El uribismo desencadenó una guerra sin cuartel contra la Corte Suprema de Colombia, que ordenó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe y en la práctica suspendió sus funciones de senador con el argumento de que podría entorpecer la acción de la justicia en una causa que, paradójicamente, inició él mismo en el año 2012. Así, mientras el líder ultraconservador fue diagnosticado con Covid-19, desde la propia presidencia de la Nación crece el clamor por una reforma constitucional para blindar al controvertido dirigente.
El caso que llevó a este fallo del tribunal nació cuando Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda, al que acusó de haberse conectado con ex paramilitares presos para negociar falsos testimonios en su contra.
Uribe es un enemigo feroz y sanguinario de la guerrilla y luego de haber combatido ca las FARC con todo el aparato estatal, también utilizó métodos y expertos en técnicas de lucha irregular entrenados por especialistas estadounidenses, que tienen bases militares erigidas con la excusa del combate de los grupos rebeldes.
Cepeda, en cambio, es un defensor de los derechos humanos que inevitablemente está enfrentado con ese sector de la dirigencia más belicoso. El ex presidente Juan Manuel Santos, sucesor de Uribe, inició un proceso de paz con las FARC que el uribismo siempre rechazó. Cepeda, en cambio, fue defensor de algunos de los líderes insurrectos, como Jesús Santrich. La relación entre ambos no podía ser sino de enfrentamiento.
La relación entre ambos no podía ser sino de enfrentamiento. El acuerdo de paz alcanzado con la guerrilla por Santos, con anuencia de la ONU y el auspicio de Noruega, Chile y el apoyo del gobierno bolivariano de Venezuela, firmado en La Habana, Cuba, en ese mismo año de 2012, era un modo de salir del atolladero en que está Colombia en el último medio siglo.
Ese proceso se fue cumpliendo de manera bastante adecuada a los documentos establecidos, hasta que en agosto de 2018 asumió la presidencia Iván Duque, un hombre que ató su destino al uribismo sin fisuras. Mientras se dilataban algunos puntos de la implementación de pacto de paz, fuerzas paramilitares iniciaron una cacería de líderes sociales que ponen a Colombia como el país más peligroso para la defensa de los derechos ciudadanos.
–No cesan los asesinatos de líderes sociales. La causa por la denuncia de Uribe llegó a la Corte porque se trata de miembros del parlamento. Hace varios días el clima demostraba que el tiro del exmandatario le había salido por la culata. La sensación crecía por los ataques coordinados de grupos de trolls en las redes sociales, advertencias y hasta amenazas de dirigentes de segundo orden sobre el poder judicial.
Finalmente la Corte ordenó el arresto domiciliario de Uribe en la causa por presunta manipulación de testigos. El tribunal informó que el expresidente «cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso».
Uribe se defendió en su cuenta de Twitter.
Y recibió el apoyo, como el oficialismo esperaba, del actual mandatario y del partido Centro Democrático, que ya adelantó que pedirá una reforma de la constitución de 1991 para “garantizar una justicia no alineada con un sector político”.
Cepeda, mientras tanto, se dedicó a explicar en qué consiste el caso, que parecía olvidado para el común de la gente.
La finca de Uribe, en el departamento de Córdoba, fue el lugar elegido por Uribe para pasar la cuarentena. El lunes se informó que había pedido que lo revisara un equipo médico ya que algunos trabajadores de ese lugar habían dado positivo por Covid-19. Luego se informó que estaba contagiado y que no tenía ninguna complicación. Pero el virus le permite quedarse y no tener que cumplir la domiciliaria en su c asa de Antioquia.
El oficialismo, en tanto, mientras denuncia persecución judicial y habla de una reforma constitucional, se debate en una crisis interna que la ausencia de Uribe, el único que logra unificar criterios. Esa crisis pude repercutir en el presidente Duque, debilitado por la situación económica del país y por la violencia política.
