por Alberto López Girondo | Oct 9, 2015 | Sin categoría
En Brasil se las llama «pedaladas», literalmente pedaleo. En este lado del mundo ese procedimiento podría ser traducido como «bicicleteada». El sistema guarda ciertas similitudes con el que había sido aplicado alguna vez por el entonces zar de la economía local Domingo Cavallo, y en su interpretación más extrema se lo conoce como «contabilidad creativa». La versión más delictiva podría estar representada por el ejemplo de algunos grupos económicos que maquillaron cuentas con el propósito de obtener fondos frescos, aunque luego esos aportes terminaron esfumándose en el aire, como hizo la firma de energía Enron en los ’90, que quebró dejando colgados a accionistas, inversores y miles de trabajadores en todo el mundo.
El caso que implica a la gestión de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, según el Tribunal de Cuentas de la Unión –un organismo de control administrativo de la Legislatura integrado por dos tercios de representantes elegidos por el congreso y el resto por el Poder Ejecutivo– sería una «grave ofensa» contra la ley de responsabilidad fiscal ya que, explicó el relator del TCU, Augusto Nardes, el gobierno retrasó pagos para programas sociales a los bancos públicos, con el objetivo de dibujar un déficit menor en el presupuesto de 2014. De paso, esa institución estatal desliza la sospecha de que el dinero se hubiera utilizado para fines más oscuros. El guante lo recoge el Tribunal Superior Electoral, que se propone investigar cómo se pagó parte de la campaña del oficialismo, con lo que les deja la puerta abierta a los opositores más extremos, que ven la oportunidad de, en caso de poder demostrar esas irregularidades, anular las elecciones que le dieron un segundo mandato a la primera mujer en llegar al Planalto en la historia de Brasil.
La cifra de esta presunta maniobra fue estimada por el TCU en el equivalente a 27.300 millones de dólares. La «pedalada» habría permitido reducir el déficit en las cuentas públicas en 1795 millones, indica el informe de 1400 páginas ¿Es dinero que se llevó la presidenta, lo utilizaron sus correligionarios del PT para provecho personal? Nada de eso, la falla consistió, de acuerdo a la presentación, en que el gobierno aplicó una medida que en la práctica le habría permitido obtener un «crédito oculto» de los bancos estatales sin el permiso del legislativo, algo que la ley no permite, violando ostensiblemente las disposiciones fiscales.
¿El gobierno niega totalmente la información que envió al tribunal? No, la oficina de prensa de la Presidencia respondió que «los órganos técnicos y jurídicos del gobierno tienen plena convicción de que hay motivos legales para el rechazo» del dictamen del TCU –es decir, para negar las acusaciones–, y agrega que el organismo sancionó maliciosamente al gobierno por las medidas que tomó en su momento para financiar «programas sociales como la Bolsa Familia y Mi Casa, Mi Vida». Y añade que lo que busca ahora el TSE, con este argumento, es convertirse en una suerte de «casación electoral», o sea, de ponerse como tribunal de alzada para anular la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
La decisión del TCU es, para los grupos más golpistas dentro del sistema político brasileño, la frutilla del postre para iniciar finalmente un impeachment contra la mandataria y de paso sacarse de encima al vicepresidente Michel Temer, del PMDB, aliado del PT desde hace una docena de años. Acá es donde se juega un ajedrez de alto riesgo, porque el tercero en la línea sucesoria, el jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, también del PMDB, es el principal sostén del juicio político, a pesar de estar obligado políticamente a defender a su gobierno. Sin embargo Cunha aparece comprometido con los presuntos sobornos en la petrolera Petrobras, al punto que las autoridades suizas corroboraron al procurador general de Brasil, Rodrigo Junot, que el dirigente político tiene cuentas por 2,4 millones de dólares a buen resguardo en bancos helvéticos. De modo que si el partido de Fernando Henrique Cardoso, el PSDB, que perdió en octubre pasado con su candidato Aecio Neves, quiere dar un golpe perfecto, no tiene más que forzar la renuncia de Cunha y «limpiar» a la fórmula triunfante en 2014.
