Antonella Bundu es florentina, de madre italiana y padre sierraleonés. Fue candidata a alcaldesa de Florencia en 2019 y aún no sabe si buscará postularse a las elecciones regionales en 2026 como parte de Sinistra Progetto Comune (SPC). Pasó por la redacción de Tiempo en un descanso de su extensa recorrida por Sudamérica como parte de unos meses “sabáticos” dedicados a aprender lo que le faltaba de esta parte del mundo. Podría seguirse su derrotero en Facebook, en la que hizo un pequeño diario de viaje por Venezuela, Chile, Argentina desde San Martín de los Andes hasta las Cataratas de Iguazú y Montevideo. En Buenos Aires descubrió que el barrio donde se alojó, San Telmo, “nace como un barrio de africanos”. Del otro lado del río se quedó con las ganas de ver al Pepe Mujica, pero disfrutó de las comparsas y se sorprendió de que “el Black Nod (leve inclinación de cabeza con que se saludan los negros) está vivo en Montevideo”.
–Viviste en Liverpool, en la ciudad de los Beatles.
–Viví allí durante tres años, entre los 17 y los 19, en el barrio de Croxteth, en una época, en los ‘80, de grandes revueltas. Ahí es donde empezó mi activismo político. Esa era más una lucha de clases que de raza o de género. Ahora yo lo veo todo interconectado, empezando por la raza, después por el género, luego la lucha de clases. En Liverpool estuve estudiando y trabajando. Croxteth era pobre, sí, pero sobretodo era negro, aunque también había alguna gente blanca pobre. Había un instituto llamado Charles Watson, por un tipo linchado en el siglo XIX. Yo venía de una escuela relativamente buena en Sierra Leona y al final aprobé para inscribirme en la Universidad de Manchester. Dentro de esta institución había una biblioteca de libros negros.
–¿Libros negros?
–Libros negros, o sea autores afrodescendientes o que trataban de ellos. Era un cuartito con libros tirados, y me los dieron así, sin orden, ni alfabético, ni nada. Creo más bien que me dieron una tarea por darme trabajo. Como autodidacta trataba de poner por género, orden alfabético, por lo tanto era una biblioteca, pero casi nunca venía nadie a llevarse los libros. También hubo un taller de Historia Negra, con el que básicamente recorrimos el barrio entrevistando a personas que habían llegado a finales del siglo XX. Había gente que había venido del Caribe y que ahora eran ciudadanos británicos, pero en ese momento eran de antiguas colonias que habían crecido en la zona y habían visto todos los cambios que se habían producido en Croxteth. Si parabas un taxi y decías «voy a Croxteth», no te llevaba. Pero si eras parte de esa familia, estabas tranquilo, protegido. A veces venían desde afuera para ver, como si fuera un zoológico y luego también estaba la policía, los nigger hunting, los llamaban así porque estaban a la «caza de negros».
Es entonces que Antonella reconoce que de Beatles hubo poco. “La única vez que vi todo Liverpool fue una vez con unos amigos en uno esos autobuses de dos pisos que daban vueltas por la ciudad”. Una de las razones para no salir del barrio era justamente el barrio, aunque si recuerda que por entonces Liverpool era “un gran centro de la música”. Pero comenzó a extrañar su mundo, de gente mucho más cálida, y de su familia. Y así volvió a una Italia también inmersa en manifestaciones estudiantiles. “Era la época del Partido de las Panteras, con huelgas, marchas, casi un pequeño 68 francés, con la ocupación de universidades”. Fue a poco de una gran movida por el asesinato de un sudafricano, Jerry Maslo, al que no le habían otorgado el derecho al asilo pese a que huía del apartheid. Ese era un derecho sólo otorgado entonces a los europeos del este. El alcalde socialista, Giorgio Morales, detonó una crisis cuando ante una manifestación de vendedores ambulantes que denunciaban persecuciones dijo “hay demasiados senegaleses”. El resultado fue una gran huelga de hambre en Piazza del Duomo en Florencia “donde está el Baptisterio. Dormimos en la plaza, en la calle. Después de cinco días el alcalde dimitió y le dieron la oportunidad a los vendedores de tener un lugar donde vender. Este fue un ejemplo muy temprano de cuales eran las luchas, la universitaria, la sindical y ahora ya no es así, ahora es muy difícil”.
–¿Por qué? ¿Qué cambió?
–Hay una clara fragmentación, en los partidos políticos de izquierda está el hecho de no poder mantenerse unidos. Nosotros (SPC), pensamos que debe haber continuidad, no te puedes juntar sólo para las elecciones. Pero tampoco puedes sacrificar algunas de tus creencias. Para mí, hay que tener un sentido, una dirección, ser fiel a eso.
–Hablemos un poco de la empresa recuperada GKN.
