El presidente Emmanuel Macron intenta salvar la Quinta Republica, a justo 60 años de su instauración, pero las últimas medidas para calmar la protesta de los chalecos amarillos no parece que vaya a tranquilizar a un país que cuando se levanta, según dice la canción de Maurice Vidalín y Maurice Jarre que cantaba Mireille Mathieu y preanunciaba el Mayo francés, no hay vuelta atrás. «Cuando París entra en cólera/ cuando en París suena la alarma/ se oye en el confín de la tierra/ y el mundo tiembla».
Luego de un nuevo sábado de cruces violentos en la capital gala, con más de mil detenidos y la ciudad convertida en otro caos, este lunes el primer mandatario habló por no más de 13 minutos en cadena nacional para explicar las medidas con las que piensa reencausar su gobierno.
La semana anterior, ni bien regresó de la cumbre del G-20 en Buenos Aires, Macron había anunciado que el controvertido aumento en el impuesto al combustible fósil se demoraba por seis meses más para estudiar alternativas.
Este lunes, entre los puntos más destacados de su discurso figuró un aumento de 100 euros al salario mínimo aunque, fiel a su credo neoliberal, «sin costo alguno para el empleador». Por la dudas, y como una forma de equilibrar su primera decisión cuando llegó a la presidencia el 14 de mayo de 2017 -que fue disminuir impuestos a las más grandes empresas para que «generen empleo»- ahora exime de pagar un incremento impositivo a los jubilados que ganen menos de 2000 euros y retira el impuestos las las horas extras a partir de 2019.
Al mismo tiempo, en otro giro bastante conocido por estas latitudes, pidió a las empresas -eso si, a las «que puedan»- que den un bono de fin de año, que será libre de impuestos y cargas sociales.
Pero los anuncios no convencieron al grueso de los manifestantes que, bueno es recordar, carecen de líder y de una plataforma sobre la que plantar reclamos, aunque hay coincidencia en que pretenden recuperar beneficios del Estado de Bienestar que fueron limados escalonadamente en estos últimos 15 años.
Pero como también coinciden analistas y simples observadores, sin bien en las manifestaciones comenzaron a aparecer grupos de derecha vinculados al Frente Nacional de Marine Le Pen, no hubo consignas xenófobas ni racistas. Son, al decir del diputado chileno-francés Sergio Coronado en una entrevista con el programa de Nancy Pazos, «este movimiento tiene mucho de la historia revolucionaria francesa, hablan de igualdad, fraternidad». Y cantan La Marsellesa, emblema de los valores de aquella gesta de 1789.
Esa tradición revolucionaria que hace 170 años, en febrero de1848, protagonizó otro momento cumbre con una rebelión que se extendió por el resto de Europa en pocos meses, y que se inició al tiempo que Carlos Marx y Federico Engels publicaban el Manifiesto Comunista, dio origen a la Segunda República tras la caída de Luis Felipe I.
Como una tradición francesa también, en otro año terminado en 8, 1958, el líder conservador Charles De Gaulle, general y héroe de la Segunda Guerra Mundial, logra que se apruebe en referéndum una nueva constitución y el 4 de octubre entra en vigencia lo que se conoce como la Quinta República.
Diez años más tarde, en otras históricas jornadas, la Ciudad Luz fue el escenario del Mayo francés, que como dice la canción «Paris en cólera» (conocida en una versión en castellano como «Arde Paris») «Hay que ver volar los adoquines/cuando Paris entra en cólera/hay que ver los fusiles oxidados/guiñar el ojo en los ventanales/en las barricadas/que brotan en las calles». Para recuperar iniciativa, De Gaulle llamó a otro referéndum, pero esta vez perdió. Terminó renunciando en abril de 1969
Según las últimas encuestas de OpinionWay, una mayoría del 54% preferiría que los chalecos amarillos cesen la movilización, frente a un 45% que apoya la continuidad. Otro sondeo, en este caso de Odoxa, muestra resultados totalmente contrarios, según destaca un cable de la agencia AFP., con 54 % que banca la protesta y 46 que ahora dicen basta. En similares resultados se expresaron las encuestadoras sobre si el mensaje de Macron fue o no convincente.
