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Lula y el desafío de controlar a los militares golpistas

Lula y el desafío de controlar a los militares golpistas

El ataque contra los edificios públicos que representan a la democracia brasileña del domingo pasado alarmó a todo el mundo, aunque no debió causar sorpresa. Los campamentos de los bolsonaristas frente a los cuarteles militares desde el triunfo en segunda vuelta de Lula da Silva advertían que ahí se estaba jugando el clima que le tenían deparado al líder del PT para su tercer período. Y efectivamente, los ojos ahora están posados en la participación -o vista gorda- de militares, policías y empresarios envueltos en la chirinada que pretendió dejar chica la invasión al Capitolio de grupos trumpistas justo dos años antes.

Por lo pronto, avanzan las investigaciones sobre el expresidente Jair Bolsonaro y este sábado fue detenido ni bien pisó suelo brasileño el exsecretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, que había sido ministro de Justicia del ultraderechista y fue bendecido luego con ese cargo clave por el ahora suspendido gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha. También aparecen implicados el general Achiles Furlan Neto, jefe del Comando Militar de la Amazonia; el coronel Márcio Cavalcante de Vasconcelos, comandante de la Policía Militar de Brasilia, y los comandos de Estado Mayor y de los departamentos Operacional, de Control, de Logística y Finanzas, de Ejecución Presupuestaria y de Personal.

No sería mucho trabajo tirar de la cuerda más hacia arriba. El ex vicepresidente de Bolsonaro, Hamilton Mourão, elegido senador por Rio Grande do Sul, tuiteó luego de la intentona que “la detención indiscriminada de más de 1200 personas que están confinadas en condiciones precarias en las instalaciones de la Policía Federal de Brasilia muestra que el nuevo Gobierno, coherente con sus raíces marxistas-leninistas, actúa de forma aficionada, inhumana e ilegal”. Y a continuación dice que los actos del 8E “los podemos, si, considerar, VANDALISMO (mayúsculas en el posteo) pero terrorismo es una vez más desgarrar la legislación de nuestro país”.  Su explicación es que “acto terrorista es aquel practicado por xenofobia, discriminación o preconcepto de raza, color, etnia o religión. Ninguna de ellas fue el motor que motivó los acontecimientos de Brasilia”.

No solamente en la mira están los uniformados -Torres es policía, de hecho- sino empresarios como Fernando José Ribeiro Casaca, dueño de una docena de hoteles, quien habría financiado el transporte en ómnibus para llevar a bolsonaristas hacia la capital brasileña. La Abogacía General de la Unión (AGU, el órgano equivalente a la Procuración del Tesoro argentino) pidió congelar además los bienes de 52 personas físicas y siete personas jurídicas responsables también de alquilar los colectivos. La mayoría son empresarios del transporte.

Torres, como contó el portal de Tiempo el mismo domingo pasado, se había ido a Florida, Estados Unidos, el sábado anterior. Cuando estalló el ataque a las sedes del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) se apuró a condenar los hechos por twitter, pero solo reconoció que había viajado a EE UU cuando lo descubrió la corresponsal de Folha de São Paulo, a quien le dijo que estaba de vacaciones y no para verse con Bolsonaro, que “casualmente” también había recalado en ese exilio dorado. El exmandatario, repentinamente, fue internado el lunes en un sanatorio “con fuertes dolores estomacales”.

Ante esta exposición, Torres prometió volver al país, cosa que hizo ayer. Un día antes, la Policía Federal le había allanado la casa por orden judicial y encontró un borrador de decreto elaborado cuando era ministro de Bolsonaro en el que se desconoce el resultado de las elecciones de octubre. El funcionario ahora en desgracia reconoció la existencia de ese documento que, afirmó, “iba a ser triturado oportunamente en el ministerio”. Lamentó haber dejado esas pruebas incriminatorias. Sobre todo porque, afirmó explícitamente, el papel “fue filtrado fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces”.

En un desayuno con periodistas, Lula reconoció este martes que los militantes bolsonaristas habían tenido ayuda interna para entrar a las sedes de los tres poderes democráticos mediante la connivencia de policías y militares que trabajan allí, dado que no hubo puertas rotas ni cerraduras violadas. Y aseguró que haría una “revisión profunda” de la seguridad en áreas clave.