–GKN está en Campi Bisenzio, en los alrededores de Florencia. Originalmente era de Fiat, que pasó a ser Stellantis (por la fusión con Chrysler y luego Peogeot-Citröen). Hacían autopartes y en 2021 pasa a la multinacional Melrose. Esta es una empresa cuyo lema es “comprar, mejorar y vender”. O sea, invierten, especulan, toman el dinero del estado y luego cuando se van dejan primero un monstruo ecológico, porque son lugares que quedan contaminados. El 9 de julio de 2021 los trabajadores se encontraron con que los habían despedido por mail. Entraron al edificio y ya no salieron. Los trabajadores están sindicalizados en la FIOM, pero el colectivo de GKN es muy fuerte. Los conocí porque siempre nos veíamos en manifestaciones de otros trabajadores en crisis. Habían logrado un propio contrato interno con condiciones laborales que superaban a otras empresas. Cuando pasó fue como si quisieran dar un ejemplo. Les cortaron la electricidad y pusieron paneles solares, hicieron de todo y siguen en la lucha.
–¿Y la situación judicial?
–El juzgado laboral anuló dos veces el despido. Siguen empleados pero el dueño no les paga. Nosotros con otros hemos hecho escritos y presentaciones en la región, porque la planta no produce desde el 2021, pero le dan los caminos, el agua, tiene todo, entonces el municipio puede pedir la expropiación. Mientras tanto, muchos de los 422 trabajadores se han marchado. Y entiendo, porque yo también, yo también si no me pagan un mes… Por eso ahora quedan unos 120 que resisten. En base a todo esto, el año pasado hicimos una cooperativa. Yo soy parte del consejo de administración de esta cooperativa por acciones, con socios financieros y socios trabajadores. Con nuestros socios financieros hemos recaudado 1.300.000 de euros. El gobierno dice: «si tienes un plan de reindustrialización y puedes aportar un millón , aportaremos otro». Se ha realizado el plan junto con las grandes universidades italianas, que han puesto a disposición a su gente.
–¿Para producir qué cosas?
–Paneles fotovoltaicos, producimos paneles solares y bicicletas de carga. La ley regional no sólo habla de expropiación, sino que dice que se forman consorcios donde hay público y privado. La fábrica es muy grande, así que, por un lado, está nuestra operación, como un condominio. Todo esto está regulado dentro de esta ley.
–¿Qué es el Festival Internacional de Working Class?
-Ahora en abril es la tercera edición. Lo hicimos dentro de la fábrica, vinieron escritores suecos, de todas partes. Escritores trabajadores, ¿no? Hicieron una obra que recibió el Premio Ubu de teatro en 2023, El capital, un libro que aún no hemos leído, por la compañía Kepler-452.
Bien dicen que «el pez por la boca muere». Y en un posteo en su cuenta de X, Juan Carreira, que utiliza el seudónimo Juan Doe, terminó por confirmar que el show que iba a realizar el rapero Milo J en la exESMA fue censurado por el Gobierno. «Ahora gobernamos nosotros, no ellos. Están locos si los vamos a dejar usar un edificio del Estado para hacer un showcito político nefasto», escribió.
Y que la GIGA lloren los kukas. Ahora gobernamos nosotros, no ellos. Están locos si los vamos a dejar usar un edificio del Estado para hacer un showcito político nefasto. https://t.co/jecPdaeXbj
Director de Comunicación Digital del Gobierno nacional desde junio, Carreira-Doe llegó al cargo tras el despido de otro tuitero mileísta, Iñaki Gutiérrez.
El grupo de «influencers» libertarios que fue creciendo desde las redes sociales se potenció en tiempos de la pandemia y fue –todavía lo es– clave para sostener la figura de Javier Milei desde sus tiempos de panelista de tevé y en su paso por el Congreso como diputado. Ni bien asumió la presidencia, el fundador de La Libertad Avanza se rodeó de los más experimentados en el manejo de esa herramienta, clave en las últimas elecciones. Desde entonces, inició lo que Milei gusta en llamar una «batalla cultural» contra un genérico en el que engloba socialismo, comunismo, peronismo, radicalismo o simplemente a quienes tienen una visión más igualitaria de la sociedad.
Por esos mismos tiempos fue desarrollándose un movimiento juvenil que a través de lo que se llamó «freestyle» fructificó en una generación de chicos –Milo J tiene 18 años– que de manera independiente de las grandes productoras y de los medios masivos, ya ocupan un lugar central en la música y tienen alcance internacional. Son otros «influencers» que irritan al inquilino de la Quinta de Olivos, porque están en otra vereda, arrastran multitudes y no tiene modo de «entrarles». Ahí las redes son uno con uno, cara a cara, codo con codo. Un mundo extraño para él.
Aunque la burla de Juan Doe comenzaba contra «los kukas», esa forma despectiva de referirse a los kirchneristas, no todos los seguidores de los raperos más encumbrados podrían ser ubicados en ese sector. La postura de Milo J, un pibe de Morón que se hizo de abajo y empezó a hacer su música con las computadoras de Conectar Igualdad, es por los derechos humanos. El recital que iba a hacer el 12 de febrero era una preescucha de su disco 166 (Deluxe) Retirada.