En todo caso, al reclamo original -contra el aumento de un impuesto que en teoría era para fomentar el uso de energías alternativas y frenar la emisión de gases de efecto invernadero- ahora se le suma en descontento por políticas neoliberales que se fueron aplicando con gobiernos socialistas o conservadores desde hace casi dos décadas y que resultaron en menos impuestos para los que más tienen, más para los necesitados y a cambio, por irónico que suene, menos cobertura del Estado en educación, salud y seguridad. De allí que los estudiantes se sumaran a la manifestación y decretaran un paro en las Universidades y los liceos secundarios y exigen la renuncia del mandatario.
Los partidos de la izquierda a su modo también se suman al reclamo y anunciaron que presentarán una moción de censura contra el Gobierno. La movida tiene el respaldo de la Francia Insumisa (el partido de Jean-Luc Mélenchon, que por un poquito no fue a segunda vuelta en los comicios de abril de 2017 ) y del Partido Comunista.
A una semana de haber asumido su cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador va comprendiendo con qué bueyes habrá de lidiar en el sexenio de su gobierno para poder hacer la Cuarta Transformación que les prometió a los mexicanos.
Cuando todavía no se sacaba la banda tricolor, y aún disfrutaba del calor de la multitud que fue a la ceremonia en la plaza el Zócalo, le estaban avisando del asesinato de otro periodista, el décimo en lo que va del año. Lo que motivó que –ahora sí– el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, se acordara de reclamar por los crímenes contra trabajadores de prensa.
«La violencia contra los comunicadores es un atentado contra la sociedad, y contra el derecho de estar informados y acceder a la verdad», tuiteó Almagro sobre el homicidio de Alejandro Márquez Jiménez, director de Orión Informativo. Se le sumaron el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y Reporteros sin Fronteras.
Ese día también habían sido ejecutadas otras 31 personas. De allí que cuando un par de días más tarde AMLO anunció la creación de una Comisión de la Verdad por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, le señalaran que hay no menos de 30 mil desaparecidos en todo el país cuya suerte también merece ser investigada.
Entre las promesas-anuncios de AMLO estaba la de solucionar la controversia por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco. El proyecto comenzó a tomar forma en 2014 y fue muy cuestionado por razones ambientales, pero básicamente por la sospecha de un gran negociado detrás de una obra de más de 14 mil millones de dólares.
La propuesta del mandatario fue una consulta popular que se hizo en octubre pasado, cuando aún Enrique Peña Nieto era presidente. Con su lema de «mandar obedeciendo», AMLO ordenó cancelar la construcción y analizar alternativas ante la necesidad de contar lo antes posible con otra terminal aérea para la capital del país.
Ahora se le vienen demandas de los inversores que habían comprado bonos para financiar el NAIM. En principio, un grupo de bonistas que aseguran juntar a más del 50% de los tenedores rechazó una primera oferta de recompra que hizo el gobierno. Detrás de ellos está BlackRock, el megafondo de Larry Fink, viejo conocido de Argentina y que atesora también papeles de la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri.
El otro frente abierto es con los jueces. Para demostrar que otro gallo cantaba en México, AMLO quiso enviar señales de austeridad abriendo al público las puertas de la Residencia de Los Pinos, la lujosa mansión del Bosque de Chapultepec en la que vivieron hasta ahora los presidentes y que se dice que es 14 veces más grande que la Casa Blanca. Convertida en Centro Cultural, desde el jueves el director de cine Alfonso Cuarón proyecta gratuitamente el film Roma, ya que no se la pasan en los cines del país y todavía no tenía fecha de emisión por Netflix.