Así se entiende que Cunha, más reflexivo que hace unos meses, cuando fue ungido titular de la Cámara Baja, ahora dice que aceptará el ingreso del dictamen del TCU que recomienda no aceptar la rendición de cuentas de 2014 por las irregularidades que detectó. Pero que el tratamiento no será antes de 2016: entre nos, cuando las aguas se calmen… Tanto para Dilma como para él, por supuesto.
El caso es lo suficientemente espinoso como para espantar a los sectores «biempensantes» de la sociedad. Es cierto que puede entenderse como un dibujo presupuestario, pero no constituiría un delito en la medida en que el dinero no desapareció. Sucede que por más que los entretelones del hecho sean poco cercanos al hombre común de cualquier esquina brasileña, los medios lo presentan de tal manera que suena a un escándalo similar al de la petrolera estatal. Los «malpensantes», incluso, que reprueban los planes sociales puestos en marcha por el gobierno de Lula da Silva desde 2003, pueden ver en este desliz una buena ocasión para echar por tierra con este resabio del «populismo» que permitiría, de paso, reducir el presupuesto. Empero, por enésima vez la oposición no dio quórum para debatir los recortes que Dilma envió al Congreso para cumplir con las medidas que le pide su ministro de Finanzas Joaquim Levy. Sabiendo que bloquear los recortes impide la gobernabilidad, tal como la entendió Dilma en esta gestión. Avatares de este momento en el principal socio de la Argentina.
Hurgando en los archivos de O Globo, la periodista Marlen Couto encontró que no es la primera vez que el TCU encontró irregularidades en cuentas de un presidente. El antecedente que aparece es de 1937, cuando el tribunal de la época que rechazó las cuentas del presidente Getulio Vargas en el presupuesto de 1936, por pagos cuestionados por cuenta del Tesoro y del Banco de Brasil. Esto fue en abril, en noviembre, y en un clima de inestabilidad creciente en que el dictamen del TCU era una cuestión menor, Vargas clausuró el congreso y dictó una nueva Constitución que le permitió gobernar hasta 1945, cuando fue destituido.
En ese lapso, construyó el denominado Estado Novo con el que consolidó un gobierno de corte populista-nacionalista, amplió derechos ciudadanos y a los trabajadores, y creó, entre otras cosas, Petrobras. La misma empresa que ahora aparece en el centro de las críticas contra el gobierno del PT, que «corrió el arco» del varguismo hasta donde llegó.
Vargas, reelegido en 1951, se suicidó el 24 de agosto de 1954. En su carta póstuma escribió:
«Más de una vez las fuerzas y los intereses contra el pueblo se coordinaron y se desencadenaron sobre mí. No me acusan, me insultan; no me combaten, difaman de mí; y no me dan el derecho a defenderme. Necesitan apagar mi voz e impedir mi acción, para que no continúe defendiendo, como siempre defendí, al pueblo y principalmente a los humildes (…) La campaña subterránea de los grupos internacionales se alió con grupos nacionales contra el régimen de garantía del trabajo. (…) Quise crear la libertad nacional en la potencialización de nuestras riquezas a través de Petrobras, mal comienza esta a funcionar cuando la ola de agitación crece. Eletrobras fue obstaculizada hasta el desespero. No quieren que el pueblo sea independiente (…)”.
Nada indica que Dilma tendrá ese mismo final, pero las presiones parecen ir en el mismo camino. La cuestión será si puede mantener el equilibrio.
Tiempo Argentino · 9 de Octubre de 2015
Ilustró Sócrates
por Alberto López Girondo | Jul 24, 2015 | Sin categoría
La crisis que sufre el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil no se puede entender si tener en cuenta un puñado de datos relevantes sobre el manejo de la cosa pública en el principal socio y aliado de la Argentina, tanto en la región como para enfrentar al mundo. En primer lugar, el sistema electoral fuerza la conformación de alianzas no solo para llegar al gobierno sino para mantenerse, lo que obliga , para poder ejercer el poder y llevar una agenda propia, a conformar coaliciones fuertes y duraderas.
El otro dato relevante es que los medios son todos del establishment. No hay un solo medio en cualquier plataforma de alto impacto social que pertenezca a sectores cercanos al proyecto político del Partido de los Trabajadores brasileño, salvo algún que otro sitio web.
