por Alberto López Girondo | Jun 24, 2017 | Sin categoría
Si algo se puede decir de Donald Trump es que está dispuesto a echar por tierra todos los convenios a los que Estados Unidos se comprometió durante los ocho años de Barack Obama en la Casa Blanca. Así, luego de patear el tablero con los acuerdos climáticos de París y amenazar con barrer el que se alcanzó con Irán y las grandes potencias por los proyectos nucleares del país asiático, ahora fue por Cuba. Lo prometió en campaña, lo venía adelantando y el viernes llegó a Miami a mediodía para, una hora más tarde, ante un Teatro Manuel Artime repleto de cubano-estadounidenses, entusiasmar a los más exaltados con un puñado de frases que, por lo menos, sonaron a retórica antigua.
«Estoy cancelando todo el acuerdo bilateral del último gobierno –dijo el polémico empresario–, estoy anunciando una nueva política, como prometí durante la campaña, y firmaré ese decreto en esa mesa en solo un momento.» Acto seguido estampó su rúbrica en una Orden Ejecutiva (Decreto de Necesidad y Urgencia) que endurece algunas políticas que se venían poniendo en marcha desde que el 17 de diciembre de 2014 Obama y el presidente cubano Raúl Castro sorprendieron al mundo dando a conocer el inicio de negociaciones para restablecer relaciones diplomáticas luego de más de medio siglo.
La Cancillería cubana se apuró a declarar que las nuevas medidas de endurecimiento del bloqueo están destinadas al fracaso. «Trump toma decisiones que favorecen a los intereses de una minoría extremista de origen cubano», destacó el comunicado oficial distribuido a última hora del viernes. A pesar de la condena, «el gobierno de Cuba reitera su voluntad de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación con EE UU.»
Alrededor de 1000 personas que asistieron al encuentro en Miami celebraron la osadía tan poco frecuente en EE UU de un presidente que anula de un modo tan manifiestamente brutal una medida de su antecesor. A Trump le gritaban «te quiero» y hasta se animaron a un «feliz cumpleaños». Y él saludaba con las manos en alto como un colegial, agradeciendo el homenaje a su 71º aniversario, que fue el miércoles.
Entre los presentes estaban el senador Marco Rubio, el representante Mario Díaz-Balart, algunos notorios activistas anticubanos y veteranos de la invasión de Bahía de Cochinos, en 1961. Artime, que da nombre al teatro donde habló Trump, fue uno de los líderes de aquella intentona.
El fracaso de ese intento de desplazar al gobierno revolucionario por la fuerza provocó una profunda decepción en los grupos más extremistas de los exiliados, que estarían detrás de una conspiración que terminó con el asesinato de John F. Kennedy en 1963, según la investigación del fiscal Jim Garrison.
Algunas de las frases que encendieron el éxtasis fueron del tipo de «no levantaremos las sanciones a Cuba hasta que todos los prisioneros políticos sean libres, todos los partidos políticos estén legalizados y se programen elecciones libres y supervisadas internacionalmente», o bravuconadas como «desafiamos a Cuba a que venga a la mesa con un nuevo acuerdo que sea más beneficioso tanto para su pueblo como para nuestro pueblo, como para los cubano-estadounidenses».
¿Qué cambia en la práctica luego de este anuncio? La Embajada de Estados Unidos en La Habana, reabierta el 20 de julio de 2015, permanecerá abierta. Serán más duras las condiciones para el viaje y el comercio con la isla, sobre todo cuando se trata de ciudadanos estadounidenses que quieran ir por su cuenta y no lo hagan como parte de una delegación, no así para quienes tengan parientes. Habrá, también, mayores regulaciones para los negocios con empresas de capital estatal o ligadas a las Fuerzas Armadas.
Pero los vuelos comerciales continuarán como se venían haciendo, Cuba permanecerá fuera de la lista de países que patrocinan el terrorismo y no se reinstalará la política de «pies secos, pies mojados» que facilitaba la permanencia de cubanos que se fueran de la isla a condición que ya hubieran logrado descender en suelo estadounidense.
Fuentes de la Cancillería cubana analizaban que el anuncio fue un gesto para los «gusanos» más recalcitrantes con poco sustento entre las generaciones más jóvenes. Incluso, deslizaron, «tampoco es que Obama había hecho tan bien los deberes, de hecho, el bloqueo no se ha levantado y eso sigue causando perjuicios enormes a la economía cubana que, entre otras cosas, no puede operar con moneda extranjera por las restricciones que aún mantienen los bancos internacionales».