No se equivocaba Mark Zuckerberg, el Ceo de Facebook, cuando hace un par de años dijo en una charla para sus íntimos colaboradores quizás tendría que subirse al ring y pelear contra una posible limitación a los gigantes tecnológicos. Solo erró en quien sería su contrincante. Esa vez hablaba contra la senadora Elizabeth Warren, que en su campaña para las primarias demócratas proponía aplicarles las leyes antitrust. Sucede que por una vez, aunque por motivos diversos, legisladores demócratas coincidieron con sus pares republicanos y hasta el presidente Donald Trump en la necesidad de poner freno al GAFAT, el selecto club que integran Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter. La incógnita pasa por saber hasta dónde están dispuestos a ir.
La novedad de esta semana fue que los popes de esas empresas, crecidas aceleradamente desde principios de siglo pero que dieron un salto explosivo gracias a la pandemia, tuvieron que desfilar ante el Congreso para dar explicaciones. Como en esas viejas películas de Hollywood, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai, y Tim Cook fueron interrogados en la comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes para rendir cuentas sobre las conclusiones de una investigación parlamentaria de un año sobre sus comportamientos.
“Los padres fundadores no se inclinaron ante un rey ni nosotros deberíamos inclinarnos ante los emperadores de la economía en internet”, les espetó el titular del comité, el demócrata David Cicilline. “Como guardianes de la economía digital, estas plataformas disfrutan del poder de elegir ganadores y perdedores para sacudir a las pequeñas empresas y enriquecerse mientras ahogan a la competencia”.
A su turno, se fueron defendiendo con argumentos que chocaron contra la solidez de los reclamos, lo que hizo trastabillar a más de uno. Fue una sesión virtual, por otro lado, que como castigo, se cortó varias veces por problemas de conexión.
Más allá de esos detalles, los demócratas cuestionan en líneas generales que las compañías abusan de su posición dominante para asfixiar cualquier vestigio de competencia y los republicanos que hacen negocios con firmas chinas y con tal de ganar dinero, no demuestran demasiado patriotismo.
Como para no perderse el show, Trump tuiteó que si el Congreso no tomaba alguna medida lo haría él a través de una orden ejecutiva (los DNU estadounidenses). Este viernes se anunció que el Departamento de Justicia abrió una investigación contra Alphabet, la “casa matriz” de Google, por prácticas monopólicas. La Comisión Federal Comercial, incluso, analiza las últimas adquisiciones de Facebook, como Instagram, una plataforma que, reconoció Zuckerberg, fue comprada con el objetivo de sacar a un rival peligroso del camino.
Estos últimos meses Trump está de punta contra la red del pajarito, que borró algunos de sus mensajes por considerarlos fake-new. El presidente amenazó con incluir a Twitter bajo las leyes de medios con el argumento sencillo pero incontrastable de que si eligen qué circula sobre su plataforma entonces editan y por lo tanto son un canal de informaciones. En su partido se quejan de que FB censura mensajes de sectores conservadores. Zuckerberg ya había comparecido en 2018 para explicar su negocio con Cambridge Analytica, la consultora que usaba datos para manipular elecciones en todo el mundo.
Que las tecnológicas alcanzaron un nivel desmesurado no es novedad. Según datos publicados por el sitio elordenmundial.com, hace diez años solo Microsoft figuraba entre las diez empresas más grandes de EEUU, las dos primeras eran Exxon Mobil y Petro China, seguidas por P&G, la fabricante de bienes de consumo. Ahora, copan esos lugares Apple, Google, Amazon y Alibaba, la competidora china del gigante estadounidense.
El dueño de Amazon, Jeff Bezos, también propietario del diario The Washington Post, alegó: “Me encantan los emprendedores de garaje, yo era uno. Pero al igual que el mundo necesita pequeñas empresas, también necesita grandes”. Recibió loas de los defensores del libre mercado, incluso en Argentina. No así de la demócrata Pramila Jayapal, quien cuestionó que la firma, de acuerdo a la investigación, había usado datos de empresas que vendían a través de esa plataforma para diseñar sus propios productos similares.
La crítica contra el indio Sundar Pichai, CEO de Google desde 2015, fue que el buscador deja entrar a todos, pero como si fuera una suerte de mafia, no deja salir nada. “Nuestros documentos muestran que Google evolucionó de un torniquete al resto de la web, a un jardín amurallado que mantiene cada vez más a los usuarios dentro de sus sitios”, le dijo Cicilline. El palo contra Tim Cook, de Apple, fue que la aplicación App Store “inventa reglas en el camino y luego las interpreta arbitrariamente para beneficiar a sus productos”.
