por Alberto López Girondo | Ago 30, 2013 | Sin categoría
La presidenta Dilma Rousseff tuvo que salir a aclarar que América Latina es prioridad absoluta de la política exterior de Brasil. Fue cuando le tomaba juramento a su nuevo ministro de Relaciones Exteriores, nombrado a las apuradas luego del escándalo por la fuga de un senador condenado por corrupción en Bolivia. Luego del paso de Lula da Silva por el Palacio del Planalto, el mandato de su sucesora apareció más bien deslucido en torno a la necesaria profundización del proceso de integración regional. Necesaria para los vecinos tanto como para el propio Brasil, que a pesar de estar jugando en las grandes ligas internacionales –como el grupo BRICS– necesita como el agua tener las espaldas cubiertas en lo geopolítico –uno nunca sabe– tanto como preservar sus mercados naturales. Es que en los últimos años la economía brasileña, de la mano del auge de la producción primaria, fue cediendo impulso a su crecimiento industrial, y Latinoamérica y algunos países africanos son su única opción de comercio de bienes manufacturados.
Eso no impide que grupos retrógrados desde lo cultural, pero muy bien enquistados en las burocracias gubernamentales –y principalmente en la Cancillería– hayan puesto un palo en la rueda de las relaciones de Bolivia con Brasil. Como era de esperarse, ese grano en las relaciones con un aspirante a ingresar al Mercosur y proveedor fundamental de energía al polo paulista, venía de antes. De cuando el pastor evangelista y senador opositor boliviano Roger Pinto Molina ingresa a la Embajada de Brasil en La Paz, el 28 de mayo de 2012, para pedir asilo. Alegó ante el entonces embajador Marcel Biato que era un perseguido político. Las protestas del gobierno de Evo contra Brasil no se hicieron esperar.
Pinto, sin embargo, cargaba 21 acusaciones de corrupción. Y no sólo eso: como íntimo allegado al ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, también pesan sobre él las sospechas por el asesinato de trece campesinos a manos de grupos paramilitares apoyados por la oligarquía de la rica «Media Luna» de Bolivia en 2008, en lo que se conoció como la Masacre de Pando. De hecho, Fernández fue condenado como autor intelectual de aquella matanza cuando la derecha pensaba en voltear a Morales o al menos producir la secesión del país. Pinto, que se presenta como pastor evangélico, siempre estuvo a la derecha del dial. Primero, en el partido del ex dictador (1971-78) y luego mandatario (1997-2001) Hugo Banzer; y más tarde, con el sucesor y delfín de aquel, Jorge Quiroga (2001-02). Fue juez y también gobernador del ganadero distrito de Pando en los ’90 y llegaría al Senado antes de la llegada de Morales al poder. Se acercaría luego a otro gobernador de la región, el cochabambino Manfred Reyes Villa, quien también caería en desgracia judicial, aunque fue más rápido y se exilió en Estados Unidos antes de rendir cuentas en su país de origen.
Las causas contra Pinto Molina van desde la venta irregular de tierras estatales al traspaso ilegal de fondos públicos y «daño económico al Estado» cuando era gobernador de Pando y director de la Zona Franca de Cobija, la capital de la provincia (2000), y supuestamente habría desviado irregularmente recursos a la Universidad Amazónica de Pando. Su defensa alega que en todos los casos se trata de procesos políticos sin sustento judicial. Hablan de persecución.
Hubo tres hechos en los últimos meses que aceleraron la fuga de Pinto. Uno es que en junio, un tribunal de sentencia lo condenó a un año de cárcel por una de las causas en su contra que implicaba el manejo ilícito de 11 millones de pesos bolivianos. En ese mismo mes el embajador Biato fue retirado y la sede diplomática quedó en manos del encargado de Negocios, Eduardo Saboia.
El otro dato es que un mes más tarde, en la última reunión de Mercosur, se emitió una declaración donde se garantizaba que los países miembros se comprometen a respetar el derecho de asilo. Bolivia era uno de los firmantes de ese compromiso en su condición de país que pidió el ingreso al organismo y que espera la ratificación de los restantes miembros. La declaración hacía referencia al pedido de asilo de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, pero a Pinto le cabían las generales de la ley, y a la posibilidad de que Edward Snowden hiciera lo propio desde Moscú.