La alianza de lleva más de una década con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) se explica, entonces, por la inserción territorial de la agrupación que en tiempos de la dictadura cumplió el papel de oposición tolerada, lo que garantizaba la gobernabilidad. El PT también tuvo su época de cercanía con los movimientos evangelistas para llegar por primera vez al Palacio del Planalto, la sede de la presidencia en Brasilia. No había entonces otro modo de llegar hasta los millones de votantes que escuchaban sus radios en todos los rincones del país. Como contrapartida, el partido creado por Lula da Silva sobre bases obreras en 1980 no pudo –o prefirió no romper con aliados- construir un mayor poder territorial al punto que hoy cuenta apenas con 63 diputados en una cámara de 513 bancas y solo 14 senadores sobre 81 escaños. Tampoco logró que pasara la reforma política, por la obvia obstrucción de los socios legislativos.
Esa es la razón de fondo para que la jefatura de ambas cámaras recayera en dos conspicuos integrantes del PMDB, Eduardo Cunha en diputados y Renan Calheiros en senadores.
Y allí reside la mayor debilidad de Dilma Rousseff y del PT en general en estos tiempos tormentosos que se desataron a partir de una investigación sobre corrupción en la petrolera de bandera, Petrobras.
La causa que lleva adelante un juez federal del estado de Paraná con la Policía Federal, el órgano que en Brasil cumple las funciones de brazo armado de la justicia. Y ya produjo las primeras condenas: tres directivos de empresas privadas y un funcionario de la firma estatal. El magistrado también llevó a una celda a dirigentes políticos de partidos que integran la alianza oficialista y a presidentes de dos de las constructoras más grandes de Brasil, que figuran entre las más grandes del mundo, con intereses en varios países latinoamericanos, incluso Argentina, y en África, Odebrecht y Camargo Correa.
Lo que en estos últimos días se vive en el país vecino es una arremetida que muchos de ellos aspiran a definitiva contra Dilma y Lula de parte de los medios concentrados, como la red O Globo y el diario Folha de Sao Paulo. Lo peor del caso es que no solo despliegan un arsenal de cuestionamientos sobre la transparencia del PT y de sus integrantes y socios políticos, sino que marcan agenda sobre el rumbo que el proyecto neoliberal pretende del país y sobre el rol que la sociedad le debería asignar a cualquier gestión presidencial y a las empresas públicas.
En el caso de Petrobras, la oleada de escandaletes que los medios viene mostrando en dosis sutilmente administradas desde fines del año pasado, golpea a las puertas del líder metalúrgico, lo que eventualmente afectaría la continuidad del proyecto “petista”. Pero también amenaza con un juicio político contra la presidenta, para lo cual se viene afilando los dientes el ex candidato Aecio Neves y su partido, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que a pesar del nombre representa al conservadurismo y cuenta entre sus mascarones de proa al ex presidente Fernando Henrique Cardoso, un intelectual desarrollista en los 60 que devino en neoliberal cuando ocupó la presidencia en los 90 y desplegó gran parte del recetario privatizador recomendado por los Chicago Boys.
Ahora el senador y dos veces candidato presidencial por el PSDB y ex gobernador paulista José Serra pretende que se modifique una ley clave para un verdadero plan social en ese país, la normativa que le da exclusividad a Petrobras en la explotación de las riquezas petroleras de la plataforma submarina. Busca que entren empresas multinacionales, pero fundamentalmente cambiar el reparto de las regalías, que con la legislación vigente garantiza un alto componente para la educación y la salud populares.
El avance del proceso Petrobras, que está en manos de Sergio Moro, un juez muy cercano a la embajada de Estados Unidos, inundó de rechazo no solo a la gestión petista sino a la dirigencia política en pleno. En la picota están tanto encumbrados dirigentes del oficialismo como del PMDB, lo que incluye al propio Eduardo Cunha y hasta el ex presidente Fernando Collor de Melo, denunciado por corrupción y expulsado mediante un impeachment en 1992.