El antecedente más recordado de aplicación de la ley antitrust data de 1911, cuando la Standard Oil Company fue desmembrada por orden de la Corte Suprema, que entendió que violaba los términos de la Ley Sherman Antitrust, de 1890. El holding se dividió en 34 empresas independientes, una de ellas la Standard Oil de Nueva Jersey, luego Esso y finalmente Exxon; otra fue la Standard Oil Company de Nueva York, que se transformaría en Mobil. Las picardías de Donald
Donald Trump no se cansa de mostrarse impredecible y hasta se podría decir que disfruta de ese rol de chico rebelde para la política de Estados Unidos. En todo caso, queda claro que sabe manejar a los medios, no por nada fue por ocho años el conductor de un reality show, El Aprendiz, donde un aspirante entre 18 ganaba un contrato para dirigir una de sus empresas. A esas artes apeló este jueves cuando tres horas después de que el Departamento de Comercio anunciara una caída en la economía en el segundo trimestre del 32,9% lanzó una bomba: habría que aplazar las elecciones de noviembre porque la pandemia obligaría a ejercer el voto por correo, lo que permitiría un colosal fraude.
Se trata del mayor desplome desde 1947, tras la guerra mundial, a pesar de que no hubo una cuarentena estricta precisamente para no dañar la actividad económica. La polémica por el voto barrió debajo de la alfombra a la colosal debacle en el principal eje para la campaña presidencial, como es la recuperación de Estados Unidos como potencia mundial.
El argumento de Trump no es del todo descabellado: actualmente casi un cuarto de los votantes envía el sufragio adelantado, una práctica que se fue extendiendo ante la dificultad para sufragar en ese país. Se vota el martes posterior al primer lunes de noviembre. Es una particularidad propia de una sociedad de raigambre religiosa que aprobó esa ley -inmutable hasta ahora- en 1845. No se votaría un domingo porque es el día consagrado al Señor, y no era sencillo viajar en épocas de tormentas, de modo que un lunes podría no ser prudente.
Para una sociedad de patrones de estancia o profesionales independientes un martes es una buena opción, pero no para asalariados, que además de registrarse para ejercer su derecho, deben faltar a sus trabajos. Es así que normalmente no vota mucho más del 50% de los ciudadanos habilitados.
Trump alega que el voto por correo no garantiza que no colapse el sistema o que alguien meta la mano en el conteo. Los argumentos en su contra fueron que ni siquiera en tiempos de la guerra civil o de las guerras mundiales se pospuso un comicio. De lo que nadie quisiera hablar es del fraude en contra de Al Gore en las elecciones de 2000, cuando la Corte Suprema tardó 36 días en reconocer el triunfo del republicano George W. Bush a pesar de las impugnaciones de los demócratas porque en el estado de Florida habían votado algunos ciudadanos fallecidos. Trump quizás tema sinceramente una estocada con algunos fallecidos acudan a la oficina de correo a votar.
La Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones nucleadas en el llamado Pacto de Unidad inician una escalada para la recuperación de la democracia, que comenzará este lunes a la 0 hora con el bloqueo en todas las carreteras del país, según confirmó a este diario Juan Carlos Huarachi, el líder de la entidad sindical. La decisión surgió de un Cabildo realizado en martes pasado en El Alto en el que se declaró una huelga por tiempo indeterminado hasta que el gobierno de facto y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) vuelvan a la convocatoria original para elecciones el 6 de septiembre. “El cabildo ampliado en asamblea de varios sectores comunitarios, como corresponde al uso y costumbre -relató Huarachi a Tiempo- aprobó un plan de lucha que se resume en un solo objetivo: el respeto a la democracia, a la salud, a la vida de todos los bolivianos”.
La fecha original del llamado a elecciones era en mayo, pero la pandemia representó una formidable excusa para que la presidenta de facto, Jeanine Áñez, demorara el llamado a comicios para elegir un presidente constitucional.