Camilo Joaquín Villarruel, tal su nombre en el DNI, es admirador de Charly García, hizo dúos con Nito Mestre, Tini Stoessel y acompañó a la murga uruguaya Agarrate Catalina en una sesión en ¡Fa!, el espacio de Mex Urtizberea en Youtube. Cuando se viralizó la clausura de su recital, García fue uno de los primeros en solidarizarse, a su manera. «Que se quede tranquilo», le mandó decir, «a mí me censuraron un montón de veces. Bienvenido al club».
El caso es que si las autoridades querían silenciar a Milo J, la censura no hizo más que popularizarlo y hacerle descubrir a gente «de otro palo» que es un gran cantante que muchos no conocen porque circulan por carriles separados. Le pasó a la escritora Claudia Piñeiro, que tras anotar que «se volvieron locos cuando Cecilia Roth dijo que había censura, pero ayer con Milo J aplicaron el lema que tanto les gusta: principio de revelación», escribió: «Una buena de este gobierno, me hizo conocer a Milo J».
Entre quienes se solidarizaron con el adolescente estuvieron otros «castigados» por el oficialismo, como Lali Espósito, María Becerra y raperos y músicos de toda laya, como Soledad Pastorutti, Las Manos de Filippi, La Delio Valdés, Ricardo Mollo, Yamila Cafrune, Trueno, Willy Bronca y siguen las firmas.
¿De dónde nace esta movida que inquieta al Gobierno? Cuentan los que saben que para 2009 unos muchachitos comenzaron a juntarse los fines de semana en la estación de Claypole del Ferrocarril Roca, en el partido bonaerense de Almirante Brown, para rapear. La cosa empezó a crecer y el certamen convocó a montones de entusiastas en lo que se llamó «Halabalusa Underground«. Para 2012, el rapero YSY A y el presentador de radio Muphasa inician un certamen en el porteño Parque Rivadavia bautizado Quinto Escalón, porque se hacía en el último peldaño de la escalinata que da a las calles Doblas y Chaco. Duró hasta 2017 y de allí surgieron, entre otros, nombres conocidos en el ambiente como Duki, Wos, Dani, Gotti. Pero a ese encuentro masivo vinieron raperos de toda Latinoamérica y de España.
El mundo rap incluye a personalidades como L-Gante, otro que comenzó desde muy abajo con una computadora de las que se entregaban a estudiantes durante el Gobierno de Cristina Fernández, o Dillom, quien se hizo viral en noviembre pasado cuando cruzó en un avión a un tuitero libertario que actúa bajo el alias La Pistarini. «Así de guapos son en persona», escribió luego de haber descubierto que Juan Carlos Siber –integrante del ejército de trols del Gobierno– lo estaba «bardeando» en las redes. «Portate bien», le recomendó tras una caricia nada amable en la cabeza.
Dillom es el mismo que en el Cosquin Rock 2024 había «actualizado» un tema de Las Manos de Filippi, «Sr. Cobranza», y donde decía «Norma Plá a Cavallo lo tiene que matar», cantó «A Caputo en la plaza lo tienen que matar», lo que le valió una presentación judicial de un abogado por incitación a la violencia que no prosperó.
Si lanzar la caterva de trols contra Lali Espósito no hizo otra cosa que alentar su carrera artística a niveles que ella no podía pensar, ahora lo de Milo J puede ser otro tiro en el pie para un presidente que según muchos analistas llegó a donde llegó porque tuvo una infancia de niño maltratado y representó a millones de castigados por la situación económica y social del país que lo sintieron un par. Estos raperos también representan a ofendidos y humillados por la realidad, que ahora incluso es peor para ellos.
Como perla final, acá va uno de los temas del álbum que iba a presentar Milo J en la exESMA, Hippie, que desmenuza qué batalla cultural se está disputando.
A Volodimir Zelenski le habían picado el boleto hace tiempo, como se dice en los arrabales, pero todavía no se había querido dar por enterado y sus socios europeos hacían como que no la veían. Pero bastaron pocas semanas desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca para que el castillo de naipes que se había construido para sostener a Ucrania se viniera abajo. Los últimos golpes para derrumbar esa ilusión los estuvieron dando estos días el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Defensa, Pete Hagseth, en concordancia con la charla que mantuvieron el presidente de EE UU y el de Rusia, Vladimir Putin (ver aparte). Pero las cosas ya estaban claras desde que el empresario inmobiliario arrasó en la elección de noviembre pasado. Ahora a Zelenski le resta implorar por la creación de un ejército europeo por fuera de la OTAN y por mantenerse en el poder a pesar de que su mandato está cumplido. Quién sabe cuál sería su suerte con otro mandatario en Kiev luego de la devastación que queda tras la guerra por la que apostó todo y termina así.
