por Alberto López Girondo | Sep 2, 2018 | Sin categoría
Lula estaba condenado de antemano. Lo sabía desde que fue llamado a declarar por primera vez ante el juez Sergio Moro por el caso del triplex que le atribuye en Guarujá. Lo sabía desde que Dilma Rousseff fue destituida por una cohorte de diputados y senadores que invocaron a Dios y la Biblia más que a razones jurídicas o criminales.
Más aun, lo supo desde que se difundió la grabación ilegal de una conversación con la todavía presidenta que terminó por impedir que asumiera como jefe de Gabinete, en marzo de 2016. La historia hubiese sido otra, ya que su liderazgo habría sido un muro de contención para el golpe del que este viernes, como perversa celebración, se cumplían dos años.
Tampoco puede decirse que no hubiera sospechado que su proyecto político –por el que luchó desde que se postuló para delegado gremial en la industria metalúrgica paulista hace exactamente 50 años– estaba jaqueado cuando el analista Edward Snowden reveló, en 2013, que la agencia estadounidense NSA había interceptado los mails de Dilma y vigilabaa la estatal Petrobras.
El periodista brasileño Mauro Lopes recordaba que el 24 de agosto de 1954 se suicidó Getulio Vargas, arquitecto del Brasil moderno. «La campaña subterránea de los grupos internacionales se alió con grupos nacionales revolucionarios contra el régimen de garantía del trabajo. La ley de trabajos extraordinarios fue interrumpida en el Congreso. Contra la Justicia de la revisión del salario mínimo se desencadenaron los odios. Quise crear la libertad nacional en la potencialización de nuestras riquezas a través de Petrobras, mal comienza esta a funcionar cuando la onda de agitación crece. La Electrobras fue obstaculizada hasta el desespero. No quieren que el pueblo sea independiente», escribió Vargas en una carta de despedida que conmueve por lo actual.
Lula no se rindió, da pelea desde su celda, sin condena firme y con la certeza de que no hay pruebas en su contra más que la «convicción» del fiscal Deltan Dallganol, que como creyente no necesita más evidencia que actos de fe como los de quienes desplazaron a Dilma sin que hubiera cometido ningún delito.
Las pruebas judiciales son un resabio de la Revolución Francesa que intentan enterrar jueces de toda la América de hoy. Lo atestiguan presos que se pudren en Guantánamo sin juicio ni condena hasta millones que corren suerte similar en cada cárcel del continente.
Lula es mal ejemplo. Un pobre de escasa instrucción que llega a presidente de una potencia en crecimiento y se planta de igual a igual frente a los dueños del mundo debe ser castigado. No tanto por él, que ya tiene 72 años, sino por cualquier otro que aliente un sueño semejante.
Eso también lo sabe el tornero mecánico pernambucano. Y lo volvió a repetir con esa voz ronca que le dejó el cáncer de laringe, en un video de campaña que los jueces no quieren autorizar.
¨Los poderosos pueden matar una, dos o tres rosas, pero nunca conseguirán detener la llegada de la primavera¨, parafrasea Lula.
Tiempo Argentino, 2 de Septiembre de 2018
por Alberto López Girondo | Oct 24, 2017 | Sin categoría
La normativa aplica en los casos de las tropas que ocupan las favelas y despertó críticas de organismos de DDHH de todo el mundo. Se vuelve a discutir el rol de la dictadura, incluso desde el humor: mirá el video.
El presidente brasileño, Michel Temer, promulgó una polémica ley que traspasa el procesamiento de los crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas contra civiles a tribunales militares. Esta modificación a las normativas vigentes se hizo, con amplio apoyo de las cámaras legislativas, para conformar a las cúpulas militares, que buscan poder manejar los deslices cometidos por los uniformados en las cada vez más usuales intervenciones en las favelas o incluso en la custodia de un mandatario con tan poco apoyo popular como Temer, que además llegó a ocupar su cargo mediante un golpe parlamentario. Pero además llega en un momento en que crece la demanda de soluciones a la crisis política dentro de las FFAA bajo amenaza de tomar otra vez el poder, como hicieron en 1964. Y en un contexto en que Brasil es el país con mayor porcentaje de población que apoyaría una salida dictatorial, un 23%, según un estudio del Centro de Pesquisas Pew sobre 38 naciones de todo el mundo.
La nueva ley sancionada por Temer entrará en vigencia a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Unión. El hombre que apoyó y se benefició del derrocamiento de Dilma Rousseff solo vetó un artículo, el que limitaba la vigencia de la normativa a un año, con lo cual la ley será permanente.
Organismos de Derechos Humanos locales e internacionales y hasta la OEA cuestionaron esta iniciativa que echa por tierra con una construcción lenta pero persistente en el sentido de investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar, entre los cuales figuran la detención y tortura que sufrió la propia ex mandataria.
