Entre las urnas y la dinamita. Las imágenes de aquella Bolivia de principios de siglo, cuando enardecidos trabajadores marchaban en reclamo de sus derechos tras la política de despojo de los sucesivos gobiernos de derecha, parecían un mal recuerdo hasta hace un año. Todavía algún memorioso se tope en algún pliegue de su memoria con la escena de aquel minero que cargado de cartuchos de TNT se inmoló frente al Palacio del Quemado en protesta porque le habían quitado la jubilación.
Tras aquella larga noche neoliberal en la que hasta los recursos del agua habían pasado a ser una mercancía más, vino un largo día protagonizado por los movimientos sociales y las comunidades indígenas, que fueron construyendo un Estado Plurinacional del que podrían aprender muchos países que son conglomerados de nacionalidades y no encuentran el modo de armonizar las diferencias. Los bolivianos también fueron construyendo un Estado más justo y con mejores oportunidades para todos.
No fue casual que ese proceso virtuoso coincidiera con la aparición de gobiernos progresistas en la región. Hasta tal punto lo es que difícilmente Evo Morales hubiera podido resistir las pujas secesionistas de la oligarquía de la rica Media Luna de Oriente en 2008 si no fuera por la existencia de la Unasur, que prontamente salió en defensa de la democracia.
Para la estrategia de la Casa Blanca, ningún gobierno que intente correrse de los dictados del Departamento de Estado puede respirar tranquilo. Así, siendo secretaria de Estado Hillary Clinton, se desarrolló el golpe contra Manuel Zelaya, en junio de 2009 en Honduras.
Hace algunos días se cumplieron diez años del intento de golpe policial contra el gobierno de Rafael Correa, en Ecuador. También allí la Unasur fue clave para evitar un golpe que amenazaba con ser sangriento. Pero nada pudo hacer para evitar la caída del presidente paraguayo Fernando Lugo, en 2012. Desde entonces, una sucesión de movidas destituyentes y el triunfo de candidatos conservadores fueron diezmando la institucionalidad regional. Esto sin olvidar el peso que tuvo para ese modelo de integración la muerte en 2013 de Hugo Chávez, el que la tuvo más clara desde que asumió el gobierno, allá por 1999.
El golpe contra Dilma Rousseff en 2016 no podría haberse producido sin el triunfo de Mauricio Macri en Argentina. Pero para redondear el giro pro estadounidense era necesario en Brasil sacar del medio a Lula, mediante una operación judicial que se deshilacha porque como todo esquema de lawfare, se caracteriza por la flojedad de papeles.
La traición de Lenin Moreno en Ecuador fue otro modo de torcer el rumbo latinoamericanista. Correa padece la misma ofensiva judicial que Lula, que Cristina Fernández, que la dirigencia del Mas de Bolivia. Por si con esto no alcanzaba, necesitaban asfixiar a la Unasur y a todo vestigio de integración horizontal entre los países del sur del Río Bravo.
En Argentina, hace un año, volvió al poder una coalición que va contra esa corriente derechista. Una semana antes del comicio nacional, en Bolivia el binomio Morales-García Linera ganaba en primera vuelta una nueva reelección.
La alianza entre Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, el mandatario mexicano, tenía un asociado natural en Evo con quien podían reconstruirse las aspiraciones de soberanía regional.
Voltear a Morales antes del 10 de diciembre pasado era un imperativo categórico para los planes estadounidenses. Para rodear a la Argentina de Fernández-Fernández desde el primer día.
Este domingo en Bolivia se juega no solo el futuro de los bolivianos, sino el de América Latina. Eso lo saben muy bien en Washington y lo saben todos los mandatarios entregados a la Casa Blanca, comenzando por Luis Almagro. De allí los temores y desconfianzas sobre lo que pueda ocurrir De allí los temores y desconfianzas sobre lo que pueda ocurrir.
La campaña electoral estadounidense se mostró definitivamente como una pelea en el barro en el único debate entre los dos candidatos. Y ahora, en la recta final, Donald Trump y Joe Biden se dan como en esos combates callejeros donde todo vale. Trump, en esas lides, corre con ventaja. Biden, más remilgado, la juega mejor en los escritorios. Disputas no menos violentas pero, eso sí, más elegantes.
