Los republicanos se tardaron cuatro años pero como bien se dice, la venganza es un plato que se come frío y este martes el presidente de la Cámara de Representantes, el legislador por California Kevin McCarthy, abrió las puertas a una investigación para llevar al presidente Joe Biden a un juicio político por las supuestas actividades ilegales de su familia. Dos días más tarde, el fiscal federal de Delaware, David Weiss, imputó a Hunter Biden –hijo del primer mandatario y causante de gran parte de sus dolores de cabeza– por tres delitos relacionados con la compra y posesión de armas.
«En los últimos meses, los republicanos de la Cámara de Representantes han descubierto acusaciones serias y creíbles sobre la conducta del presidente Biden: una cultura de corrupción», dice el duro comunicado de McCarthy, sin vinculación familiar con Joseph McCarthy, el fanático anticomunista de los años ’50. El proceso será dirigido por los presidentes del Comité de Supervisión y Transparencia, James Comer; del Comité de Asuntos Judiciales, Jim Jordan, y del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith. De encontrar pruebas como para un juicio político, el caso deberá someterse al pleno de la cámara baja y si hay mayoría de votos favorables, el Senado deberá decidir sobre la posible destitución de Biden.
Hace exactamente cuatro años, el entonces presidente Donald Trump había pasado por un impeachment, como se denomina en EE UU a este proceso político, en la previa al año electoral. Y fue por causas también relacionadas con la familia de Biden. Más precisamente, esa vez la acusación que llevó adelante la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, se basó en una llamada telefónica de Trump al presidente ucraniano Volodimir Zelenski en la que presuntamente lo presionaba para que forzara a la fiscalía de su país a investigar la participación de Hunter Biden en una empresa de energía tras el golpe de estado de 2014. Concretamente, se trata de una operación que realmente existió por la cual el hijo del entonces vicepresidente ocupó un sillón en el directorio de la firma Burisma Holdings. La acusación fue de haber pretendido forzar un proceso judicial para ensuciar al candidato demócrata que finalmente lo destronó en la elección de 2020.
Biden Jr. ya había tenido problemas siendo asesor de campaña en la elección de Barack Obama, en 2008, cuando se difundió que había trabajado para una empresa de tarjetas de crédito que hacía lobby en el Congreso en favor de una ley que beneficiaba a sus intereses. El papá promovió sin pruritos la ley en cuestión en el Congreso. El tema con las armas tiene otro cariz y se trata de un «olvido» en su declaración para obtener el permiso de compra y portación. Según la denuncia, que impulsa el fiscal especial David Weiss –nombrado por el secretario de Justicia Merrick Garland– Hunter falsificó un formulario para comprar una pistola Colt Cobra calibre 38 en 2018.
Hunter, el hijo en problemas de Joe Biden.
Foto: Mark Makela / Getty / AFP
En el documento que debe presentarse ante la oficina Federal de Registro Federal de Armas (FFL en inglés), el hombre, que ahora tiene 53 años, declaró que no había sido consumidor de productos ilícitos ni tenía adicciones a estimulantes, estupefacientes o sustancias bajo control. Pero según él mismo había revelado en un libro autobiográfico, Beautiful Things, tuvo una larga lucha contra las drogas, que comenzó a consumir a los 18 años con períodos de adicción que atribuye a una secuela de un trágico accidente automovilístico en el que murió su madre y una hermana de 13 meses cuando él tenía tres años. Mentir en un documento es una grave falta para la Justicia pero también para la moral media de EE UU. Hunter aparece inmerso en presuntos negociados con empresas chinas, según otras de las imputaciones en el Comité de Supervisión y Transparencia, donde se notaría la mano del actual inquilino de la Casa Blanca.