Rousseff había impulsado desde su llegada al Palacio del Planalto, el 1 de enero de 2011, la creación de una Comisión de la Verdad para investigar aquellas violaciones a los derechos humanos cometidos durante los 21 años de régimen militar.
El 10 de diciembre de 2014, en ocasión de celebrarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Comisión entregó el informe final que incluía casos registrados hasta 1988, cuando ya había un gobierno democráticamente elegido. La ley sancionada este lunes adjudica a los tribunales militares el procesamiento de crímenes dolosos cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas contra civiles en operaciones de seguridad pública ordenadas por la Presidencia y el Ministerio de Defensa.
Igualmente transfiere a esos estrados los juicios a miembros de las Fuerzas Armadas por crímenes contra civiles en operaciones «que involucren la seguridad de institución militar o de misión militar, incluso que no sea beligerante, o en actividades de naturaleza militar, de operación de paz y de garantía de seguridad pública».
Una propuesta similar había sido enviada al parlamento en 2016, cuando el gobierno de Rousseff había decidido enviar tropas militares para la “pacificación” de las favelas cariocas ante la inminencia de las Olimpíadas. Pero en ese entonces fue rechazada por el PT, por aquellos días todavía con el apoyo del PMDB que lidera Temer.
Desde la llegada de Temer al gobierno se incrementó el envío de militares para el control de las faveles tanto en Brasilia como en Río de Janeiro. Pero al mismo tiempo fue creciendo por un lado cierta resistencia entre los militares ya que muchos subordinados terminaron envueltos en denuncias por violencia contra los pobladores.
Un tribunal “amigo” tranquilizaría los cuarteles en monentos críticos.
Por otro lado, en las últimas semanas, y al calor de una crisis política que no cesó con la destitución de Dilma sino todo lo contrario, fue creciendo en algunos sectores de la sociedad y de medios inclinados a la derecha más retrógrada el reclamo de una intervención militar para encauzar la situación.
Es sintomático que a mediados de setiembre el general Antônio Hamilton Mourão, secretario de economía y finanzas del Ejército, dijo en una entrevista que si los políticos no solucionaban la crisis los militares deberían volver a tomar cartas en los asuntos públicos. Eso generó una catarata de críticas pero dejó la sensación de que las palabras de Mourão fueron un globo de ensayo.
La cuestión de todas maneras desnudó los peores antecedentes, porque uno de los posibles candidatos en las elecciones del año que viene, Jair Bolsonaro, un ex militar ultraderechista defensor de la dictadura y de la tortura, se está posicionando como alternativa ante Lula da Silva. En este entorno, desde un programa de televisión de la red O Globo, que apoyó la destitución de Dilma tanto como el golpe de 1964, se hizo una sátira a las veleidades de una sociedad cambiante que no termina por entender los riesgos de golpear a las puertas de los cuarteles.
Como corolario de la ley que aprobó el Congreso y sancionó Temer, fueron enviados a 950 miembros del Ejército a la favela de Rocinha, la villa miseria más grande del continente, luego de un día que las autoridades describieron como una jornada de pánico y terror a raíz de balaceras entre distintos grupos de narcos por el control del comercio de drogas.
«Estamos actuando por demanda del gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao”, explicó el ministro de Defensa brasileño, Raúl Jungmann, quien recordó que hay tropas que ocupan desde hace meses las calles de Río para colaborar con la policía, desbordada por la situación. Lo que no dijo es cuántos militares quedaron envueltos en denuncias por violencia contra ciudadanos.
La Comisión de la Verdad había señalado en aquel informe entregado a Rousseff que entre 1962 y 1974 más de 140 mil personas fueron desplazadas de sus casas y expulsados de las fables cariocas por efectivos militares. Desde dos años antes de que tomara el poder el general Humberto Castelo Branco.
Tiempo Argentino
Octubre 17 de 2017
por Alberto López Girondo | Ago 26, 2017 | Sin categoría
El principal contrincante de Lula da Silva para las elecciones presidenciales de 2018 es un ex militar de ideas cercanas al neonazismo, que reivindica la tortura y fue condenado a pagar una multa a una diputada del PT de la que dijo que “no merecía ser violada”. Jair Messias Bolsonaro, que obtendría un cuarto de los votos en una eventual votación y disputaría el balotaje con el ex presidente brasileño, suele hacer comentarios de corte medieval en sus redes sociales pero logra al mismo tiempo ponerse al margen de las disputas en torno al Lava Jato, lo que para muchos sectores sociales es garantía de anticorrupción.