La respuesta de Cunha a la acusación de que recibió sobornos salidos del bolsillo de Petrobras fue anunciar su paso a la oposición y la amenaza de abrir la puerta para un proceso similar contra Dilma. Una velada amenaza contra el PT o una extorsión para que ponga un límite a las investigaciones judiciales.
Sucede que en Brasil eso de la separación de poderes también es otra característica de la organización política, pero al mismo tiempo es una trampa en la que cayó el PT -e incluso de la propia Dilma- cuando aceptaron que la vía para llegar al poder no era por las armas. El proceso político llevó, como en otros países de la región, a “comerse esos sapos” que ahora, y desde la causa que llevó a prisión al principal operador de Lula, José Dirceu -también ex guerrillero- y a altos dirigentes del PT por el llamado “mensalao”, se reporta como un error. Eso de la reforma judicial que en Argentina quiso encarar el gobierno de Cristina y no logró, aunque dejó presentado el tema en la sociedad, en Brasil casi ni se planteó.
Como en la mayoría de los países latinoamericanos, el poder judicial es otra de las puntas de lanza del establishment y de las concepciones neoliberales. Solo basta observar la queja del veterano periodista brasileño Joaquim Palhares, director de la revista online Carta Maior, uno de los medios que hace fuerza por el PT y una de las pocas voces a favor del proyecto petista en ese país, bombardeado por la oposición mediática. «Jamás en la vida vi a jueces apareciendo en seminarios del grupo Globo o a la Policía Federal filtrando sus investigaciones a la prensa», puntualizó Palhares.
Esta semana ocurrieron dos hechos a destacar. Por un lado, la abogada Beatriz Catta Preta, presentada por los medios concentrados como “una de las mayores especialistas en delación premiada del país”, anunció que deja la defensa de sus principales clientes en esta megacausa, denominada Lava Jato por el lavadero de autos donde comenzó la investigación policial. La mujer le informó al juez Moro que ya no tendría entre sus pupilos a Augusto Ribeiro Mendonça Neto y a Pedro José Barusco Filho, los que se suman a Julio Camargo, otro de los delatores que ella asesoró.
El sistema de delación premiada, copiado del acuerdo con la fiscalía que figura en el proceso de Estados Unidos, permite que un reo negocie la reducción de una condena en su contra si “colabora” con la justicia. Una invitación a prender el ventilador con tal de salvar el propio trasero. Con eso se llega a una verdad jurídica o apenas mediática. Lo que no implica que se está cerca de la verdad verdadera.
Al mismo tiempo el Ministerio Público de Brasil promovió –demasiado tarde- una contraofensiva sobre algunos personajes del sistema judicial. El jueves anunció un proceso disciplinario contra el fiscal que hace unos días abrió una investigación para determinar su Lula cometió el delito de tráfico de influencia cuando fomentó la participación de la constructora Odebrecht en obras en el exterior. Una de ellas es un megaproyecto en Puerto Mariel, Cuba. La defensa del líder metalúrgico hizo la presentación y el propio Lula explicó que precisamente una de las funciones de un presidente es abrir puertas en el exterior para vender trabajo nacional y apostar al crecimiento del empresariado nacional.
El fiscal Valtan Mendes Furtado salió, como se dice en la jerga leguleya, “de pesca” en un acto diplomático del anterior gobierno. Y ya se anunció que quiere investigar los créditos que recibió esa firma de parte del Banco Nacional de Desarrollo, el famoso BNDES que tanto contribuyó desde antes de la dictadura al desarrollo de la industria brasileña.
Pegándole a la burguesía nacional, destruyendo a la empresa petrolera de bandera y desprestigiando el banco que fomenta la industria y el trabajo brasileño, se le pega debajo de la línea de flotación al proyecto desarrollista que sin cortapisas desplegó Brasil desde fines de la segunda guerra mundial como política de estado.
Se podrá discutir mucho sobre el desarrollismo como modelo de distribución y de crecimiento. Pero cuando desde la derecha buscan destruirlo uno debe preguntarse qué les molesta. Y allí estará la respuesta a estos ataques a los llamados progresismos latinoamericanos.