Biden padre respondió que el objetivo de los republicanos es cerrar el financiamiento del Estado federal cuando están cerca de un año electoral. «No sé muy bien por qué, pero simplemente sabían que querían acusarme; y ahora, lo mejor que puedo decir es que quieren destituirme porque quieren cerrar el gobierno», dijo a la cadena CNN. En fila, funcionarios de su administración salieron en su defensa. «Han aparecido sin pruebas, el presidente no hizo nada malo», expresó la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
Trump pudo zafar de aquel impeachment porque la mayoría legislativa en la cámara alta abortó el juicio, en enero de 2020. Luego los demócratas le hicieron otro juicio, a raíz de la toma del Congreso del 6 de enero de 2021, que tampoco prosperó, aunque el empresario inmobiliario ya había dejado el cargo. Lo que podría ocurrir en Representantes es aún una incógnita. No todos los republicanos están a favor del proceso porque saben que eso puede beneficiar a Trump y muchos se están por postular a la competencia presidencial y lo prefieren afuera de la carrera. Mucho tuvo que lidiar McCarthy –considerado pro Trump– para ser elegido titular de la cámara, a pesar de que el partido tiene la mayoría de bancas. Le costó 15 rondas, nada menos, antes de la fumata blanca. «
Automotrices en huelga en Detroit
Trabajadores de las tres plantas de Detroit, una de las automotrices más grandes del mundo, iniciaron este viernes una huelga en reclamo de aumento de salarios. El poderoso sindicato United Auto Workers (UAW) paró las fábricas de General Motors, Ford y Stellantis (Fiat, Chrysler y Peugueot). Al reclamo se sumaron los 12.700 trabajadores que piden, de acuerdo a los líderes del gremio, un 36% de aumento a prorratear en tres años.
El presidente del sindicato UAW, Shawn Fain, dijo en una transmisión por Internet que «es hora de que nos den algo» y añadió, a modo de explicación, que «no permitiremos que los ‘Tres Grandes’ sigan prolongando las discusiones durante meses».
Las empresas cercenaron salarios y recortaron beneficios después de la crisis financiera de 2008.»Esta empresa lleva años generando dinero gracias a nosotros», dijo a AFP Paul Sievert, empleado de la planta de Ford en Wayne desde hace 29 años. El presidente Joe Biden, dijeron los sindicalistas, habló con Fein y los directivos de los fabricantes para informarse sobre las negociaciones.
Dos personajes tan escandalosos como jactanciosos ocuparon la semana en los principales medios del mundo. Uno, el italiano Silvio Berlusconi, porque falleció a raíz de una leucemia, a los 86 años. El otro, Donald Trump, porque justo un día antes de cumplir los 77 años tuvo que escuchar en un juzgado de Miami los 37 cargos en su contra por documentación secreta encontrada en su mansión de Mar-a-Lago, en el estado de Florida.
Berlusconi y Trump compartieron perfiles se diría que calcados: empresarios inmobiliarios que llegan a la política con un preciso manejo de los medios y haciendo alharaca de sus conquistas sexuales, sin prurito para irritar al sentido común medio pero con un gran impacto en un electorado que celebra la humildad como valor político pero terminó seducido por la vanidad más vulgar.
Trump llegó este martes al tribunal envuelto en un aura de víctima de la persecución del «Estado profundo» y del partido demócrata, que según él busca sacarlo de carrera para las elecciones de 2024, cuando intentará volver a la Casa Blanca. Así se presenta en su red social Truth –fue bloqueado en Twitter y Facebook– y así creció otros diez puntos en las primeras encuestas luego de esta nueva comparencia judicial.
En abril pasado había tenido que presentarse en una corte de Manhattan por otros 34 cargos relacionados con el dinero de la campaña que lo llevó a la presidencia en 2016, el más sonado de ellos, el pago por el silencio a la actriz porno Stormy Daniels. En ambos estrados se declaró «no culpable». Los escándalos sexuales también lo vinculan con el que fuera presidente del Consejo de Ministros de Italia por tres veces y que lideró a los conservadores hasta su último día, el lunes pasado (ver aparte).
La acusación contra Trump era por varias cajas con archivos calificados como «Secreto de Defensa» que el FBI halló en su residencia de Miami apilados en un sector a la vista de los cientos de visitantes que se suelen solazar ante sus invitaciones.
El juez y el fiscal quisieron evitarse un show dentro del tribunal y prohibieron el ingreso de cámaras, grabadoras e incluso computadoras para que los periodistas tomaran apuntes. Sólo se supo a través de un cable de AFP que los reporteros lo describieron como irritado, con el ceño fruncido y los brazos cruzados de manera desafiante, en un gesto que lo caracteriza.
