por Alberto López Girondo | Nov 19, 2023 | Sin categoría
Hay que ver el gesto del secretario de Estado, Antony Blinken, cuando el presidente Joe Biden responde una pregunta si se quiere insidiosa de una periodista, tras el encuentro con el mandatario chino, Xi Jinping. Está circulando en las redes y es de antología. Y eso que se trata de un avezado diplomático con años de experiencia que debió tejer pacientemente una limitada y a la vez esperanzadora reunión de los líderes de las dos potencias predominantes del momento. Los que tienen en sus manos la responsabilidad histórica de que el mundo no se termine de ir al demonio por pujas globales.
Así lo entendieron en Washington, cuando a través de los cuadros medios de la cancillería estadounidense, esa que comanda Blinken, le hicieron saber a sus pares del otro lado del océano que el actual inquilino de la Casa Blanca quería que Xi se diera un tiempito para asistir a la 30° Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, en inglés), un club en el que se reúnen desde 1993 los representantes de 21 países bañados por el Pacífico con el objetivo de coordinar políticas comerciales y financieras. Era la excusa perfecta para un encuentro a solas donde decirse las cosas cara a cara para limar asperezas, ante los conflictos en Ucrania y la Franja de Gaza, que podrían llegar a desmadrarse sin remedio.
La APEC tenía programada su cumbre en San Francisco. En la diplomacia de este nivel, resulta clave dejar en claro quién va al pie y Biden no quería aparecer ante la opinión pública de EE UU –y sobre todo de la oposición republicana cuando se inicia el año electoral– como el que pedía la escupidera. Pero hubo mucho de eso. Y el saldo quedó reflejado en el resultado final, que puede tener gusto a poco, pero habida cuenta del escenario internacional y el contexto de EE UU, es considerable.
«Una relación estable entre las dos economías más grandes del mundo no sólo es buena para esas dos economías sino para el mundo», declaró Biden al finalizar un encuentro de algo más de 35 minutos que se realizó en la finca Filoli, a unos 50 kilómetros de San Francisco y donde se filmó la serie Dinastía en los años 80. Todo un mensaje.
Biden agregó que se había acordado que China controlará el flujo de los precursores químicos del fentanilo, que causa estragos en EE UU, y que se retomarán los contactos entre las fuerzas armadas de ambas potencias.
Xi fue más didáctico y dijo que en el futuro China y EE UU tienen dos opciones: cooperar para promover la seguridad y la prosperidad globales o aferrarse a una mentalidad de «suma cero», provocar rivalidad y llevar el mundo hacia la agitación y la división. También marcó la cancha: «China no tomará el viejo camino de la colonización y el saqueo, ni el camino equivocado de buscar la hegemonía con fuerza creciente. No exportará su ideología ni participará en actividades de confrontación ideológicas con cualquier país». Para China, repitió, Taiwán es una línea roja: «la reunificación es imparable», insistió. En un intercambio con empresarios, Xi apareció rodeado de CEOs de las más grandes corporaciones, que lo aplaudieron a rabiar. Había ejecutivos de Apple, MasterCard, Pfizer, FedEx, BlackRock.
Pero Biden siempre hace una de más y en la rueda de prensa, cuando le preguntaron si seguía considerando que Xi es un dictador, no tuvo mejor idea que decir: «Mire, lo es. Es un dictador en el sentido de que dirige un país comunista basado en una forma de gobierno totalmente diferente a la nuestra».
Blinken, entonces, se transfigura: parece que le hubieran pegado un gancho al hígado, aunque trata de no desencajarse. Búsquenlo en la web, no tiene desperdicio. Después, ante la cadena CBS, el funcionario diría: «No es un secreto que tenemos sistemas muy diferentes y el presidente habla con franqueza y en nombre de todos nosotros». Pero el daño ya estaba hecho.
La que habló posteriormente fue vocera de su par chino, Mao Ning, quien consideró que «esta declaración es extremadamente errónea y supone una manipulación política irresponsable». Pero apeló a la calma estratégica milenaria que caracteriza a su nación para concluir: «Siempre habrá algunas personas con segundas intenciones que intenten incitar y dañar las relaciones entre Estados Unidos y China».
Tiempo Argentino, 19 de Noviembre de 2023
por Alberto López Girondo | May 28, 2023 | Sin categoría
Por ahora, lo que se sabe sobre el aumento en el techo de la deuda que el Congreso le autoriza al gobierno estadounidense es que el día D para el default, anunciado inicialmente para el 1 de junio, se pasa al 5. Así lo indicó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. De no haber antes un acuerdo entre el partido republicano y la administración de Joe Biden sobre dónde resolver el entuerto, ese día el gobierno se quedará «sin fondos para satisfacer las obligaciones», según le escribió la ministra de Economía estadounidense al líder de la oposición en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien en esta jugada es el que tiene la lapicera para que la Casa Blanca no tenga que declarar un default. Cómo será la preocupación que despiertan estas controversias que hasta el Fondo Monetario Internacional lanzó una advertencia contra una «política arriesgada» que podría generar «un riesgo sistémico adicional y completamente evitable tanto para EE UU como para la economía mundial».