Esta semana, el presidente se mostró indignado por la decisión de Facebook y Twitter de bloquear un artículo del New York Post en el que revelaba mails que probarían los negociados del hijo del candidato demócrata, Hunter Biden, con una empresa energética de Ucrania. El caso fue la excusa para el impeachment contra el mandatario el año pasado. Ahora, en una nota de tapa titulada “Una pistola humeante, un correo electrónico revela cómo Hunter Biden presentó a su padre vicepresidente con el hombre de negocios ucraniano”, el diario conservador perteneciente al australiano Rupert Murdoch publicó correos que –jura– “fueron encontrados en una computadora que se llevó a reparar a un especialista del estado natal de Biden, Delaware, en abril de 2019”. Entre el material se destaca que Hunter presentó a su padre a un alto ejecutivo de la empresa Burisma mucho antes de que el entonces vicepresidente presionara para que despidieran al fiscal que investigaba el contrato por el que Biden Jr cobraba 50 mil dólares al mes. En julio de 2019 una filtración mostró que Trump había presionado, a su vez, para que el presidente Volodomir Zelenski le diera todo su apoyo a la investigación judicial.
Con ese dato los demócratas –con gesto de indignación– intentaron voltear al presidente con un juicio político que pasó la Cámara Baja pero se estrelló con la mayoría republicana en el Senado.
Para FB y TW, hay dudas sobre la veracidad de la noticia del NYP y por lo tanto impidieron su circulación en esas redes sociales. Lo que obviamente exacerbó al medio, pro Trump, que denuncia censura. Pero le vino como anillo al dedo al mandatario para victimizarse.
Mientras tanto, más de 21 millones de ciudadanos ya votaron por correo en forma anticipada para las presidenciales del 3 de noviembre. Para las autoridades, es el 15,7% de los votos emitidos en 2016.Trump cuestiona el sistema de correo, argumentando que el voto postal se presta a fraude. Su estrategia es clara: si no gana de manera clara va a chapotear en el barro para demorar la nominación. Hay quienes sostienen que si la cosa viene reñida puede recurrir a la 12ª Enmienda de la Constitución, que estipula que si los electores de un estado no se ponen de acuerdo, la decisión sobre los representantes al colegio electoral la debe tomar el Congreso. Cada estado tiene un voto y allí los republicanos corren con ventaja. Trump cuestiona el sistema de correo, argumentando que el voto postal se presta a fraude. Su estrategia es clara: si no gana de manera clara va a chapotear en el barro para demorar la nominación. Hay quienes sostienen que si la cosa viene reñida puede recurrir a la 12ª Enmienda de la Constitución, que estipula que si los electores de un estado no se ponen de acuerdo, la decisión sobre los representantes al colegio electoral la debe tomar el Congreso. Cada estado tiene un voto y allí los republicanos corren con ventaja.
El Hogar Obrero es como el Ave Fénix. Cuando muchos creen que en algún momento se había esfumado, viene remontando vuelo nuevamente con lo que fue su primera actividad como cooperativa, la construcción de viviendas. Y luce edificios que mantienen un criterio que, al decir de su actual presidenta, Adriana Kreiman, resulta muy adecuado e incluso adelantado para estos tiempos de pandemia. “Son viviendas que se destacan por la iluminación y la ventilación natural, los espacios verdes comunes para los habitantes del edificio, la amplitud de los ambientes”. La historia de El Hogar Obrero (EHO) es todo un símbolo de un modelo de país que creció, se desarrolló y en los ‘90 se estrelló contra el neoliberalismo. Pero insiste en la misión de “ser uno de los actores principales en el ámbito de la economía social, acompañando al movimiento cooperativo en su camino hacia un mundo justo”.
Fundada el 30 de julio de 1905 como cooperativa de consumo, edificación y crédito por personajes destacados de la política argentina –como Juan B. Justo, Nicolás Repetto, Ángel M. Giménez, Enrique Dickmann, Domingo de Armas, Manuel T. López, José P. Baliño y otro puñado de militantes socialistas–, recibió la matrícula de inscripción número 1. Casi que EHO obligó a la creación del Registro de Cooperativas. Pero no solo eso. “Durante muchos años, y por su vinculación con el Partido Socialista, dio origen a toda la legislación sobre cooperativismo del país”.
