Activistas y militantes de diversas organizaciones de Derechos Humanos y movimientos sociales y hasta hinchadas de clubes internacionales preparan para este domingo una nueva versión del Stop Bolsonaro Mundial, una manifestación que tiene como objetivo denunciar al gobierno brasileño de genocidio por la falta de política sanitaria para combatir el coronavirus. Al mismo tiempo, agrupaciones políticas presentaron un nuevo pedido de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro, el número 64, por crímenes de responsabilidad en torno a la escasez de oxígeno en hospitales de Manaos, atestados de pacientes de Covid19.
Todo esto ocurre mientras Bolsonaro enfrenta el escándalo por sobreprecios en leche condensada que dejaron al descubierto que para gobiernos neoliberales como el suyo, ese insumo básico es primordialmente una fuente de ingresos privados con base en recursos públicos.
El gobierno de Carlos Menem resultó implicado en 1991 en una maniobra por la compra de leche en polvo en mal estado. En los papeles, era un producto destinado al Plan Materno Infantil, pero se encontró que estaba contaminada con Escherichia coli. La firma que había ganado la provisión pertenecía al empresario Carlos Spadone y la partida cuestionada había sido elaborada en una planta de Miguel Angel Vicco, secretario privado del presidente.
En el caso de Bolsonaro, la leche estaba destinada a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y el Ministerio de Defensa. Pero no hubo modo de explicar razonablemente por qué se habían gastado 15 millones de reales en ese producto. La respuesta que ensayaron los hijos presidenciales es que debía trasladarse a zonas de Brasil donde no es posible enviar leche fresca.
La explicación de Bolsonaro fue más estrepitosa. En una reunión con partidarios y algunos funcionarios íntimos en una churrasquería de Brasilia mandó a los periodistas a la PQLP y dijo que los tarros eran “para metérselos en el trasero”. El ministro de Turismo, Gilson Machado, bautizó al mandatario como “Jair Condensado” porque dijo que “condensa la voluntad de trabajar, el patriotismo y la fe en Dios”.
Las risas de sus acompañantes no alcanzaron para acallar el escándalo que, incluso, llevó a algunos de sus ex adláteres a tomar distancia. Es el caso del general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que fue ministro jefe de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República hasta junio de 2019. “Bolsonaro no tiene noción institucional del cargo que ocupa, es una vergüenza nacional e internacional” tuiteó el otrora austero militar.
El presupuesto de 2020 de gastos en alimentos muestra un 20% más de erogación que el de 2019. Entre ellos destaca un incremento en alfalfa de más de un millón de reales, y el de la leche condensada, de 15.641.777,49 de reales.
Otros gastos cuestionados son los 3000 millones que repartió en el Congreso para lograr la elección de Arthur Lira para la presidencia de Diputados y Rodrigo Pacheco para el Senado. Una forma de frenar los intentos de impeachment.
A nueve días de entregar su mandato tras haber perdido su reelección, el alcalde de Río de Janeiro, el pastor evangélico Marcelo Crivella, fue detenido en el marco de una causa por sobornos. El socio político de Jair Bolsonaro y obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, una “creación” del brasileño Edir Macedo, pasó de ser el emblema del Brasil ultraconservador que prometía terminar con la quimera de la izquierda a un reo más en un proceso que salpica a parte de la dirigencia política y a los sectores religiosos pentecostales.
Crivella es un atípico personaje de 63 años nacido en el barrio de Botafogo que, tras recibirse de ingeniero, fue cantante de góspel, escritor, compositor y tras incursionar en la iglesia metodista, se cruzó en la vida de Macedo. Este es otro personaje muy particular, que lo convenció de incorporarse a la iglesia que había fundado en 1977. Ungido obispo, su primera misión fue en países africanos de lengua portuguesa. Fue uno de los más atractivos pastores en los medios electrónicos y desde allí creció popularmente hasta aceptar el convite de incursionar en la política.