En una puja de amenazas, presiones y extorsiones, el gobierno estadounidense vuelve a tener que recurrir a endeudamientos superiores a los establecidos en el presupuesto para hacer frente a los gastos corrientes. Sería la centésima vez desde que el artilugio legislativo fue instaurado en Estados Unidos. El techo de la deuda es el límite hasta el cual la administración a cargo está autorizada a emitir deuda para financiar los gastos corrientes por medio de bonos públicos y letras de tesorería. Se implementó por primera vez, no casualmente, en 1917, cuando el país ingresó a la Primera Guerra Mundial, como un modo de que el Congreso conservara el control que reclama la Constitución y para facilitar al Ejecutivo contraer deuda en un contexto bélico. Se emitieron entonces Bonos de la Segunda Libertad, que el público podía comprar para financiar la entrada de las tropas en la guerra europea.
Una nueva regulación se produjo en 1939, ya en el marco de la Segunda Guerra, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt aún juraba que no se iba a sumar a la contienda pero era evidente que si la cosa escalaba –como realmente ocurrió– eso sería inevitable. A Roosevelt esta nueva modalidad de regulación, que cubría todos los tipos de instrumentos crediticios, le sirvió de paso para manejarse con mayor libertad para su proyecto económico, el New Deal «populista».
Desde entonces la deuda no dejó de crecer, porque básicamente Estados Unidos no dejó de estar en guerra y de armarse hasta los dientes para construir su imperio global desde 1945. Pero había un compromiso bipartidario para no remover las olas ante cada nuevo pedido de la Casa Blanca. Eran los años en que los gastos militares se habían convertido en una forma de asignación estatal de recursos que mantenía a la economía pujante, según relataba entonces el economista John Kenneth Galbraith. Una suerte de keynesianismo militar.
Sin embargo, en los 90 los aires ya eran otros y se desató una era de pujas entre demócratas y republicanos cada vez que había que pedir más fondos al Tesoro. El monto del endeudamiento iba creciendo de manera exponencial al tiempo que el neoliberalismo se desplegaba sin freno sobre ambos partidos y entonces, ante cada nueva discusión parlamentaria, el eje del debate fue no si era necesario recortar, sino dónde. Y especialmente, dejando lejos de la tijera al aparato militar industrial, como destaca el economista Jeffrey Sachs (ver aparte). Las víctimas de los ajustes fueron las asignaciones sociales, educación, salud y pensiones. Un tema con muy conocido por estos confines.
Desde 1976 hubo una veintena de «cierres del gobierno», esto es, momentos en los cuales no hay fondos para determinados sectores de la administración pública, que es la amenaza latente por estos días. La mayoría de los mandatarios que los padecieron, por distintas razones, fueron demócratas, pero también le sucedió al propio Ronald Reagan y a Donald Trump. Ninguno de esos cierres fue por más de un puñado de días. Aunque hay excepciones, como el de 1979 contra Jimmy Carter, que vetaba presupuesto para construir un portaviones nuclear y destinaba dinero a la salud pública, de 18 días, y el de 1995 contra Bill Clinton, desde el 16 de diciembre al 6 de enero del 96. Barack Obama tuvo que digerir 15 días de cierre porque los republicanos rechazaban fondos para su plan de Salud. Los demócratas, en 2018 les devolvieron el gesto a Trump tres veces, la última por 35 días, al rechazar financiación para el muro en la frontera con México.
Todo indica que habrá arreglo entre Biden y McCarthy, aunque el ala izquierda de los demócratas dice que el déficit se podría cubrir con mayores impuestos a los ricos o a las empresas, algo que suena a blasfemia a la oposición y algunos sectores del oficialismo; y los republicanos no quieren más dólares para el IRS –la AFIP de EE UU– que necesita más personal para controlar que todos paguen lo que corresponde.
Se habla de «ingeniería contable» en los programas de Medicaid y Medicare, de la posible venta de activos del servicio de Seguridad Social o el Departamento de Salud para evitar el cierre en esas áreas, uno de los ejes de las alarmas que despliega el oficialismo para presionar mediáticamente a la oposición.