El régimen instaurado de manera violenta en noviembre de 2019 no pudo arrasar con todas las instituciones por el temor a un estallido de consecuencias impredecibles. De manera que se mantuvieron instituciones como la Asamblea Plurinacional y el TSE. En una entrevista con Tiempo, la senadora Adriana Salvatierra, quien presidía el órgano legislativo y ante la renuncia del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, hubiera sido la sucesora natural, explicó que tuvo que renunciar al cargo por las amenazas que recibieron dirigentes y familiares en esos acalorados días.
“Fui sometida a las mismas presiones que nuestros compañeros, una violencia de carácter fascista con autoridades nacionales y dirigentes; secuestraron familiares, destruyeron y quemaron viviendas”, recordó.
Ese mismo tipo de presiones padecieron dirigentes gremiales, lo que permitió un hueco en la red de alianzas que había mantenido al gobierno de Evo en el poder. Pero esa misma violencia se volcó en contra de los golpistas, que debieron recular en su deseo de acabar de raíz con el proceso virtuoso encabezado desde 2005 por Morales y los movimientos sociales, sindicales, de mineros y agricultores y de intelectuales que protagonizaron los cambios mas potentes en la historia boliviana desde sus orígenes.
Pero a poco de andar, la senadora Áñez, que se ubicó en el lugar de Salvatierra para calzarse la banda presidencial –y con la Biblia en la mano- mostró el rostro neoliberal de su gobierno. Lo que generó la caída del nivel de vida, la pérdida de derechos y con la pandemia, el horror de muertos que se apilan en las calles ante la inacción oficial. El Covid-19 ya causó cerca de 2900 muertos y más de 75 mil contagiados, para un país de 11 millones de habitantes.
“El gobierno hizo una pésima gestión sanitaria, y se ha visto los casos de corrupción como la compra irregular de respiradores al triple de su valor, la falta de insumos médicos y un mercado ilegal de remedios y recetas”, puntualizó Salvatierra. Lo más preocupante, con todo, es que el cambio del calendario electoral, al 18 de octubre, fue hecho sin pasar por la legislatura. Es decir, sin dictar una nueva ley que derogue la que está en vigencia y que había fijado la fecha para el 6 de setiembre. Sería la cuarta prórroga.
Demasiadas crisis para que la sociedad boliviana no saliera a protestar. De allí que el cabildo de la semana que pasó sirviera para que la dirigencia percibiera que el ánimo estaba caldeado por la falta de una salida democrática, sumada a la tragedia sanitaria y a la debacle económica.
“Hemos articulado una demanda reivindicativa, no hay un interés partidario particular. El pueblo está demandando recuperar la democracia y así garantizar la estabilidad política, económica y social, porque vive una realidad muy diferente a lo que se ha vivido en gestiones pasadas, sufriendo la verdadera crisis económica que hoy está atravesando nuestro país”, dijo Huarachi. Con las únicas armas, recalcó, como son las de “la convulsión social, el elemento que tenemos como instrumento de lucha”.
La situación, sin embargo, se puede desmadrar más aún. El gobierno desconoció a la Asamblea no solo en cuanto a las elecciones sino también a los ascensos de militares, que fueron hechos por decreto presidencial y sin anuencia del Senado, como es la forma constitucional. Incluso se contrataron créditos del FMI sin acuerdo legislativo. La pregunta entonces sería si en caso de permitir elecciones los golpistas aceptarían el resultado, que de acuerdo a las encuestas se va perfilando para los candidatos del MAS IPSP Luis Arce, el ministro de Economía de Morales, y David Choquehuanca, su ex canciller. Tanto Huarachi como Salvatierra apelan a la lealtad constitucional de los uniformados, cuyas cúpulas fueron claves para el golpe contra Evo. “No estamos interesados en una venganza”, asegura la joven politóloga. “La elección es una alternativa de pacificar el país con nuevas políticas que alienten la esperanza del pueblo boliviano”, dijo el dirigente minero. Habrá que ver que sucede desde este lunes. Tanto Huarachi como Salvatierra apelan a la lealtad constitucional de los uniformados, cuyas cúpulas fueron claves para el golpe contra Evo. “No estamos interesados en una venganza”, asegura la joven politóloga. “La elección es una alternativa de pacificar el país con nuevas políticas que alienten la esperanza del pueblo boliviano”, dijo el dirigente minero. Habrá que ver que sucede desde este lunes.