Hasta acá todo se podría haber resuelto por una vía diplomática. La tesis de Itamaraty podría traducirse como dejar que el tiempo pase y en algún momento convencer al gobierno de Morales –o a algún sucesor– de que le otorgaran el salvoconducto al ex senador boliviano para que viajara a Brasil. Pero como el diablo siempre mete la cola, Saboia parece haberse conmovido por la situación que atravesaba Pinto, literalmente preso en el edificio de la embajada durante 454 días, y decidió una operación más propia de Hollywood que de relaciones entre países hermanos en un contexto de integración regional. Como se sabe, escuchó la voz de Dios y metió al pastor evangelista en un vehículo oficial custodiado por fusileros navales, justo a las 14:30 del sábado 24 de agosto –Pinto se sacó una foto donde muestra en primer plano el reloj pulsera– y lo llevó a atravesar el país para cruzar la frontera con Brasil 22 horas más tarde. No porque la distancia sea tan grande, sino porque los caminos son difíciles en llanura pero mucho más en la montaña desde La Paz hasta Corumbá, en el estado de Matto Grosso.
Allí esperaba al dúo una avioneta contratada por el senador del PMDB Ricardo Ferraço, que lo llevó a su casa en Brasilia. El dirigente de Espíritu Santo pensaba llevar a Pinto al Senado en Brasilia, donde preside la comisión de Relaciones Exteriores, para que explicara su situación. Pero el escándalo era demasiado grande como para que los legisladores pisaran el palito. El PMDB es socio del PT en el gobierno y aportó apoyo legislativo y, primordialmente, al vicepresidente Michel Temer. Pero la relación con Bolivia no es para boicotear así como así para el trabalhismo. Y menos con un gobierno que proviene de la dirigencia gremial como es el de Evo Morales.
Cierto que no es la primera vez que hay choques entre La Paz y Brasilia desde que Lula llegó al gobierno. No se debe olvidar que la derecha brasileña –que no es poca ni silenciosa precisamente– despotricó contra el metalúrgico cuando el gobierno de Evo nacionalizó y ocupó militarmente las instalaciones de Petrobras, o cuando a raíz de las protestas de comunidades indígenas se suspendió el contrato con la empresa OAS para la construcción de una carretera por el TIPNIS. En el último encontronazo estuvo presente Ferraço, cuando hinchas del Club Corinthias, del que es «torcedor», protagonizaron incidentes en el estadio de Oruro, que dejó como resultado la muerte de un simpatizante del local San José, en febrero pasado.
El que fue a interceder entonces por los doce «corinthianos» detenidos por el crimen fue el bueno de Saboia. Pero allí tomó partido por su caso el senador Ferraço, que denunció la investigación como una represalia por el asilo a Pinto Molina. Nadie duda de que aprovechando esa visita es que se armó el operativo de fuga que ya le costó la cabeza al canciller Antonio Pariota, que en un enroque de esos que caracterizan a las reglas del buen arte político, trocó su puesto con el embajador de Brasil en la ONU, Luiz Alberto Figueiredo Machado.
La ONU no es un puesto menor para ningún diplomático de ese país, habida cuenta de que Brasil aspira a reformar su carta orgánica para ingresar en el selecto grupo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Quiere entrar como representante de América Latina. Una posición bien diferente a la que plantea la Argentina, actual presidente pro témpore de ese suborganismo, que propone la desaparición de la figura de miembro con derecho a veto, porque lo entiende como un privilegio antidemocrático.
En relación con Siria, ambos gobiernos mostraron también sus diferencias: no aceptan una intervención militar, aunque Itamaraty dice que hasta que la ONU no dé el aval. La Cancillería local, en cambio, señaló que no quiere ser cómplice de nuevas muertes en ese país. Mientras tanto, el presidente Barack Obama, dice su gobierno, está decidiendo cuándo y cómo intervenir. Él también quisiera dejar que todo sucediera sin que nadie haga demasiadas olas. Por eso todavía no resolvió si en Egipto hubo un golpe militar, dato central para mantener la ayuda a los militares que gobiernan nuevamente de facto ese país. Pero no siempre resulta fácil dejarse llevar por la corriente.