Los más grandes lo recuerdan como un gigante capaz de erigir edificios emblemáticos y que llegó a tener supermercados diseminados por todo el país con productos de marca propia, Coop, fabricados en plantas propias o con productoras asociadas. Que financiaba las ventas a través del banco Roca Cooperativo y que hasta ofrecía servicios de seguros y con las primeras tarjetas magnéticas.
Pero también tienen en la memoria el concurso de acreedores que obligó a desprenderse de muchas de las propiedades para pagar las deudas en los primeros años del menemismo. Ese proceso judicial terminó recién en 2012, cuando pudo retomar su senda original. Pero para el común de los argentinos, concurso es sinónimo de quiebra y, por lo tanto, la institución había sido liquidada.
Las primeras construcciones se iniciaron hacia 1907, con casas particulares de asociados mediante créditos hipotecarios, hasta que en 1913 se levantó la primera vivienda colectiva de Martín García y Bolívar, en el barrio porteño de Barracas. Desde entonces se sucedieron varios complejos, como el de Villa Ortúzar, el de Rivadavia al 5100, los de Villa Lugano, Villa del Parque y la localidad bonaerense de Tapiales. Según Alberto Berretta, director de Relaciones Institucionales, EHO lleva construidas más de 5000 unidades de viviendas.
“Gran parte fue para adjudicar a los asociados a través de alquiler social –recuerda Berretta–. Era un alquiler bajo y con requisitos muy laxos. En general, los asociados vivían allí toda su vida y muchos servicios, como la calefacción central o el lavadero, los prestaba la cooperativa sin incluirlos en las expensas o a muy bajo costo. También por lo general en cada uno de estos complejos de vivienda se construía un local dedicado a servicio de consumo y oficinas de servicios de crédito, seguros o farmacia”.
En la actualidad, en esta nueva etapa, se inauguró en 2015 un edificio en Paso del Rey, con 150 viviendas, construido luego de que EHO recuperara el control de sus actividades tras la intervención judicial, algo que ocurrió recién en 2005, tras casi un cuarto de siglo de concurso. Otro edificio reciente es el Antonio José Cartañá –en homenaje a otro militante del socialismo, que fue el primer ombudsman porteño–, ubicado en el barrio de Boedo.
Y hay otros en construcción. Uno en la calle Humberto Primo al 3200, otro en Raulet 30 y dos proyectos en la localidad bonaerense de Morón, en un predio de la ex Base Aérea donde ya hay unas 600 viviendas del plan Procrear.
“Al lado van a estar las nuestras, que son 90”, señala Kreiman, la primera mujer que preside El Hogar Obrero en sus 113 años de historia. Se trata de un proyecto en conjunto con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat, realizado mediante un fideicomiso con el municipio de Morón, que recibió el nombre de Mario Cafiero, en honor al recientemente fallecido titular de INAES. Consumo comunitario, a precios populares y con «marcas propias» de calidad
Como entidad de consumo comunitario, El Hogar Obrero se inició con despacho y distribución de pedidos en el domicilio de los asociados desde el local ubicado en la planta baja del edificio de Martín García y Bolívar, frente al Parque Lezama. Unos años más tarde se agregaron servicios de zapatería, perfumería, librería, sombrerería –una necesidad de la época– y sastrería.
La combinación de precios accesibles y productos de calidad implicó dos acciones paralelas. Una característica es que los edificios colectivos tienen en planta baja locales comerciales. Y en ellos florecieron sedes del supermercado Supercoop, que llegó a tener 300 sucursales en todo el país al mismo tiempo, promoviendo un sistema de comercialización muy común en otros países del mundo, como es la venta de productos con marca propia. La diferencia era que se trataba de mercadería elaborada en plantas también propias o asociadas en la cadena productiva.
Esta estrategia implicó la apertura de “plantas para elaborar, envasar y fraccionar pastas, granjas, plantas para la participación en el procesado del tomate en el Valle Inferior del Río Negro, otras faenadoras de aves, cerdos y frigoríficos de carnes rojas”, según destaca la historia oficial de EHO.