La confirmación de que la decana de la Corte Suprema de Justicia de EEUU está siendo tratada nuevamente por un cáncer aceleró una sorda pelea dentro del partido republicano por garantizarse una mayoría de la más rancia derecha y super leal en el máximo tribunal federal. Donald Trump trata de armar una lista de candidatos que no terminen por traicionarlo, como cree que hicieron los dos que pudo nombrar desde que llegó a la Casa Blanca. Que parecían suficientemente retrógrados y sin embargo le vienen fallando en contra en temas muy sensibles para sus votantes, como el aborto y la protección de las minorías LGBTQ. En lo personal, el presidente no les perdona que hayan dictaminado que debe mostrar sus declaraciones de impuestos, como cualquier ciudadano común, y que el cargo no le permite ocultarlos a la vista del público.
Trump ganó los favores del establishment del partido Republicano con la promesa de que pondría en la CSJ a jueces de reconocido perfil conservador. La base electoral que logró juntar el mandatario en 2016 tiene un fuerte componente de ciudadanos de tendencia religiosa que naturalmente están en contra del aborto, reconocido como legal por la corte desde un famoso fallo de 1973 que sentó jurisprudencia, el caso Roe v. Wade. Esto permitió zanjar un tema muy delicado en ese país, ya que no hay una ley federal que permita la interrupción del embarazo. Por el retiro de Anthony Kennedy, en julio de 2018 y luego de una trabajosa negociación en el Senado, Trump pudo designar finalmente a Brett Kavanaugh, que tenía un perfil de antiabortista en su trayectoria como juez de distrito. El pasado persigue al candidato.
Un año antes había podido nominar a otro conservador, Neil Gorsuch, en reemplazo de Antonin Scalia, que había muerto en 2016. Esa vez el presidente en ejercicio era Barack Obama pero los republicanos bloquearon cualquier nominación bajo el argumento de que se le vencía el mandato y correspondía esa potestad a su sucesor. Un ultraconservador resistido.
Normalmente el tribunal mantiene un tenso equilibrio entre liberales y conservadores, la vieja disputa entre garantistas y punitivistas. Como son nueve integrantes y por cuestiones de edad cada presidente tiene ocasión de designar a al menos uno durante su gestión, la CSJ pasa de 5 a 4 con mucha facilidad hacia un lado u otro. Con Trump, los liberales perdieron terreno. En estos dos años la balanza computó a Kavanaugh, Gorsuch, al actual presidente del tribunal, John Roberts, a Clarence Thomas y a Samuel Alito en el banco de la derecha. Quedaban del otro lado Ruth Bader Gisnburg y Stephen Breyer, nombrados por Bill Clinton en 1993 y 1994 respectivamente, y Sonia Sotiomayor y Elena Kagan, que asumieron en tiempos de Obama. Pero hubo varias sorpresas que dejaron trastabillando a Trump. Un golpe fuerte fue cuando el voto de Robert resultó crucial para impedir que el gobierno pusiera fin al Programa de Acción Diferida para los inmigrantes llegados en la infancia, conocida por sus siglas DACA, una normativa que permitió por décadas que jóvenes indocumentados pudieran permanecer en el país sin ser deportados.
A principios de julio, Trump recibió otros dos mandobles. En un fallo histórico la SCJ invalidó una ley de Luisiana que habría obligado a cerrar las clínicas de aborto. Ya había determinado que es ilegal despedir a una persona por su identidad de género. Gorsuch, que llegó al Palacio de Justicia con la anuencia fervorosa de los grupos evangélicos más fanatizados, dijo en su dictamen que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles impide cualquier tipo de discriminación laboral, lo que incluye a la comunidad LGBTQ, que celebró como un triunfo este fallo inesperado. Trump salió a despotricar en las redes sobre lo que llamó una “traición” de los jueces por él designados. Prometió entonces, para ganar el favor del partido ante las próximas elecciones – cuando muchos ya anunciaron que no lo votarán por el cariz que tomó su gobierno- que elaborará una lista de candidatos que se comprometan verbalmente a defender esos valores que tanto sirven para ganar votos en algunos sectores sociales.