Vayamos por partes. Entre las promesas electorales de Trump estaba terminar la guerra en Ucrania en 24 horas. No será tan fácil, pero corrió de cuajo las estrategias de la administración Biden con los líderes europeos y la OTAN y ya habrá que interpretar lo que ocurre en esa parte del mundo de otra manera. No se puede decir que en el viejo continente no estuvieran avisados. Como será que el título de la Conferencia de Seguridad de Munich es “Multipolarización” y declara como su objetivo para ese foro “analizar las consecuencias de largo alcance de la multipolarización del orden internacional”.
Vance castigó feo a los dirigentes que lo escucharon este viernes, por su apoyo explícito a la ultraderecha alemana a una semana de los comicios. Lo que desató oleadas de críticas del actual canciller, Olaf Scholz, del candidato conservador Friedrich Merz, que se ve ganador de acuerdo a las encuestas. Vance, en cambio, al igual que Elon Musk, apoyan a la aspirante de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel. Hasta el francés Emmanuel Macron se quejó de la brutal intromisión en los asuntos internos de la hasta no hace tanto locomotora industrial de Europa. Eso, sumado a que quedó afuera de la negociación con Moscú, es una síntesis del lugar que le destinan a esa región del otro lado del Atlántico.
Hegseth completó el mensaje en la cumbre del Grupo de Contacto sobre la Defensa de Ucrania que se hizo en Bruselas. “Nuestro mensaje es claro: la matanza debe cesar, este conflicto debe terminar”, dijo el oficial de la Guardia Nacional de EE UU y presentador de televisión. “Queremos una Ucrania soberana y próspera. Pero debemos empezar por reconocer que una vuelta a las fronteras anteriores a 2014 es un objetivo irreal (…) No debe haber un Misk 3.0”, agregó, recordando los dos acuerdos, de hace diez años, que terminaron en papel mojado para Kiev y los líderes de Alemania y Francia de entonces.
Como broche, remató: “Estados Unidos no considera que la adhesión de Ucrania a la OTAN sea una salida realista a un acuerdo negociado (… y) si hubiera que desplegar tropas como fuerzas de mantenimiento de paz en algún momento, deberían hacerlo en el marco de una misión fuera del marco de la OTAN y no estar cubiertas por el artículo 5”, que obliga a responder en solidario a un ataque exterior a un miembro del bloque. O sea, Washington no se va a meter en ese baile. De allí a insistir con el mensaje de Trump que exige a los europeos destinar 5% del presupuesto en defensa. Siguiendo al secretario General de la alianza, el neerlandés Mark Rutte, eso implicará reducir los fondos para políticas sociales.
Pero hay algo más que estuvo diciendo Trump, que no es de dar puntadas sin nudo. “Estamos gastando cientos de miles de millones de dólares (en Ucrania). Podrían llegar a un acuerdo, o podrían no hacerlo. Puede que algún día se vuelvan rusos, o puede que no. Pero vamos a tener todo este dinero y digo que lo quiero de vuelta. Dije que quiero el equivalente a, digamos, 500 mil millones de dólares en metales de tierras raras». Por lo que trascendió, esa envenenada oferta la hizo el secretario del Tesoro, Scott Bessent al mismísimo Zelenski. Según algunos medios, el presidente ucraniano dijo que necesitaba unos días para pensarlo y por ahora no habría firmado ningún documento.
Zelenski, en tanto, denunció un día antes del inicio del mitin en Munich que un dron ruso había perforado la cubierta de protección de la planta de Chernobyl. En 1986 una explosión en esa central atómica provocó la fuga de material radioactivo que se expandió sobre parte de Europa oriental y dejó muy mal parado al sistema de seguridad nuclear de la ex Unión Soviética. Una amenaza semejante es motivo de preocupación para el resto del continente, pero la mayoría de los analistas ven detrás de este anuncio una operación desesperada de Kiev para mantener el apoyo que necesita para no tirar la toalla. El avance de las tropas rusas en el Donbass se tornó indetenible hace meses y la incursión en la región rusa de Kursk no alcanza para sentarse ante una eventual mesa de negociaciones con algo para ofrecer a cambio.
Nuevo intercambio de rehenes por presos
Los rehenes Alezander Trufanov, Sagui Dekel-Chen y Yair Horn fueron entregados a militares israelíes y 369 prisioneros palestinos fueron liberados en una nueva etapa de los acuerdos de cese el fuego entre Hamas y el gobierno de Benjamín Netanyahu. En ese contexto, Netanyahu convocó a su gabinete para decidir los pasos a seguir habida cuenta de que Donald Trump amenazó con “desatar in infierno” si Hamas no entregaba todos los rehenes aún en su poder este sábado pero luego dejó la decisión en manos de Israel.
Horn, que tiene doble nacionalidad argentina-israelí, fue capturado en el kibutz Nir Oz junto con un hermano que todavía permanece en manos del grupo de resistencia islámica. Troufanov tiene también ciudadanía rusa y Moscú se encargó de agradecer por su liberación. Dekel-Chen, por su parte, es estadounidense-israelí.