Luego el gobierno dejó trascender que el presidente se reunió con los comandantes del Ejército, Julio César de Arruda, de Marina, Marcos Sampaio Olsen, y de Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, quienes le aseguraron que las tropas se mantienen en respeto por las jerarquías y se comprometieron a investigar la responsabilidad de cada mando en los hechos.  Arruda fue designado por Bolsonaro el 29 de diciembre luego de un acuerdo del equipo de transición y tras un intento de rebelión interna que no se dimensionó públicamente esa vez.

El resultado quedó expuesto ahora y, también, la necesidad y la oportunidad de hacer los cambios en las Fuerzas Armadas que nunca se hicieron desde la recuperación de la democracia, en 1985, luego de una dictadura de 21 años. 

Tiempo Argentino, 15 de Enero de 2023


Durmiendo con el enemigo

Durmiendo con el enemigo

Lo primero que debería decirse es que el triunfo de Lula da Silva calma los espíritus. Pero la foto mostró que Brasil está dividido justo al medio. Que el resultado, aunque suficiente para volver al Planalto, es el más exiguo en su carrera a la presidencia. Y que deberá acostumbrase a dormir con el enemigo. Porque se trata de un enemigo que no le va a hacer las cosas fáciles. Y un enemigo, además, que construyó un liderazgo que no se podrá soslayar. De nada vale decir ahora que fue sobre la base de haber excluido al dos veces presidente mediante una operación de lawfare en 2018. El presente es el que manda.

Y el presente dice, crudamente, que no solo Jair Bolsonaro y los “bolsominions” estarán haciendo bulla en su contra. También sectores pentecostales y de las Fuerzas Armadas, que fueron grandes sostenes del actual mandatario. Incluso los policías, que como demostraron este domingo, no dudarían en detener a todos los votantes del líder sindical con tal de que no pueda gobernar.

Por empezar, el nuevo gobernador de San Pablo será Tarcísio de Freitas, de 47 años, ingeniero recibido en la Academia Militar das Agulhas Negras y que participó en la misión en Haití ordenada por el presidente Lula en 2004. Tuvo cargos de su especialidad durante los gobiernos del PT y luego fue ministro de Infraestructura de Bolsonaro.

Para el bolsonarisno, San Pablo es el triunfo más preciado, ya que desde allí consolidará una fuerte expresión opositora al nuevo presidente. No por nada es el distrito más poblado y poderosos del país, sede de los grandes capitales económicos y financieros y que cantó sus loas a Bolsonaro, que le sacó 11 puntos de ventaja a Lula en la presidencial.

El escenario en el Congreso no será más auspicioso. Nunca el PT tuvo el control de las cámaras legislativas, pero era la primera minoría y Lula ha sido un gran articulador de alianzas. A veces al precio de tener que comerse algunos aliados circunstanciales que mejor hubiera sido no encontrar en el camino.

Esta vez contará con alrededor del 10% de los legisladores en el Congreso. Pero el bolsonarismo propiamente dicho (el Partido Liberal, PL) ganó 22 bancas más en la cámara baja de 513 diputados, donde ahora sumará 99 escaños, mientras que el PT solo tendrá 68 representantes. En el Senado, el PL logró 14 bancas contra 9 del PT. Pero los partidos más identificados con la derecha superan con creces el 50% de los curules en ambas cámaras.

Es decir que la derecha está en condiciones de bloquear cualquier iniciativa o incluso avanzar hacia un escenario de impeachment como ocurrió contra Dilma Rousseff en 2016. Pensar que el bolsonarismo es diferente al fujimorismo que acosa a Pedro Castillo en Perú desde el día en que resultó elegido, también por mínima diferencia, es ilusorio. Cierto que Lula tiene el cuero duro y la muñeca experta, pero estos sectores extremos no se caracterizan por aceptar negociaciones.