Por otro lado, según los últimos sondeos, el 65% de la población de EE UU apoya el acercamiento que ensayó Obama y el reclamo por poner fin al bloqueo es casi unánime en cada asamblea de las Naciones Unidas en que se trate el asunto. Por otro lado, durante este año y medio de distensión se crearon oportunidades de negocios para miles de productores de Florida y de otros estados de la costa atlántica.
Es así que legisladores, empresarios, analistas políticos y económicos, y gurúes de todas los pelambres venían dando la voz de alarma cuando se supo de la intención del presidente. «Esto atenta contra otra promesa electoral, la que se representa mediante el slogan America First (Estados Unidos primero)», dijeron.
A las pruebas se remitieron: más de 250 mil estadounidenses visitaron la isla en los primeros cinco meses de este año, un 145% más que en igual período del año pasado. Todavía no están las cifras –van a aparecer en estos días– pero ya se sabe que es enorme el volumen de inversiones de empresas aéreas, marítimas y hoteleras que apostaron a las posibilidades que se abren para Cuba.
Hay en el trasfondo del anuncio de Trump, finalmente, una especulación que juega con los tiempos para quedar bien parado ante los pobladores de un distrito que fue clave para ganar la presidencia en 2015. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, murió en noviembre pasado y en febrero de 2018 el presidente Raúl Castro termina su mandato y con él la camada que inició este camino en 1959 pasa, como se dice, a «cuarteles de invierno».
Si bien hay una hoja de ruta que el gobierno cubano ya tiene establecida para ese momento, en pocos meses pase lo que pase, la administración estadounidense tendrá que vérselas con nuevas caras en La Habana. Tal vez a lo que apunta Trump es a marcar la cancha a los que vengan sin pagar un precio tan alto por el desafío.
Pero es bueno recordar que luego de más de medio siglo de medidas de toda índole contra el gobierno revolucionario, Obama terminó admitiendo que habían sido un fracaso y que había condenado a Estados Unidos a la aislación, más que a Cuba.
Tiempo Argentino
Junio 18 de 2017
por Alberto López Girondo | Jun 23, 2017 | Sin categoría
El 15 de junio de 2012 se produjo una matanza en los campos de Marina Kue, en el oriente del Paraguay. Una semana más tarde el Congreso destituyó al presidente constitucional.
Unos pocos minutos de un video que nunca fue incorporado en el juicio contra once campesinos por la masacre de Curuguaty, en Paraguay, podrían abonar nuevos argumentos para un último escalón dentro de la justicia de ese país que permita rever una condena por un hecho de consecuencias dramáticas para la región del que este jueves se cumplieron cinco años.
La masacre fue un caso resonante por la oscura trama de intereses económicos y políticos que esconde, pero sobre todo por el uso que se hizo de él. Fue la primera excusa para un juicio político exprés contra el presidente Fernando Lugo que en una semana lo dejó afuera del Palacio de los López y puso en su lugar el vicepresidente, Federico Franco.
Era el segundo caso de golpe parlamentario en América Latina en el gobierno de Barack Obama -el primero había sido en 2009 en Honduras- y fue el molde en que cuatro años después se montó el operativo que expulsó del Planalto a Dilma Rousseff, un laberinto del que aún no alcanza a salir el Brasil.
El 15 de junio de 2012 una noticia conmovió al corazón de América del Sur: en un choque en un intento de desalojo entre policías y campesinos que ocupaban un predio de unas 2000 hectáreas, en Curuguaty -una localidad del este paraguayo que fue la cuarta capital del país, durante la guerra de la Triple Alianza- habían sido abatidos seis agentes y once trabajadores rurales. De entrada el caso parecía oscuro y el avance de las horas lo vino a confirmar.
Lugo, un sacerdote tercermundista, había llegado al poder en 2008 mediante una alianza con el partido Liberal Radical Auténtico, de centro derecha, para poner fin a décadas de «coloradismo». El partido Colorado, la derecha más rancia, venía gobernando desde la Guerra Fría con el dictador Alfredo Stroessner y luego «heredó» el poder cuando Paraguay «recuperó la democracia», en 1989.
