Los Bolsonaro siguen desafiando las reglas de la sanidad tanto como las de la vida en comunidad. Algo en lo que coinciden totalmente con su mentor, Donald Trump. A saber: no comparten la recomendación de la OMS de mantener una cuarentena para evitar una catástrofe humanitaria por el Covid-19, por lo que exigen, en un llamado a la «libertad», salir a las calles. Y son defensores del uso de armas de fuego y en esa medida, propulsores de la violencia, sin medir consecuencias. Por lo pronto, este fin de semana, miles de estadounidenses se manifestaron contra el aislamiento que se dictó en algunos estados y recibieron una voz de aliento del presidente en las redes sociales incluso para defender la Segunda Enmienda constitucional, esa que autoriza a los ciudadanos a armarse.
En la misma semana en que logró desprenderse de su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, Bolsonaro hizo este domingo una recorrida por las calles de Brasilia ante cientos de manifestantes que pedían terminar con todas las instituciones constitucionales y que los militares se saquen de encima esa incómoda apariencia de legalidad.
El reclamo de sus partidarios es contra el Congreso y especialmente contra Rodrigo Maia, el presidente de la cámara de Diputados, al que acusa de estar tramando un golpe de Estado. Pero también contra el Supremo Tribunal Federal, que sostiene la constitucionalidad de las medidas contra la pandemia que retoman los diferentes mandatario estaduales.
Al mismo tiempo que Jair se daba tiempo hasta de toser en una mano -¿para demostrar su oposición a la recomendación de usar el interior del codo?- su hijo Carlos, concejal carioca y amante de las armas como su padre y sus hermanos, tuiteó un video de una práctica de tiro en algún polígono en el que los participantes comenzaron la balacera sobre los blancos al grito de Bolsonaro.
Flavio Bolsonaro, el otro hijo presidencial, senador por Río de Janeiro, no se privó de apoyar a esta movida anti política, sobreponiendo la fe religiosa ante cualquier otro valor.
También hay un fuerte apoyo en estas expresiones contra corriente del resto del mundo del canciller, Ernesto Araujo, que así celebró el día del diplomático brasileño, que conmemora a los representantes de uno de los pilares del estado central brasileño como lo fue, tradicionalmente, el Palacio de Itamaraty, a esta hora desprestigiado por la sumisión del gobierno a las políticas de la Casa Blanca.
La exigencia de terminar con el encierro sanitario y la portación de armas, alentada por Trump y que elevó las protestas en el vecino del norte, recibió el apoyo de Eduardo Bolsonaro, diputado federal por San Pablo.
Esta no tan velada amenaza contra la ciudadanía de a pie, que entiende a la convivencia democrática como una relación pacífica, no es tan del gusto de partidarios de Bolsonaro. Y alentados por el discurso bélico de la familia presidencial, salieron a correr a civiles que cometieron el delito de vestir una remera roja, en las calles de Río de Janeiro.
Ese, sin embargo, no parece un riesgo que la dirigencia política brasileña haya tomado en cuenta cuando prefirió a Bolsonaro antes que a la coalición del PT. Del mismo modo que desde el Planalto no se consideran las consecuencias de la tragedia sanitaria que ya cobró 40.000 contagiados de coronavirus y más de 2500 muertos. La segunda cifra más grande de América, detrás de Estados Unidos, que lidera las trágicas cifras a nivel mundial.
Como si el desastre que está produciendo el coronavirus en Estados Unidos no fuera suficiente, a falta de apoyos en las instituciones, el presidente Donald Trump ahora busca aliados en los sectores más recalcitrantes de la sociedad para romper con el aislamiento que decretaron los gobernadores estaduales. Todo esto en un contexto de amenazas de clausura del Congreso -a la manera del peruano Alberto Fujimori en los ’90- y de que se imponga la ley marcial si es que la crisis sanitaria y social se vaya de las manos.
Luego de por lo menos seis semanas de demoras para poner en marcha las recomendaciones de los especialistas, y cuando la cifra de infectados llega casi a los 700 mil y la de muertes se acerca a 40 mil, Trump anunció esta semana que cortaría la cuota a la OMS que le corresponde a EE UU. Acusa al organismo internacional de haber
errado en las advertencias sobre el peligro del Covid-19, aunque solapadamente cuestiona que no culpen a China por la tragedia sanitaria que se esparce sobre el mundo. Y más solapadamente aún, busca a quién culpar de la catástrofe.