Para 1988, contaba con 1.750.000 asociados, 12 mil empleados y 3 millones de usuarios. En los locales de Supercoop se comercializaba el 30% del consumo de los argentinos. Este crecimiento notable fue consolidado mediante fondos de los asociados y a través de su caja de ahorros. Para Juan B. Justo, no estaba mal que se considerara a EHO como un “banco obrero”. Con la ley de entidades financieras de la dictadura militar, todas las cajas y mutuales debieron convertirse. En ese escenario nació el Roca.
Fue la era de oro de EHO. A los emprendimientos diseminados por gran parte del territorio, le sumaba un salto hacia el futuro con el proyecto de construcción de los primeros shopping, en el viejo Mercado de Abasto y el Spinetto.
Las sucesivas crisis económicas pudieron ser capeadas por EHO. Pero la hiperinflación fue un golpe casi letal. Y el tiro de gracia fue el primer corralito de la historia argentina, el Plan Bonex, instaurado el Día de los Inocentes de 1989. “Había que adherir a una circular del Banco Central para entregar bonos en lugar del dinero depositado. Pero el Banco Cooperativo Roca no había adherido y devolvía pesos, lo que en esa situación generó una fuerte corrida. Todo el mundo quería sacar el dinero”, afirma Kreiman. Eso provocó una crisis de liquidez y la entidad no pudo hacer frente a los compromisos.
“Hubiera podido salir de esa crisis si no hubiera existido una política de destrucción de la cooperativa”, lamenta la presidenta de EHO. Es que semejante volumen de consumo canalizado mediante una cadena que, además, por contar con producción propia y espíritu cooperativo, cumplía una función reguladora del mercado, era una mala competencia para los halcones del neoliberalismo que se extendían por todo el planeta en esa noche oscura del neoliberalismo. El Roca terminó absorbido por el Almafuerte, que terminaría disuelto en 1998 en otra de las recurrentes crisis argentinas. El resultado: ahora el 90% del consumo se lo llevan cinco cadenas, cuatro de ellas extranjeras. Y las marcas propias que se ofrecen en las góndolas son productos de plantas que trabajan a façon y sometidas a su poder de compra, sin poder fijar precios justos para su producción. Una combinación perjudicial para el ciudadano de a pie.
Productos Coop, un activo intangible EHO celebra haber podido mantener la marca Coop como un activo intangible en el marco del concurso de acreedores. Desde 2014, la marca es utilizada mediante un acuerdo con la Cooperativa Obrera de Vivienda y Consumo de Bahía Blanca, que la aplica en productos electrodomésticos (como la cafetera de la fotografía) elaborados en su mayoría por empresas nacionales.
Desde 2016, la marca también es comercializada por la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (CCFACC), que tiene como objetivo, destaca EHO, “la administración de un sistema de compras en común para las cooperativas y mutuales de consumo”.
En sus primeros años como proveedora, las mercaderías que se ofrecían a los asociados eran provistas por cooperativas extranjeras. El objetivo era garantizar pureza de origen, máxima seguridad, higiene, garantía de precios accesibles. Pero al calor de políticas de sustitución de importaciones, y con esos mismos objetivos, se desarrolló un puñado de sociedades anónimas industriales propiedad de EHO. La lista incluye a Penta, Fridevi, Huinca Renancó, Minguillón, Sapra, Crainsa, Rochdale, Procecoop, Lácteos del Plata, Hasindal y Procesadora Río Negro.
Una muestra clara del potencial que había alcanzado y al que, por ahora, indica Kreiman, no se plantean regresar. “Sabemos que nos tenemos que diversificar porque la construcción es un proceso muy lento. Pero hoy es otra época, está lo virtual, las aplicaciones. La gente consume de otra forma”.