Tiempo Argentino, 30 de Agosto de 2013
por Alberto López Girondo | Dic 28, 2012 | Sin categoría
El 1º de enero de 2003 se iniciaba un proceso político que marcaría profundamente la historia de Brasil y de América Latina. Ese día, un obrero metalúrgico surgido de las capas más pobres de su país, juraba como presidente en el Palacio del Planalto. Su discurso inaugural era toda una definición y todavía conmueve desde Youtube: «Yo, que tantas veces fui acusado de no tener un título universitario, consigo mi primer diploma, el título de presidente de la República de mi país.» Como una puñalada fríamente calculada, sin embargo, este décimo aniversario encuentra al líder sindical ante la encrucijada de terminar juzgado por delitos de corrupción de los que no hay pruebas. Pero que por esas cuestiones de la política, tampoco parece relevante que las haya. Después de todo, hombres de su más estrecha confianza en el Partido de los Trabajadores ya fueron condenados sin que las evidencias fueran un detalle que frenara al Supremo Tribunal de Justicia.
A lo largo de su historia, Brasil nunca se había vinculado mucho con el resto de los países de la región. Más bien, puesto como un freno al poderío de la corona española en el continente americano, siempre se había mantenido al margen. Cuando las tropas napoleónicas invadieron la península ibérica, en 1808, Juan VI de Braganza huyó a Río de Janeiro, donde instauró la capital provisoria de su reino. Las demás naciones americanas, mientras tanto, comenzaban el movimiento revolucionario que devino en cruzadas independentistas. Para 1822, en plena guerra contra la restauración del absolutismo, el hijo de Juan, Pedro I, se declaraba independiente y anunciaba la creación del Imperio del Brasil. La República nacería en 1889, un año después de que se aboliera la esclavitud.
El gobierno del PT siguió una tradición integracionista que los gobiernos populistas del continente y de su propio país habían intentado sin éxito, y que encuentra su pico en Getulio Vargas en los 50. Lula vino a poner fin a ese aislamiento que perjudicaba tanto a los brasileños como al resto de los latinoamericanos, y fue artífice a la vez de este momento tan particular que vive la región desde entonces, a partir de que Hugo Chávez profundizara su modelo tras la intentona golpista de 2002 y la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada en marzo de 2003.
Pero la gestión de Lula estaba contaminada por una contradicción original difícil de eludir. Cuando la dictadura se fue, en 1985, había dejado un par de leyes fundamentales para cuidarse las espaldas y mantener los privilegios de la clase dirigente a resguardo de cualquier cambio democrático. Entre ellas, estableció una ley de amnistía que todavía hoy traba el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el golpe de estado de 1964. Crímenes que padecieron algunos de los creadores del PT junto con Lula, como José Dirceu, e incluso la actual presidenta Dilma Rousseff.
Lula, en cambio, no había padecido la persecución de los militares porque estaba ocupado en otros temas: había terminado sus cursos de tornero y se recuperaba de un accidente con una prensa hidráulica que le había destruido el dedo meñique de la mano izquierda durante un turno nocturno en la fábrica de carrocerías Fris Moldu Car.
Esos sectores de izquierda revolucionaria se encontraron con la dirigencia gremial que hacia fines de los años’70 se nucleaba alrededor del líder nacido en el nordeste de Brasil. En 1980, Lula fue artífice de una huelga de 40 días en el cordón industrial de San Pablo y fue detenido y procesado por las autoridades de facto. Pero, obedientes de Washington, los dictadores lo dejaron en libertad. Podría ser todo lo peligroso que aseguraran los uniformados, pero cuando el sindicalista polaco Lech Walesa era la avanzada occidental en el corazón del imperio soviético, que un aliado de Estados Unidos mantuviera preso a un gremialista no estaba nada bien visto.
Nueve años después, Lula fue candidato a presidente por primera vez. Una feroz campaña mediática que no ahorró miserias, al punto de acusarlo de racista porque le habían descubierto una hija no reconocida con una mujer negra, el favorito de los medios Fernando Collor de Mello asumió en 1990. A los dos años renunció en medio de un juicio iniciado en el Congreso por corrupción. El PT –que ya había probado un nuevo modo de gestión al ganar varios municipios, como Porto Alegre y San Pablo –fue entonces uno de los principales acusadores.
Lula perdería dos veces más la presidencia, contra un otrora intelectual progresista devenido en defensor de las ideas neoliberales, Fernando Henrique Cardoso. Fue José Dirceu, un perseguido político de la dictadura, quien se dio cuenta de que debía traspasar otra traba impuesta por los militares y aceptar sumarse a un sistema de alianzas si querían que el sindicalista combativo pudiera al fin calzarse la banda presidencial. Pero algunas de esas alianzas a la larga se convirtieron en letales.