La Media Luna Roja Palestina avisó que cuatro de los presos liberados en Cisjordania fueron trasladados inmediatamente a un centro médico debido a «la gravedad de sus condiciones de salud» bajo cautiverio israelí, según un comunicado recogido por la cadena panárabe Al Yazeera. En Israel, los rehenes denunciaron malos tratos durante su cautiverio.
Netanyahu «valora enormemente el liderazgo del presidente Trump y la coordinación vigente con Estados Unidos», indicó un comunicado oficial de su gabinete y destacó: «la combinación de los refuerzos de las Fuerzas Armadas en torno a la Franja de Gaza y la postura agresiva del presidente Trump han llevado a la liberación de hoy de los rehenes pese a la negativa anterior de Hamas a liberarlos».
El 2025 comienza con aumentos en los precios de todos los servicios –gas, electricidad, agua– y combustibles, con lo que el costo de los boletos de transporte también se incrementará más temprano que tarde, a pesar de que, según las cifras oficiales, la inflación viene en baja. El año nuevo ya se había anunciado con malas noticias por el desguace y el desmantelamiento de áreas claves del Estado, comentaba el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, en una asamblea del gremio para tratar los despidos en la exEsma y el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti. No se había cumplido una semana de esta nueva hoja del almanaque cuando el Gobierno le dio una vuelta más de tuerca a la tormentosa relación con Venezuela: mientras reclamó ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención del gendarme Nahuel Gallo, arrestado desde el 8 de diciembre en algún lugar de Caracas no revelado, Javier Milei recibirá al antichavista Edmundo González Urrutia, al que reconoce –al igual que países europeos y EE.UU.– como presidente de Venezuela, cuando el próximo viernes Nicolás Maduro será investido con un nuevo mandato.
Parecen muchos temas para tan pocos días, pero se sabe que la gestión paleolibertaria actúa con urgencias para implementar sus políticas. Para remachar en caliente, como se suele decir, o simplemente para cambiar los ejes de la sociedad antes de que las variables económicas dejen de resultar favorables. Y ojo que Milei no se anda con vueltas a la hora de explicar su estrategia. Ya lo dijo en el cierre del Coloquio de IDEA, la ONG empresarial, en el encuentro que se realizó en Mar del Plata en octubre pasado.
«Teníamos claro que por el tipo de ajuste que estábamos haciendo era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto, por decirlo de alguna manera, de lo que estaba ocurriendo», dijo esa vez, con un guiño canchero y sin sonrojarse.
Parece que en este verano pretende repetir aquel impacto y comenzó con despidos en todas las áreas del Estado y especialmente en las relacionadas con la defensa de los derechos humanos y los Espacios de la Memoria. Sitios que la sociedad fue recuperando para resaltar los valores con que buscó construir la democracia luego de los años del horror de la dictadura cívico-militar.
La dupla ganadora del balotaje de noviembre de 2023 era rotundamente negacionista, con un candidato a presidente que resaltó en cada ocasión su rechazo a las políticas desarrolladas por Raúl Alfonsín desde el 10 de diciembre 1983, y Néstor y Cristina Kirchner en este siglo. Su vicepresidenta, Victoria Villarruel, por lo demás, desplegó su carrera política reivindicando a los condenados por crímenes contra la humanidad.
Las notorias diferencias que fueron creciendo entre ellos en este año y monedas nunca borraron, y puede aventurarse que no lo harán, esa coincidencia de matriz.
Lo que para un mandatario que hace gala de elementos de la lógica para ridiculizar a quienes se oponen a su línea de pensamiento –con términos como «falacia ad hominem», propios de manuales de escuela secundaria–, estos días marcaron también groseras contradicciones, solo explicables por la banalidad esencial de sus argumentaciones.
Veamos: que las fuerzas de seguridad impidan el acceso a los edificios destinados a mantener la llama de los derechos humanos, en los mismos sitios donde se produjeron las peores atrocidades, espacios que siguen una línea que en Europa se desarrolló tras la Segunda Guerra Mundial y para mantener el permanente recuerdo de la barbarie nazi en los campos de exterminio.
❗Repudiamos el accionar de la Secretaría de Derechos Humanos en la ex ESMA, impidiendo el acceso a trabajadores y trabajadoras, en el marco de los despidos masivos. Lo hacen con el uso de personal policial donde funcionó un centro clandestino y hoy existe un espacio de memoria pic.twitter.com/3pSfNhf4xW
Que luego de los incidentes con el Gobierno de Maduro –que llegaron al punto de un generarme argentino detenido por intentar su ingreso irregular en Venezuela, en condiciones difíciles de explicar para las autoridades nacionales– la cancillería recurra al la Corte Penal Internacional (CPI) se convierte en un despropósito. Más aún, cuando la ministra Patricia Bullrich, jefa de la institución en la que reporta Nahuel Gallo, habla de «desaparición forzada» del joven a manos del «régimen de Maduro». Y que lo catalogue de «crimen imprescriptible para los autores», al mismo tiempo que desde otros rincones de esa gestión se analizan mecanismos para liberar a los condenados de la última dictadura.