Otra medida que va por el mismo camino fue el anuncio de que se venderá el avión oficial, que vale más de 200 millones de dólares, y que el mandatario viajará en vuelos de línea. Y un recorte en los salarios de cerca de 1500 altos cargos en la Justicia mexicana, entre ellos ministros, jueces y magistrados de la Corte Suprema. En respuesta, los togados del Poder Judicial de la Federación (o sea, de la Nación) solicitaron amparos para evitar los ajustes. Sostienen que la propuesta del gobierno socava el orden constitucional porque en un país democrático hay separación de poderes.
En el plano financiero, la intención de López Obrador era regular las comisiones que cobran los bancos a sus clientes. En este caso, el argumento es que las entidades pagan menos del 8% de interés por un plazo fijo pero cobran comisiones que rondan el 100%. Unas semanas antes de asumir mantuvo reuniones con algunos de los banqueros más importantes, entre ellos Ana María Botín, la heredera del español Santander. Por ahora no hubo cambios en las reglas y la promesa parece haber sido que no los habrá en el corto plazo.
«Estamos como siempre más que bien dispuestos para trabajar con el nuevo gobierno y hacer que la banca sea un catalizador que ayude a que el país crezca más y el gobierno logre tener éxito. Por nosotros no va a quedar», declaró este jueves, circunspecto, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez. Un mes antes las acciones de los bancos habían caído casi un 6% en un día por lo que los medios interpretaban era a raíz de la amenaza que representa el líder centroizquierdista.
El presidente sabe que de aquí en más deberá soportar que lo intenten correr por izquierda los medios hegemónicos, como en el caso del periodista asesinado, o como sucede desde que envió una terna para que se elija un nuevo juez de la Corte. El presidente propuso a dos abogadas y a un expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México. Lo acusan de que los tres tienen vinculaciones con Morena, el partido de AMLO.
La política también se jugará mediante fake news, cosa de ir limando el amplísimo apoyo que logró en la ciudadanía. Algo de esto ocurrió estos días, cuando desde el diario O Estado de São Paulo y de Cubanet, un medio ligado a los cubano-estadounidenses de Miami, se informó que AMLO estaba negociando con el gobierno de la isla un plan como el Mais Médicos que se había puesto en marcha en Brasil y que se abortó tras el triunfo de Jair Bolsonaro. «Es una volada (mentira) de mis adversarios», se limitó a responder AMLO.
El 6 de diciembre de 1998 comenzó a gestarse una nueva Venezuela y con el tiempo se vio que también una nueva América Latina. Ese día, hace justo 20 años, un teniente coronel y comandante de Paracaidistas que había protagonizado una asonada militar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992 se alzó con el triunfo en elecciones democráticas por un abrumador 56,23% de votos. ASí lo recuerda el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, que está de gira por Rusia.
Desde que asumió su cargo, el 2 de febrero de 1999, Hugo Rafael Chávez Frías lideró un movimiento político que refundó la nación y al mismo tiempo dio impulso a una ola de integración regional. Lo adelantaba desde su primer discurso ante la legislatura. Extenso como todos los que dio a lo largo de su vida.
Coincidió con el fin de una década de neoliberalismo y alumbró una primavera democrática en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Paraguay. Su muerte, el 5 de marzo de 2013, en cierto modo también adelantó el quiebre de ese período. Sin embargo, su Revolución Bolivariana, resiste los embates de la derecha y de Estados Unidos, su principal enemigo, a pesar de las dificultades que atraviesa. Un aprueba de que no había sembrado en el mar, como muchas veces temió.
El país sobre el que escaló Chávez Frías era un páramo cruzado por una pobreza galopante y una no menos extendida corrupción, montado sobre las reservas petroleras más grandes del mundo. Hijo de sencillos maestros de escuela del llano venezolano, Hugo Chávez había nacido en Sabaneta, Barinas, el 28 de julio de 1954, y pronto decidió ingresar al Ejército.