Porque Dirceu, jefe de gabinete de Lula, resultó acusado en una causa abierta a raíz de las denuncias de un oscuro diputado de uno de los partidos que se sumaron a la coalición gobernante, Roberto Jefferson.
La conservadora y muy influyente revista Veja desnudó en 2005 un escándalo de desvío de fondos y lavado de dinero en la empresa de Correos, dirigida por un miembro del partido de Jefferson, designado como parte de los acuerdos electorales. Con tal de salvar el pellejo, Jefferson no dudó en denunciar a la misma revista que en el Congreso había recibido algo así como cuatro millones de dólares a través de un esquema de pagos mensuales (mensalão) para votar las leyes del PT. Jefferson admitió no tener ninguna prueba, pero siguió con el ventilador prendido apuntando al resto de los aliados del PT.
Jefferson resultó condenado a diez años de reclusión, pero fue beneficiado por lo que en Brasil se conoce como «delación premiada» con una reducción de un tercio de la sentencia. La denuncia le costó entonces la cabeza a Dirceu y al entonces presidente del PT, José Genoino. En la volteada caía también otro personaje oscuro, ligado al mundo de los negocios, Marcos Valerio, sospechado de haber facilitado los pagos a través de su agencia publicitaria.
Este año la causa despertó de su letargo, acicateada por los medios que pedían «una condena ejemplar» para «limpiar» la política brasileña, en coincidencia sospechosa con las elecciones regionales en las que el PT logró imponerse en distritos clave como San Pablo, gracias a la crucial incursión de Lula a favor de su candidato Fernando Haddad.
Hubo disidencias entre los jueces supremos, porque no había pruebas concretas de delito: según los acusados el dinero girado a los legisladores era el pago de deudas contraídas por sus partidos durante la campaña, como ha sido habitual desde la vuelta a la democracia en Brasil. Alguno de los magistrados, como Carlos Ayres Britto, reclamó cambiar el modelo de negociación en vigencia. «El sentido de las alianzas es el de su transitoriedad», sostuvo, para criticar lo que llamó las alianzas ad aeternum, «que implican un condicionamiento material a la hora de las votaciones». Otro juez desestimó una acusación proveniente de un testigo tan poco creíble.
Pero el primer juez negro en la historia de la Corte Suprema brasileña, Joaquim Barbosa, se ganó su momento de gloria mediática al sostener la acusación hasta sus últimas consecuencias con el argumento de que si ese sistema corrupto existió, la máxima dirigencia del partido no lo podía ignorar.
Dirceu fue condenado a siete años y once meses de cárcel, Genoino a seis años y once meses. Sobre Valerio recayó la mayor condena: 40 años a la sombra. Por eso no extraña que a pocas semanas de la sentencia se decidiera a prender el ventilador. ¿Y dónde lo iba a hacer sino ante Veja? Allí declaró que Lula no solo sabía en qué consistía el mensalão, sino que se benefició en forma personal. En busca, claro está, de reducir su sentencia en premio a su delación. O de que el PT haga algo para evitarle su ominoso futuro. Barbosa ya dijo que corresponde investigar al ex tornero. La falta de pruebas no parece un obstáculo.
Rodeado de sudorosos trabajadores de la industria, en el cordón paulista donde encontró su lugar en el mundo, Lula dijo lo suyo. «Un canalla (por Valerio), hablando mal de mí en una sala con aire acondicionado, va a perder. Hay gente que piensa que soy un burro. Pero yo sé el juego que plantean. Ellos (el establishment) gobernaron Brasil desde que Pedro Alvares Cabral llegó aquí (en 1500) y no aceptan pacíficamente lo que logramos en ocho años de gobierno».
Después atribuyó los ataques al éxito de su gestión, que por otro lado es innegable. «Sólo existe una posibilidad de que me derroten –desafió–, que trabajen más que yo.» Algo poco probable en gente que mantuvo la esclavitud hasta las puertas del siglo XX.
