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Un mes de gestión machista

El gobierno de Mauricio Macri tuvo sus primeros tropiezos. Uno de ellos fue la frustrada designación por Decreto de Necesidad y Urgencia de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia en comisión. Le salieron al cruce desde casi todos los sectores políticos. El otro, menos institucional, golpeó de lleno en la Casa Rosada luego de saltar la avenida General Paz. La fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez puso sobre el tapete uno de los aspectos más oscuros de la política nacional, que figuró a la vez entre los principales temas de la campaña de Cambiemos tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires.

La sospechosa evasión de los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, presos en la cárcel de máxima seguridad de la localidad bonaerense de General Alvear, provocó un vendaval político. La muy «oportuna» denuncia de Martín Lanatta sobre la presunta vinculación de Aníbal Fernández con el tráfico de efedrina y el bárbaro homicidio de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina ante el periodista Jorge Lanata una semana antes de las primarias abiertas, si bien no le causó la derrota en la interna, selló sin dudas el destino del candidato del FPV a la gobernación. Fernández se despachó entonces contra el «fuego amigo» que habría facilitado la entrada de las cámaras de canal 13 al penal para «embarrarlo» en una causa que data de 2008 y en la que, repitió en todos los medios, jamás había sido imputado.

¿Es posible escapar de una prisión como esa sin fuerte apoyo externo? Indudablemente que no. El hecho recuerda a la fuga del capo del narcotráfico mexicano Joaquín Chapo Guzmán de otro penal presuntamente muy seguro en Almoloya, estado de México. El dinero y las conexiones, tanto en un caso y en otro, se sabe, aceitan cualquier mecanismo por obturado que parezca.

De pronto, la gobernadora María Eugenia Vidal tuvo que darse un baño de realidad: era la hora de ejercer el gobierno y de enfrentar descarnadamente ese drama que en las elecciones se reveló como tema estratégico de campaña y que también lo es para gran parte de la población: el narcotráfico.

Desde La Plata, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo y la gobernadora cometieron algunos errores que quedaron a la vista con la fuga. En primer lugar, demoraron en definir las autoridades policiales y las del servicio penitenciario. En segundo lugar, intentaron negociar con las cúpulas existentes y quedaron entrampados en un sistema que excede al control del poder político.

El caso puede arrastrar a todos los que estuvieron de alguna manera cerca de estos 3 personajes que parecían olvidados hasta que una interna partidaria y el fragor de una campaña les devolvieron protagonismo. Sobre todo porque el triunfo de Cambiemos en la provincia le debe mucho a aquel escándalo, en el que no fueron ajenos el periodista Lanata, notorio antiK, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que cedió su propio departamento para una entrevista con uno de los implicados en la causa, José Luis Salerno.

La resolución del destino de los Lanatta y Schillaci influirá en el futuro de Cambiemos en la provincia. El hecho los obliga a meter el cuchillo hasta el hueso en el asunto donde todos preveían que podrían fracasar, es decir, dominar a la fuerza policial del distrito más grande y poderoso del país. Algo que la gestión de 8 años de Daniel Scioli tampoco había resuelto. Es más, como se recuerda, el excandidato presidencial del FPV le dio un giro de 180 grados a la política que había implementado el exministro de Seguridad León Arslanian, en el sentido de crear una policía verdaderamente democrática, y le devolvió el control de las calles y la «administración del delito» a los uniformados. Si la denominada «maldita policía» enterró alguna vez la carrera política de Eduardo Duhalde, ahora Cambiemos tiene la oportunidad de domar ese potro. El caso es si sus compromisos le permitirán ir en el sentido democrático que es imprescindible para la sociedad.