Julio 24 de 2015
por Alberto López Girondo | May 15, 2015 | Sin categoría
Tal vez la culpa de todo la tenga Edward Snowden, el analista de Inteligencia que denunció el espionaje global realizado por la NSA, el organismo de Inteligencia electrónica estadounidense. Porque entre los documentos que reveló el joven de 31 años –que debió exiliarse en Rusia para preservar su salud– figuran los que demuestran que entre los objetivos de la NSA estaba la petrolera de bandera brasileña Petrobras y el correo personal de la presidenta Dilma Rousseff.
El escándalo estalló en setiembre de 2013, semanas antes de la programada gira de Dilma a Washington en la que sería la visita más importante que recibiría ese año el presidente Barack Obama. La respuesta del gobierno brasileño fue contundente y representó un desaire inusual para la Casa Blanca: Dilma suspendió el encuentro que se llevaría a cabo en octubre de ese año y pidió explicaciones sobre el incidente. Obama tragó saliva y esbozó tímidas disculpas diplomáticas. Faltaba menos de un año para el Mundial de Fútbol y todavía Brasil refulgía en el firmamento de las potencias como una joya inmaculada, y tras dos exitosas gestiones, Lula da Silva había podido colocar a su sucesora en representación del PT, el partido que había fundado en los ’80. En agosto, Snowden había pedido asilo en Rusia ya que en su nación le espera una biblioteca de cargos judiciales, el más grave de los cuales es por traición a la patria, lo que implicaría la pena de muerte.
Poco tiempo después, «casualmente», se extendieron por todo el país una cadena de manifestaciones contra los gastos en la Copa del Mundo que sorprendieron a propios y ajenos. Faltaban pocos meses para que comenzara a rodar la bola en los estadios construidos a todo vapor y fue un momento difícil de manejar para el oficialismo. Tras el fracaso de la verde-amarelha se iniciaba una dura campaña electoral para renovar mandato. El PT logró ganar en segunda vuelta, aunque con un margen mucho más estrecho que en otras ocasiones. También resultó reducida la cosecha de legisladores, un dato que no sorprendió porque siempre para gobernar el PT necesitó de aliados como el PMDB, el partido heredero de la formación centroderechista tolerada por la dictadura militar. Pero ya las nubes del vendaval de denuncias por corrupción en Petrobras habían mostrado toda su virulencia.
Cómo fue que la petrolera –que había crecido hasta ser la cuarta empresa del mundo en su rubro y la décima entre las multinacionales en 2013, tras el descubrimiento de los inmensos yacimientos submarinos del Pre Sal– cayó al puesto 416 que hoy ostenta puede ser la crónica de un «carpetazo” monumental o el reflejo de una puja sin cuartel por los recursos fundamentales del país.
Es que tras una dura pelea en el congreso el gobierno había logrado –hace justo dos años– destinar el 75% de las regalías petroleras a planes de educación y el 25 restante a salud en todo el país. Un logro que dejaba fondos fijos para sustentar un proyecto político de envergadura destinado a cambiar para siempre el rostro del Brasil sumergido. En el último balance, la firma computó pérdidas por 8800 millones de dólares en 2014, y poco más de 2000 mil millones bajo el rótulo de quebrantos debidos a la corrupción durante ocho años.
El avance de las investigaciones judiciales, azuzadas por oportunas publicaciones en los medios más influyentes del establishment, tiene a Dilma en jaque desde que asumió su segundo mandato. Se trata de un caso que, como lo presentan los periódicos, apesta por donde se lo mire porque involucra a dirigentes políticos de todos los sectores e incluso salpica al ex presidente Lula da Silva y a la propia Dilma Rousseff. Pero apesta también porque las pruebas reales y concretas para condenar a los imputados no abundan. Gran parte de la acusación se basa en los dichos incriminatorios de un cambista, Alberto Youssef, implicado en el caso que con tal de morigerar su condena por blanqueo de dinero «prendió el ventilador» contra un puñado de ex socios, grandes empresarios y funcionarios de la empresa y del gobierno. De allí la indignación de Lula este martes. «Es inaceptable que una gran democracia como la de Brasil, con 200 millones de habitantes y una de las mayores economías del mundo, se haya transformado en rehén de un criminal notorio y reincidente», publicó el metalúrgico en su página de Facebook.