El enfrentamiento de Trump con los gobernadores se relaciona con su postura de abrir la economía, a la vista de que se sumaron 22 millones de personas al ejército de desocupados por las cuarentenas y las empresas siguen paradas. Los mandatarios de los distritos son los que quedan expuestos por el funcionamiento de cada sistema de salud, mientras que la caída economía nacional puede conspirar contra la reelección de Trump.
Pero hay algo más: en estos días se vio a los más activos grupos de extrema derecha, habitualmente antisistema, salir a la calle para reclamar el fin del aislamiento. Pretenden que esas medidas atentan contra las libertades individuales y las garantías constitucionales.
Se los vio frente al Capitolio de Lansing, la capital de Michigan, armados hasta los dientes, con fusiles pesados al hombro muchos ellos, exigiendo a la gobernadora Gretchen Whitmer terminar con las restricciones al comercio y la circulación. “No podemos llevar nuestros botes al agua”, se quejó una manifestante. “Ni siquiera podemos comprar pintura para pintar nuestra casa”, agregó. Marchas similares se llevaron a cabo en Virginia y Ohio.
Trump, atento siempre a este tipo de expresiones sociales, posteó en una serie de tuits: “Libera a Minnesota” y “Libera a Michigan”. En el caso de Virginia, al pedido de liberación agregó “salva la gran 2ª Enmienda, que está bajo asedio”. Se trata de la garantía constitucional para el libre uso de armas de fuego por los ciudadanos civiles.
El riesgo es que se extienda este malestar en sectores poco afectos a seguir las normas del gobierno central, en un país donde hay más de 400 millones de armas registradas, más de una por habitante. Y con un presidente que no hace sino avivar las llamas.
Hace un mes creció la preocupación de que ante una “situación de guerra” como la definió el gobierno, el país pudiera inclinarse hacia la ley marcial.
No sería la primera vez que se aplique. La última que se recuerda data de 1966 en California, a raíz de una rebelión popular en un barrio de San Francisco luego de que un policía blanco disparó contra un adolescente negro.
Como corresponde a una potencia organizada -más allá de los dislates de Trump- en el Pentágono se preparan para un caos social. El secretario de Defensa, Mark Esper, instruyó hace algunas semanas al general de cuatro estrellas Terrence J. O’Shaughnessy, jefe del Comando Norte, para que se haga cargo de un plan de “continuidad del gobierno”. Es un puesto creado en 2001 luego de los atentados a las Torres Gemelas y tiene como objetivo asumir el poder en caso de que los mandatarios estén impedidos.
Luego de patear el tablero contra la Organización Mundial de la Salud, Trump amenazó el miércoles con cerrar el Congreso si es que la asamblea legislativa seguía si funcionar debido a la cuarentena. En este caso no hay antecedentes en la historia estadounidense. Sucede que muchas nominaciones en cargos públicos clave de la administración central dependen de la aprobación del Senado. Como no funciona, alega el presidente, hay una obstrucción partidista que impide llevar adelante políticas para luchar contra el coronavirus.
La líder del bloque demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, se comprometió a aprobar una iniciativa para que los legisladores puedan emitir sus votos en forma
digital. Hay temores por el uso de las tecnologías más adecuadas, pero los pude más el miedo a que Donald Trump encuentre la excusa para gobernar sin control parlamentario.
Subsidios
A pesar del acuerdo para reducir la producción de petróleo entre Rusia, el reino saudita y EE UU, el crudo sigue en picada por la falta de demanda. Trump podría subsidiar a empresas de fracking para que no perforen en EE UU y acompañar el recorte de la OPEP.
Donald Trump lo hizo otra vez. Decidido desde que se postuló para la presidencia, allá por los finales de 2015, a retirar a Estados Unidos de cuanta organización internacional haya adherido en las últimas décadas, ahora anunció que suspenderá la contribución financiera a la OMS, a la que acusa poco menos que de tener connivencia con el gobierno chino.
