Bush y que de su parte le pido solucionar “el problema del fentanyl”, un opiáceo usado en medicina pero que también tiene usos recreativos. “Criminalizarlo en China sería una gran cosa”, dijo Trump.
Xi, a su turno, insistió en que “solo con la cooperación entre nosotros podemos servir al interés de la paz mundial”. «Como dos países importantes con gran influencia, asumen responsabilidades importantes en la promoción de la paz y la prosperidad mundiales», dijo Xi, según la agencia oficial Xinhua, cuando aparecían las primeras fotos de la mesa en el Palacio Duhau., del Hotel Hyatt, donde se alojó Trump.
Todo un gesto el de Xi, aceptar el encuentro en «cancha visitante». La cena, regada con un malbec de Catena Zapata, fue en tono amable, destacan los testigos citados por un diario de Hong Kong.
Trump había anunciado en marzo pasado la suba de aranceles al acero y el aluminio que venían de China con una frase que tiene todo su estilo desafiante a través de un tuit, su medio de comunicación más utilizado, la red twitter : “Las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar».
La réplica no se hizo esperar y Beijing también anunció gravámenes por unos 60 mil millones de dólares sobre productos norteamericanos, entre ellos gas natural licuado, aeronaves, computadoras, químicos y vino.
En setiembre, hubo una nueva escalada, con la imposición de nuevos aranceles a unos 6000 artículos producidos en el país asiático, entre los cuales figura arroz, textiles, bolsos y papel higiénico. A lo largo del año lasd penalizaciones sumaron unos 20 mil millones de dólares.
Los dos líderes acordaron reunirse luego de mantener una conversación telefónica a principios del mes pasado. Pero a medida que se acercaba la fecha de este encuentro con Xi, fue doblando la apuesta. Con un pie en el avión que lo traería a Buenos Aires, dijo a los periodistas que intentaron obtener un título, «Creo que estamos muy cerca de hacer algo con China pero no sé si quiero hacerlo».
El 1 de enero próximo deberían entrar en vigencia nuevos aranceles a productos chinos por 200 mil millones anuales. China “debe abrirse a la competencia con los Estados Unidos”, insistía el martes pasado el inquilino de la Casa Blanca. Tras la cena con Xi, Trump partió hacia Washington para las ceremonias fúnebres por Bush. Xi permanece una noche más para ver a Macri.
Como ocurrió en los 90, Aerolíneas Argentinas (AA) es un caso testigo de la política de un gobierno respecto a los bienes públicos. En aquella época había un comunicador que logró imponer el latiguillo de que «doña Rosa» no tenía por qué pagar el déficit de los ferrocarriles. Quienes recordaron a aquel difusor mediático fueron el presidente Mauricio Macri y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en el marco de un nuevo paro de los trabajadores por el cumplimiento de la paritaria que habían firmado los directivos de la compañía estatal y contra la suspensión de 376 aeronáuticos por haber participado de una asamblea. Todo se inició cuando los empleados de AA y de Austral reclamaron la aplicación de la cláusula gatillo pactada y homologada por si la inflación se desbocaba. En los primeros días de noviembre, el presidente de AA, Luis Malvido, les anunció que no iban a acatar lo que habían firmado a principios de año. Los gremialistas aseguran que incluso los desafió a que tomaran las medidas que quisieran. Como en los 90, los medios hegemónicos tildaron a la primera medida de fuerza de «paro salvaje» y detallaron la cantidad de pasajeros que no habían podido volar. También destacaron declaraciones del primer mandatario y del titular de Transporte. «Todas las líneas aéreas que funcionan acá y en la mayoría del mundo no requieren que los ciudadanos de ese país pongamos plata todos los meses», dijo Macri, que desde que llegó al gobierno siempre viajó al exterior en aerolíneas extranjeras. «Es inaceptable que Aerolíneas siga recibiendo plata de los argentinos ya que necesitamos trabajar juntos en mayor productividad», repitió Dietrich. En los 90, Aerolíneas era rentable y sirvió para mostrar la voluntad privatista de Carlos Menem, pero fue un caso escandaloso, porque tras su paso a la estatal española Iberia terminó en manos de un empresario de esa nacionalidad luego procesado y detenido en la península por fraude, Gerardo Díaz Ferrán. Reestatizada por Cristina Fernández, la estrategia de Cambiemos fue abrir la competencia a empresas de low cost, entre ellas la colombiana Avianca, que compró MacAir a la familia Macri. La más famosa por los continuos incidentes, sin embargo, es Flybondi, cuyos propietarios tienen cercanía con el ex número 2 de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana. La política oficial parece apuntar no tanto a privatizar nuevamente AA como ir vaciándola para que se desvanezca lentamente, como lo indicaría el cierre de la ruta Buenos Aires-Barcelona y de las oficinas comerciales en Punta del Este. Los dirigentes sindicales Pablo Biró, de la Asociación de Pilotos de Aerolíneas (APLA); Edgardo Llano, del Personal Aeronáutico (APA); Ricardo Cirielli, de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA); Cristian Erhardt, de la Unión de Pilotos de Líneas Aéreas (UALA); y Rubén Fernández, de Unión Personal Superior Aeronáutico (UPSA), se preparan para una larga resistencia. El senador Pino Solanas detalló que AA y Austral cubren servicios en siete provincias donde no van las privadas. Pero abundó en lo que implica una inversión estatal. «Según un estudio de la Universidad de Oxford, por cada puesto de trabajo en Aerolíneas Argentinas se crean 2,7 puestos de trabajo indirectos, así como por cada peso de valor agregado generado por Aerolíneas se producen 2,94 pesos como resultado del impacto de la cadena de valor y de los gastos de sus empleados a nivel local», describió en una columna para Infobae.