Senador en 2003, fue uno de los evangélicos que dieron su apoyo a Lula da Silva para que llegara a la presidencia. A tal punto fue esa alianza que Lula le devolvió el favor promoviendo su candidatura a la alcaldía de Río en 2006, aunque terminó derrotado. Firme junto al poder de entonces, en 2012 fue ministro de Pesca y Acuicultura de Dilma Rousseff.
Luego de competir en cada elección de este siglo por el gobierno de Río de Janeiro, recién se le dio en 2016. Hombre controvertido, recibió denuncias y fue investigado por evasión fiscal y lavado de dinero, un delito del que también Edir Macedo fue acusado y por el que terminó procesado varias veces. Pero como los gatos, Macedo siempre cae parado: es el dueño del grupo mediático Record, productor entre otros éxitos de exportación, de la telenovela Jesús, que se proyecta en Buenos Aires a través de Telefé. Record es la plataforma más cercana a Bolsonaro y defiende a capa y espada su gestión.
Estos sectores evangélicos fueron claves en la destitución de Dilma Rousseff, en 2016, cuando ya los vientos soplaban en contra de la sucesora de Lula y del PT. Muchos de los legisladores que aprobaron su destitución -en un proceso armado sin que mediara una causa penal ni delito comprobado alguno- justificaron su voto “por Dios”.
Conservadores al fin, era natural que esta vertiente -la más conocida de Brasil y un producto de exportación bastante exitoso- se uniera a Bolsonaro, que también forma parte de una iglesia pentecostal, ya que fue bautizado por Everaldo Días Pereira, más conocido como Pastor Everaldo, de las Asambleas de Dios. Bolsonaro es Jair Mesías luego de haber recibido el sacramento en las aguas del Río Jordán.
En noviembre pasado, Crivella, a pesar de contar con todo el aparato mediático de Record a su favor y del respaldo de Bolsonaro, perdió en segunda vuelta contra Eduardo Paes, del derechista Partido Demócratas. Las cifras fueron contundentes: 65 % de Paes contra 35% del obispo evangélico,
Desde ese momento todo fue en picada. La jueza de segunda instancia Rosa Helena Penna Macedo Guita, del Tribunal de Justicia do Rio, aceptó una denuncia del Ministerio Público por la que se lo acusa de integrar una organización inmersa en delitos de lavado de dinero, corrupción activa y pasiva.
Entre los implicados figuran el jefe de su campaña electoral, Marcello Faulhaber y el empresario Rafael Alves. La investigación se inició luego de la declaración de Sérgio Mizrahy como arrepentido. Dijo que había un esquema para cobrar coimas en la empresa de turismo carioca, Riotur. Según la denuncia, los operadores turísticos pagaban coimas de entre 20 y 30% a Alves, que luego repartía con Crivella. En la lista de beneficiados estaba también Mauro Macedo, hermano del líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios.
«Fui el alcalde que más actuó contra la corrupción en Rio de Janeiro. Pido justicia», se quejaba Crivella cuando lo fueron a detener. Su imagen circuló asiduamente en las pantallas de la Red Globo, y no es para menos. Se trata de la competencia de Record y el caso le sirve como forma de enchastrar a sus rivales en audiencia y publicidad.
Río de Janeiro, en tanto, se muestra como un escenario bastante propicio para la corrupción al más alto nivel. A esta causa contra el alcalde de la “cidade maravilhosa”, se suma la situación del gobernador estadual, el también bolsonarista Wilson Witzel, destituido por investigaciones de corrupción en agosto pasado. El último viernes el Tribunal Especial Mixto, que juzga la destitución de Witzel, aplazó la audiencia a pedido de la defensa del exmandatario. Aducen que necesitan más elementos para responder a los cargos.