Claro que el objetivo de volver al tradicional aislacionismo norteamericano queda opacado porque toma esta decisión justo cuando el coronavirus está haciendo estragos en su país y por lo tanto, resulta una muy cuestionada forma de echarle la culpa de la tragedia a otros. Para no hacerse cargo de que inicialmente, la Casa Blanca desestimó las alertas de la Organización Mundial de la Salud sobre el Covid-19 y ahora enfrenta cerca de 650.000 contagiados y más de 25.000 muertos.
El rechazo generalizado al anuncio presidencial -Trump habló de “mala gestión” y dijo que la OMS no evaluó correctamente la situación desatada en China en diciembre pasado- incluyó a todos los gobiernos europeos y asiáticos y hasta el fundador de Microsoft, Bill Gates, que aporta parte de su fortuna para esa institución.
Ni bien Trump llegó al gobierno, en enero de 2016, retiró a EEUU de los tratados comerciales que venía negociando Barack Obama, como el TLC, con países de la cuenca del Pacífico y el que se había adelantado con la Unión Europea. No tardó mucho en tirar a la basura el acuerdo nuclear con Irán, que luego de años de negociaciones con las cinco potencias del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania, limitaba el desarrollo atómico del país persa.
Luego vendrían otros “portazos” del díscolo empresario inmobiliario. Uno que causó gran escozor fue el retiro de los pactos ambientales de París. Se sumó entonces a Nicaragua y Siria como los únicos tres países de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático fuera del compromiso de combatir la destrucción del medio ambiente.
En esa línea, retiró el apoyo financiero a la Unicef, la organización para la infancia. Esto incluía además a la ACNUR, la oficina encargada de la protección de los refugiados.
El paso siguiente fue en realidad una continuación de una política que venía desde 2011 para desfinanciar a la Unesco, la organización de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura. La excusa fue que la institución había tomado un sesgo antiisraelí no admisible por la administración Trump. El retiro se produciría a fines de 2018.
“En el momento en que la lucha contra el extremismo violento pide una inversión renovada en educación y en diálogo intercultural para prevenir el odio, es profundamente lamentable que Estados Unidos se retire de la agencia de Naciones Unidas que se ocupa de estos asuntos”, dijo esa vez la directora de la Unesco, Irina Borkova.
El argumento de políticas antiisraelíes fue utilizado también para el anuncio de retiro del protocolo de resolución de disputas de la Convención de Viena que hizo el que fuera asesor de Seguridad de Trump hasta hace unos meses, John Bolton.
El belicoso funcionario agregó entonces que «Estados Unidos no se quedará quieto mientras se presentan reclamos sin base y politizados contra nosotros».
La embajadora de EEUU en la ONU, Nikki Haley añadió que su país se retiraría oficialmente del Consejo de Derechos Humanos de esa organización afirmando que era un sitial que tenía entre sus miembros a China, Venezuela, Cuba o la República Democrática del Congo y en cambio desplegaba un “prejuicio crónico” contra Israel.
Pero no era ese el único motivo, ya que casi en simultáneo retiró la visa de entrada a Fatou Bensouda, fiscal general de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, quien estaba investigando denuncias por crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.
El aislacionismo de Trump es muy claro y engarza fielmente en una tradición política estadounidense que une épocas de un nacionalismo exacerbado que lleva al rechazo de los inmigrantes, mientras en paralelo se inmiscuye en las cuestiones latinoamericanas porque considera que la región es un “patrio trasero” al que se debe someter.
Esa disputa interna se arrastra en Estados Unidos de un modo más drástico a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Siempre reacio a entrar en los grandes conflictos bélicos europeos, las tropas estadounidenses recién desembarcaron el ese continente en 1917. Cierto que cuando Gran Bretaña estaba exhausta y “tiró la toalla” porque no podía contra los imperios centrales. Además, la revolución rusa era una amenaza para el sistema capitalista global.
Al término de la contienda, los europeos intentaron acuerdos de posguerra dejando de lado a EEUU, que sin embargo, a través del entonces presidente Woordrow Wilson, buscó articular una organización para resolver las disputas sin llegar a una guerra de semejante violencia.
La Sociedad de las Naciones, su máxima expresión, y antecedente de la ONU, fue integrada por un puñado de países pero el Senado de EEUU, dominado por los republicanos, rechazó el ingreso del país del que surgía la propuesta.