No se privaron de cantarle cuatro frescas los republicanos más extremos. Entre ellos figura Josh Hawley, senador por Missouri, que declaró al Washington Post que solo votará a candidatos a la Corte que se hayan pronunciado decididamente en contra del aborto. “No quiero garantías privadas de los candidatos. No quiero escuchar sus opiniones personales, de una forma u otra. No estoy buscando pronósticos sobre cómo votarán en el futuro o predicciones. No quiero nada de eso. Quiero ver, como parte de su registro, que han reconocido en algún foro que Roe vs Wade, como un asunto legal, se ha decidido erróneamente”. Pero todavía los supremos le tenían deparada una sorpresa que consumaron hace unos días, cuando determinaron que el presidente debe entregar sus declaraciones de impuestos como cualquier mortal dentro de Estados Unidos. El magnate se venía negando al requerimiento de un fiscal de Nueva York que le reclama su planilla de aportes a la agencia impositiva.
Los abogados de Trump alegaban que como mandatario tiene inmunidad. «Hace doscientos años, nuestro tribunal estableció que ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicita en un proceso penal», señala el fallo, aprobado por 7 votos a 2.
Mientras los allegados a Trump se desviven por demostrar que la lista “blanca” no superará las 25 personas e incluso debaten si no convendrá que sean menos, la expectativa crece luego de que se supiera que la jueza Ruth Bader GInsburg, de 87 años, hace un par de meses se viene sometiendo a un tratamiento de quimioterapia por un cáncer al hígado. Reconocida liberal, defendió históricamente los derechos de género y es una suerte de símbolo de defensa de derechos ciudadanos. Eso aviva las esperanzas de que la jueza deba retirarse por enfermedad -no vivarían al cáncer porque por allá esas cosas no se dicen- para colocar a un conservador de pura raza que no le haga asco a ir contra la corriente. Pero va a resultar difícil controvertir el propio argumento de los republicanos hace cuatro años. Son sus últimos meses en la Casa Blanca, corresponde que envíe el pliego el que gane en noviembre.
En cuanto a sus asuntos impositivos, puede decirse que la SCJ le hizo precio: no lo obligó a enviar sus reportes a la IRS (la AFIP estadounidense) sino a una instancia judicial anterior, que es la que reclamaba. El fiscal a cargo de la investigación es Cyrus Vance Junior, hijo de Cyrus Vance Senior, que fuera secretario de Estado de Jimmy Carter y en ese carácter viajó a Buenos Aires para exigirle respuestas al dictador Jorge Videla sobre las denuncias por desapariciones de personas.
Vance Jr. quiere saber si con fondos de su campaña electoral de 2016 se pagó el silencio de dos mujeres que habrian tenido relaciones sexuales con él y habían sacado el caso a la luz, la actriz porno Stormy Daniels y la ex modelo de Playboy Karen McDougal. Trump sabe que el fiscal es del ala liberal de la justicia, lo sabe cercano a los demócratas y sostiene que lo persigue en el marco de la campaña electoral. Nadie en ese país, sin embargo, espera que la planilla de impuestos sea presentada antes de noviembre, cuando podría hacer daño. Sus abogados son duchos en patear la pelota afuera de la cancha y no les temblará el pulso para encontrar la forma de ganar tiempo a como dé lugar.
Nadie en ese país, sin embargo, espera que la planilla de impuestos sea presentada antes de noviembre, cuando podría hacer daño. Sus abogados son duchos en patear la pelota afuera de la cancha y no les temblará el pulso para encontrar la forma de ganar tiempo a como dé lugar.
Bolivia entra en una semana decisiva para la recuperación de sus instituciones democráticas. Este martes, y a raíz de la amenaza de proscripción del partido mayoritario –el MAS-IPSP de Evo Morales– y la modificación del calendario electoral, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, un colectivo que agrupa a organizaciones sociales, prometen llenar las calles con una masiva movilización en reclamo de elecciones. Es una pulseada por el futuro del país a ocho meses del golpe de Estado que derrocó al mandatario más votado en los últimos comicios, el 20 de octubre de 2019.