Como para no protestar, por menos que eso ya había sido condenado en 2012 José Dirceu, quien fuera su jefe de Gabinete y arquitecto de las alianzas que lo llevaron al poder. El fallo del Supremo Tribunal Federal lo sentenció a algo más de siete años de prisión inculpado de haber organizado un esquema para financiar el apoyo de partidos amigos y no tanto para la aprobación de las leyes que necesitó el PT. Lo sustancioso es que fue sentenciado a pesar de que, como reconocieron los jueces máximos, no había evidencias documentadas del ilícito, sólo declaraciones y sospechas que, para los magistrados de la mayoría que firmó el fallo, sonaron creíbles.
Ahora, al menos, hay un balance de Petrobras que le pone cifras al desfalco y además Pedro Barusco, ex gerente de Sete Brasil, una empresa ligada a Petrobras, devolvió unos 57 millones de dólares que, dijo, eran desvíos de fondos, depositados en Suiza. Una bolsa demasiado importante como para que ingresara a las arcas públicas por simple generosidad o una maniobra política.
La situación con Petrobras (el petrolão) tiene similitudes con el llamado «mensalão», el que llevó a la celda a Dirceu. La denuncia es por haber financiado en forma irregular a partidos o dirigentes para aceitar la aprobación de leyes que el gobierno necesitaba para avanzar en su proyecto político. Una trampa, en todo caso, en la que se habría embretado el oficialismo en su afán de cambiar las cosas en el marco de normativas pergeñadas por la derecha para que precisamente nada pueda cambiar.
Ahora en el Congreso aparecieron voces teñidas de virtud que despotrican por el escándalo Petrobras. Pero las denuncias implican a las caras visibles del PT como del PMDB y hasta de partidos menores. Que la gestión de Dilma iba a estar teñida con este perfil se avizoraba desde que remplazó a Lula. En sus primeros dos años en el Planalto, Rousseff desplazó a siete ministros denunciados por distintos casos de irregularidades. La mayoría no eran del PT. Pero no alcanzó con ese gesto firme, o quizás fue visto como señal de debilidad. Lo interesante es que como forma de paliar este momento aciago, la presidenta intentó cambiar la Ley Electoral, cosa de transparentar la voluntad popular. Y para salir del atolladero económico, envió a las cámaras leyes de ajuste y la propuesta para un nuevo juez en la corte. Ninguna de ellas le fue aprobada aún. Curiosa parálisis en momentos en que a nadie se le ocurriría apurar medidas con el recurso de un sobre.
En Chile, el gobierno de Michelle Bachelet también enfrenta una arremetida por denuncias de corrupción y tuvo que cambiar su Gabinete para recuperar aire político. El personaje más notorio es su hijo y la esposa del vástago, imputados por tráfico de influencia en créditos para la compra-venta de terrenos. Pero los escándalos trasandinos envuelven a dirigentes de todos los partidos, oficialistas y opositores, con empresas que financiaron las carreras políticas de varios.
El caso que afecta a la presidencia repercutió en un juzgado donde una empresa querelló a su nuera por estafa. Las ganancias logradas con información privilegiada sobre modificaciones en la urbanización de la zona fueron fenomenales… Ayer la firma compradora de los terrenos en cuestión recibió la devolución del dinero invertido de manos Natalia Compagnon –la esposa de Sebastián Dávalos, el hijo de Bachelet– y asunto arreglado. Claro que el escándalo dejó mal parada a la mandataria, que había logrado reformar leyes fundamentales para el avance de la democracia en Chile. Entre ellas la ley electoral, la tributaria y la de educación venidas del pinochetismo.
El costo de ir por más democracia es alto y los carpetazos están a la orden del día, como bien mostró Snowden. Por eso es necesario caminar con pies de plomo.