 

A sola firma

Otro tema espinoso en estas semanas fue la andanada de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) de Mauricio Macri, que lo pone en contradicción con el perfil republicanista que había esgrimido en tiempos de campaña. Así lo marcaron algunos de sus aliados políticos y aparecieron –además– los primeros chisporroteos con algunos sectores, por ahora mínimos, del Poder Judicial, que criticaron la decisión de gobernar sin consultar al Poder Legislativo. La urgencia de los DNU se entiende desde quienes apoyan al gobierno, en la necesidad de aprovechar los primeros 100 días de gracia que toda sociedad otorga al nuevo inquilino de la Casa Rosada. 100 días que coincidirán con el plazo en que constitucionalmente el Congreso permanecerá en receso. Se sabe que a partir de marzo el macrismo necesitará esgrimir mucha muñeca para consensuar las medidas que el ejecutivo pretenda.

Para algunos temas trascendentes, lo que hay por delante son interrogantes: ¿qué pasará con la andanada de DNU veraniegos cuando reabra el Congreso? ¿Cómo se resolverá el espinoso asunto de los miembros de la Corte que Macri designó en comisión? ¿Qué ocurrirá con la emergencia en seguridad decretada por el ministerio a cargo de Patricia Bullrich luego de la inexplicable fuga de los 3 presos? Y finalmente, ¿cómo reaccionará el movimiento obrero en el inicio de las negociaciones paritarias, tras la devaluación y el brutal aumento de precios consecutivo?

En este aspecto, el gobierno ya mostró frente al reclamo de trabajadores de Cresta Roja cuál puede ser su respuesta ante la protesta. Primero, reprimió con dureza y, luego, recurrió a la negociación. Las señales fueron claras y en ese orden. Desde otro ángulo, las declaraciones del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, no dejan lugar a dudas. El funcionario consideró que en las paritarias «cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo».

El paquete económico parece así cerrado y no en beneficio de los trabajadores. Los voceros de las empresas de producción de alimentos, como es el caso de Daniel Funes de Rioja, ya anunciaron que retrotraer los precios de los productos de la canasta básica a noviembre pasado será imposible. Y allí precisamente se verá reflejado el hachazo a los sueldos, porque la suma de devaluación y eliminación de retenciones recae sobre los productos de la tierra.

Por otro lado, todavía está por verse cuál es el techo para el valor del dólar, ya que las presiones cambiarias están lejos de atenuarse. Por lo pronto, los gremios, tanto los alineados tibiamente con el gobierno –como el que lidera el camionero Hugo Moyano– como los abiertamente opositores –como la CTA de Hugo Yasky o la CGT del metalúrgico Antonio Caló– adelantaron que no aceptarán lo que consideran una amenaza de Prat Gay.

En cuanto a los polémicos DNU, hasta la propia gestora de la alianza Cambiemos, Elisa Carrió, llegó a cuestionar la designación de jueces de la corte sin pasar por el congreso y Macri tuvo que dar marcha atrás. Ahora todo se encamina a una negociación en la cámara alta, donde el kirchnerismo tiene mayoría.

El Senado es un ámbito donde las formas y los modos protocolares importan mucho y el despido de más de 2.000 empleados decidido por la vicepresidenta Gabriela Michetti generó fisuras en el peronismo, porque se acusó al titular de la bancada del FPV, Miguel Ángel Pichetto, de no haber presentado los suficientes reparos a este recorte de plantilla. Justamente el tema de los despidos en la función pública es otro punto de rispidez. Porque el oficialismo imputa a los miles que dejó en la calle de ser «ñoquis». O de tener un puesto por su militancia partidaria. Desde el kirchnerismo respondieron que echar a alguien por su pensamiento es persecución política.

La cuestión constitucional estuvo en el tapete también por los DNU utlizados para modificar las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones (ver Vía libre…), así como el que dispone la desregulación del mercado de hidrocarburos. En poco tiempo, y como le recomiendan ideólogos del conservadurismo vernáculo, como el columnista de La Nación, Joaquín Morales Solá, Macri quiere poner fin al esquema estatal montado por el kirchnerismo al cabo de 12 años de trabajosa tarea parlamentaria.