Tiempo Argentino, 28 de Diciembre de 2012
por Alberto López Girondo | Nov 1, 2012 | Sin categoría
El sistema democrático que dejó la dictadura brasileña resulta más un embrollo destinado a impedir cualquier cambio profundo en la distribución del poder que entre 1964 y 1985 diseñaron los militares que un modelo para la extensión de los derechos ciudadanos. Lo dicen los analistas más diversos y lo corroboró incluso el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Ayres Britto, en un dictamen por el que se condenó por delitos de corrupción a tres encumbrados dirigentes del PT en una causa en la que todos los jueces que participaron de la investigación reconocieron que no hay ninguna prueba material para semejante fallo. Que se manejó sólo con indicios y aportes absolutamente subjetivos luego de la denuncia de un oscuro personaje de ese país que estuvo separado de la política durante diez años por cargos sí comprobables de corrupción. Uno de los condenados es José Dirceu de Oliveira e Silva, un ex dirigente guerrillero que integró el grupo formador del partido del ex presidente y dirigente metalúrgico Lula da Silva.
IMPACTO. La Justicia brasileña llevó el proceso hasta las últimas consecuencias pero levantó críticas en la sociedad.
Dirceu fue el factótum, también, de la gran transformación del Partido de los Trabajadores, que llevó a Lula al poder en 2003, pero que un par de años más tarde caería en desgracia por una combinación de un ataque de la derecha más reaccionaria del país, con apoyo de los medios concentrados y de una Corte de Justicia que al tiempo que intentaba demostrar dignidad en condenar actos que consideró de gravedad institucional sin evidencias, niega el derecho a investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por uniformados en los que hay multitud de pruebas tangibles y demostrables.
Quizás la estocada final contra Dirceu y José Genoino, que era el presidente del PT al inicio de la causa, tenga que ver precisamente con el impulso que el ala izquierda del partido trabalhista le quería dar a los juicios por la Verdad –que puso en marcha finalmente Dilma Rousseff– mientras que Lula sentaba las bases para poner en marcha los cambios más profundos en la historia moderna del Brasil, bajo un sistema democrático diseñado para impedírselo.
Vida de novela
La historia de Dirceu podría ser la base para una novela. Nacido en Minas Gerais, se instaló en San Pablo donde devino en líder estudiantil en aquellos acalorados días de 1965, a poco de que los militares se instalaran en el Planalto con un proyecto económico de corte desarrollista-represivo. En 1968 cae detenido en el interior del estado de San Pablo en el marco de un congreso de estudiantes. En 1969 dos grupos guerrilleros, el MR-8 (por el día de octubre en que fue muerto el Che Guevara) y Acción Libertadora Nacional (ALN), secuestraron al embajador de Estados Unidos en Brasil, Charles Burke Elbrick. Dirceu y otros 14 presos políticos fueron liberados y deportados como parte del acuerdo para dejar en libertad al diplomático. Dirceu fue primero a México y luego a Cuba. Allí se hizo una cirugía estética y cambió su identidad para volver clandestinamente a su país, donde fue conocido como Carlos Henrique Gouveia de Mello. Ni siquiera la mujer con la que se casó entonces sabía de su pasado. Mientras tanto, la dictadura le había quitado la ciudadanía. Con la amnistía de 1979, «rehizo» su cara original y volvió a su país para fundar, unos años más tarde, el PT junto con un puñado de dirigentes obreros e intelectuales de izquierda.
Recuerda Ricardo Romero, politólogo y docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la de San Martín (UNSAM) y especialista en temas brasileños que renueva cotidianamente en su sitio www.politicabrasil.com.ar, que fue Dirceu el que diseñó la estrategia para la toma del poder por la vía democrática. Es decir, aceptando unas reglas de juego que no facilitaban las cosas. Lula había perdido en tres ocasiones y en el PT primó la idea de que si se quería dejar de ser un partido testimonial y de oposición era necesario armar coaliciones. Así fue que se diseñó una política de alianzas con partidos de centroizquierda primero y luego con sectores más conservadores pero dispuestos a apoyar un neodesarrollismo que prometía beneficiar a la clase trabajadora por su impulso a la producción nacional pero que iba en principio a atacar a los viejos «coroneles» de los que solía escribir Jorge Amado, esos caudillos feudales del Nordeste del país, sin ir más lejos.
De esta urdimbre nació el acuerdo con el vicepresidente que tuvo Lula, José Alencar, un empresario textil de derechas, líder de un movimiento de la Iglesia Evangelista con gran inserción en medios radiales en todo el territorio del país.