Bolsonaro trascendió las fronteras brasileñas cuando comenzó el juicio político contra Dilma Rousseff al dedicar el voto por su separación del cargo al coronel Carlos Brilhante Ustra, el sádico personaje de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985 y que se ufanaba de haber torturado a la joven Dilma, por entonces militante de un grupo guerrillero.
Desde las redes sociales, que aprovecha al máximo –tiene cuatro millones de seguidores en Facebook, sin ir más lejos-, este ex capitán de paracaidistas de 62 años que fue arrestado en 1986 bajo el cargo de haber planeado la colocación de un artefacto explosivo en un cuartel del ejército en Río de Janeiro, acostumbra despotricar contra lo que considera un “legado comunista”, como las políticas implementadas por el PT desde que llegó al gobierno, en 2003.
Tuvo otras intervenciones provocativas que levantaron críticas a granel, según recopiló el periodista “gaúcho” Pedro Henrique Leal. Como cuando dijo que el ex presidente Fernando Henrique Cardoso debería ser “fusilado en una plaza pública”. O como cuando llamó “animales” a los activistas negros y por tanto, pidió que regresen “al zoológico”. En esa misma línea, llegó a tildar a refugiados haitianos, africanos y de Oriente Medio que pidieron asilo en Brasil de ser “la escoria de la humanidad” y considerar que el ejército debería “encargarse de ellos”.
Por si fuera poco, reveló su homofobia extrema cuando dijo que los homosexuales tienen esa preferencia sexual por “no haber recibido suficientes palizas”. Padre de tres hijos que ya comenzaron sus respectivas carreras políticas, dijo en consecuencia que no estaba preocupado por posibles desviaciones de sus vástagos (como salir con mujeres afrodescendientes o ser gay”, porque les dio “una educación adecuada”.
Sin pelos en la lengua, como se dice –aunque en su caso con gruesa pelambre en todo el cuerpo por su inaudito “gorilismo”- sostiene que si cometieron un error los militares que protagonizaron las más cruentas dictaduras en la historia latinoamericana en los 70 fue “no haber matado a suficientes personas”. Sobre todo, a militantes y simpatizantes de sectores de izquierda, a los que califica, sin distinciones, como comunistas.
Para combatir el delito y las costumbres que considera desviadas tanto en lo sexual como en lo político, propone aplicar mano durísima. Lo que incluye autorizar el uso de armas, a la manera de la sociedad estadounidense.
Por lo pronto, una de sus bravuconadas le costará algo más de tres mil dólares. La causa fue refrendada en segunda instancia por la Tercera Sala del Superior Tribunal de Justicia brasileño, que ratificó por unanimidad la condena en una causa promovida por la diputada del Partido de los Trabajadores María do Rosario Nunes.
Hace tres años, en un discurso en la Cámara de Diputados, Bolsonaro tuvo y fuerte cruce con la legisladora, que condenaba las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen militar. Despectivo, como siempre, el entonces representante del Partido Social Cristiano espetó: «No la voy a violar porque ni eso merece».
No contento con el revuelo que levantó, en una entrevista posterior al diario Zero Hora insistió: «Ella no lo merece porque es muy mala, muy fea; no califica para mi gusto. Jamás la violaría. No soy violador, pero si lo fuese, no la violaría porque no lo merece».
Lo llamativo y al mismo tiempo peligroso, desde otra perspectiva, es que Bolsonaro -que ya anunció su postulación a presidente con una nueva agrupación política, Partido Ecologista Nacional (PEN)- según una última encuesta del instituto DataPoder360 sigue creciendo en las preferencias del electorado brasileño y ya araña el 25 % de voluntades. Lula, condenado el mes pasado por el juez Sergio Moro en una causa por la supuesta compra de un departamento en Guarujá, también creció y ronda el 32 % del electorado. Lo que implica que si las elecciones fueran hoy, el ex metalúrgico y el ex paracaidista irían a segunda vuelta.
Cierto es que Bolsonaro no está implicado en los escándalos que sacuden a la política brasileña, lo que quizás le granjee la simpatía de sectores sociales hastiados de las denuncias de corrupción.
El riesgo es que este personaje salido de las cavernas estaría a las puertas de gobernar la mayor economía de América Latina, con lo que esto implica para el resto de los países de la región.
Tiempo Argentino
Agosto 17 de 2017
por Alberto López Girondo | Jul 17, 2017 | Sin categoría
«¿Dónde están ahora los caceroleros? (os batedores de panela)», se preguntó, exaltado, el expresidente Lula da Silva en un acto desarrollado este sábado en la ciudad paulista de Diadema, en la asunción de la nueva cúpula local del Partido de los Trabajadores (PT). Rodeado de enfervorizados militantes, el mandatario, condenado a nueve años y medio de prisión el miércoles (ver aparte), ligó su sentencia a la aprobación de una ley laboral que retrotrae derechos de los trabajadores a la época previa a Getulio Vargas, que instauró en sus presidencias lo esencial de lo que quedó enterrado el martes y que el jueves, en una demostración de timing llamativo, fue sancionada por el presidente Michel Temer.