Dicen sus historiadores, que por la poca expectativa que le dejaba la lucha política en un momento en que la dirigencia aceptaba sin discusión el Pacto del Puntofijo, un acuerdo firmado en 1958 para estabilizar al país tras el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Era un reparto del poder alternado que no dejaba espacio para la incursión de nuevos actores políticos pero, fundamentalmente, dejaba en la banquina a las grandes mayorías, que veían la fiesta detrás de los ventanales y solo estaban anotados a la hora de pagar los gastos.
La primera señal de que ese pacto estaba condenado a desaparecer se produjo en las trágicas jornadas que van del 27 de febrero al 8 de marzo de 1989, cuando el aumento en el precio del transporte fue la gota que rebasó el vaso a una política de ajuste neoliberal que venía desde hacía varios años y que Pérez incrementó luego de asumir un nuevo mandato, ese 2 de febrero. Fue un levantamiento popular que se dio en llamar Caracazo, que el gobierno decidió clausurar con una tremenda represión que dejó un saldo oficial de 276 muertos, aunque fuentes independientes hacen ascender esa cifra hasta los 3000.
La herida que dejó esta atrocidad quedó en la memoria popular y las consecuencias de la política económica generaron las condiciones para que Chávez fuera desarrollando sus ideas entre las filas militares a través de un grupo al que se llamó Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que había sido creado en ocasión de los dos siglos del natalicio de Simón Bolívar. El 4 de febrero de 1992 ya había una masa crítica favorable a esas ideas y eso fue suficiente como para intentar una sublevación, que fue abortada a las pocas horas.
Chávez se presentó ante las cámaras de tevé reconociendo la derrota de la asonada, pero planteó que el país debía «enrumbarse» hacia «un destino mejor» bajo los lineamientos del Libertador. Chávez estuvo dos años preso, mientras que el presidente aguantó hasta mayo de 1993, cuando tuvo que renunciar ante el descontento popular por la crisis económica. Rafael Caldera, sucesor de Pérez, indultó a Chávez en marzo de 1994.
Ahí comenzó la carrera pública del líder militar, al que muchos ya venían como un nuevo Perón. En la Habana, ese año dio un discurso ante Fidel Castro en el que ya mostraba qué tenía en la cabeza para su futuro.
Caminó todos los caminos venezolanos y habló con todo el mundo para explicar su plan de acción y se presentó en los comicios de 1998con una alianza integrada por el Movimiento Quinta República, el Movimiento al Socialismo, el Partido Comunista y Patria para Todos. Prometía cambiar las reglas de juego y elaborar una nueva Carta Magna. Al asumir, en un encendido discurso, juró por Dios, la Patria y «esta moribunda Constitución» de 1961. ya en el Palacio de Miraflores, llamó a referéndum , que ganó el 25 de abril de 1999 por 81%.
Desde el poder enfrentó a los grupos económicos más poderosos de su país y recibió la más fuerte oposición del gobierno estadounidense y de España, en ese momento en manos del PP con José María Aznar en el gobierno. En abril de 2002, Aznar y George W. Bush reconocieron de inmediato al golpe que por un par de días desalojó del poder a Chávez. Pero multitudes en las calles demostraron que ya había una base de sustentación para una nueva etapa en la Revolución Bolivariana.
Efectivamente, Chávez profundizó los cambios en PDVSA, la petrolera estatal, foco de resistencia a sus medidas distribucionistas. Y solidificó su apoyo dentro de los cuarteles, lo que consolidó su propuesta de Socialismo del siglo XXI. Pero también encontró nuevos aliados en la región tras la llegada de Néstor Kirchner, Lula de Silva a poder en Argentina y Brasil.
Los tres harían un tándem inédito en esta parte del mundo que permitió y fomentó los triunfos del Frente Amplio en Uruguay, de Evo Morales en Bolivia, Fernando Lugo en Paraguay y Rafael Correa en Ecuador.