Prender el ventilador
Uno de estos aliados, Roberto Jefferson, sería el que clavaría el frío puñal por la espalda, con el apoyo de la revista Veja, en ese año de 2005 que dejaría como un gran hito para la historia latinoamericana el entierro del ALCA en Mar del Plata. Esa, que parece otra historia, quizás no lo sea tanto en vista de lo que se jugaba entonces en los medios brasileños primero y en el interior del PT después.
Según el entonces diputado Roberto Jefferson, Dirceu, a la sazón el jefe del gabinete de Lula, era el encargado de repartir sobresueldos de hasta 12.000 dólares por mes a aliados del PT gobernante para acelerar leyes esenciales para la gestión. El caso saltó a la prensa como el mensalão (literalmente «sueldón mensual») entre enero de 2003, cuando asumía el PT, y principios de 2005. Según Jefferson, que admitía no tener ninguna prueba, los beneficiarios fueron legisladores de los aliados partidos Progresista (PP, conservador) y Partido Liberal (PL, derecha, el del vicepresidente). Él mismo, como miembro del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), declaró haber recibido dinero del PT para financiar su campaña en el marco de la alianza interpartidaria.
El problema es que toda esa información la sacó a la luz luego de haber sido denunciado por la revista Veja en el marco de una denuncia de irregularidades en el Correo que lo involucraban directamente. Ya Jefferson había estado en el centro de los debates algunos años antes, cuando era la única espada que en el Congreso defendía a Fernando Collor de Melo en el juicio por corrupción que finalmente lo obligó a renunciar.
El caso es que Jefferson –como diría Amado– «prendió el ventilador» para defenderse del caso del Correo y acusó a Dirceu, al presidente del PT, José Genoino, y al tesorero Delúbio Soares de haber pergeñado un esquema de corrupción del que juró que el presidente Lula no tenía conocimiento.
El caso ponía en el tapete el sistema que amañó la dictadura y por el cual, resalta Romero, ningún partido puede tener mayoría parlamentaria, lo que obliga a una permanente negociación. Se lo conoce como sistema de preferencias. «Hay una doble elección: un candidato adhiere a un partido pero junta votos de manera personal. Se trata de una lista no bloqueada o plurinominal», aclara. Eso personaliza la elección y hace que la negociación sea no sólo con la oposición sino también hacia adentro del propio partido. Cada diputado tiene su base territorial a la que necesita rendir cuentas logrando dinero para obra pública o incluso para conseguir cargos a los adherentes.
Por otro lado, tienen más representación regiones con menos población a expensas de los distritos más populosos. Lo que hace que Recife tenga en comparación más representantes que San Pablo. Y no es mal visto que un dirigente pase de bando por cuestiones momentáneas. «No es raro que un diputado entre por un partido, se pase a otro en medio de una negociación clave y luego vuelva al partido original». De tal modo que cada decisión a nivel parlamentario se tiene que dar con los bloques pero también con dirigentes que tienen peso territorial.
Es así que prendió la denuncia contra el PT, acusado de haber «comprado» votos de congresistas para que le aprobaran las leyes que el gobierno necesitaba.
El problema es que no había nada que vinculara a los condenados con el llamado mensalão, más allá de que el partido pudiera haber girado fondos para la campaña de sus aliados, como señala el fallo del Tribunal, que por 6 votos a 2 consideró que Dirceu «comandó la actuación» de los operadores de un procedimiento de financiación ilegal que desvió dineros públicos para «comprar apoyos» en el Congreso a través de transferencias irregulares a dirigentes de partidos aliados.
Curiosamente el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), la Corte Brasileña, se descargó en un veredicto contra el sistema político en general. Así, tras condenar a los reos (a los tres se suman dirigentes y algún empresario que habría actuado de intermediario) descargó sus críticas al «modelo de gobierno de coalición» del que dijo que sólo debería existir en los períodos preelectorales. «El sentido de las alianzas es su transitoriedad», dijo Ayres Britto. «Cada partido goza de autonomía política, administrativa y financiera en gran medida. Tiene una identidad ideológica o político-filosófica que se pone en suspenso para formar alianzas en el período electoral». Una vez terminado este período, considera, «son sustituidas por alianzas tópicas, puntuales, episódicas, para la aprobación de proyectos específicos». Luego critica lo que llamó alianzas ad aeternum, «que implican un condicionamiento material a la hora de las votaciones».