Como ya le había ocurrido en el caso de la actriz, Trump tuvo que sacarse una foto para el archivo procesal y «tocar el pianito» para verificar sus huellas dactilares. La causa es por retención ilegal de información relacionada con la seguridad nacional, obstrucción a la Justicia y falso testimonio, entre otras figuras penales.
A la salida, una multitud –sus seguidores estimaron en 50 mil personas– lo vitoreó gritando la que fuera su consigna de campaña, «Hagamos a EE UU grande nuevamente». Luego lo acompañó hasta un restaurante cubano donde le cantaron el feliz cumpleaños adelantado. Donald John Trump nació en Nueva York el 14 de junio de 1946.
Foto: AFP
«Es uno de los días más tristes de la historia de nuestro país, somos una nación el declive, soy víctima de una caza de brujas», insistió desde su plataforma Truth. «Cuando ves lo que han hecho, cuando ves los actos criminales y los actos horribles que han cometido… ¡y vienen por mí!», siguió protestando. «La Ley de Espionaje se ha utilizado para referirse a traidores y espías, no tiene nada que ver con que un expresidente guarde legalmente sus propios documentos», registró más tarde la cadena Fox News.
Petróleo venezolano
Si una particularidad tiene el 45º presidente de los Estados Unidos es la carencia de pelos en la lengua. Lo volvió a demostrar cuando dejó en claro que, si bien fue el único inquilino de la Casa Blanca que no inició ninguna guerra, ganas no le faltaron de haber invadido Venezuela durante su mandato.
En declaraciones que se inscriben en la campaña para recuperar el gobierno, y tras acusar otra vez a su sucesor de inepto, ahora recurrió a la política de la administración de Joe Biden sobre la República Bolivariana. «Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo», dijo.
Y abundó: «Hubiera sido justo. Pero ahora compramos petróleo a Venezuela. Estamos haciendo a un dictador muy rico. ¿Pueden creerlo? Nadie puede creerlo». Y fue por más: «Yo hacía campaña y decía que íbamos a terminar siendo Venezuela con esteroides. Y eso es exactamente lo que le está pasando a nuestro país, se está yendo al infierno».
Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro replicó que la política que impulsaba Trump y que Washington siguió contra su país es un crimen de lesa humanidad. «Contra Venezuela se han hecho 1000 campañas, hace dos días el expresidente Donald Trump declaró su crimen contra el pueblo de Venezuela, declaró que el objetivo de su gobierno y de la sanción era hacer colapsar la sociedad venezolana para que el poder imperialista de EE UU se apoderara del petróleo de Venezuela». Maduro habló junto al presidente iraní Ebrahim Raisi en el marco de su visita oficial al otro paria de EE UU lleno de petróleo, Irán. «
Renuncian abogados
Jim Trusty, sin hacer caso al significado de su apellido (leal, confiable) alegó «diferencias irreconciliables» con su cliente para renunciar a la defensa de Donald Trump en una demanda por difamación contra la CNN. El caso se inició en octubre pasado cuando el expresidente llevó a los tribunales a la cadena televisiva, a la que acusa de calumniarlo como «racista», «lacayo ruso», «insurreccional» y, en última instancia, «Hitler».
«Señor. El retiro se basa en diferencias irreconciliables entre el abogado y el demandante y el abogado ya no puede representar de manera efectiva y adecuada al demandante», escribió Trusty en una presentación ante el juzgado que lleva su firma. Junto con Trusty también renunció al equipo legal John Rowley. Todo a partir de la causa que se sustancia en Florida por los archivos secretos.
Trump apareció en su lectura de cargos con los abogados Todd Blanche y Christopher Kise, pero se supone que a medida que las causas en su contra vayan prosperando, sumará a algún letrado más. Se supone que está en condiciones de contar con los mejores abogados que el dinero pueda comprar.