Una de las pocas funciones que el modelo neoliberal le consiente al Estado es el cuidado de la seguridad urbana. Desde su punto de vista, el valor supremo es la propiedad privada, los recursos de la sociedad deben destinarse fundamentalmente a la custodia de los bienes de los ciudadanos. Y si esto no ocurre, sería lícita la «justicia por mano propia». No es casual que un hecho paradigmático en los años del menemismo haya sido el caso del ingeniero Horacio Santos, quien hace poco más de 30 años, el 16 de junio de 1990, persiguió y mató a dos jóvenes que le habían robado el pasacasetes del auto, en el barrio porteño de Villa Devoto. Entre los mal llamados «justicieros» –en el candelero por los casos de un jubilado en Quilmes y un panadero en Rafael Castillo– y el homicidio del inspector de la Policía Federal Juan Pablo Roldán en otro barrio de la capital argentina, emergió últimamente una disputa en torno del uso de pistolas Taser por las fuerzas de seguridad. Nada hace prever que esta agenda vaya a cambiar, sobre todo porque ante el incremento de cifras de pobreza y desocupación, esas fuerzas son las mismas que servirían para la represión social. La otra forma de proteger la propiedad privada para los cultores de la mano dura. La primera semana de octubre fue sacudida por dos noticias impactantes. El colectivero Pablo Flores había sido asesinado con tres balazos en el rostro en Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza. El vehículo de la línea 218 circulaba con pasajeros a bordo cuando tres jóvenes dispararon desde un auto. El caso conmocionó por sus características violentas y trascendió luego de que los colegas de la víctima –un muchacho de 28 años padre de dos niñas– iniciaron una protesta con corte de rutas y quema de cubiertas en reclamo de justicia y mayor protección hacia los trabajadores del gremio.
Intenciones Dos días más tarde, en Rafael Castillo, en el mismo distrito, un panadero mató a balazos a un adolescente que junto con otros tres jóvenes lo interceptaron cuando estaba en su camioneta Amarok junto con su hijo. Según su declaración, se le cruzó un automóvil Chevrolet del que salieron cuatro muchachos armados que querían llevarse el utilitario. Hubo un forcejeo, él le sacó el arma a uno de sus atacantes y se produjo un disparo. Un adolescente de 17 años cayó herido de muerte al pavimento. Los vecinos lo ayudaron luego a detener a otro chico, de 16 años, y trataron de lincharlo. Los demás huyeron. El 17 de julio pasado, cinco jóvenes ingresaron a la casa del jubilado Jorge Ríos, en Quilmes. De su declaración se desprende que fue atacado con un destornillador mientras dormía. Como no era la primera vez que sufría un robo, Ríos extrajo una pistola Bersa calibre 9 milímetros y comenzó a disparar. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, declaró que el jubilado de Quilmes «no se levantó con la intención de dañar a nadie y fue agredido por cinco delincuentes». Y más adelante se trenzó en otra polémica con su homóloga de Nación, Sabina Frederic, tras la muerte del inspector Juan Pablo Roldán. El 28 de septiembre, el oficial –efectivo de la Policía Montada de la PFA– alertado por el griterío en un grupo de personas entre las que había policías de la Ciudad de Buenos Aires, se acercó a brindar su ayuda. El incidente ocurrió frente al museo Malba, a pocas cuadras del cuartel policial. Y el protagonista era Rodrigo Facundo Roza, un vecino del lugar con graves problemas psiquiátricos. En pleno brote sicótico, Roza amenazaba con un cuchillo a los agentes que pretendían calmar la situación. Roldán recibió una puñalada mortal a la altura del corazón, pero alcanzó a disparar sobre Roza. El policía, de 33 años y padre de un chico de 4, murió tras ingresar a la clínica Mater Dei. Roza falleció al día siguiente. En este nuevo cruce el médico militar exigió a la antropóloga la entrega de pistolas Taser como «un elemento indispensable que asegura la vida del policía y de terceros». Ese tipo de armamento fue presentado en la gestión de Patricia Bullrich como la gran respuesta ante situaciones de inseguridad. Las presentó como armas no letales que evitarían situaciones como las que el policía Luis Chocobar resolvió matando por la espalda a un hombre que había apuñalado a un turista extranjero para robarle la cámara de fotos. Las primeras medidas de Frederic fueron revocar la llamada Doctrina Chocobar –el suboficial también recibió el total apoyo de Macri en su momento–. Frederic tuvo que explicar que las Taser no habían sido prohibidas, como se dijo en los medios hegemónicos, sino que un centenar adquiridas por Bullrich se habían destinado a fuerzas federales especiales. Y aclaró que esas pistolas no son armas no letales, como se las presenta. «Son de baja letalidad, que no es lo mismo», puntualizó. Para un ciudadano de a pie, la cara más visible y cercana del Estado es un agente policial. Para las buenas y para las malas. Desde bajar un gatito atorado en un árbol de la anciana vecina del barrio hasta obligar al uso de barbijo a los remisos que circulan por la vía pública. «Un policía no puede servir para todo», es el mensaje de Frederic. En el medio de ese arco, están el gatillo fácil y los negocios non sanctos de sectores enquistados en la fuerza. Para las elites y ciertos medios, su función más importante debería ser la custodia de bienes y haciendas y, llegado el caso, la represión sin más.