A propuesta de Chávez nacieron el ALBA, una organización de países americanos y del Caribe, y la CELAC, una OEA sin Estados Unidos ni Canadá. Creció la UNASUR y a la vez pidió entrar en Mercosur. El NO al ALCA en Mar del Plata fue quizás la coronación simbólica de todo este proceso, en noviembre de 2005.
Chávez fue clave para sentar a negociar a las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos para la firma de un acuerdo de paz que pusiera fin a medio siglo de conflicto armado. Una muestra del carácter pacífico de su revolución, que se plasmó con la declaración de América Latina como zona de paz que hizo la CELAC en mayo de 2015.
Ese fue otro de los legados de Chávez, que había muerto de un cáncer contra el que peleó por dos años.
Fue la única batalla que no pudo superar. Alcanzó a designar como sucesor a Nicolás Maduro.
ero su sucesor, aunque pudo ser reelecto, enfrenta una fenomenal crisis económica, azuzada por la derecha local y los poderes foráneos que ven a Venezuela como un símbolo al que deben destruir para que no vuelva a ser la cabeza de una nueva refundación.
Lenin Boltaire (sic) Moreno Garcés tuvo que apartar de su cargo a la vicepresidenta que él mismo había designado hace once meses, luego de sacarse de encima al que por fórmula presidencial había sido elegido en las urnas. En abril de 2017, Jorge Glas Espinel integró el dúo que Rafael Correa había armado para ser la continuidad de la Revolución Ciudadana que había comenzado con su llegada al Palacio Carondelet, en 2007, tiempos dorados de gobiernos progresistas latinoamericanos.
Pocos meses más tarde Glas fue involucrado en las investigaciones por coimas de la constructora brasileña Odebrecht y a casi cuatro meses de reasumir el cargo -había sido el último vice de Correa- Moreno lo exoneró del puesto. En su lugar fue designada, a «dedo legislativo», a María Alejandra Vicuña, una de sus aliadas extrapartidarias. Este miércoles, la mujer terminó renunciando luego de verse implicada en un escándalo por cobros indebidos de dinero.
Si el objetivo de Moreno al ungirse como presidente era desprestigiar la política, lo suyo no deja de ser un rotundo éxito: se puso de enemigo a quien lo nombró sucesor, Correa, que perseguido por un caso típico de lawfare y por ahora exiliado voluntario en Bélgica, la nación de origen de su esposa, se enfrentó con gran mayoría del partido que integraba; volvió a políticas neoliberales y acuerdos con los medios de comunicación oligárquicos; se puso en la vereda de enfrente del gobierno bolivariano de Venezuela; negocia autorizar una nueva base militar de Estados Unidos y además, está tratando de dejar al refugiado político Julian Assange a la buena de Dios. Lo que en el caso del hacker australiano implicaría que termine juzgado por violar una ley anti espionaje norteamericana de 1917 y, quién sabe, condenado a pena de muerte, por publicar documentos secretos en Wikileaks.
A poco de comenzar su mandato, en su momento considerado con una perspectiva favorable por el progresismo porque era el hombre de Correa, pronto se vio que el proyecto de Moreno estaba en las antípodas del hombre al que había acompañado como vicepresidente por cinco años.
De allí que ni bien la prensa hegemónica -ahora afines al oficialismo ya que Moreno reformó la ley de Medios de Correa- batieron el parche con la presunta injerencia de Glas en un hecho de corrupción con Odebrecht, Moreno lo echó, poniéndose el sayo de que no toleraría actos de corrupción en su gestión, a pesar de que el acusaado no había sido ni siquiera llamado a declarar.
El caso fue visto como una maniobra de quienes detrás del presidente en realidad esperan agazapados para tirarlo en la banquina. Esta sospecha de incrementó luego de la renuncia de Vicuña, a quien primero había suspendido en su cargo para «enfrentar las acusaciones». Si Moreno no satisface a los poderes que ahora lo sustentan podría él también terminar acusado, dejando el mandato en alguien que no fue elegido para el cargo por la ciudadanía. El puesto de Vicuña será para un personaje elegido dentro de una terna que Moreno enviará al Congreso. Por ahora sus funciones fueron tomadas por José Augusto Briones, secretario de Planificación y Desarrollo.