Donald Trump es el primer presidente de EE UU acusado de sobornar a una actriz porno y desde este viernes el primero también en ser acusado de haberse quedado con documentación clasificada cuando dejó la Casa Blanca, en enero de 2021. Cosa curiosa esa imputación –son 37 cargos que le endilga el fiscal especial Jack Smith- en un país gobernado por un mandatario en ejercicio, Joe Biden, a quien en enero pasado le encontraron varios archivos secretos en su residencia del Estado de Delaware que, en algunos casos, provenían de su período como vicepresidente de Barack Obama. Razón por la cual se la dejaron servida al nuevamente postulante a la presidencia para que, desde su red social Truth, recordara ese mal paso del inquilino de la Casa Blanca y la doble vara con la que el sistema político se ensaña contra él.
El caso que lo pone en el candelero data de 2021, cuando la recién asumida administración demócrata ordenó investigarlo por una supuesta denuncia sobre material sensible que no debería estar en su posesión. En un allanamiento en su mansión de Mar-a-Lago, Florida, el FBI encontró varias cajas con documentos secretos sobre operaciones y planes militares del Pentágono prácticamente a la vista de los cientos de invitados que suelen circular en sus fiestas.
El procurador Merrick Garland designó a un fiscal especial para “garantizar la transparencia” en la investigación. El resultado le había sido adelantado el lunes a los defensores de Trump, quien publicó en Truth que “la corrupta administración” lo acusa “por la mentira de las cajas”. CNN difundió el jueves un video en el que Trump admite haber obtenido esa información militar y se arrepiente de no haberla desclasificado cuando todavía era presidente. “Ahora ya no puedo”.
Biden, Petraeus, Assange
En enero se supo que también Biden tenía documentos privados en su casa. El mandatario se apuró a asegurar que había abierto las puertas voluntariamente a los sabuesos y se excusó afirmando que solo eran “papeles archivados en el lugar equivocado que fueron devueltos inmediatamente”. Como vice de Obama, Biden se encargaba de temas de política internacional y como senador presidió durante 12 años la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta.
Otro personaje adicto a los documentos secretos fue el general David Petraeus, quien comandó las tropas estadounidenses en Afganistán e Irak y tuvo su cuarto de hora de fama en los años posteriores a 2008, cuando los medios lo ungían como un héroe en aquellas invasiones que luego se sabría resultaron desastrosas. Con Obama en el gobierno, la aureola lo llevó a convertirse en director de la CIA en 2011 y a soñar con llegar un día a la presidencia.
Fue entonces cuando se enredó en una relación “impropia” con la periodista Paula Broadwell. La cuestión moral no afectó tanto su carrera como el hecho de que la mujer estaba escribiendo su biografía autorizada y se descubrió que para facilitarle la tarea le había entregado documentos secretos de la agencia. Tuvo que renunciar en 2012 y tras un acuerdo con la fiscalía, en 2015 fue condenado a 2 años de prisión en suspenso y a pagar una multa de 100 mil dólares.
El periodista australiano Julian Assange permanece detenido en una cárcel de máxima seguridad en Londres y en cualquier momento podría ser extraditado a EEUU, donde se lo acusa de haber difundido –en los medios más importantes de Occidente- documentos secretos sobre las atrocidades cometidas por tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. Podría enfrentar hasta 175 años de prisión y hasta la pena de muerte.
Estado profundo
Trump, por su parte, sigue creciendo en las encuestas, apalancado en lo que considera una persecución de los demócratas y del “Estado Profundo”, como cataloga a la burocracia administrativa estadounidense a la que desde el primer día de su gestión está enfrentado.
La acusación del gran jurado de Nueva York por 34 cargos en el caso de la actriz Stormy Daniels es del 4 de abril pasado pero el juicio todavía tiene que concretarse. La imputación es por el pago de dinero en 2016 para que la ex estrella porno silenciara la relación que tuvo con el empresario mediante unos 100.000 dólares salidos de los fondos declarados para la campaña.
Las posibilidades de que el empresario inmobiliario sea condenado o impedido de participar en los comicios de 2024 no son tan plausibles, básicamente porque la última instancia en el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, fue diseñada a su medida durante su gestión. Una abrumadora mayoría de jueces “amigos” difícilmente se le tire en contra.
Lo que sí puede influir en la futura competencia electoral es esta andanada de acusaciones que afectarían su imagen por el lado de la seguridad nacional tanto como de la moral media de la sociedad. La otra amenaza a su regreso podría estar dada por la cronología: este miércoles Trump cumple 77 años. Lo que en este caso juega a su favor es que Biden tiene tres años más.