El columnista había dicho en diciembre pasado que el presidente no tiene margen para el error, porque «un eventual fracaso significaría el regreso del populismo por un tiempo previsiblemente largo». Ahora explica los DNU porque «la primera prioridad que Macri se impuso es el desmantelamiento del Estado populista». Y abunda: «¿Reúnen los DNU de Macri las condiciones de excepcionalidad y urgencia que impone la Constitución? (…) A esa pregunta el macrismo la responde exhibiendo aquella prioridad: hay que desmantelar el Estado populista. Y es ahora o nunca, aseguran».

Así se entiende la urgencia. Hay poco tiempo para desmantelar el Estado creado por el kirchnerismo porque no tienen las mayorías parlamentarias que sí tenía el anterior gobierno. Y medidas como esas no se pueden discutir tan abiertamente. El riesgo sería abrir la brecha que Cambiemos prometió cerrar. ¿La sociedad aceptará el precio?

 

Revista Acción
Enero 1 de 2016

Dime como empiezas…

No es algo científico pero uno podría hacer una lectura de cómo le fue a diferentes gobiernos en relación a cómo empezaron. Y a grandes rasgos sale esto:
Solo en lo que va del siglo, Fernando de la Rúa comenzó con una represión de una manifestación en el puente de Corrientes que terminó con dos muertos. Se fue en helicóptero luego de haber reprimido manifestaciones con un costo de 40 muertos. Aníbal Ibarra asumió en la ciudad de Buenos Aires y a los pocos días una inundación acabó con la vida a cuatro abuelas que estaban alojadas en un subsuelo de un geriátrico de la calle Superí en Belgrano. Su carrera terminó con el caso Cromañón: 194 muertos.
Néstor Kirchner reformó la Corte y la llenó de gente digna luego de una década de un tribunal deleznable, salvo un par de excepciones A Cristina la oposición no le dejó completar ese tribunal, reducido luego de renuncias por edad y defunciones varias. Y se fue tras una medida no menos escandalosa que redujo su mandato, dejando a su pesar una minoría automática de tres personas en el más alto estamento del Poder Judicial.
Yendo para atrás en la historia, uno recuerda que los militares entraron asesinando a 30 mil ciudadanos y se fueron envueltos en el oprobio luego de intentar la recuperación de las Malvinas en una guerra insensata que costó la vida de casi un millar de chicos.
Raúl Alfonsín entró con los juicos de lesa humanidad contras las juntas de gobierno y tratando de no pagar la deuda oprobiosa que dejaron los militares. Se fue con hiperinflación y aceptando una ley de punto final y obediencia debida.
Carlos Menem empezó prometiendo revolución productiva y combatir la híper y se fue en medio del desprestigio y denuncias de corrupción, con inflación cero e índices de desocupación de dos dígitos -algo que no sucedió en la Argentina ni en tiempos de la dictadura- luego de malvender el patrimonio nacional. Pero aún así lo volvieron a votar en el 2003, con escasísimo margen, pero lo votaron casi un cuarto de los argentinos.
Todo esto para plantear un jueguito: Mauricio Macri asumió violentando la Constitución, anulando leyes por decreto y acelerando el tránsito al neoliberalismo, uno diría que contra la voluntad de más de la mitad de la población (porque a su proyecto lo votó el 34,15% en la primera vuelta, ¿sería muy forzado hacer la cuenta así?). Todo con el objetivo de destruir el estado populista, como expresan públicamente sus ideólogos (imprescindible leer a Joaquín Morales Solá). ¿Cómo imaginan que terminará?
Escucho propuestas.