Desde la gobernación de Marcello Alencar, entre 1995 y 1999, la jefatura del estado es un cargo que no suele llegar hasta el final, y para peor, a veces termina en una celda. En 2002 Anthony Garitinho, sucesor de Alencar, renunció para postularse a la presidencia de Brasil, que perdió a manos de Lula. Su esposa, Rosinha Garotinho, pudo completar un mandato el 1 de enero de 2007.
Desde esa fecha, Sérgio Cabral Filho parecía poner fin al maleficio, y fue reelecto en 2011. Pero renunció antes de terminar el período para postularse como senador. Su vice, Luiz Fernando Pezão, ganó ese año la gobernación. Pero pasaron cosas: en 2016 Cabral fue condenado a mas de 40 años de prisión por lavado de dinero y corrupción en la remodelación del Maracaná para el Mundial de Brasil. En noviembre de 2018, Pezão también terminaría preso.
Desde la suspensión de Witzel, a cargo de la gobernación de Río de Janeiro quedó su vice, Cláudio Castro. También evangélico, También cantante de gospel.
Las elecciones municipales de este domingo dejaron algunas certezas sobre momento político brasileño. En primer lugar, que el bolsonarismo no es el fenómeno de masas que la granja de trolls del ultraderechista promueve desde las redes sociales. La segunda es que la centroizquierda mantiene un peso electoral importante, pero ya no está liderada por el PT. La tercera y quizás la más sugestiva es que Lula da Silva, como viejo zorro de la política que es, ya había previsto esta tendencia y en un momento clave de su derrotero judicial elevó a la categoría de sucesores a dos dirigentes que no son del partido que creó hace 40 años, sino una militante comunista gaúcha -a la que ungió como candidata a vicepresidenta en 2018- y uno del Movimiento Sin Tierra paulista. Y ambos, Guilherme Boulos y Manuela D’Ávila, están a las puertas de dar un batacazo en la segunda vuelta de San Pablo y Porto Alegre, si los ciudadanos de esos dos distritos claves se convencen de la necesidad de apoyar una opción progresista contra el neofascismo.
Este domingo hubo elecciones comunales en 5570 municipios de todo el país. Para el oficialismo era un comicio importante ya que si bien Jair Bolsonaro se quedó sin partido político, le dio su apoyo explícito a varios candidatos que le siguen fieles. La disputa era por el peso político que conserva el presidente, que según las encuestas tiene a esta altura un 40% de aceptación, y cómo eso se traduce en poder vecinal.
Por otro lado, los sectores de la izquierda y sobre todo el PT querían medir fuerzas luego de haber perdido en 2018 en elecciones donde el principal candidato, el ex presidente Lula da Silva, fue proscripto e incluso estaba detenido en ese momento. Este dato es para tener en cuenta, ya que no es difícil elucubrar que para Lula la mejor opción en San Pablo, la ciudad más poblada y la región más desarrollada del Brasil, que explica más del 33% del PBI de todo el Brasil, era Boluos, pero el PT llevó candidato propio.
Porto Alegre, en tanto, tiene una tradición más liberal y fue la primera ciudad en gobernar el PT y la cuna del Foro Mundial Social, que a principios del siglo alumbró una corriente de centro izquierda internacional progresista. Recuperar esas dos ciudades es un desafío y significaría un enorme aliciente en busca de recomponer la alianza que llevó al poder en Lula en 2003 y que terminó con un golpe institucional contra Dilma Rousseff en 2016.
Que Lula -detenido en la causa por corrupción pergeñada por el juez Sergio Moro el 7 de abril de 2018- tiene un olfato político impecable lo demostró ese mismo día en el acto q frente a la sede del Sindicato Metalúrgico, en San Pablo. En una tarima improvisada y ante una multitud, el dos veces presidente dijo que en Brasil la política había pasado a ser mala palabra para los medios hegemónicos y el poder judicial. Y presentó a dos dirigentes, Manuela D’Ávila, del Partido Comunista do Brasil, y Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (Psol) como «la esperanza del futuro que enfrentan la negación de la política». Tienen 38 y 39 años respectivamente.