Naciones Unidas era el nombre de la coalición creada por Franklin Roosevelt, Josif Stalin y Winston Chuchill para derrotar a las potencias del Eje, la Alemania nazi, Italia y Japón. Nuevamente el aislacionismo estadounidense quedó de lado, y otra vez, cuando el mayor gasto de la guerra lo habían hecho sus aliados: La Unión Soviética había tenido que enfrentar la invasión a un costo de millones de vidas, el imperio británico estaba devastado y Francia era una entelequia que pretendían recuperar el general Charles De Gaulle y los partisanos.
De allí que la nueva sociedad internacional recibiera el nombre de Organización de Naciones Unidas, con un Consejo de Seguridad integrado por los ganadores de la guerra: EEUU, Gran Bretaña, Francia, la URSS y China. Con el tiempo ocuparon esos dos últimos lugares, la China continental y Rusia.
Quizás sabiendo que sería resistida por el fuerte aislacionismo imperante en grandes sectores del establishment de EEUU, todos aceptaron la conveniencia de que la sede estuviera en Nueva York.
Bolton, luego denigrado por Trump y ahora enfrentado con el presidente, nunca tuvo el menor empacho en cuestionar la utilidad de la ONU y aseguró que si por él fuera ya se hubieran retirado de la institución. Sería el último paso que le queda a Trump para cumplir con su objetivo.
El problema sigue siendo que está ubicada en Nueva York, ahora escenario de la mayor tragedia por el coronavirus en el mundo en una ciudad, acercándose a los 10.000 muertos.
El repentino alto el fuego unilateral en Yemen que decretó el gobierno saudita este miércoles parecía un reconocimiento del fracaso de la incursión armada en ese conflicto hace 5 años. La versión oficial es que las autoridades de la monarquía querían evitar un contagio masivo de Covid-19 en los campos de batalla, porque no hay casos reportados en ese territorio. Poco tardó en salir a la luz que el virus ya se extendió en la cúpula de la potencia petrolera. No solo eso: la información es que al menos 150 miembros de la familia real tienen coronavirus y algunos de ellos, como el príncipe Muhammad bin Salman –el hombre fuerte del régimen- debieron ser derivados a un centro de atención en una isla del mar Rojo, frente a la costa de Jeddah.
El cese el fuego se produce luego de una escalada bélica en Yemen que burló el llamado de la ONU a detener las acciones para proteger a los civiles de la pandemia. Arabia Saudita encabeza una coalición de países árabes que interviene en ese país desde 2015 en apoyo de un gobierno reconocido por una amplia gama de naciones de todo el mundo. Del otro lado está la comunidad hutie, que recibe el apoyo de Irán.
Voceros sauditas dijeron a la agencia AFP que la tregua podría prolongarse y de ese modo permitir avanzar hacia una solución más amplia a la guerra civil que generó la crisis humanitaria más grave que vive esa parte del mundo en este momento, para lo cual no dudarían en sostener una mesa de diálogo con sus oponentes auspiciada por Naciones Unidas.
Los hutíes, que controlan la capital del país, Sanaa, presentaron un documento donde señalan que para ir a una paz duradera la primera condición sería el retiro de las tropas extranjeras y el fin del bloqueo de la coalición a los puertos y el espacio aéreo yemení. Mohammed Ali al-Houthi, alto funcionario huti, publicó el plan de ocho páginas en su cuenta de Twitter.
Del mismo modo reclaman que los ocupantes extranjeros aporten el dinero necesario para la reconstrucción total del país y el pago de salarios de funcionarios estatales por una década.
La noticia del contagio masivo en la familia saudita provino de un artículo del diario The New York Times donde cuenta que el rey Salman de 84 años; el príncipe bin Salman (conocido por sus siglas como MbS) son atendidos por Covid-19 en la isla, mientras que el príncipe Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, gobernador de Riad y sobrino del rey, está en una sala de cuidados intensivos del Hospital Rey Faisal.
Informes de fuentes de la familia real a TNYT indicaban que en ese centro de salud se habían ya preparado 500 camas para integrantes de la dinastía, según una alerta enviada a personal médico y enfermeros.