Fue, como la del PT y el PMDB en Brasil, una alianza endeble, como dormir con el enemigo a la espera de poder concretar un proyecto progresista. Pero de entrada los sectores de ese conservadorismo retrógrado, que nuca dejaron el poder real, comenzaron a conspirar y a limar la imagen del cura. Que primero resultó «carpeteado» con sus relaciones íntimas que le dieron al menos dos hijos que súbitamente aparecieron a la consideración pública cuando ya estaba en el gobierno.
El ataque fundamental contra Lugo no era el de la castidad, por supuesto, sino el que como obispo de San Pedro, donde había nacido, además, había conocido de cerca el drama de los campesinos en busca de tierra y el despojo al que terratenientes habían producido en ese país desde el fin de la guerra de la «triple infamia», en 1870. Y precisamente una de las promesas de Lugo había sido avanzar hacia una reforma agraria, entre otras propuestas de avanzada.
Como destaca Héctor Aquino, presidente de la Unión de Gremios de la Producción y uno de los más importantes productores sojeros, “Paraguay es el cuarto exportador de soja, por debajo de Estados Unidos, Brasil y Argentina, y el décimo exportador de carne vacuna. Esto es así porque desde hace 40 años se viene consolidando la economía agrícola de esta país y hubo una gran inversión de tecnología agrícola”.
En un país que produce alimentos para 60 millones de habitantes y pero que tan solo tiene 6,5 millones de habitantes, la tierra es un bien que puede alcanzar valores inimaginables. Por eso inversores y agricultores brasileños ocupan tierras limítrofes (se los llama «brasiguayos») y cerca de 100mil campesinos pobres de tienen reclamos que duermen confortablemente en algún cajón de escritorio de algún funcionario del área agrícola del gobierno.
Caso paradigmático
El campo de Marina Kue, como se conoce al que fue escenario de la Matanza de Curuguaty, es casi un ícono de esa situación. Se trata de 2000 hectáreas que fueron donadas en 1967 al estado nacional por la empresa La Industrial Paraguaya, un holding que había surgido de los restos del país que habían sabido construir José Gaspar de Francia y francisco Solano López.
Para los tiempos de la donación, gobernaba el general Stroessner, quien le otorgó el predio a la Marina. Hasta que en 1999 vuelven al estado sin que se hubiera labrado escritura de ese predio. Desde entonces, familias campesinas comenzaron trámites para que les adjudicaran lotes a través del Instituto Nacional del Desarrollo Social y la Tierra(Indert ).
En 2005, los reclamantes, que de hecho ocupaban los campos, reciben la notificación de que el juez de Curuguaty José Benítez había ordenado escriturar el antiguo Marina Kue a nombre de Campo Morombí SA, una firma del grupo Riquelme, que lo había reclamado mediante un juico de usucapión, esto es, que había acreditado el pago de impuestos durante más de 25 años.
Aquí parece haber metido la cola un ángel -que no el diablo-, ya que hubo un error de los abogados de la empresa y el titulo se inscribió con un número que correspondía a otra finca. Igualmente, Campos Morombí siempre consiguió que un juez amigo aceptara sus pedidos de desalojo.
El cabeza del grupo era en ese momento Blas N. Riquelme, quien falleció pocos meses mas tarde a los 83 años. Riquelme, un magnate con intereses en grandes empresas, incluso una cervecera, fue senador colorado y un figura de peso dentro de partido.
Viernes negro
Un informe elaborado por Antonio Guillermo García Danglades para Barómetro Internacional detalló que ese viernes 15 de junio de 2012, a las siete de la mañana, 11 campesinos y 6 policías «fueron asesinados durante un operativo de desalojo ejecutado por unas 324 fuerzas militares y policiales contra poco más de 50 hombres, mujeres y niños de familias campesinas que habían ocupado tierras del distrito de Curuguaty, reclamadas por la familia del terrateniente paraguayo Blas N. Riquelme, empresario y ex presidente del Partido Colorado». Y añade una explicación muy oportuna del periodista británico Benjamin Dangl, quien encuentra que el caso refleja «un conflicto por el acceso a la tierra, la cual representa el poder y el dinero para las elites, la supervivencia y la dignidad para los pobres, y ha estado en el centro de importantes batallas políticas y sociales en Paraguay durante décadas”, y que para entender ese conflicto, “hay que echar un vistazo a la historia de la guerra por los recursos naturales de Paraguay, por la tierra (…) y a la historia de la resistencia de una comunidad agrícola”.