Tuvo que pasar mucha agua debajo de los puentes como para que la realidad probara el acierto de aquella predicción. En San Pablo, Boulos obtuvo el 20,2% de los votos contra el centro derechista Bruno Covas, el alcalde saliente, del PSDB, con 32,8%. El candidato del PT, Jilmar Tatto, recibió apenas un poco más de 8%, un punto menos que el bolsonarista Celso Russomano. No parece tan fácil que Boulos termine triunfando en dos semanas, pero nadie aventuraba que llegaría a sentarse en el balotaje, de modo que nada está dicho.
En Porto Alegre, D´Avila logró 29% de sufragios contra 31% de Sebastião Melo, del MDB, el partido centrista que gobernó Brasil acompañando a Lula y Dilma pero terminó quedándose con el gobierno tras el golpe contra la presidenta a manos de Michel Temer. Allí el PT no presentó candidatos pero el PSOL, de Boulos, tiene algo mas del 4% de votos que, sumados a otros partidos progresistas, permiten pensar que un triunfo de la dirigente comunista es posible en la ciudad que acuñó la frase «Otro mundo es posible»..
Otra ciudad importante donde la izquierda puede arrimar el bochín es Recife, la capital de Pernambuco. Allí disputarán la segunda vuelta João Campos, del PSB, con 29,2%, con Marilia Arraes, del PT, con 27,95. Un dato curioso: ambos son primos. João es hijo del ex gobernador Eduardo Campos y bisnieto de Miguel Arraes, histórico líder de la izquierda regional. Marilia es nieta de Arraes, que era gobernador de Pernambuco en 1964, se negó a entregar el poder a los militares golpistas y fue encarcelado en el archipiélago de Fernando de Noronha hasta que se exilió en Argelia. Murió al frente del estado, a los 89 años, en 2005.
Hubo cierto alivio en el PT por los resultados generales, aunque se nota que el partido perdió fuerza y necesita nuevos aires. Por lo pronto, Lula celebró en Twitter.
Gleisi Hoffman, la presidenta del PT, agradeció al candidato paulista por su esfuerzo y pidió todo el apoyo para el dirigente del PSOL el 29 de noviembre.
La interpretación de Bolsonaro, por supuesto, fue radicalmente diferente. Para el presidente, la noticia del domingo es que la izquierda perdió y que «la ola conservadora llegó en 2018 para quedarse». Sin embargo, tuvo que salir a desmarcarse de sus candidatos. Es que en su “feudo” carioca, sus elegidos solo obtuvieron 9 de 44 nominaciones para concejales.
El ex obispo evangélico Marcelo Crivella, el alcalde saliente y que cuenta con todo el apoyo del presidente, arañó el 22% de votos, frente a su predecesor Eduardo Paes, del partido Demócratas, de esa derecha que rompió con el mandatario, y que llegó al 37%. Su defensa fue que su “ayuda a los candidatos se resumió en 4 lives en tres horas.
En estos tiempos, el discurso ultraconservador se esparce sin ningún prurito en todo el mundo. Los gestos y las palabras muestran el revés de la trama de un modo transparente. Hubo en estos días una gran proliferación de estos ejemplos en las intervenciones de los jefes de Estado en la 75ª Asamblea de la ONU. Y si se habla de la región, también los hubo en las últimas movidas en los organismos latinoamericanos, donde se expresa sin pudor la fuerte alianza entre los gobiernos de Jair Bolsonaro y Donald Trump.
El que abrió la ronda de discursos en Nueva York -esta vez de forma virtual- fue el presidente brasileño. Una tradición que se remonta al fin de la Segunda Guerra Mundial, en la que Brasil fue el único país sudamericano en enviar tropas contra las fuerzas del nazismo.