Este jueves el Tribunal Supremo Electoral decidió aplazar por otras seis semanas la elección, que por la pandemia de Covid-19 ya había sufrido dos postergaciones. La fecha del 6 de septiembre, votada por la Asamblea, que tiene mayoría del MAS, se pospuso unilateralmente, como no se cansan de resaltar en el entorno de Morales, para el 18 de octubre. Sucede que la convocatoria del 6-S había sido aprobada mediante una ley y de acuerdo a la Constitución: sólo otra ley podría cambiar ese llamamiento.
Unos días antes, la alianza Creemos, que lidera el neofascista Luis Fernando Camacho, presentó una demanda ante TSE para reclamar la inhabilitación del MAS-IPSP con el argumento de que había difundido una encuesta, algo que según afirmaron, está prohibido por la ley electoral.
Un par de cuestiones a tener en cuenta. La derecha anti-Evo no pudo organizar una coalición de unidad para derrotar en las urnas al partido que gobernó durante 14 años y produjo la transformación más importante en la historia boliviana desde su fundación. Los que encabezaron el golpe del 10 de noviembre pasado, Camacho y la actual presidenta de facto, Jeanine Áñez, entre otros, armaron candidaturas propias.
El periodista Carlos Mesa, que ocupó interinamente la presidencia entre 2003 y 2005, y que tiene su base electoral en una clase media urbana de centro, aparece como el segundo con más intención de voto. Nunca hubo acuerdo para ir juntos, sólo estuvieron unidos en su rechazo a los intereses que representa Evo Morales.
Mientras tanto, las políticas puestas en marcha por Áñez fueron un golpe para los bolivianos, y no sólo en sus bolsillos. De modo que el MAS-ISPS mantuvo su caudal de votos e incluso puede superar ampliamente el 50% con la candidatura de Luis Arce, el hombre del milagro económico de esos 14 años virtuosos. “No les podemos dejar el gobierno nuevamente, para eso no dimos el golpe”, es el mensaje claro de Camacho y los grupos fascistoides que lo acompañan.
(Foto: Xinhua)
Así las cosas, el coronavirus desnudó en toda su inhumanidad de qué se tratan los que tomaron el poder. Las cifras son escalofriantes y los medios muestran sin pudor que cada día deben retirar cadáveres de personas que murieron en las calles por falta de atención. Los datos oficiales hablan de cerca de 70 mil contagiados y unos 2500 muertos para un país de 11 millones de habitantes.
La pandemia ya fue excusa para posponer el llamado a elecciones de mayo y ahora también lo es para decir que en septiembre vendrá el pico de contagios. Sin embargo, antes que poner sobre la mesa esa decisión del TSE, el partido de Camacho había demandado a Arce por la supuesta difusión ilegal de encuestas. Algo que de acuerdo a los juristas que asesoran al candidato no corresponde porque hay una ley electoral posterior que no habla de ese tema.
En todo caso, algunos analistas, como el periodista boliviano Jimmy Iturri, varado en Buenos Aires desde principios de año, sostienen que hay una suerte de oferta de negociación: si la Asamblea acepta el cambio de fecha sin protestar, el tribunal cajonea la denuncia de los camachistas.
Para otro conocedor de esos entresijos, como el politólogo Jorge Richter, “al no poder cerrar la Asamblea, la van aislando de todas las decisiones”. La estrategia sería, según explicó al programa Voces del mundo, de AM 770, que “si no pueden frenar el proceso electoral, que la elección se haga entre amigos, es decir, que sólo participen los partidos de la derecha y que se pueda proscribir al MAS”.
Es que hay otro tema no menor. Las listas de candidatos están homologadas para la elección de mayo y no se pueden cambiar sin violar la ley. Podrían bajarse de la candidatura los candidatos con menos intención de voto, pero eso impediría que obtengan alguna banca en el Parlamento. Prorrogar la fecha es ganar tiempo, ante la posibilidad del regreso de los derrocados. El 18 de octubre puede ser un nuevo escalón con el objetivo de ganar tiempo y desgastar al partido de Evo, no una fecha definitiva.
La proscripción sería más conveniente para una «elección entre amigos». La otra opción, que también avizoran en cercanías del ex vicepresidente Álvaro García Linera, es generar las condiciones para barajar y dar de nuevo: modificar las candidaturas oficializadas y, ahí sí, armar una coalición de ultraderecha con posibilidades de ganar y poder gobernar con relativa comodidad.