La deuda de EE UU es de 31,4 billones de dólares, alrededor del 126% del PBI. A la preocupación de Kristalina Georgieva por un eventual default se suman agencias de evaluación como Fitch y DBRS Mornigstar, que pusieron «en revisión» la calificación de la deuda estadounidense, o sea, que estudian si bajarla de la categoría AAA. Las autoridades de Japón y China también tiemblan, ya que ambos países tienen entre sus reservas más de la cuarta parte de los títulos del Tesoro en manos extranjeras, unos 7,6 billones de dólares. «
Nuevo jefe militar en EE UU, con la mira en China
En una señal de que la mira de la Casa Blanca apunta ahora a China, el presidente Joe Biden nominó como jefe de Estado Mayor Conjunto a Charles Q. Brown Junior, el segundo afrodescendiente en ocupar ese cargo desde la creación del organismo, en 1942. Hasta ahora era titular en su arma, la aeronáutica, y según su currículum, es un general de cuatro estrellas, piloto experto en aviones caza F-16 que lideró las bases de la USAF en Alemania y Corea del Sur. «El general Brown es un guerrero que ha sido comandante en Europa, en Oriente Próximo y después en el Indopacífico. Tiene un conocimiento único de nuestras operaciones y teatros operacionales y una visión estratégica para entender cómo trabajar todos juntos para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense», dijo Biden al presentarlo.
Sustituye a Mark Milley, que se retira en septiembre tras cuatro años en el cargo. En enero pasado, Milley había declarado que «desde un punto de vista militar, es muy difícil o casi imposible que Ucrania pueda expulsar a las fuerzas rusas de cada centímetro ocupado de su territorio», lo que despertó críticas entre los belicistas de Washington.
El primer afrodescendiente en el Estado Mayor Conjunto fue Colin Powell, quien luego sería el secretario de Estado que se presentó ante Naciones Unidas en 2003 para pedir una alianza occidental que sustentara la invasión Irak destinada a acabar con «las armas de destrucción masiva» que, dijo, había acumulado Saddam Hussein pero nunca aparecieron. Ahora esa operación se considera el mayor error estratégico de Estados Unidos en su historia.
Tiempo Argentino, 28 de Mayo de 2023
por Alberto López Girondo | Nov 20, 2022 | Sin categoría
El resultado de las elecciones de medio término está acomodando los tantos en el escenario político de EEUU. El jueves se confirmó que los republicanos controlarán la Cámara baja, al haber conseguido 218 bancas sobre 435 escaños. No tanto como esperaban, pero suficientes como para estar en condiciones de nominar a Kevin McCarthy como speaker, presidente de la Cámara, en rigor el tercer personaje en la lista de sucesión presidencial. En el Senado, mientras tanto, los demócratas pudieron mantener el control. Quedaron 50 senadores para cada partido pero el oficialismo tiene el voto adicional -en caso de necesidad- de la vicepresidente Kamala Harris.
El martes, el expresidente Donald Trump había confirmado que se piensa postular para un nuevo mandato en 2024. Venia advirtiendo que “algo grande” iba a anunciar ese día en una estrategia que sonaba a apurar al partido republicano ante un triunfo aplastante en el comicio del 8N. De todas maneras salió al ruedo cuando en su partido todavía están orejeando las cartas y por ahora el único que aparece como competidor fuerte es el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
Este fin de semana los republicanos se reunirán en Las Vegas en su encuentro anual para delimitar futuras estrategias electorales. Y Trump presionó y lo agregaron a la lista de oradores a último momento. Participará en videoconferencia y se supone que desplegara un discurso agresivo en función de la ofensiva del gobierno y el poder judicial en su contra. Se cruzará con DeSantis, el expresidente Mike Pence y el exsecretario de Estado, Mike Pompeo.
Desde Washington a todo esto, el departamento de Justicia, envalentonado por la elección legislativa, nombró a un fiscal independiente “para supervisar las investigaciones penales sobre Donald Trump”. El secretario de Justicia, Merrick Garland dijo que la persona elegida fue Jack Smith, hasta hace poco fiscal jefe y encargado de investigar los crímenes de guerra de Kosovo en el tribunal de La Haya.
Trump es investigado por guardar documentos gubernamentales descubiertos por el FBI en su mansión Mar-a-Lago, de Florida, y como responsable del asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.
«En base a los últimos hechos, incluido el anuncio del expresidente de que es candidato a la presidencia (…) y la intención declarada del presidente en funciones de ser también candidato, llegué a la conclusión de que es de interés público nombrar un abogado especial», dijo Garland, que como titular de Justicia es el jefe de los fiscales de Estados Unidos.
«He pasado por esto durante seis años», se defendió Trump ante Fox News Digital, un canal amigo. «Es inaceptable. Es tan injusta. Es tan política» esta decisión, agregó. Otro que aparece como amigo, el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, que en la campaña había mostrado su cercanía con el expresidente, ahora lanzó en la red del pajarito una encuesta para que los usuarios determinen si se le debe restituir la cuenta que a raíz de los incidentes del 6E se le había anulado a Trump. Al cierre de esta edición había 10.383.537 votos emitidos y el 52,3% a favor de devolverle la cuenta.