Denunciamos desde nuestra Cancillería ante la Corte Penal Internacional al régimen de Maduro por la desaparición forzada de nuestro gendarme Nahuel Gallo. Crimen imprescriptible para los autores. No vamos a permitir que el régimen tome de rehén a Nahuel.
Por si esto fuera poco, la CPI es el mismo tribunal al que adhiere Argentina, donde tiene rango constitucional, y que recibió fuertes críticas de la Casa Rosada en noviembre a raíz de la orden detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes de lesa humanidad en Gaza. Lo que evidencia una ostensible doble vara, aunque en el contexto actual de las relaciones internacionales, habrá que reconocer que no desentona tanto.
Declaración de la República Argentina en defensa de Israel
La República Argentina manifiesta su profundo desacuerdo con la reciente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el…
Para un Gobierno que se basa en irritaciones varias diseminadas en las redes sociales, provocaciones calculadas y el ejercicio pertinaz de la simulación, el despido de la subsecretaria de Turismo, la segunda del titular de esa área, el excandidato peronista Daniel Scioli, aparece como otra puesta en escena de pretendida austeridad. Yanina Martínez viajó a Londres y cayó mal que hubiera desoído la orden presidencial de no salir de vacaciones al exterior. Por otro lado, Bullrich explicó su visita a Disney en que era una vieja promesa a sus nietos para «cuando terminaran la primaria». El vocero Manuel Adorni irá por esos lares también. Él aseguró que hace diez años vacaciona con su familia en Miami y no era cuestión de cambiar las costumbres.
En este rubro marquetinero habría que anotar al retiro de la custodia a la exprimera dama Fabiola Yañez en Madrid. En este caso, Bullrich respondió públicamente a una orden de Milei para proceder en un asunto que lo preocupa, dice, como es el uso que se les da a los impuestos de los ciudadanos, que, afirma, deben ser «para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura».
Presidente: ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia. https://t.co/0qjuFTRBp5
La idea de que la disolución de la Unión Soviética fue una catástrofe para el espacio socialista pero también para Estados Unidos no es nueva. Analistas de fuste como el francés Tierry Meissan sostienen que incluso la falta de un enemigo enfrente, como era el bloque comunista, dejó a Occidente sin un incentivo para sostener su unidad. Y en el caso estadounidense, dejó –entienden– a la principal potencia planetaria en riesgo de una guerra civil porque su cohesión interna estaba amalgamada en torno a un objetivo al que finalmente llegó sin la guerra con la que soñaban sus estrategas. La realidad de EE.UU. de estos últimos años da ejemplos en favor de esa tesis, lo que explicaría el rol que intenta cumplir Donald Trump en esta particular trama.
No es novedoso tampoco sostener que el presidente argentino adhirió a esas estrategias extremas para cimentar su imagen política en un contexto como el de la crisis económica que asolaba al país. Y desde el 10-D de 2023 busca consolidarla para aplicar sus políticas regresivas en modo «aturdimiento colectivo». En ese período, tanto él como funcionarios y adherentes del oficialismo, descargaron en forma recurrente agravios y descalificaciones hacia opositores políticos, sectores sociales, organismos de derechos humanos, sindicatos, entre muchos otros. Las agresiones manifestadas en la ciudad suiza el 23 de enero, sin embargo, generaron las masivas marchas del 1 de febrero en todo el país. No siempre es gratis agraviar.
El fuego y sus circunstancias Todo el debate generado en torno a esa alta dosis de ira del jefe de Estado fue en paralelo al avance de las llamas en la cordillera patagónica. En esta instancia, el Gobierno nacional –con el inestimable aporte de los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut, y Alberto Weretilnek, de Río Negro– tiraron la pelota afuera para no hurgar en las responsabilidades del desastre ambiental, social y económico que se extiende desde San Carlos de Bariloche hasta El Bolsón y Epuyén. Al igual que el «seguidismo» característico de Milei sobre Trump –como el anuncio de retiro de organizaciones internacionales como la OMS o la Comisión de Derechos Humanos la ONU–, la Casa Rosada buscó culpables antes que soluciones. Así había hecho días antes el magnate inmobiliario, culpando a los demócratas por los incendios en Los Angeles.
En esta parte del continente se apunta a los mismos que en su anterior paso por el Ministerio de Seguridad había designado Patricia Bullrich: las comunidades mapuche. Un enemigo más fácil de reconocer y un pueblo que desde la recuperación de la democracia venía logrando mínimas, aunque importantes, reivindicaciones territoriales y culturales. Como se recordará, en enero de 2016 Bullrich comenzó a hablar de una organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y los medios nacionales señalaron a Facundo Jones Huala como su «violento» líder.
Desde entonces la RAM estuvo a mano para caratular cualquier incidente en esas regiones, donde el que aparece como dueño y señor de voluntades y fuerzas de choque es el inglés Joe Lewis, quien en abril pasado fue condenado en Nueva York a tres años de libertad condicional y el pago de 5 millones de dólares de multa tras haberse declarado culpable del uso de información confidencial para hacer negocios bursátiles. La RAM y Jones Huala volvieron a la escena en esta nueva etapa, con una detención del lonko mapuche de menos de 24 horas, el 19 de enero, tras haber sido acusado de intento de robo de un auto, que no pudo probarse ante la fiscalía.
