Jair Bolsonaro busca consolidar la alianza derechista con Donald Trump en un encuentro se diría que íntimo con el mandatario estadounidense en su centro turístico de Florida, Mar-a-Lago, donde tratarán como tema central una nueva ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro y la firma de un acuerdo de defensa con el Comando Sur del Pentágono.
El presidente brasileño, que viene complicado con la economía del gigante sudamericano en su primer año de gestión, trata de hallar en el exterior los apoyos necesarios para consolidarse como líder conservador en la región. Fronteras adentro de Brasil, las políticas neoliberales emprendidas con la batuta de su ministro de Economía, Paulo Guedes, mostraron un escuálido crecimiento de 1,1% en el PBI, lo que en términos reales equipara la tasa de crecimiento demográfico de la población. Es así que la oposición calificó a este PBI como un “pibiño”, una calificación que golpea en el centro de las promesas que tanto el “Chicago Boy” al frente de la cartera económica como los estrategas de campaña habían planteado antes de los comicios de 2018.
El malestar del oficialismo ante este magro resultado se refleja en que, buscando culpables, llegan a responsabilizar a Dilma Rousseff, que fue destituida en 2016. Desde oficinas del Banco Mundial y el BID le habían tirado un centro al ministro Guedes, al señalar que la baja también se podría deber en los últimos meses a las consecuencias del coronavirus en todo el mundo.
A nivel internacional, la ofensiva sobre Venezuela se inició el jueves, cuando Brasilia ordenó retirar sus diplomáticos de Caracas y pidió que se fueran los representantes del gobierno chavista de Brasil. La visita a Florida se entiende en el marco de la invitación de Trump a su emprendimiento, una forma de hacerle propaganda. Pero también porque en ese estado están gran parte de las mayores inversiones de brasileños en el exterior.
Este domingo, Bolsonaro, un excapitán del Ejército brasileño, irá a Doral, Miami, donde se asienta el cuartel del Comando Sur, las fuerzas militares que vigilan el Caribe y América Central y del Sur.
Allí firmará un acuerdo para “proyectos de investigación, prueba y evaluación” con el almirante Craig Faller, un belicoso comandante que no ve la hora de iniciar acciones armadas contra las tropas bolivarianas.
Y ya que va a estar en EE UU, participará de un seminario empresarial, donde espera encontrarse con los directivos de la fabricante de autos eléctricos Tesla, a quienes pretende convencer de abrir una planta productora en Brasil.
Hablar de la misoginia de Jair Bolsonaro es casi un lugar común. No hay momento en su carrera política, desde cuando se postuló para ser concejal carioca, allá por 1988, en que no haya tenido algún comentario irritativo para la moral media de la población. Y sus hijos no dejan la oportunidad de demostrar de qué madera son astilla.
Tres de sus vástagos descuellan en la política brasileña-concejal Carlos, diputado Eduardo, senador Flavio- y se encargan de recodar que la dinastía mantiene una coincidencia ideológica difícil de empardar. No hay uno que no sea machista, racista, amante de las armas de fuego y que utilice las redes sociales, ayudado por miles de trolls, para denostar a quienes no comparten su visión del mundo. Sin embargo, con esos valores y recursos cada uno de ellos fueron votados para el cargo que ocupan y el ex capitán del Ejército de Brasil se puso la banda presidencial en enero del año pasado.
Pero a medida que su gobierno se fue desplegando, esas mismas características están llevando al país hacia un camino peligroso para los sectores de la población que apuestan a la convivencia democrática. Algo de eso padece en carne propia la periodista Patricia Campos Mello, del diario Folha de Sao Paulo por estas semanas.