Tiempo Argentino, 20 de Noviembre de 2022
por Alberto López Girondo | Oct 2, 2021 | Sin categoría
El presidente de EE UU está acotado por los demócratas “moderados” y el ala progresista. Unos piden austeridad; los otros, cumplir con las promesas.
Joe Biden confía en que sus proyectos de Infraestructura y Gastos Sociales puedan ser aprobados en el Congreso estadounidense. “No importa si en seis minutos, seis días o seis semanas, pero lo haremos”, dijo a la salida de un cónclave con sus correligionarios en el Capitolio. Y seguramente logrará atravesar los escollos que se le presentan, lo que no puede garantizar es cómo saldrán esas propuestas que hace algunos meses sonaban a revolucionarias en el marco de la cultura bipartidista conservadora que comanda los destinos del país hace décadas. A Biden le está costando más poner en fila a los propios que lidiar con los contrarios.
El ambicioso plan de Infraestructura presentado en abril pasado bajo el nombre de Build Back Better (Reconstruir mejor) destinaba 2,5 billones de dólares en ocho años para inversiones en carreteras y puentes, vías férreas, servicios de agua, banda ancha en todo el territorio e incentivos para nuevas tecnologías respetuosas del medio ambiente. Un plan “peronista”, lo tildaron algunos.
El primer renuncio en la negociación con los republicanos fue bajar el monto a 1,7 billones en junio. Se podrá decir que la cifra propuesta hace seis meses era para negociar. Lo mismo podría creerse que era la Ley de Gasto Social de 3,5 billones durante una década que tiene como destino la educación, la salud, el bienestar de las familias de menores recursos y el cambio climático que Biden pretende solventar con un incremento en los impuestos a las corporaciones y las élites millonarias.
En un principio se explicó que la Casa Blanca buscaba subir la tasa impositiva para empresas del 21% actual al 28% que tenía en 2017 y que Donald Trump hizo bajar abruptamente. Ahora Biden se conformaría con un 15% sobre los ingresos contables que se reportan a los inversores, según la vocera Jen Psaki, quien aseguró que de todas maneras el mandatario tratará de llegar al 28% porque “piensa que las corporaciones pueden permitirse pagar más”.
Sucede que dentro del Partido Demócrata fue creciendo un ala progresista entre los que descuellan un puñado de legisladoras de origen inmigrante que tienen como faro a la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, pero fundamentalmente a su par de Vermont, Bernie Sanders, quien lleva la voz cantante. Fue precandidato a presidente y resignó su disputa con Biden en 2020 a cambio de un programa de cambios que ahora pretende que se cumpla.
Sanders, la representante por Washington Pramila Jayapal y la neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez salieron al ruedo para explicar por qué rechazaban la estrategia de la líder demócrata en el Congreso Nancy Pelosi de votar Infraestructura y Gasto Social récord de manera separada. No querían que se tratara el primero si antes no se votaba el segundo, para no caer en viejas trampas legislativas. Parecía una jugada arriesgada, pero así lo explicó el veterano senador, que se declara socialista: “Creo que es absolutamente imperativo que enfrentemos la amenaza existencial del cambio climático, que bajemos el costo de los medicamentos recetados, que nos aseguremos de que las personas mayores puedan masticar sus alimentos porque ampliamos Medicare al cuidado dental, audífonos y anteojos, es inaceptable que tengamos medio millón de personas durmiendo en las calles de Estados Unidos porque tenemos una gran crisis de vivienda”.
Dentro del partido hay un ala que los medios denominan “moderada” y que en este caso se expresa a través de los senadores Kristen Sinema y Joe Manchin. Ella, de Arizona; él, de Virginia Occidental. Manchin dice que se opone al plan de 3,5 billones porque está en contra de la “mentalidad de asistencialismo”. Sinema también muestra “preocupación” porque considera que los gastos sociales son “exorbitantes” y que conllevan un crecimiento de la inflación. “Estoy con 1,5 billones en gastos” se plantó Manchin.
El paquete debía votarse este viernes en la Cámara Baja –en Senadores fue aprobado con algunas reformas–, como pretendía Pelosi, pero tuvieron que bajarla del debate para no sacar los trapos sucios a relucir en un momento en que, además, la imagen de Biden viene en picada tras la desastrosa salida de Afganistán.
Por otro lado, esta semana la Casa Blanca enfrentaba otro desafío como la posibilidad de un cierre de la administración por falta de presupuesto. Contrarreloj –”cortando clavos se diría en estos lares”–, el oficialismo logró aprobar un aumento en el techo de la deuda hasta diciembre y “vamos viendo”. Los republicanos, en tanto, disfrutan desde las gradas cómo los demócratas se cuecen en su salsa.
Tiempo Argentino, 2 de Octubre de 2021
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