Fue muy evidente el deseo del excapitán del Ejército brasileño de congraciarse con el empresario inmobiliario estadounidense, que está a días de una elección presidencial. Esa actitud era el reconocimiento público de una asociación que intenta marcar el rumbo de América Latina a la medida de la Casa Blanca. Y que seguramente excederá a quien sea el que ocupe el cargo de presidente en el futuro. Después de todo, el que reflotó el término “patio trasero” para definir a las naciones que están al sur del Río Bravo fue el secretario de Estado de Barack Obama, John Kerry.
Los ejemplos del eje Washington-Brasilia en esta era abundan. Luis Almagro, el sumiso secretario general de la OEA, anunció hace un mes que no le iba a renovar el contrato al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Abrao. Argumentó que había decenas de denuncias por malos tratos al personal en su contra. Olvidó decir que Abrao había sido votado según las reglas de la CIDH en febrero pasado para un nuevo período.
Resultaría difícil negar ahora que el uruguayo ex frenteamplista negoció un nuevo período propio, a fines de marzo pasado, a cambio de sacarse de encima a un funcionario que Bolsonaro desprecia. Tras algunas semanas de alboroto, Abrao tiró la toalla y este viernes la CIDH abrió una convocatoria para elegir al reemplazante, de acuerdo a los reglamentos internos -violados por Almagro- durante un período que culmina el 8 de noviembre. El nuevo titular del organismo, de acuerdo al anuncio, será seleccionado entre los postulantes el 3 de diciembre.
La misma CIDH anunció estos días la designación del colombiano Pedro José Vaca Villarreal como relator especial para la Libertad de Expresión, en lugar del uruguayo Édison Lanza. Vaca Villarreal es abogado y dirige actualmente la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia, integra el Consejo Directivo Global del International Freedom of Expression Exchange (IFEX) y es relator en otra ONG, Freedom House (FH).
IFEX nuclea a un centenar de asociaciones mundiales y en el caso de Argentina figuran el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y las Asociación por los Derechos Civiles. FH, a su vez, es financiada en un 80% por el gobierno de EE UU.
Almagro, tras deshacerse de Abrao y mientras espera que la CIDH le ofrezca un candidato potable para el régimen imperante en la OEA, completó la devolución de gentilezas a Bolsonaro y nombró a Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub en la secretaría de Acceso a los Derechos y la Equidad de la entidad. Conocido ultraconservador, racista y misógino, Weintraub argumenta en contra del uso de barbijo porque dice, textualmente, que es “un pin del partido comunista”.
Levantó mucha espuma la polémica elección de Mauricio Claver-Carone al frente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Faltando a la tradición, Trump forzó la nominación de un estadounidense, cuando siempre ese cargo había sido para un latinoamericano. El sillón de vice, en cambio, siempre había sido para un nativo del norte del continente. El último en ocupar la vicepresidencia fue Brian O´Neill, pero murió en diciembre pasado. En su lugar está como interino John Scott. Pero el sucesor será el brasileño Carlos da Costa, hasta ahora secretario de Productividad, Empleo y Competitividad del Ministerio de Economía brasileño.
Esta sociedad de derecha se viene gestando desde que Bolsonaro, con ayuda de asesores de campaña de Trump, ganó la presidencia de Brasil. La gira del secretario de Estado Mike Pompeo por Brasil, Colombia y Guyana de la semana pasada buscó consolidar esos lazos en torno al objetivo de terminar con el gobierno venezolano, la obsesión de la gestión Trump.
En la Asamblea de ONU, la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, apuntó contra la Casa Rosada denunciando el “acoso sistemático” contra su gobierno y pidió acabar con el “populismo caudillista y autoritario” y las “castas populistas” como catalogó a las autoridades nacionales argentinas.
No tardó Bolsonaro, en una entrevista con OGlobo, en sumarse al mensaje (¿de Washington?) al afirmar que el gobierno de Alberto Fernández está «yendo rápidamente hacia un régimen similar a Venezuela».
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