Lugo, en este contexto, resultaba un escollo difícil de evitar si, como se veía, iba ganando espacio propio entre las clases populares y podría convertirse en un líder intolerable para el establishment paraguayo. Pero mucho más problemático resultaba justo en ese momento -en pleno auge del progresismo en Sudamérica- para los intereses del departamento de Estado, por entonces todavía en manos de Hillary Clinton.
Lugo enfrentó siendo presidente la friolera de 23 pedidos de juicio político, que no prosperaron por falta de oportunidad política. Aún así su gobierno avanzaba, y lo hacía paralelamente al fortalecimiento de los organismos regionales, ante la mirada atónita de una derecha que se atrincheró en el Congreso, desde cuyo Senado, por ejemplo, impidió que Venezuela ingresara a Mercosur bajo el argumento de que no era un país democrático y Hugo Chávez era izquierdista.
Lugo consiguió, aun en esas condiciones extremas, implementar un sistema de salud gratuito por primera vez en décadas y otorgó planes de jubilación para los más pobres. Pero debió enfrentar la realidad de que la reforma agraria se demoraba ante la urgencia de los campesinos sin tierra. Y al tiempo que el Indert iba definiendo qué propietarios andaban «flojos de papeles», surgió un misterioso grupo guerrillero que lo corría por izquierda, Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), flameado como una amenaza por los terratenientes amenazados con algún tipo de expropiación.
Tras la masacre de Curuguaty, en tiempo récord -una semana y tan solo dos sesiones- los diputados armaron un juicio político. Y fueron tan explícitos en sus cargos que entre los fundamentos del Libelo Acusatorio figura primero la acusación de que en facilitó el ingreso a una sede militar de simpatizantes socialistas que habían organizado un encuentro político (delito, como se ve, imperdonable).
Luego lo acusaron de haber permitido «invasiones de tierras» en varios distritos paraguayos y de no haber combatido «la inseguridad», ya que no actuó como ellos pretendían contra el EPP. En el último punto del libelo aparece recién su responsabilidad con la matanza de Curuguaty.
Pero un punto destacable es sin dudas el cuarto, donde dice que el Protocolo Ushuaia II del Mercosur, que había firmado el presidente, es «un atentado a la soberanía de la República del Paraguay suscrito por el Presidente Fernando Lugo Méndez con el avieso propósito de obtener un supuesto respaldo en su descarada marcha contra la institucionalidad y el proceso democrático de la República». Ese documento es un complementario del compromiso democrático aprobado desde 1998 en adelante establecido para garantizar el respeto a la constitución y la voluntad popular en los países que desean formar parte de Mercosur y Unasur y fue incorporado a instancias de Néstor Kirchner.
Hubo un par de senadores que no tuvieron empacho en considerarse nacionalistas porque, dijeron en ese juicio récord, buscaban defender al Paraguay de la incursión del resto de los países del Mercosur como lo había hecho Solano López en el siglo XIX.
Lo que vino después en la región puso de manifiesto los intereses estratégicos en pugna detrás del golpe en Paraguay. Cristina Kirchner y Dilma Rousseff unieron voluntades y aceptaron el ingreso de Venezuela al Mercosur al tiempo que suspendían a Paraguay por no respetar la democracia. Tres años mas tarde, Dilma sería desbancada en una operación similar a la que nació en Curuguaty y ahora este nuevo Mercosur derechizado busca expulsar a Venezuela. Ya no vive Chávez y ni Lugo, ni Cristina, ni Dilma están en el poder y ahora resulta más claro ver lo que esos gobiernos representaban y por qué fueron combatidos.
Mientras tanto, 11 campesinos sobrevivientes de la masacre fueron condenados a penas de entre cuatro y 30 años, una sentencia que el Tribunal de Apelaciones de Canindeyú confirmó en mayo pasado.
Las condenas más duras fueron para Rubén Villalba, con 30 años de cárcel más 5 de medidas de seguridad; Luis Olmedo, 20 años; Arnaldo Quintana y Néstor Castro, 18 años. Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López, en cambio, recibieron penas a seis años de prisión y Juan Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez y Adalberto Castro, a cuatros años.
En 2013 el presidente provisional, el que fuera vice de Lugo, Federico Franco, ordenó a los Riquelme devolver el campo porque no tenían bien demostrada la propiedad.