Este martes el expresidente Donald Trump asistirá al tribunal de Manhattan donde se le sustancia un proceso judicial por el pago de un soborno a una actriz porno antes de la campaña electoral de 2016. Lejos de significar un golpe a sus aspiraciones para regresar al gobierno en 2024, esta nueva causa representa un espaldarazo a su carrera al punto que trepó en las encuestas dentro del partido republicano para una nueva oportunidad. Por otro lado, el caso manifiesta como pocas otras circunstancias la descomposición del sistema político estadounidense, en un contexto global particularmente adverso para el poder imperial ante el avance de China y Rusia.
La imputación contra el empresario inmobiliario no es nueva y se refiere al uso de dinero declarado como de campaña para pagarle por su silencio a Stephanie Gregory Clifford, actriz, guionista y directora de películas pornográficas conocida por su nombre artístico de Stormy (Tormentosa en castellano) Daniels, sobre encuentros sexuales en 2006, cuando recién se había casado con su actual esposa, Melania.
El caso fue ventilado durante el paso de Trump por el gobierno, cuando la fiscalía del distrito sur de Estados Unidos ordenó el allanamiento del abogado Michael Cohen, quien representaba a Trump y fue el encargado de hacer el pago -130 mil dólares-, que se realizó unos días antes de la elección en la que se impuso a la demócrata Hillary Clinton. En el círculo de asesores de los republicanos se temía que una declaración pública de Stormy terminara con el sueño de la presidencia, en un país que suele condenar con mayor facilidad una falta a la moral sexual que los crímenes de guerra.
De hecho, desde que se supo esta semana que un jurado de Nueva York aprobó llevar al estrado al expresidente, comenzaron a surgir en las redes voces que, si bien no necesariamente están a favor de Trump, entienden que la acusación es una muestra de hipocresía y de doble vara del sistema judicial estadounidense. O una manifestación de una profunda “grieta” en el establishment que horadó el consenso bipartidista que gobierna el país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
No son pocos los que recuerdan que a Trump se lo pretende condenar por un delito de orden sexual o incluso administrativo pero no por las acciones militares que desarrollaron tropas estadounidenses durante su mandato. Ciertamente, a ningún mandatario se lo juzgó por ese tipo de delitos de lesa humanidad. Pero también recuerdan que Bill Clinton no fue procesado por el escándalo de la pasante Monica Lewinsky. Y en un posteo en Twitter Donald Trump Junior, el hijo primogénito, apuntó que en el caso Jeffrey Epstein, “proveedor” de menores para fiestas sexuales a magnates y herederos de las casas reales de todo el mundo, la única persona detenida es su esposa, Ghislaine Maxwell, luego de la muerte en prisión del propio Epstein.
Trump, en problemas.
Los cargos contra el exmandatario no fueron aun revelados pero podrían sumar 34 diferentes delitos. Los republicanos se encolumnaron, con diferente grado de compromiso, en catalogar el caso como de persecución judicial contra el precandidato. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, competidor en la interna partidaria pero titular del ejecutivo en el Estado donde reside Trump, salió con los botines de punta. «La militarización del sistema legal para promover una agenda política pone patas arriba el estado de derecho. Es antiestadounidense… Florida no ayudará en una solicitud de extradición dadas las circunstancias cuestionables en relación con este fiscal de Manhattan, respaldado por (el magnate George) Soros y su agenda política», tuiteó.
Otro acólito, el senador de origen cubano Ted Cruz, uno de los más conocidos por sus exabruptos, tuvo que tragar de su propia medicina. Luego de haber reclamado que el senado de EE UU investigara a la vicepresidenta Cristina Fernández por corrupción, coincidiendo con la llegada de Alberto Fernández a Washington, se vio obligado fijar posición ante una declaración de Nancy Pelosi, la veterana lideresa demócrata. “Pelosi dice que Trump tiene “derecho” a “probar su inocencia”. Eso es exactamente al revés: según nuestra Constitución, eres inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad”.