Tiempo Argentino
Mayo 15 de 2015
Ilustró Sócrates
por Alberto López Girondo | Abr 4, 2015 | Sin categoría
En el mundo de los negocios suele decirse que es siempre mejor un mal arreglo que un buen juicio. Por eso de que los tribunales son lentos, y que por más cercanía que se tenga con abogados y jueces, nada garantiza que las cosas salgan como se espera. Hace algunos meses, y cuando el proceso de negociaciones con Irán se encaminaba en Suiza, el presidente Barack Obama se justificaba diciendo que “es mejor un mal acuerdo que ninguno”. Parafraseaba el viejo dicho comercial, sabedor de que no tener ningún acuerdo podría llevar a una situación bélica de imprevisibles consecuencias. Y una guerra, por más que uno tenga el mejor armamento del mundo, no garantiza un éxito. Los desastres que se viven hoy día en Medio Oriente y Afganistán tras las invasiones de la administración de George W. Bush son una prueba bastante contundente de esto. Podrán mencionarse ciertas sinuosidades en la política exterior de Obama, pero en esta cuestión al menos muestra una coherencia que buenos dolores de cabeza la trae, porque los principales críticos de esta postura en relación con el plan nuclear de Irán son los sectores más acérrimos de los republicanos y el gobierno israelí. Pero no son los únicos en el mundo.
El “problema Irán” pasó a ser central para Obama desde que llegó a la Casa Blanca, en 2009. Y a pesar de que en ese entonces gobernaba Mahmud Ahmadinejad, un ultra poco afecto a la negociación, trató de acercar posiciones para retomar un diálogo que se había roto en 1979, con el asalto a la embajada de Estados Unidos tras el derrocamiento del Sha Reza Pahlevi y el surgimiento de la República Islámica.
En mayo de 2010, el presidente brasileño Lula da Silva y el primer ministro turco Tayyip Erdogan anunciaron junto con Ahmadinejad un acuerdo tripartito para someter a controles internacionales el plan atómico persa. El cuestionamiento principal es por el enriquecimiento de uranio, un proceso que Teherán alcanzó un poco comprando tecnología “en el mercado negro” y otro poco mediante acuerdos con países que ya habían alcanzado ese ciclo de desarrollo, como Argentina. Según el acuerdo que anunció Lula en Rio de Janeiro, Irán entregaría 1200 kilogramos de su uranio enriquecido al 3,5% a Turquía –el uranio para fines militares necesita ser enriquecido al 90%–, donde quedarían depositados bajo vigilancia iraní y turca. Al cabo de un año Irán recibiría 120 kilos de uranio enriquecido al 20% de Rusia y Francia para emplear en su programa de uso pacífico.
El anuncio provocó una polvareda diplomática y antes de que se secara la tinta la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton salió a reprocharlo. La respuesta de Lula tampoco esperó: la propuesta obedecía a una carta que le había enviado Obama con ideas para solucionar el entuerto y él no había hecho más que poner manos a la obra. El desaire dejó mal parado al fundador del PT. Y las sanciones contra Teherán se profundizaron.
¿Cuál era el problema con el paper alcanzado por Lula y Erdogan con Ahmadinejad? Básicamente que era fogoneado por nuevos jugadores en la escena global, algo inadmisible para las potencias europeas, que aún en decadencia siguen peleando prerrogativas especiales. Por eso se continuó con el proceso iniciado en 2006 por el grupo 5+1, los cinco países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia más la principal economía del continente, Alemania.
En marzo de 2011 el fallecido periodista José Eliaschev publicó en Perfil un artículo en que acusaba al gobierno argentino de estar negociando en secreto con Ahmadinejad para dejar de lado la investigación del atentado a la AMIA y fortalecer las relaciones comerciales. Para entonces Teherán ya había avanzado en convenios con el gobierno de Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales y quedaba en el olvido el frustrado acuerdo con Lula. En enero de 2013, el gobierno argentino anunció el ahora controvertido Memorandum de Entendimiento con Irán por la investigación del atentado a la AMIA. No vale la pena abundar en las feroces críticas que recibió de la oposición política y mediática e incluso de los fondos buitre.
Cuando en agosto de ese mismo año Hasan Rohaní fue elegido presidente todo el mundo supo que algo había cambiado en Irán. Considerado un islamista moderado, Rohaní es un clérigo bendecido por el imán Ali Jamenei que ya había participado en conversaciones con Occidente acerca del plan nuclear antes de 2005. Un mes más tarde Obama y Rohaní mantuvieron una “histórica” conversación telefónica que ponía fin a 34 años de congelamiento de relaciones.