La mujer, investigadora de raza y corresponsal en conflictos bélicos de todo el mundo, allí donde el olor a pólvora asusta al más osado, antes de las elecciones de 2018 publicó un trabajo en el que develó que una agencia que trabajaba para la campaña de Bolsonaro había disparado mensajes falsos en masa a través de números de whatsapp ficticios a través de miles de chips telefónicos comprados a nombre de personas jubiladas o fallecidas.En aquel momento, Campos Mello sufrió de bullying y el medio para el que trabaja, que no puede ser calificado de izquierda -ni siquiera de cercano al PT- fue blanco del odio de Bolsonaro, que incluso desde la presidencia amenazó con hacerlo cerrar. En octubre de 2018, esa campaña de acoso mediático generó riesgo para la periodista y su familia (ver acá)
Ahora, hubo un deja vu todavía más violento y más feroz. La semana pasada la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) para las Fake News, llamó a declarar sobre el caso a Hans River do Rio Nascimento, un exempleado de Yacows, la agencia que había hecho aquella operación de disparos masivos.El hombre debía confirmar o negar la información que Campos Mello había publicado, ya que habia sido una de las fuentes para el trabajo de investigación que publicó. En el artículo quedó claro que el testimonio había sido grabado y que se respetaban los dichos del empleado. También se sabía que al inicio de la investigación, Rio Nascimento estaba haciendo un juicio laboral a Yacows. Pero en el medio hubo un arreglo extrajudicial por lo que decidió bajarse del caso.
La respuesta de Rio Nascimento ahora, ante los legisladores, fue brutal: “Yo me negué a dar más testimonio, le dije que eso ya no tenía interés para mi y ella me propuso intercambiar sexo por información”.
Eduardo Bolsonaro, presente en la audiencia, apoyó totalmente las palabras del exempleado. “No dudo de que la señora puede haberse insinuado sexualmente, como dice el señor Hans, para intentar perjudicar la campaña del presidente Jair Bolsonaro”.
Este martes, el propio mandatario volvió sobre el asunto en un tono no menos bestial. Según lo refleja la cobertura del portal UOL, Bolsonaro utiliza una frase de doble sentido para hablar del caso. Primero dice que la periodista «quería um furo”, o sea, buscba una primicia. Luego añade “Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim”, que se puede traducir como que quería “entregar el agujero a cualquier precio contra mi”, ante la risa cómplice de un grupo de ¿periodistas?
Estas palabras despertaron las críticas más ácidas de dirigentes y medios del país y los respaldos más clamorosos de quienes conocen a la periodista. “Cubrió guerras y la peste del Ébola. Eligieron atacar a la mejor entre las mayores”, le escribó Daniela Lima, presentadora de la cadena CNN Brasil, para luego recordar el Premio que Campos Melo rcibió por su tarea del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) con sede en Nueva York.
“No hay en la historia de Brasil un presidente que haya sido tan repulsivo con una periodista como Bolsonaro”, agregó Carla Jimenez, corresponsal del diario español El País.
El diputado socialista Guilherme Boulos, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), fue tamibén fuerte contra el presidente, al que llamó cobarde por usar su posición de poder para ofender y humillar a una mujer.
El que fuera candidato a la presidencia por el PT y contra Bolsonaro en 2018, Fernando Haddad, cuestiona desde un twitter el insulto de Bolsonaro, a quien califica de «ser abjecto».
A su turno, el uruguayo Edison Lanza, el relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteó posición desde su red social.
A pesar de las amenazas del poder judicial, que declaró ilegal a la huelga de trabajadores de Petrobras, que ya lleva 18 días, el sindicato que los nuclea, la Federación Única de Petroleros de Brasil (FUP), dobló la apuesta y además de ratificar la medida de fuerza por tiempo indefinido, hará una gran marcha a la sede de la empresa semi estatal en Río de Janeiro.
Unos 21.000 trabajadores de 121 plantas de Petrobras podrían ser despedidos con causa luego de que el Tribunal Supremo del Trabajo (TST) considerara que el paro tiene “motivaciones políticas y no respeta la ley del derecho de huelga y las órdenes judiciales”.
La respuesta del gremio, a través del director de la FUP, Deyvid Bacelar, fue que el dictamen comunicado por el ministro del TST Ives Gandra “es inconstitucional y lo vamos a cuestionar”. Mientras tanto, al rechazo de la política neoliberal del gobierno en relación con la petrolera de bandera se sumaron los camioneros afiliados a Asociación Nacional de Transportes de Brasil (ANTB) y de la Asociación Brasileña de Conductores de Vehículos Automotores (Abrava), que este miércoles cesarán y plantean un bloqueo de rutas contra la política de precios de combustibles.