Vicuña fue denunciada por un antiguo colaborador suyo de cuando fue legisladora. El denunciante dice que ella la obligó a depositar en una cuenta bancaria una suma de dinero proporcional a lo que él cobraba. La primera reacción de la mujer fue pedir la suspensión del cargo hasta el 31 de diciembre para poder presentarse a declarar en la fiscalía que investiga el caso. Un día después- como el escándalo no amainaba- presentó directamente al renuncia para «dejarle las manos libres al presidente».
Correa, desde su residencia de Bruselas, argumentó que el caso Vicuña es para tapar una denuncia contra el propio Moreno, acusado de haber recibido el amoblamiento completo de la vivienda que ocupó en Ginebra entre 2013 y 2017, cuando volvió para ser candidato a la presidencia, de parte de la empresa Sinohydro, constructora de la represa Coca Codo Sinclair. «Pueblo ecuatoriano: alguien que traiciona, miente y reparte la Patria como lo ha hecho Moreno, necesariamente es un corrupto… Todo era cuestión de tiempo», dice Correa.
El exvicepresidente Glas, en tanto, fue detenido en octubre del año pasado pero como todavía está sin condena -él dice que no hay pruebas en su contra y que tiene cómo demostrar su inocencia- inició una huelga de hambre el 21 de octubre pasado. El Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel envió el lunes una carta el primer mandatario ecuatoriano en la que manifiesta su preocupación por la salud y la vida de Glas, «quien fuera trasladado desde el Centro de rehabilitación Social de Quito al de Cotopaxi (…) donde no contaría con las condiciones adecuadas para los tratamientos se salud y seguridad que requiere».
Por estos días también corre riesgo la salud de Julian Assange. El experto informático, creador del sitio Wikileaks y asilado en al embajada ecuatoriana en Londres desde 2012, se convirtió en un personaje incómodo para Moreno tras la voltereta que dio el ecuatoriano desde su presidencia.
El lunes el diario New York Times publicó una novedad que ya circulaba en sitios habitualmente bien informados sobre negociaciones de Paul Manafort con el gobierno de Moreno desde que Trump ganó las elecciones en EEUU. El consultor había sido jefe de campaña del republicano por cuatro meses hasta que sus negocios con Rusia lo pusieron en la mira de los medios afines al partido demócrata, por lo que tuvo que irse para no complicar las cosas.
Eso no impidió que siguiera haciendo negocios, ahora como «contacto» con Trump. Con ese perfil llegó a Quito en junio de 2017 y se presentó ante Moreno, ofreciendo inversiones de una empresa china. Según los trascendidos, el novel mandatario le dijo que quería arreglar con EEUU y que estaba dispuesto a poner en la mesa de negociaciones a Assange, a esta altura acusado de haber sido el que filtró los mails de Hillary Clinton que le habrían acercado espías rusos y que circularon en medio de la campaña electoral limando bastante la imagen de la candidata republicana. Una maraña en la que el mismo Trump aparece como implicado.
El caso es que en diciembre pasado, Ecuador le dio la ciudadanía a Assange que, de acuerdo a planes de los que no se sabe si él mismo estaba al tanto, sería enviado a Rusia como representante del gobierno de Quito. Pero los británicos bloquearon esa posibilidad. Y además Manafort terminó juzgado por fraude y lavado de dinero -básicamente por sus negocios con los rusos -y en agosto encontrado culpable. Un mes más tarde aceptó declarar como arrepentido ante el fiscal que investiga el Rusiagate para reducir su sentencia.
Lo increíble es cómo ese caso golpea incluso en las puertas del Palacio de Carondelet, la sede del gobierno ecuatoriano.
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