Vender terrenos La perspectiva desde donde Cambiemos mira la gestión del Estado también es clara en la Ciudad de Buenos Aires. Desde que Macri fue elegido jefe de Gobierno, en 2007, se habló de su plan para vender los terrenos del Tiro Federal Argentino (TFA) y el Cenard. El 20 de noviembre se subastaron los terrenos del TFA de Libertador y Udaondo. Una firma de las familias Werthein y Sielecki, de buena llegada al oficialismo y socios controlantes de Transportadora de Gas del Sur se quedaron, por 152 millones de dólares, con el predio donde se podrán construir 150.000 metros cuadrados en torres de hasta 100 metros de altura. Según Reporte Inmobiliario, el costo de la construcción ronda los 825 dólares el metro cuadrado y el de venta de un inmueble terminado los 3.000 dólares, con lo que la ganancia privada en este caso puntual supera el 100%. En esa misma semana, la Legislatura porteña fue vallada en medio de un impresionante operativo de seguridad. Así, el oficialismo impuso su número para aprobar la creación de la Universidad Docente de la Ciudad (UniCABA), una decisión rechazada por la comunidad educativa de los 29 establecimientos de la ciudad. Además de estar en contra de una reforma a la enseñanza superior no consultada con los afectados y por el que temen perder presupuestos, la autonomía y la libertad de cátedra, también denuncian que el proyecto contempla un gran negocio inmobiliario, con la posibilidad de vender edificios históricos, como el Mariano Acosta o el Romero Brest. Estas políticas no podrían implementarse si no es con represión, como se advirtió desde el momento en que Cambiemos llegó al gobierno, y con un sistema judicial alineado. El embate judicial-mediático contra el juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, muestra la suerte que corren magistrados díscolos con las necesidades del gobierno. Carzoglio investiga una presunta asociación ilícita de Pablo Moyano con la barra brava de Independiente. Moyano, vicepresidente del club, es el líder del sindicato de Camioneros y junto con su padre se enfrentan a Macri dentro de la CGT y están articulando con los gremios de las dos CTA y bancarios un frente sindical para oponerse a las políticas macristas. El fiscal de esa causa, Sebastián Scalera, había pedido la detención de Moyano. El juez estimó que no había elementos suficientes, pero afirmó que desde La Plata recibió presiones del Procurador Julio Conte Grand y que personas de la Agencia Federal de Inteligencia le habían sugerido que el presidente de la Nación estaba interesado en ver a Moyano entre rejas. También denunció «carpetazos» a través de los medios sobre actuaciones suyas en otras causas. El 22 de noviembre se le abrió juicio político en el Senado provincial. El jurado de enjuiciamiento bonaerense había destituido en agosto a Luis Arias, el juez platense que había dictado resoluciones a favor de los trabajadores docentes y rechazado aumentos de tarifas de servicios públicos. Lo acusaron de prevaricato y abuso de autoridad. A Carzoglio lo imputan de mal desempeño por haber dictado una orden de allanamiento de 18 propiedades sin fecha, lo que derivó en la nulidad de los procedimientos y prisiones preventivas, y por haber resuelto beneficios a presos de expedientes de otros juzgados. El 25 de noviembre ordenó desalojar la planta de Siam, donde los trabajadores hacían un acampe en contra del despido de 20 compañeros. La Policía Bonaerense volvió a desplegar su violencia.
Revista Acción, primera quincena de Diciembre de 2018
Comentarios recientes