La huelga petrolera se inició tras los despidos en masa por el cierre de la planta de fertilizantes Fafen de Araucaria, en el estado de Paraná. Para los trabajadores se trata de una nueva escalada en el proceso de privatización de Petrobras que se inició con la llegada de Jair Bolsonaro al gobierno. (Ver acá).
Por un lado, rechazan el plan ultraneoliberal del ministro de Economía, Paulo Guedes, por lo que implica para la soberanía energética del país. Pero además, porque el gobierno fue equiparando el precio que se paga por los combustibles y el gas a los valores internacionales, siendo que los costos de producción interna son mucho menores.
Es así que paralelamente al cese de actividades en las plantas más importantes del país, abrieron un servicio de venta de garrafas a precios subsidiados por el sindicato con el argumento de que la población de menores recursos no tiene por qué pagar esos precios exorbitantes.
Los trabajadores aclaran que entre los derivados del petróleo hay unos 300 subproductos entre los cuales están los que se elaboran en la planta de Fafen. “Con el cierre de esa fábrica -señala Gerson Castellano, uno de los directores del gremio y funcionario en Fafen- los ganaderos tendrán que importar urea, lo que encarecerá la carne para el mercado brasileiro o. lo más probable, pasarán a usar urea agrícola, que contiene formol. Eso tendrá consecuencias funestas para a salud del pueblo brasileño y para la exportación. ¿Quién querrá consumir carne con formol?”.
La huelga, una verdadera parada contra la política del gobierno de Bolsonaro -que a decir verdad no es sino una continuación aunque más brutal- de la que inició Michel Temer tras la destitución de Dilma Rousseff, es también contra el desguace de Petrobrás, la empresa de bandera que había crecido a su máximo exponente cuando descubrió el yacimiento del Presal, bajo la superficie del mar, con reservas por 273 mil millones de barriles. La principal joya de la abuela brasileña está siendo despedazada de tal modo que según la FUP trabaja al 70% de su capacidad y el país volvió a importar combustible.
Para los camioneros, la política de Bolsonaro también es perjudicial porque están pagando el combustible a precios internacionales. Con el agregado de que el real, la moneda brasileña, se viene devaluando con relación al dólar a un ritmo que preocupa. De 3,68 reales por dólar cuando asumió Bolsonaro, ya esta en 4,34.
No es la primera huelga de camioneros y ya Temer tuvo que negociar con la soga al cuello para sofrenar una medida de fuerza que paralizó al país por 11 días en mayo de 2018. Esa vez creó una tabla de precios mínimos del flete para aquietar las aguas.
Los camioneros brasileños tienen varias entidades que los representan, según se trate de grandes empresas de transporte o pequeños propietarios de una unidad. El presidente de la ANTB, Jose Roberto Stringasci, declaró que el reclamo pasa por acordar una política de precios para el combustible. “Nosotros tenemos el petróleo y a Petrobras, no es posible más aceptar esos valores inadecuados en el surtidor». puntualizó.
Los transportistas exigen el fin del Precio de Paridad de Importación (PPI), que las refinerías pusieron en marcha desde 2016 y que equipara los importes de los combustibles en el mercado interno al valor en los mercados exteriores.
Si la causa Lava Jato fue el principio del fin del gobierno de Dilma Rousseff y terminó con Lula preso y proscripto, un sistema de lavado de dinero con un local de venta de chocolates puede ser el inicio de la caída de Jair Bolsonaro y su gobierno ultraderechista. Al menos así lo teme el presidente, al que se vio desbocado en un encuentro con periodistas y que podría enfrentar un impeachment por sus muestras de inestabilidad emocional.
Esta semana la fiscalía de Río de Janeiro ordenó allanar 24 inmuebles pertenecientes al hijo mayor del presidente, Flavio Bolsonaro; su exchofer Fabricio Queiroz; la segunda esposa de su padre, Ana Cristina Siqueira; y exasesores del primogénito, que fue diputado estadual y el año pasado resultó el senador elegido con mayor cantidad de votos en la antigua capital del país.