A medida que los incendios se extendían, ni Torres ni Weretilnek hablaban de cómo frenar el infierno, ni de si se debía a cuestiones climáticas, falta de previsión o la necedad de algún turista o, como finalmente se demostró, a un hecho intencional.
EL BOLSÓN: ESTAMOS ANTE UN HECHO INTENCIONAL Y DELICTIVO
La Policía de Río Negro, el Fiscal de Turno y peritos accedieron a los puntos donde comenzó el fuego. En uno de ellos se encontró una botella de vidrio, que será peritada para determinar su vinculación con el incendio.… pic.twitter.com/yBExy5qaDR
LOS DELINCUENTES QUE INCENDIAN NUESTRA CORDILLERA VAN A TERMINAR TODOS PRESOS
Hoy, después de estar en Epuyén acompañando a las familias damnificadas por el incendio, estuvimos presentes en un nuevo foco ígneo que estaba siendo rápidamente apagado por los Bomberos, luego de que,… pic.twitter.com/xAej0wstT2
No le pusieron nombre a los supuestos autores, pero a los pocos días se registraron incidentes en la comisaría de El Bolsón cuando un grupo de pobladores fueron a reclamar por la detención de tres brigadistas y fueron apaleados por parapoliciales a caballo. El intendente de esa ciudad de la Comarca Andina, Bruno Pogliano, dio la vuelta de tuerca que faltaba al hablar de terrorismo.
Bullrich, a todo esto, anunciaba que el Gobierno nacional declarará a RAM como organización terrorista. Fue el mismo día que la cartera a su cargo pasó de ser Ministerio de Seguridad de la Nación a Ministerio de Seguridad Nacional. «No es solo un cambio de nombre, es una transformación profunda en la forma de entender la seguridad en nuestro país». Posteó en sus redes la funcionaria, para afirmar luego que la prioridad «será la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo».
EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN AHORA ES EL MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL: UNA NUEVA ERA CONTRA EL CRIMEN
Argentina tiene, por primera vez, un Ministerio de Seguridad Nacional. No es solo un cambio de nombre, es una transformación profunda en la forma de entender la…
Como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno de George W. Bush desplegó una guerra global contra el terrorismo, amparado en la llamada ley USA Patriot (rebuscado acrónimo en inglés por «Ley para Unir y Fortalecer a Estados Unidos Proveyendo las Herramientas Apropiadas Requeridas para Impedir y Obstaculizar el Terrorismo»), muy criticada porque otorga poderes especiales al Gobierno federal para realizar escuchas telefónicas y vigilar las comunicaciones electrónicas, entre otras cuestiones.
Nunca hubo consenso sobre qué debe entenderse como terrorismo porque algunas de las definiciones les cabrían a acciones que suelen cometer las grandes potencias. El proyecto de Milei-Bullrich también recurre a un enemigo al que acusar de promover el terror. Puede ser el kirchnerismo, el radicalismo, la comunidad LGTBQI+, el socialismo-comunismo… o los mapuches por los incendios en el sur.
Recién hace 20 días que volvió a la Casa Blanca y Donald Trump ya le dio vuelta a las relaciones internacionales como a una media. A simple vista, sus movidas, aceleradas e impetuosas, tienen algo de «estrategia del loco», eso de hacer creer que el tipo no está en sus cabales para que lo dejen hacer porque oponerse puede ser peor. Pero raspando un poco la superficie hay algunas certezas que resultan claras. Por lo pronto, en el «patio trasero» logró que Canadá y México se encargaran de poner más vigilancia en las fronteras, deportó unos 5000 inmigrantes latinoamericanos y retiró al país de organizaciones como la OMS al tiempo que anunció sanciones contra el Tribunal Penal Internacional por haber condenado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y a su extitular de Defensa, Yoav Gallant. Este sábado, por otro lado, Hamás entregó a otros tres rehenes que estaban en su poder desde el 7-O de 2023 e Israel liberó a 183 prisioneros palestinos mientras en el mundo se sigue cuestionando su propuesta «inmobiliaria» para Gaza y los países europeos se preparan para nuevos aranceles a sus productos. Además, por si fuera poco, levantó el avispero en organizaciones como la USAID, habitual fuente de financiación de planes injerencistas en todo el mundo. Todo junto y en tan poco tiempo indican un método que confirma los objetivos que se fijó el 47º presidente estadounidense y pretende desplegar antes de que se termine su período de gracia de 100 días que se otorga a todo gobierno que inicia. La vigilancia fronteriza es una vieja demanda de los sectores ultraconservadores expresada en foros como el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, que también establece hojas de ruta contra la perspectiva de género, recortar fondos federales y modificar formas de financiamiento de la educación para sostener los programas de tinte religioso-antediluviano. La recuperación industrial que Trump pretende no es algo nuevo ni original pero si que suena a desesperada. La