La aparición de estas video, unos pocos minutos que no habían sido incorporados inexplicablemente al proceso, son otra arma para apelar en casación ante la Corte Suprema de Justicia. Allí se ve como los policías manipulan pruebas sin el menor criterio, o al menos sin un criterio que no pudiera ser objetado en un juicio imparcial.
Los reclamos que tienen los abogados de los campesinos son que durante el juicio, al que consideran amañado, desaparecieron evidencias, se contaminó la escena del crimen. Además, señalan que la fiscalía no pidió autopsias de los cuerpos, que por lo tanto no se sabe quién mato a quién. Y que ni siquiera los forenses se pudieron poner de acuerdo sobre cómo habían sido los hechos.
El viernes 16, como un modo que puede parecer irrespetuoso de recordar la masacre, Lugo fue elegido titular del Senado y quedó en la línea de sucesión presidencial. en una movida que le criticaron agriamente sus opositores. Ya se había acercado al actual mandatario, Horacio Cartes, en un intento de promover una enmienda constitucional que habilitaría la reelección. Lo que le permitiría volver, ya otra vez está primero en las preferencias del electorado.
Tiempo Argentino
Junio 16 de 2017
por Alberto López Girondo | Jun 14, 2017 | Sin categoría
Nació hace 38 años en Ecuador, de madre brasileña exiliada durante la dictadura militar y padre ecuatoriano. Amauri Chamorro tiene residencia en Brasil desde los 11 años, aunque podría decirse que su patria es Latinoamérica. Con su doble ciudadanía, se da el gusto, dice, de votar en dos hermosos países. Especialista en Comunicación Política, trabaja en campañas electorales desde los 23, cuando impulsó la candidatura de un representante del PT en Sorocaba, San Pablo. Desde entonces, integró equipos de comunicación para la chilena Michelle Bachelet, la brasileña Dilma Rousseff, los ecuatorianos Rafael Correa y Lenin Moreno, el salvadoreño Salvador Sánchez y el colombiano Gustavo Petro. Descendiente de dos familias ligadas a la política desde siempre: su abuelo materno formó parte del Comité Central del Partido Comunista brasileño y el abuelo paterno fue miembro del PC en Ecuador. No se ruboriza cuando le dicen que en cierto modo los estrategas de comunicación política son herederos del ministro de Ilustración Pública y Propaganda de Adolf Hitler, tal como alguna vez sostuvo Jaime Duran Barba. «Desde (Joseph) Goebbels para acá no se hizo nada muy diferente, y todos lo estudiamos en la facultad», asegura Chamorro. Pero, aclara, también hay un posicionamiento ético y político que hace la diferencia.
–En Argentina el asesor de comunicación del presidente es considerado como un gurú, pero también como un amoral por las estrategias que utiliza para lograr sus objetivos.
–Normalmente, los asesores de la derecha son muy cuestionados por sus tácticas y estrategias comunicacionales contra los gobiernos progresistas. Pero (Jaime) Duran Barba tuvo una ventaja, porque la candidatura de Daniel Scioli no tuvo la fuerza que se esperaba. La comunicación allí tuvo sus tropiezos. La comunicación política debe partir de un análisis del ámbito político, del comunicacional y también del entorno político, social y económico del país. Y este trabajo no se hace solo en el período electoral.
–La candidatura de Macri se construyó desde muchos años antes.
–Uno llega a la elección con un trabajo de por lo menos un par de años antes. En Ecuador, el opositor (Guillermo) Lasso estuvo en campaña seis años antes para llegar ahora contra Lenin Moreno. En Argentina había una gran radicalización contra el gobierno de Cristina Fernández, causada en gran parte por las empresas de comunicación privadas. En Argentina, como en Brasil, con los grandes monopolios, el partido siempre se juega en una cancha inclinada en contra de los movimientos progresistas. Ahora es al revés, los medios producen una cortina que no permite que salga el volumen de insatisfacción, las marchas en contra del gobierno y cómo el aumento de los servicios públicos afecta a la clase media y los obreros. Y eso la izquierda tiene que saber capitalizarlo. Hubo un cambio generacional, demográfico, en casi dos décadas de progresismo en la región. Y en eso Duran Barba fue muy inteligente: hizo un estudio profundo de ese nuevo ciudadano nacido a partir de las políticas públicas progresistas. Una de mis hipótesis es que en realidad el progresismo fortaleció al capitalismo, fortaleció a un ciudadano vinculado al individualismo, a la mejora material. El resultante es una clase media que mide su calidad de vida en si puede o no comprarse un celular nuevo todos los años. El progresismo no ha comprendido eso. No basta hacer políticas públicas para el pueblo, es necesario traer siempre al pueblo dentro del gobierno.