Alimentar el monstruo

La tentación de caer en un argumento Ad Hitlerum en torno a la decisión de gobernar por decreto que asumió Mauricio Macri es mucha. Por eso de que llegó al poder por una diferencia mínima de votos y luego devino en una barbarie que escandaliza todavía al género humano. Pero no corresponde por variadas razones que no vienen al caso. Lo cierto es que los ejemplos para adosarle al flamante presidente argentino están más acá en el tiempo y la distancia. El camino elegido por Macri se asemeja mucho al de otro ingeniero, de origen japonés y nacionalidad peruana, Alberto Fujimori.
“El Chino” como se lo conoce en su país, llegó al poder en 1990 ganándole en la segunda vuelta al escritor Mario Vargas Llosa. En la primera no superaba el 25 por ciento de votos..
Un par de años más tarde, disolvió el Congreso y el Poder Judicial y desde entonces gobernó por decreto. Con ese estilo autocrático reformó la Constitución a su gusto y cometió todo tipo de tropelías en el marco del combate del terrorismo y de la aplicación de las leyes más crudas del neoliberalismo.
Vale la pena aunque más no sea consultar Wikipedia -sabiendo que hay mejores fuentes sin duda- para ver los detalles de cómo siguió su gestión, el caso es que Vargas Llosa nunca volvió a Perú –horrorizado por la dictadura fujimorista- y como ciudadano español ganó el Nobel de Literatura en 2010. En el año 2000 comenzó la caída de Fujimori, que cuando se las vio complicadas viajó al exterior como presidente y se escapó a Japón en busca de protección.
Luego de varias idas y vueltas, pudo ser juzgado en su país y condenado a 25 años de prisión hace justo una década, por delitos de lesa humanidad y corrupción a granel. Desde entonces está preso y busca alguna indulgencia para disfrutar del dinero mal habido antes de que la muerte le haga pagar sus culpas.
Gobernar por decreto de necesidad y urgencia se asemeja a una bravuconada que sepulta las posibilidades de vivir en democracia para los argentinos. Pero que además no beneficiará a nadie. En el caso de la Ley de Medios, le da la espalda al poder legislativo, porque pretende poner fin a una ley votada en el Congreso. En el caso del judicial, intenta ignorar que la ley fue declarada constitucional por el Supremo Tribunal.
Es cierto que en la historia argentina no es la primera vez que un pequeño grupo que se hace del poder echa por tierra con la voluntad popular. Un bando militar clausuró la Carta Magna de 1946 sin que a los opositores del peronismo, que tanto se jactaban de republicanos, se les moviera un pelo. Y ningún tribunal supremo declaró anticonstitucional un golpe de estado. Pero además, le pone una mancha más al historial de Clarín. Que se quedó con Papel Prensa en la dictadura y ahora terminaría de legalizar su monopolio con un golpe antidemocrático a la luz del día.
Parece que la coalición Cambiemos está aceptando sumisamente –o participó activamente detrás de bambalinas- de la ejecución de esas medidas. ¿Cuántos salieron ya a protestar en nombre del republicanismo? Y si la excusa es que esa es la forma de enfrentar al populismo o que el anterior gobierno tampoco mostró apego a las instituciones, pues en primer lugar nunca el kirchnerismo llegó a semejante atropello. En segundo lugar, de ahora en más cualquier gobierno podrá gobernar por decreto e incluso duplicar la apuesta, porque total, TODOS hicieron lo mismo y más. O sea que es una república, si, pero bananera.
Uno de los partidos con que se presentó a comicios Fujimori fue Cambio 90. ¿Será casualidad de marketing político el nombre de la alianza macrista? Sería bueno, de paso, que Vargas Llosa, quien no es precisamente un amante del populismo, diga algo sobre estas graves señales. ¿O a él también le parecerá que todo vale con tal de enterrar al peronismo?
Se necesita cordura en estos momentos difíciles para la Argentina. Pero los que más la tienen que garantizar son los dirigentes políticos y los jueces. Y sobre todo los que están junto al nuevo gobierno. No sea cosa que alimenten un monstruo por una simple ventaja particular sin medir las consecuencias.
La historia no los absolverá.