Así las cosas, desde los sectores que sustentaron la presidencia de Evo Morales, en tanto, se preparan para llenar las calles este martes. La COB y el Pacto de Unidad anunciaron la “Gran marcha nacional” desde Senkata hasta La Paz. “El pueblo exige elecciones porque no se ha atendido las demandas sociales en salud, en educación”, dijo el titular de la central sindical, Juan Carlos Huarach. “Rechazamos este golpe a la democracia, golpe al país, rechazamos la suspensión de las elecciones con chantajes al pueblo, con chantajes a la Asamblea Legislativa”, insistió.
Las cartas están echadas. «
FRASES
«Daremos un golpe a quien queramos, entiende eso…» (Elon Musk — Dueño de Tesla, el auto que anda con baterías de litio, a uno que lo criticó por apoyar el golpe en Bolivia)
«Pretenden que la elección sea entre amigos, que sólo participen los partidos de derecha» (Jorge Richter — Politólogo)
LA CRISIS BOLIVIANA PASO A PASO
Domingo 20/10/2019: Bolivia acude a las urnas para elegir a un nuevo presidente. Evo Morales, primer jefe de Estado indígena, luego de 13 años en el poder, busca un cuarto mandato.
Lunes 21/10: el TSE otorga el 46,4% de los votos al MAS y el 38,16% al expresidente (2003-2005) de derecha Carlos Mesa, quien denuncia fraude, con la complicidad de la OEA.
Miércoles 23/10: Morales denuncia por primera vez que está en marcha un golpe de Estado.
Sábado 2/11: el cruceño Luis Fernando Camacho se erige como el opositor más radicalizado. Llama a «ponerse del lado de la gente» a la policía y FF AA.
Viernes 8/11: unidades policiales se amotinan en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz.
Domingo 10/11: desde Chimoré, ante la presión de la OEA, Morales anuncia por la mañana que convocará a «nuevas elecciones». Por la noche renuncia.
Martes 12/11: asume Jeanine Áñez Chávez como presidenta.
Jueves 12/12: Evo llega a la Argentina en calidad de refugiado, tras su paso por México.
Viernes 3/1/2020: El TSE llama a elecciones nacionales para el 3 de mayo, pero luego el Ejecutivo las suspende por la pandemia.
Martes 17/3: se fijó la fecha del 6 de septiembre.
Viernes 23/7: Áñez volvió a postergarlas, sin la participación de la Asamblea Legislativa. El TSE fijó como fecha el 18 de octubre.
La mala palabra en América Latina es Venezuela. Como un virus altamente contagioso, con sólo decir “Venezuela” uno ya se contagia. El único antídoto es decir “dictadura”. Lo comprobó el primer canciller designado por el uruguayo Luis Lacalle Pou, Ernesto Talvi. Pocas palabras le bastaron para ser expulsado del gobierno a dos meses de asumir. “Este canciller no va a decir en este rol esa palabra y lo que yo piense respecto del régimen que gobierna Venezuela dejó de ser relevante en el momento en que asumí este cargo”.
Le está pasando algo similar al gobierno argentino. Los medios concentrados le exigen a Alberto Fernández encolumnarse detrás de los mandatarios que siguen a pie juntillas los lineamientos del Departamento de Estado. Como no dice la palabra mágica, hay un acoso permanente.
La renegociación por la deuda de Ecuador es puesta como ejemplo, por los mismos endeudadores seriales que llevaron al desastre argentino. El ministro de Economía ecuatoriano explica así el éxito de su gestión: “No es negocio estar junto a (Nicolás) Maduro, no es el camino”. El ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá salió a desmarcarse del embate mediático sobre Venezuela. “Es un gobierno autoritario, sin dudas”, dijo, con lo que desconcertó a muchos de los propios sin congraciarse con los ajenos. No dijo “dictadura”. Y para colmo, le dieron asilo a Evo Morales, dicen los voceros de Washington. El ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá salió a desmarcarse del embate mediático sobre Venezuela. “Es un gobierno autoritario, sin dudas”, dijo, con lo que desconcertó a muchos de los propios sin congraciarse con los ajenos. No dijo “dictadura”. Y para colmo, le dieron asilo a Evo Morales, dicen los voceros de Washington.
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