Sin embargo, los sectores internacionales que no aceptan acuerdos con Irán, jamás se durmieron y “una serie de eventos extraordinarios” se fueron encadenando de tal manera que resulta por lo menos ingenuo no hallarles un origen común. Por esa serie de casualidades permanentes, en estos últimos meses, a medida que en Lausana los 5+1 e Irán iban acercando posiciones, se fueron aguzando las tensiones de sectores contrarios tanto en Argentina como en Brasil. Cuesta trabajo no incluir en este aceitado mecanismo de relojería al súbito regreso y la posterior denuncia contra la presidenta argentina del fiscal Alberto Nisman a horas del ataque a la redacción del semanario Charlie Hedbo. Su muerte, como sea que se hubiese producido, tampoco, tal cual señaló Cristina Fernández. Ni qué hablar del embate del tribunal de Thomas Griesa contra el país, azuzado por los buitres.
En Brasil, a caballito de las denuncias por corrupción en la petrolera estatal, un día antes del balotaje la revista Veja adelantó una edición especial donde ligaban directamente a Lula y Dilma con el escándalo Petrobras. Ahora, en una operación donde aparecen involucrados el hijo de la mandataria argentina con la embajadora en la OEA, Nilda Garre, en una operación financiera con dinero de Irán de por medio, Veja vuelve al ruedo. El negocio, en esta ocasión, sería la venta de tecnología nuclear argentina. Específicamente, uranio enriquecido.
Viene a cuento aquí recordar la fuerte influencia inicial de la tecnología argentina en el proyecto de desarrollo iraní. Desarrollo que había sido empujado por un marino, el almirante Oscar Quillalt, al frente de la CONEA desde 1955 a 1973, entre el golpe contra Perón y el regreso de la democracia camporista. El Sha Pahlevi, que no era lerdo, aprovechó el momento y se llevó a Quillalt y a un equipo de siete científicos que, desde 1975 hasta la caída del monarca, en 1979, llevaron adelante una iniciativa que continuarían los ayatolas. En este juego de transferencia de conocimientos entraría luego Abdul Qadeer Khan, científico pakistaní, héroe nacional en su país y más tarde defenestrado bajo la acusación de haber comercializado por su cuenta tecnología altamente sensible en el mercado negro.
La relación de los argentinos con Irán no se cortaría del todo y en pleno gobierno de Raúl Alfonsín, en mayo de 1987, se aprobó la venta de un núcleo de uranio enriquecido al 20% por parte de la empresa estatal INVAP. Sería durante la gestión de Carlos Menem que por un lado el proyecto nuclear argentino quedaría en terapia intensiva y la relación con Irán, por el otro, se terminó de clausurar por el ataque a la sede de la comunidad judía. Recién con Néstor Kirchner el “átomo argentino” volvería a girar, como quien dice.
¿El acuerdo anunciado en Lausana será firme y duradero? Es difícil predecirlo. Señala cómo llegar a la firma de un documento definitivo el 30 de junio. Hay mucho que andar todavía, pero los países más poderosos del mundo mostraron su optimismo. El secretario de Estado John Kerry agradeció a todos los que participaron de las reuniones, y especialmente a los iraníes. Y reconoció que para llegar a un acuerdo todos debieron ceder algo. Esto es, que si bien no lograron todo lo que se proponían, tampoco lo hizo Irán, aunque las declaraciones para la propia tribuna digan lo contrario.
Este avance muestra también que con todas las críticas, Obama fue consecuente en este caso con la idea de movilizar soluciones alejadas del campo de batalla. Por eso es y será fustigado dentro y fuera de Estados Unidos. Reconoció que otros vientos soplan en el mundo y desplegó las velas para no dejarlos pasar. Esos nuevos vientos también fueron entendidos por Lula y por Cristina en su momento. ¿Habrá que confiar que ahora viene una paz definitiva? De ninguna manera, falta la letra fina y no habría que descartar nuevos eventos extraordinarios en un camino sembrado de espinas. Pero fue un paso en la buena senda.
Tiempo Argentino
Abril 4 de 2015
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