La causa no es nueva, pero el triunfo electoral de Jair Bolsonaro y la designación de Sergio Moro como ministro de Justicia hicieron mucho por atemperar la celeridad de los magistrados.
La investigación se centra en un sistema de desvío de fondos que en Brasil se conoce como «rachadinha», una «contribución» obligatoria de empleados y asesores –reales o ficticios– hacen a un dirigente político. La operación se descubrió cuando el COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras) encontró movimientos poco comunes en una cuenta de Queiroz en los años 2016 y 2017.
El hombre había recibido alrededor de dos millones de reales (medio millón de dólares a hoy día) en 483 depósitos provenientes de 13 asesores ligados al Gabinete del diputado Flavio Bolsonaro. Su salario era de menos de 6000 dólares mensuales.
Como parte de la pesquisa, los sabuesos llegaron hasta una chocolatería en un shopping de Barra de Tijuca que explota la franquicia Kopenhagen, una tradicional marca en Brasil. La firma propietaria del local se llama Bolsotini, por las sílabas de Bolsonaro y de su socio, Alexandre Santini, que adquirieron el fondo de comercio en 2014.
Un dato sospechoso fue que en los períodos de mayor venta de chocolates, para las Pascuas, el volumen de ventas crecía menos que los depósitos en las cuentas bancarias de la sociedad. Un esquema típico de lavado de dinero que bien podría haber investigado Moro, «especialista» en la cuestión, de acuerdo a sus antecedentes en el Lava Jato, un sistema similar pero aplicado en una cadena de lavanderías de autos.
La explicación de Flavio –al que irónicamente ahora llaman Willy Wonka– sobre la diferencia fue en un primer momento afirmar que habían tenido un éxito colosal con la venta de un chocolate alusivo al 7 a 1, que fue el resultado del desastroso partido que Brasil perdió con Alemania en el Mundial de ese año.
Para el padre, Flavio es como un Neymar para los negocios. «Lo acusaron de ganar más. Lo que sucede es que quien lleva más clientes allí, gana más dinero. Es lo mismo que Neymar cuando le preguntan ¿por qué estás ganando más que otros jugadores? Porque él es lo más importante. No es comunismo».
Pero a medida que la visibilización del tema avanza en los medios hegemónicos –que tanto hicieron para sacar al PT del poder– Jair se fue poniendo más nervioso. El miércoles tuvo un entrevero a la salida de la residencia de la Alvorada que está llamada a resultar una marca de agua de su pensamiento. Luego de acusar de la arremetida judicial al gobernador de Río, Wilson Witzel, que fue aliado en 2018 y rompió a principios de su gestión, de querer usar el caso porque quiere ser presidente en 2020, Jair Bolsonaro dijo que no todo es lo que parece en la causa contra Flavio. «Tú tienes una cara de homosexual terrible y no por eso te acusan de homosexual», le espetó a un trabajador de prensa.
Con lo cual, si ya tenía en la lista de enemigos al diario Folha de São Paulo, ahora se compró a O Globo y a todo el mainstream, que empieza a batir el parche para analizar si Brasil puede estar tranquilo con un presidente capaz de perder la compostura de esa manera.
Pero las ramificaciones del caso van más allá y Queoroz, que aún no declaró, puede ser la clave para llegar a los asesinos de la concejal Marielle Franco. Sucede que Adriano da Nóbrega, uno de los principales sospechosos del asesinato de la militante social y del conductor del auto en que viajaba, a la salida de una charla en el barrio de Lapa, en marzo de 2018, también recibía dinero de ese fondo proveniente de las «rachadinhas». DanielleMendonça da Costa, exasesora de Flavio, está casada con Da Nóbrega, un excapitán de la Policía Militar sindicato como el líder de una de las milicias más antiguas y violentas de Río de Janeiro, en la favela del Río de las Piedras, conocida como Escritorio del Crimen.
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