A todo esto, uno de los principales acusadores de Trump será su ex abogado Cohen. Sucede que el hombre fue condenado en 2021 por fraude bancario e infracciones a la ley de financiamiento de campañas a raíz de este caso. Ya en 2018 el FBI le había allanado el estudio y su residencia particular en Nueva York. Buscaban su testimonio a raíz de la denuncia de los demócratas sobre la presunta interferencia de Rusia en las elecciones de 2016.
Rusia es un argumento al que suelen acudir los representantes del actual oficialismo para justificar la derrota de Clinton. Lo que se oculta es que desde esa ocasión comenzó a crecer en Estados Unidos esa grieta que explica el modo en que se tiran con de todo en una guerra civil larvada cuyo mayor ejemplo hasta ahora es el embate del 6 de enero de 2021 al Congreso.
Trump fue el primer presidente en ejercicio en enfrentar dos pedidos de juicio político. El primero, de febrero de 2020, se relacionaba con presiones contra un fiscal de Ucrania para que investigara los negocios del hijo de Joe Biden (ver aparte) en una empresa de energía de ese país. El segundo fue pocos días antes de dejar el poder y por “insurrección”, en el marco de aquel ataque al Capitolio.
Trump, que no tiene un pelo de tonto, azuza esos fantasmas desde su red Truth Social -creada tras ser bloqueado en las otras- donde hace unos días dejó unas cuantas definiciones sobre el peligro de que el mundo se encamine hacia una Tercera Guerra. Trump acusa directamente a Biden de llevar al mundo a “un Armagedon nuclear” y afirma que Rusia no es una amenaza para EE UU. Más aún, sostiene que con él en el gobierno, la guerra se termina en un ratito. Y asegura que la culpa de los males estadounidenses la tiene el “Estado Profundo”, ese conglomerado de burócratas belicistas que dirigen el país entre bambalinas más allá de quien ocupe el Salón Oval.
La audiencia de este martes será para alquilar balcones. Algunos especulan con que saldrá esposado. Otros, que afuera lo auparán multitudes. «
Doble vara
La caída de Richard Nixon, en 1974, fue un duro golpe a la credibilidad de la institución presidencial. Ahora, el sistema judicial estadounidense, ese del que se hace gala en casi cada producción cinematográfica, es el que está en cuestión. La acusación contra Donald Trump es calificada como parte de un entramado para dejar fuera de carrera al expresidente para un segundo turno. Algo así como el lawfare en América Latina, pero no… Trump señaló en su primera reacción que hay una “cacería de brujas” y que es “una evidente interferencia electoral”. Su ex vicepresidente, Mike Pence, agregó que se trata de “otro ejemplo de criminalización de la política impulsada por un fiscal (Alvin Bragg) que literalmente se postuló al cargo con la promesa de acusar el expresidente”. Buena parte del staff más íntimo durante su gestión terminó procesado. Su asesor de campaña Roger Stone, por presunta evasión fiscal; su consejero político e ideólogo de la derecha internacional, Steve Bannon, por desacato a raíz de una investigación por el ataque al Capitolio; otro “desacatado” fue Peter Navarro, exasesor en comercio internacional; Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y su abogado en los últimos años, por violar las leyes de lobby; Michael Cohen, el que pagó a la actriz porno, también estuvo en el banquillo. Distinto es el caso de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden. Está en la mira de Trump desde 2017 por su participación en el sillón del directorio de la empresa de energía ucraniana Burisma desde 2014 a 2019, aprovechando su “chapa” de hijo del entonces vicepresidente de Barack Obama. Biden Jr también resulta implicado en tráfico de influencias con una empresa china, algo aparentemente revelado en una laptop “olvidada” en un local de arreglos de computadoras de Washington. También, por haber mentido en su declaración para obtener permiso para portar armas. Dijo que nunca había consumido drogas pero en un libro admitió que tuvo que luchar mucho para salir de ese flagelo. En octubre del año pasado, el Washington Post publicó que agentes federales hallaron pruebas de delitos fiscales de Biden Jr. En febrero pasado, directivos de Twitter fueron llamados a declarar en el Congreso en el marco de una investigación sobre supuesta protección en la red social a las causas contra el vástago weaponization presidencial.
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