Pruebas elásticas
Para agregar algo más de leña al fuego, el jurista brasileño Fábio Konder Comparato, sostiene que se le agregó una P al viejo terceto de tradicionales condenados en Brasil. Antes, ironiza, sólo eran encarcelados pretos (negros), pobres y prostitutas. Ahora se le agregaron políticos. Y cuestiona que la justicia no avance sobre otros delitos que en el marco de las instituciones de ese país se han cometido y se cometen, pero que atañen a partidos de la derecha.
Breno Altman, director del sitio Opera Mundi y de la revista Samuel, centró su análisis en el tratamiento de la prensa de temas que ensucian a personajes de la envergadura de Dirceu y golpean tan de cerca a Lula. El dato que apunta Altman es la forma en que los medios mostraron a los jueces del STF de acuerdo con el voto que fueron deslizando, ya que no emiten sentencia en conjunto.
El magistrado que ofició de relator, Joaquim Barbosa, y el revisor, Ricardo Lewandowski, son dos caras de una misma moneda. El primero, que encontró culpables de corrupción activa a los acusados a pesar de reconocer la falta de pruebas, es un héroe mediático que destacan como «la estrella, el negro que habla alemán, el mineiro que baila forró, o el juez que ama la historia y los trajes de Los Angeles y París». Lewandowski, en cambio, fue acusado de parcialidad y se lo ubica al borde de la venalidad por haber absuelto a Dirceu luego de haber registrado que no se probó una acción específica de su parte en el delito que se le asigna.
Otros jueces como Gilmar Mendes, en la visión de Altman, trasuntaron en sus dictámenes «revanchismo contra el PT», mientras que del ministro Marco Aurélio de Mello se limita a observar que «es el mismo que había dicho que el golpe de 1964 fue un mal necesario». Los demás, acota, hablaron de dignidad pero sin apelar a la presunción de inocencia, al punto que la ministra del STF, Rosa Weber, proclamó que la «elasticidad de las pruebas» permite condenar sin ningún problema.
Revista Acción, 1 de Noviembre de 2012
por Alberto López Girondo | Oct 15, 2009 | Sin categoría
Si hay galardones teñidos de intereses políticos, la designación de la sede de los Juegos Olímpicos o los premios Nobel son seguramente de los más significativos. Así puede interpretarse esta recompensa cruzada entre la elección de Río de Janeiro para las Olimpíadas del 2016 y de Barack Obama como máximo exponente de la Paz, casi en simultáneo.
El presidente norteamericano había pugnado, sin éxito, para que su Chicago albergara a los deportistas más destacados del planeta. Pero Lula Da Silva se dio el gusto de festejar lo que podría ser el corolario de su paso por la presidencia de Brasil. Tras dos gestiones, deja a su nación entre las potencias del siglo, y como frutilla de postre, consiguió la sede del mundial de fútbol de 2014 y llevar los juegos a las playas cariocas en 2016.
El Comité Olímpico es el escenario donde se disputan las presiones de cada país para mostrar su importancia en el concierto de las naciones. No por nada en 1916 y en 1936, las Olimpíadas se desarrollaron en Berlín. Con Hitler en el poder, la capital alemana le había ganado la partida a Barcelona y apenas un mes antes había comenzado la guerra civil española cuando Jesse Owens amargaba la vida al canciller nazi.
Se recuerdan los juegos de 1980, en Moscú, por el boicot del «mundo occidental» contra la Unión Soviética. Favor que devolvieron los países del mundo socialista cuatro años más tarde, en Los Ángeles. En 1992, cuando se celebraban los 500 años de la llegada de Colón a América, el turno sí fue para la capital catalana. La España de entonces ingresaba así al «mundo desarrollado». Beijing 2008 fue otro reconocimiento explícito.
«Ha llegado nuestro momento. Entre las diez mayores economías del mundo, Brasil es la única que aún no ha sido sede de unos Juegos. Para nosotros es una oportunidad para crecer en autoestima, fortalecer las conquistas recientes y estimular otras», agradeció Lula.
Mordieron el polvo Juan Carlos, el rey de España, propulsor de la candidatura de Madrid, y Obama. Para el presidente afronorteamericano, la revancha llegaría a los pocos días, con el premio creado por el inventor de la dinamita. Por su contribución a la Paz, según el Parlamento noruego.
Mejor dicho: por la contribución que el mundo espera de él.
Revista Acción, 15 de Octubre de 2009
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