En todo caso el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, que también fue gobernador paulista -entre 2011 y 2018- no debería ser de arriar con el poncho en una eventual embestida destituyente. Integrante del PSB (Partido Socialista Brasileño) Alckmin en la práctica llevó adelante políticas de centroderecha y acompañó al PSDB durante más de 20 años, pero no tendría mucho para ganar si cede, como hizo Michel Temer hace seis años. A los 69 años, este médico ligado en su origen al Opus Dei todavía puede aspirar a una carrera política propia y no diluirse como ocurrió con el vice de Dilma, que en ese momento tenía 76 años y no le hacía asco a retirarse de la política.  

Este domingo también hubo balotajes gobernadores en 12 estados. Además de San Pablo, hubo comicios en Río Grande do Sul, donde el bolsonarista Onyx Lorenzoni cayó contra Eduardo Leite, reelecto con el PSDB. Al petista Jerónimo Rodrigues Souza ganó en Bahía, mientras que Raquel Lyra, también del PSDB, derrotó en Pernambuco a Marilia Arraes, que contó con apoyo del PT.

Ahora, los cuatro estados nordestinos quedan en manos del PT (Bahía, Ceará, Río Grande do Norte y Piauí). El Partido Unión Brasil, fundado en 2021 en base a agrupaciones de centroderecha en lo que da en llamar el “centrão”, obtuvo otras cuatro gobernaciones. Con 59 diputados y 10 senadores, es el que puede inclinar la balanza en cualquier disputa de posiciones. Nadie augura que lo haría por el futuro oficialismo de buena gana, pero habrá que ver. Con Bolsonaro supieron acomodarse.

Tiempo Argentino, 30 de Octubre de 2022

Elegir entre el overol y el uniforme

Elegir entre el overol y el uniforme

Decir que las elecciones de hoy en Brasil son de un tremendo impacto regional sería una obviedad. No es lo mismo un proceso de integración con un Lula en el Planalto que otros cuatro años del individualismo violento que despliega Jair Bolsonaro. Vamos, no es lo mismo un proceso con la gente adentro que con la gente matándose por un ingreso miserable.

Hay aspectos simbólicos que también se juegan en las urnas brasileñas este 2 de octubre. Es, básicamente, la disputa entre un obrero metalúrgico que lideró un sindicato combativo en históricas huelgas y un excapitán del Ejercito expulsado por haber intentado poner una bomba en un reclamo salarial en esa fuerza hay un abismo, no exento de similitudes.

Lula, nacido en la mayor pobreza nordestina –matrimonio con siete hijos, padre que dejó el hogar, madre encargada de sacar a flote al piberío hambriento– luce con orgullo el único título profesional que consiguió en su vida, el de tornero mecánico. Así se definió ante el juez Sergio Moro cuando lo indagó en una de las causas que le armaron para sacarlo de circulación en 2018.

Luiz Inacio Lula da Sliva había perdido el meñique de la mano izquierda en una fábrica automotriz a los 17 años. Dice que entendió la necesidad de crear un partido político para tener representación gremial en el Congreso y aún en dictadura impulsó la creación del Partido de los Trabajadores (PT). Fue varias veces condenado: en 1980 por una huelga que duró 42 días en el cinturón industrial de San Pablo de la que participaron 300.000 trabajadores. En 2017, en causas amañadas por Moro, que luego sería ministro de Justicia de Bolsonaro. Pasó 580 días en prisión hasta que terminó liberado en noviembre de 2019.

Bolsonaro, descendiente de una familia de emigrantes de Italia y de alemanes, de padre dentista sin título, tuvo cinco hermanos. En el último debate, insistió con el latiguillo de que Lula es un expresidiario. Pero él también estuvo entre rejas: fue arrestado en 1986, cuando era capitán en el 8º Grupo de Artillería de Campaña Paracaidista por haber publicado una carta en la revista Veja reclamando por los bajos salarios. Fueron solo 15 días y ante el escándalo interno que se armó terminó liberado. Un año más tarde fue arrestado nuevamente por un intento de sabotaje a un oleoducto como una escalada de ese mismo reclamo. En 1988 pasó a la reserva y comenzó su carrera política. Se puso el hombro la defensa legislativa de los crímenes de la dictadura.