–¿Se necesitaría construir un nuevo ciudadano?
–Claro, pero yo sé que es muy difícil. La gran mejora que hubo en el progresismo fue la capacidad de incorporar a toda esa pobreza en un mercado de consumo. Pero no estuvimos ni cerca de ganar el proceso de formación política, el cambio cultural, la disputa de lo cultural simbólico. Les facilitamos acceso a bienes y servicios creados con un lenguaje capitalista mucho más conectado al estilo de hacer política de Macri que de Cristina Kirchner. No entendiendo esos nuevos códigos, esa nueva demografía, se nos hace mucho más difícil ganar elecciones. Sin contar con la arremetida de las empresas de comunicación. Y eso Duran Barba lo supo manejar extremadamente bien.
–¿Cómo se lucha contra ese formidable aparato comunicacional que tiene apoyo desde el exterior?
–Lo primero es volver a construir puentes con la ciudadanía, reconstruir desde las bases hacia arriba. En estos años hemos creado una élite, una burguesía progresista que está dentro de los despachos de los gabinetes, que viaja en primera clase, que tiene su coche con guardaespaldas, y es gente que hace diez años estaba en las calles, en las esquinas, peleando cada voto. Tenemos que retomar las esquinas. Esa ha sido una falencia. Si no pueden tumbar al gobierno de Venezuela es porque el gobierno chavista sí está en cada esquina, entonces el grueso de la ciudadanía comprende políticamente lo que está pasando.
–Sin embargo, perdió apoyo electoral hace dos años.
–El gobierno no fue transparente con el tema del desabastecimiento. Podría haber aprovechado esa guerra económica, pero al principio no quisieron generar más pánico en la población sobre la falta alimentos y fármacos: es algo que la derecha expuso y comenzó a dialogar con la ciudadanía. Hubo una identificación como si la derecha fuera a resolver el problema. Ahí están los resultados, no ha pasado absolutamente nada.
–¿Dirías que en Ecuador eso sí se hizo y por eso el oficialismo ganó, o que en Bolivia ocurre algo parecido?
–En Ecuador ganamos las elecciones por una diferencia muy corta. El país está relativamente bien, con las dificultades de tener una economía dolarizada, y ahora Lenin Moreno viene a dialogar con ciertos sectores que rompieron con el presidente (Rafael) Correa. Lo que posiblemente permita crear una gobernabilidad más tranquila, menos conflictiva, pero también exige una serie de concesiones que Correa ni los correístas tolerarían. En el caso de Bolivia, el presidente Evo Morales, con más del 80% de aprobación, perdió un referéndum por la continuidad de su presidencia en gran parte también por un proceso de desconexión con las calles. Se desconsideró el impacto por las denuncias por el fondo indígena, royalties por recursos naturales a las naciones indígenas para su autogestión. Se instaló en la sociedad que había mucha corrupción, y también hubo un exceso de confianza pensando que bastaba con que Evo hablara para ganar la elección. Hubo un cambio muy drástico en Bolivia. Hoy cada vez menos personas se autodefinen como indígenas. Tú ves chicos que hablan aimara, se les nota claramente que son aimaras, pero no se consideran indígenas.
–¿Porque ahora tienen plata?
–Sí. Y esa gente se va distanciando cada vez más del gobierno. Pero es antagónico semejante aprobación y un rechazo a la reelección. Correa tiene un 70% de aprobación y Moreno gana con las justas. Él es más moderado, no tiene ese discurso que enciende las emociones de Correa y eso también hizo perder el apoyo de los sectores progresistas y de las calles. Argentina se caracteriza por la pasión que pone en todo lo que hace. Esa pasión tiene que ser recuperada por el movimiento progresista, por las fuerzas de izquierda que consiguieron construir capacidad territorial de despliegue. Exige una capacidad de articulación muy compleja pero ahí está la gran pelea electoral. Es fundamental entender que quien sale a la calle a buscar votos es el militante, y es peligroso cuando el militante dice «yo voy a votar por ti pero no voy a salir a hacerte campaña».
–En resumen, más que marketing lo que falta es militancia.