«No sabemos cuántos casos recibiremos «, decía el mensaje, que agregaba, según el diario estadounidense, que «todos los pacientes crónicos deben ser trasladados lo antes posible», y solo se aceptarán los «casos urgentes». También se les aclaró que cualquier profesional del hospital que se reporte enfermo sería tratado en un hospital de menor complejidad para dejar espacio a la realeza.
Los problemas para la casa gobernante –y especialmente para MbS, de 34 años y el autócrata de turno- no se limitan a la desastrosa intervención en Yemen, que no marchó nunca en el sentido que le querían dar desde Riad. Superado por “olvido y prescripción” mediático política el asesinato del periodista Jamal Kashoggi en octubre de 2018.
MbS debe enfrentar la crisis petrolera que se desató tras el rechazo de Rusia a firmar un nuevo acuerdo para reducir la producción y en tal sentido, mantener los precios del crudo. Tump pulsea para defender la producción de fracking de EEUU.
Este lunes, cuando los precios del barril se desplomaron a precios que no se veían desde hace un cuarto de siglo, la OPEP +, como se conoce a la organización de países productores y a los de mayores reservas pero no alienados, dirigidos los unos por Arabia Saudita y los otros por Rusia, debían mantener una cumbre para ahora si llegar a un acuerdo que permitiera bajar la producción.
Más allá de la guerra comercial, los mercados redujeron el consumo por las medidas de aislamiento en todo el mundo, de modo que incluso lo que salía a la venta hasta principios de marzo resulta excesivo. No hubo forma de que todos acudieran a esa mesa virtual de negociaciones hace cuatro días.
Este jueves, sin embargo, la mayoría de los países de la OPEP+ acordaron sus cuotas en el marco de la reducción de la producción de petróleo, según declaró a la agencia Sputnik una fuente de una de las delegaciones. «La probabilidad de firmar un acuerdo final es alta», comentó.
La casa real de Riad fue fundada por Abdelaziz bin Saud en 1902, cuando el territorio del actual reino todavía estaba bajo jurisdicción del Imperio Otomano. Las diferencias con los mandatarios turcos eran ancestrales y ese fue un eje que supo aprovechar el imperio británico para seducir a los sauditas. En un toma y daca muy conveniente, si apoyaban a los países occidentales en su guerra contra los imperios centrales –el Segundo Reich alemán, la Rusia Zarista y los Otomanos- recibirían a cambio el reconocimiento para el dominio de los países árabes.
En 1932 Bin Saud creó oficialmente el Reino de Arabia Saudita sin haber logrado que los británicos cumplieran sus promesas. Hasta que en 1938 se descubrieron los colosales yacimientos de petróleo. La dinastía pasó a ser una de las familias más ricas del planeta y desde entonces juegan en el tablero internacional cada vez mas cerca de las potencias occidentales.
La alianza con EEUU incluye el compromiso de que las ventas de petróleo se realicen en dólares, con lo cual a falta de respaldo en oro, la moneda norteamericana se apoya en el comercio del combustible. A cambio, ninguna de las iniquidades que cometa algún miembro de la casa Saud resulta condenada en Occidente.
Como en una obra de Shakespeare, puertas adentro de la monarquía, las cuentas del poder se saldan de modo drástico. Y puertas afuera es una teocracia de la línea wahabita donde el rol de la mujer es de absoluto sometimiento al hombre, sin contar con que no rige ninguna de los derechos civiles que definen a una democracia moderna.
MbS llegó al poder en 2017 luego de dos años de puja interna con su primo Muhammad bin Naif bin Abdulaziz Al Saud. Un año más tarde saltó a la consideración pública occidental cuando hizo encerrar a 200 miembros de la nobleza saudita y un puñado de empresarios en el Hotel Ritz Carlton de Riad hasta que los “convenció” de donar miles de millones de dólares al gobierno.
En octubre de 2018 se supo que estaba implicado en el crimen del periodista. Acostumbrado a la impunidad, ni se ocupó de ocultar las pruebas de su relación con los ejecutores de Khashoggi.Nadie osaría incriminarlo, por cierto.
Pero tuvo que recular en Yemen y ahora también ante un virus que parece que se ensañó con la Corona Saudita como lo venía haciendo con la casa de los Windsor-Mountbatten en Londres, donde el príncipe Carlos padece COvid-19 y el primer ministro Boris Johnson tuvo que ser internado en una sala de cuidados intensivos.
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