Lula representa ese mundo con olor a limaduras de hierro y grasa grafitada. Bolsonaro hubiera deseado poder olfatear el «aroma del napalm», como aquel teniente coronel Killroy interpretado por Robert Duvall en Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola.

Lula representa el mundo de las luchas colectivas junto con los de overol, un mundo basado en el trabajo registrado y los beneficios sociales. Bolsonaro, el de la corporación de uniforme y armada en defensa de los intereses particulares. Los dos defendieron el salario desde sus orígenes, pero no es lo mismo el que arriesga sus manos en una maquinaria para ganarse el sustento que el que jala el gatillo, como diría Killroy. O el que celebra a los que jalan el gatillo, como el excapitán que homenajea a militares torturadores.

Tiempo Argentino, 2 de Octubre de 2022

Tibia reacción del gobierno argentino y apoyos a Lula del progresismo regional y europeo

Tibia reacción del gobierno argentino y apoyos a Lula del progresismo regional y europeo

«El gobierno está mirando lo que acontece en Brasil, que tiene repercusión en la Argentina y la región. Siempre nos va a encontrar en la defensa de la institucionalidad, de la paz social, de la calma y del derecho.» Escueto, el secretario de Derechos Humanos de Argentina,  Claudio Avruj, trató de esquivar definiciones demasiado comprometedoras ante Alejandro Bercovich en Radio con Vos.  El gobierno nacional, vinculado ideológicamente con las medidas de Michel Temer desde la destitución de Dilma Rousseff, no puede celebrar abiertamente la detención de Lula, pero ese paso judicial puede ser fuente de inspiración en torno de Cristina Fernández. 

Bercovich le recordó a Avruj el peligroso mensaje del comandante del Ejército brasileño, Eduardo Villas Boas en contra de «la impunidad» horas antes de que el Supremo Tribunal de Justicia votara el hábeas corpus de Lula. «Los que tenemos cargos de relevancia tenemos que llamarnos a la moderación, y en situaciones como estas tener mucho cuidado con las cosas que se dicen y la responsabilidad que tenemos». 

El amenazante tuit del militar vino luego de una declaración de un general de la reserva, Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, llamando a un golpe militar. «Si [Lula] tiene tanta racha y cambia la ley (para ser candidato) no queda otro recurso que la reacción armada. Ahí es el deber de la Fuerza Armada restaurar el orden.» 

Ni la OEA, ni el Mercosur ni la Unasur emitieron comunicados sobre un hecho tan grave como la amenaza de interrupción armada de una democracia. 

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se limitó a decir «confiamos en la fortaleza institucional de nuestro principal socio comercial y que haya tranquilidad institucional para poder sostener este proceso de recuperación de la economía y de la situación social que se viene viendo en los últimos meses».

En este páramo, se destaca el repudio contra «sectores de las Fuerzas Armadas de Brasil con explícito apoyo del sector mediático, en especial de la cadena Globo, donde pretende repetir lo que se hizo en 1964, cuando se incitó a jefes militares contra el gobierno constitucional de João Goulart» de parlamentarios regionales. Firman el documento, fechado en Panamá, la bancada Progresista del Parlasur, el Grupo político en el Parlamento Europeo Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) y parlamentarios de Izquierda del Parlamento Centroamericano, Parlamento Andino y Parlamento Latinoamericano.

Los partidos españoles Podemos e Izquierda Unida, que con Unidos Podemos son la tercera fuerza en el Congreso de los Diputados, denunciaron por su parte una «persecución política» contra Lula da Silva.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó a ese hecho de «criminal persecución» contra el exmandatario brasileño.»Lula ha sido símbolo mundial de justicia, de democracia, pero las élites oligárquicas de Brasil, neofascistas, han desatado una criminal persecución.»

«El fallo sólo busca impedir su retorno a la presidencia de Brasil, pues a la oligarquía no le interesa ni la democracia ni la justicia», afirmó Evo Morales.

Lucía Topolansky, vicepresidenta de Uruguay,se lamentó por la detención de Lula pero también «por la democracia latinoamericana». El ministro del Interior uruguayo, a su turno, indició que lo que se busca con la prisión de Lula es «que no sea candidato». 

Tiempo Argentino, 7 de Abril de 2018