–El progresismo manejó muy bien su comunicación, el problema es que dejó de hacer política. Primero hay que articular en la sociedad, porque la política no es como vender Coca Cola. Y la derecha construyó allí. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff no hizo política, no hablaba con los movimientos sociales. Lo primero que hizo al ganar la reelección fue implementar políticas neoliberales, traicionando a las fuerzas sociales que trabajamos meses en acuerdos mínimos para que organizaciones históricas como la CUT y el MST no rompieran con el oficialismo, lo que hubiera garantizado la victoria de la derecha. El golpe parlamentario sucede por una cuestión política y también comunicacional: la gente no comprendía. Quedó impactada con los procesos comunicacionales de la Globo, de Folha de Sao Paulo, de la revista Veja, sustentado por el proceso judicial, que también es conservador, y se hizo muy difícil defender a Dilma. Por eso lo primero que digo por donde voy es: «Vamos a recuperar las calles y después hablemos de comunicación». Primero es la política. Hacer una campaña es muy fácil, contrato a tres o cuatro creativos y ya está, pero hacer un proceso de articulación social de norte a sur y de este a oeste es un trabajo inmenso, una epopeya de día a día. Hoy, con un mundo hipermediatizado, con la fantasía de las redes sociales, se superdimensiona la importancia de la comunicación dejando a un lado a esos procesos políticos, y ahí es donde estamos muy vulnerables, y ahí es donde la derecha nos gana. «
O Globo, ese gran parásito
–Sorprendió que O Globo rompiera con Temer.
–La Globo es como un gran parásito y se junta con los grandes grupos políticos siempre que ellos no le representen una amenaza. Cuando los audios de la JBS salen de la Suprema Corte y se van a hacer públicos la Globo, que tanto había defendido a Temer, tuvo la precaución de que ese rechazo al gobierno no se transformara en un ataque a la red. Trabajé con ellos tres años y sé cómo hacen esas cosas.
–La intención es no quedar pegados.
–Ahorita la ciudadanía brasileña de izquierda y de derecha comienza a culpar a la Globo del caos porque su manejo editorial permitió legalizar un golpe de Estado.
–Ya apoyaron el de 1964.
–Es muy interesante como la red Globo creció durante la dictadura militar, facilitada por el que era ministro de Comunicación, Antonio Carlos Magalhaes, uno de los grandes coroneles de la política brasileña. Ahora O Globo decide defender y proteger su reputación creyendo que hay posibilidad de sobrevivir a la caída. Hay un colapso en el funcionamiento del país. Brasil se acabó, ninguna institución tiene credibilidad, no hay capacidad de gobernar. La única posibilidad de legitimación sería la vuelta de Lula, porque se comienza a instalar la sensación de que hubo un abuso contra Lula. Sobre todo tras la muerte de su esposa, Marisa, que fallece ante la sospecha de que venían a llevarlos presos.
–El tema es si lo procesan.
–Si lo procesan, lo meten preso. Es la forma de operar del juez Sergio Moro. Así hizo con José Dirceu (exjefe de Gabinete de Lula). Por primera vez en la historia de Brasil una persona fue presa sin que hubiera sido juzgada en segunda instancia. Eso es inconstitucional.
–Pero eso es un atropello a la Constitución.
–Sí, pero la sociedad los acepta porque el escándalo de corrupción instalado es tan grande que la gente dice: «No me importa si la ley dice o no dice, lo que quiero es ver gente presa». Lo que importa es que un ícono de la corrupción –construido a partir de la red O Globo– vaya preso, no importa cómo. Lo que pasa en Argentina no es muy diferente.
Tiempo Argentino
Junio 11 de 2017
por Alberto López Girondo | Jun 14, 2017 | Sin categoría
Michel Temer podría cantar a dúo con Ringo Starr que sigue en la presidencia de Brasil «con una pequeña ayuda de sus amigos». Y que aspira a mantenerse hasta el fin del mandato apelando a todos los recursos a su alcance, incluso espiar a miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) para ver si ya puede respirar tranquilo o en ese foro puede ocurrir la catástrofe que evitó este viernes.
Sus cuitas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron saldadas por el más cercano a él de los magistrados, Gilmar Mendes. Temer había quedado involucrado en una causa que impulsó el candidato del PSDB a la presidencia, Aecio Neves contra al binomio que le había ganado los comicios de 2014. Según el ahora suspendido senador –está implicado en los sobornos que denuncia el dueño del frigorífico JBS, Joesley Batista– la fórmula del PT-PMDB había recibido financiación ilegal para la campaña y por tanto debían suspenderse las elecciones. Y proclamarlo a él, se entiende.