No se equivocaba Lula en el análisis. Su acta de condena, señala, estaba escrita y firmada por juez Sergio Moro desde mucho antes de que lo llamara a indagatoria, el 10 de mayo pasado. Pero ese no era el momento político de anunciarla. Tampoco erraba el exdirigente metalúrgico –que ante el magistrado se presentó como de profesión «tornero mecánico»– en cuestionar a los que salieron a las calles contra Dilma Rousseff, en 2014, tras un aumento en el precio de los transportes pero que ahora verán cercenados derechos que tuvieron sus padres y abuelos y que fueron conquistados por sus bisabuelos luego de largas luchas.
«Solo el pueblo puede juzgarme», repitió Lula, luego de pedirle al juez que, «si tiene una mínima prueba en mi contra, me la muestre, y yo me retiro de la vida pública y me quedo tranquilo». Y volvió a la carga con la ley laboral. «¿Dónde terminaron las cacerolas? Lo que nosotros tenemos es orgullo, parece que ellos solo tienen odio».
Entre las reformas está la posibilidad de que la jornada laboral pueda extenderse hasta las 12 horas. Además, la ley permite que los salarios puedan abonarse sobre una base diaria y hasta horaria, a decisión de la patronal, que deberá avisar al trabajador tres días antes cómo será su jornada.
Como si esto fuera poco, crea la figura del «trabajador autónomo exclusivo», por la cual la empresa tiene derecho a llamar al empleado para que cumpla tareas solo cuando lo necesite. Otra perlita, que ya en medios de comunicación local tuvo sus defensores, es que se elimina el sistema de indemnizaciones. Se implanta, en su lugar, un fondo con aportes del mismo trabajador, que recupera cuando lo echan. O sea que la patronal tiene las manos libres para disponer de su empleado como si fuera un mueble más en su oficina.
Las mujeres también tienen mucho para reclamar, ya que la normativa aprobada por Temer –que entrará en vigencia 120 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión– permite que hasta las embarazadas puedan trabajar en lugares insalubres si un médico lo permite.
En pocas palabras, con esta reforma se cumple el viejo sueño neoliberal: que la mano de obra finalmente sea un costo más, sin la menor consideración hacia el ser humano que realiza el trabajo, como desde la izquierda e incluso la Iglesia Católica se postula desde la revolución industrial.
Muchos analistas que interpretan a la ley desde el punto de vista económico, la ven como una destrucción de los derechos de la clase trabajadora inconsistente porque ni siquiera cumplirá el objetivo que declara, que es generar más puestos de trabajo. A este argumento, el procurador general del Trabajo, Ronaldo Fleury, le añade que «oficializa el fraude y es fruto de la mentalidad esclavista que aún persiste en Brasil» .
Para Temer, sin embargo, es la forma de aferrarse al poder aceptando el decálogo empresarial cuando aparece en medio de investigaciones por corrupción con pruebas incluso filmadas sobre maniobras para sobornar a un testigo.
«Las protestas se hacen pero la caravana va pasando, no tengo duda (…) Si hicimos esto en 14 meses –se ufanó este jueves en la ceremonia de sanción de la reforma laboral–, imaginen lo que haremos en otro año y medio de gobierno».
El proyecto que venía del Ejecutivo fue aprobado en abril por la Cámara de Diputados y se demoró hasta ahora en el Senado, muchos de cuyos miembros se mostraron remisos, arguyendo que violaba garantías constitucionales. Pero el martes esa «resistencia» se quebró y terminó votada por 50 senadores y rechazada por otros veintiséis.
La nueva ley está llamada a impactar de este lado de la frontera, ya que el Mercosur, como lo entienden el gobierno de Mauricio Macri y el de Temer, es una plataforma para beneficio de las multinacionales que tienen un pie en cada país y no mucho más. Por eso el canciller argentino Jorge Faurie se apuró a viajar a Brasilia este viernes para entrevistarse con su par brasileño Aloysio Nunes Ferreira y con el presidente. Luego de hacer un panegírico de un posible acuerdo Mercosur-UE, Faurie dijo en relación con el proteccionismo estadounidense: «Si somos razonables podemos ser un modelo en un momento en que se dice que no hay posibilidad de libre comercio. Los cambios culturales se dan con la fe infinita. Hay una fe en este momento de cambio tecnológico que es no cerrar fronteras, hacer un comercio inteligente».
Tiempo Argentino
Juylio 16 de 2017
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