globalización, tan seductora para el establishment estadounidense desde la disolución de la URSS, con su trasfondo de financierización internacional, provocó una lenta pero persistente modificación de la base industrial de EE UU. Convertido, gracias al dólar como moneda de cambio y reserva, en el centro mundial de las finanzas, el gran negocio ya no era producir, sino comprar hecho y sostener los enormes déficits que se fueron acumulando cada año mediante la fabricación del producto que mejor les sale: el dólar, como ya advertía hace 23 años el francés Emmanuel Todd en Después del imperio: Ensayo sobre la descomposición del sistema estadounidense. Planes de reindustrialización los hubo con GW Bush, Barack Obama y con Joe Biden. Pero no resulta tan fácil cambiar el eje de negocios que prosperan haciendo dinero con dinero y sin transpirar. Por lo demás, como ya señalaba entonces Todd, en las universidades de EE UU egresan menos ingenieros que abogados y economistas. De allí que ante una guerra como la de Ucrania, la solución que sale de la caja de herramientas de Washington sean las sanciones, ya que no están en condiciones de producir armamento en cantidad ni calidad equiparable al de Rusia. El caso es que los beneficiarios de ese sistema son países de la UE, China y sus socios de América del Norte -México y Canadá- ya que las industrias proveedoras se trasladaron allí por los menores costos y los beneficios que reciben. Traer de nuevo a esas industrias lleva, como ve Trump, a una guerra que ninguno de sus antecesores quiso o pudo aplicar y él no estuvo en condiciones en su anterior gestión. Ahora espera que, más loco y con más apoyo electoral, pueda cambiar el rumbo. De allí que se rodee de los magnates (oligarcas) de las únicas industrias en que EEUU está en el pelotón de vanguardia en el mundo: la tecnología digital y la Inteligencia Artificial. El grano en el trasero le salió cuando a una semana de su jura se conoció que una empresa china, DeepSeek, había desarrollado una aplicación de IA abierta, mucho más efectiva y sobre todo económica que ChatGPT o cualquier otra conocida. Lo más destacable de este golpe es que para el desarrollo se utilizó un chip Nvidia H800, de menor potencia que los H100, pero que eran lo más a lo que podían acceder por las sanciones contra China (ver aparte). La inteligencia humana superó en este caso a la estulticia de creer que se puede poner freno al desarrollo con abogados y financistas. Lo mismo ocurrió con los castigos a Rusia por la guerra en Ucrania: terminaron incentivando el comercio en el área BRICS+, el centro de Asia. Y en monedas locales. Trump fue muy claro en su discurso de inauguración: «A partir de este momento, el declive de Estados Unidos ha terminado», dijo, reconociendo públicamente la decadencia del país. Por esos días también prometió aranceles estratosféricos para los países que piensen en usar otra moneda que no sea el dólar y a los BRICS+. Y envió a su canciller, Marco Rubio, a explicar en América Central de qué viene esta Doctrina Monroe Siglo XXI. América First no oculta que esta región sería el último reducto ante un eventual nuevo reparto del mundo. Nada nuevo bajo el sol. La misma lucha que desde hace dos siglos.
La propuesta inmobiliaria para Gaza
En una nueva etapa de los acuerdos por el cese al fuego entre Hamás y el gobierno de Israel, Or Levi, Eli Sharabi y Ohad Ben Ami, tres hombres de 34, 52 y 56 años respectivamente, fueron entregados a las autoridades israelíes mientras se cumplía el quinto intercambio de prisioneros. Pero la noticia de la semana fue el encuentro de Benjamin Netanyahu y Donald Trump en Washington.
Fue en ese momento que el presidente de EE UU habló de su «solución inmobiliaria» para la Franja de Gaza: que los palestinos se vayan de ese territorio a cambio de dinero y la promesa de viviendas permanentes en Egipto o Jordania. «Estados Unidos tomará el control y seremos dueños de ella. Y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas en este sitio», comentó ante las barbas del premier israelí, que en cuanto pudo aclaró que «no hace falta que las tropas estadounidenses vayan, nosotros nos haremos cargo».
Esta oferta de completar la limpieza étnica a cambio dólares no es nueva pero nunca había sido explicitada de un modo tan despojado. Luego del asesinato de cerca de 50.000 gazatíes y la destrucción de casi toda la región, ¿quién podría aceptar una propuesta semejante? Ni siquiera en el resto del mundo hubo aceptación a esa idea.
«Gaza es un infierno en este momento y lo ha sido por mucho tiempo», dijo Trump, que en lugar de visualizar la responsabilidad del hombre que tenía sentado a su diestra, firmó una Orden Ejecutiva para imponer sanciones a altos cargos del Tribunal Penal Internacional de La Haya por condenar a Netanyahu y a su ministro Yoav Gallant por delitos de lesa humanidad contra la población palestina.
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