Ironías del destino: la causa fue avanzando y para cuando ya era imposible parar la bola de nieve que se había armado, Neves era socio de Temer en la destitución de Dilma Rousseff y de hecho su partido colabora con el gobierno dirigiendo cinco ministerios en su Gabinete.
La cuestión es que los escándalos de corrupción que se suceden en el gigante sudamericano –que ya le costaron el cargo a media docena de ministros de la actual gestión y a varios legisladores, incluso el que fuera presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha y al propio Neves– fueron encendiendo el rechazo ciudadano y el TSE entendió que no daba para mantener la causa en el freezer.
Paralelamente, fue avanzando la investigación que promueve el procurador general, Rodrigo Janot, contra el mandatario de facto por corrupción, asociación ilícita y obstrucción de la Justicia en el caso abierto a raíz de la grabación de una charla de Batista y Temer, en la que el presidente aparece negociando un pago por el silencio de Cunha, preso por 15 años por cuentas no declaradas en Suiza
La descomposición de la dirigencia brasileña es tan grande que involucra a los mayores conglomerados empresarios nacionales con las cúpulas políticas del más alto nivel. Así, el juez Napoleón Nunes Maia Filho, uno de los cuatro que le salvaron el pellejo a Temer en el TSE, argumentó con gesto digno que en esa demanda de Neves «los perdedores buscaron revertir la decisión soberana de las urnas, (o sea) un tercer turno electoral en la justicia». Ocurre que Maia Filho , que también integra el STF, la Corte Suprema, está investigado en una causa por coimas de la constructora OAS, según declaraciones bajo delación premiada de los directivos de esa empresa. Y también está salpicado en el caso JBS.
En cuanto al ya nombrado Mendes, se sabe que mantiene una amistad de vieja data con Temer que hubiera dado para excusarse, pero en cambio fue el encargado de poner el broche de oro a tres largos días de debate sobre cómo resolver un entuerto mayúsculo como ese. Entuerto que podría haber eyectado a Temer del despacho al que accedió contra su compañera de fórmula el año pasado y que a Dilma le habría costado ocho años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
«Debemos tener mucho cuidado con las instituciones (…) No se sustituye a un presidente de la República en cualquier momento (…) La anulación de un mandato debe ocurrir en situaciones relevantes», adujo Mendes, también con pose de prócer.
Mendes es un visceral opositor al PT y a Lula da Silva en especial. Y para armar la estrategia defensiva de Temer no dudó en rechazar «nueva evidencia» de financiación ilegal del entonces candidato a vicepresidente detrás de los nuevos aportes de Odebrecht. Y fue más lejos: señaló que decidió apoyar la continuidad del mandatario por «responsabilidad política», aun a sabiendas de que hay «graves hechos comprobados».
El «partido», al anochecer del viernes, estaba empatado en tres votos a favor de la destitución y tres en contra. El «primer gol», al abrir el proceso, había sido del relator, el juez Herman Benjamin, quien había sido contundente. «Yo como juez me niego a tener el papel de enterrador de prueba viva; puedo incluso participar del entierro, pero no voy a cargar con el muerto».
Temer, que encontró fortaleza en su misma debilidad –ya que no hay nadie que pueda reemplazarlo sin empeorar el descrédito generalizado en la dirigencia– debe ahora enfrentar al jefe de los fiscales, Rodrigo Janot. Y como en política puede ser bueno saber en qué andan los que pueden perjudicar, habría ordenado a la ABIN, el servicio de inteligencia brasileño, que espíe al relator del caso Lava Jato en el STF, el juez Edson Fachin.
Esta revelación encendió la alarma en la presidenta del tribunal Carmen Lucia, quien en un duro comunicado señaló que «es inadmisible la práctica de gravísimo crimen contra el Supremo Tribunal Federal, contra la democracia y contra las libertades si se confirma la información del espionaje ilegal de la vida de uno de sus integrantes».
La noticia fue tapa ayer en la revista Veja, un medio que atacó sin piedad a Dilma y Lula y que ahora, al igual que O Globo –que ayer volvió a pedir la renuncia de Temer– no quieren quedar pegados al caos político en que terminó sumergido el país que hasta no hace mucho aspiraba a ser reconocido como potencia mundial.
Tiempo Argentino
Junio 11 de 2017
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