Revista Acción, segunda quincena de Octubre de 2020
Para los gobiernos conservadores, Venezuela es la excusa ideal para mirar la paja en el ojo ajeno y evitar cualquier escrutinio en el propio. Todo acercamiento o intento de ensayar alguna salida pacífica a la crisis en la República Bolivariana es impugnado como un pecado capital. Venezuela es en ese sentido, un parteaguas. Así, la votación del representante argentino sobre el Informe Bachelet despertó críticas enconadas desde sectores internos del oficialismo y el apoyo de macristas, un cruce de grieta previsible. Algo similar le pasó en Bruselas al canciller de la UE, Josep Borell, quien intentó sin éxito que se postergaran las legislativas del 6 de diciembre. Los mismos que batieron palmas sobre la dictadura chavista ahora no quieren elecciones porque el resultado podría terminar de demostrar el rotundo fracaso de la estrategia de bloqueo y la construcción mediática de un gobierno paralelo.
A veces conviene hilvanar datos para entender cómo funcionan algunas cosas. El mismo día que se daba la votación en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, llegaba a la Argentina la misión del Fondo Monetario Internacional. En medio de la endeble situación cambiaria y del comienzo de negociaciones por la deuda contraída por Mauricio Macri, es fácil advertir que Buenos Aires necesita la aprobación de Washington para un arreglo con el FMI.
El recientemente electo titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el anticastrista Mauricio Claver Carone, había reconocido que el FMI fue presionado por la administración de Donald Trump para sostener a Macri, aun cuando la apuesta era riesgosa por la inoperancia de su gestión. Argentina junto con México –aliado de la hora en contra del conservadurismo regional– trataron de evitar la elección de un representante estadounidense en el BID. Luego, se abstuvo de aprobar a Claver Carone. Argentina fue acompañada por Chile, México, Perú, Trinidad y Tobago y la UE.
El martes pasado en Ginebra se votaron dos iniciativas. Por la primera, la Oficina de la Alta Comisionada por los DD HH de la ONU –la expresidenta chilena Michelle Bachelet– y el gobierno de Nicolás Maduro aceptaron “estrechar la cooperación técnica en el campo de los Derechos Humanos”. Argentina se abstuvo mientras México y Venezuela votaron sí. Siguiendo la línea de la Casa Blanca de ir contra Caracas a como dé lugar, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Ucrania y las Islas Marshall rechazaron el compromiso.
La otra votación era por el llamado Informe Bachelet, sobre violaciones a los DD HH del gobierno chavista. Fue una puja muy fuerte al punto que terminó con 22 votos a favor, 22 abstenciones y tres en contra: Venezuela, Filipinas y Eritrea. Argentina votó a favor, junto con los países del Grupo de Lima, notoriamente antichavista. México se abstuvo.
Al decir de los críticos, la cancillería vernácula siguió los lineamientos del departamento de Estado y echó por tierra la tradición enmarcada en la Doctrina Drago, de 1902, por el canciller de Julio Roca, Luis María Drago, consolidada posteriormente por Carlos Calvo, que rechaza toda injerencia militar para resolver controversias. Una votación al par de la de México habría desnudado la orfandad de apoyos de la Casa Blanca.
Por cierto, quien se pregunte cómo votó EE UU: Trump ordenó retirarse del Consejo de DD HH de la ONU en 2018 porque entre los integrantes había “países que violan los Derechos Humanos, y hay allí un marcado sesgo antiisraelí en muchos de los informes sobre la situación palestina”.
El ministro de Relaciones Exteriores nacional, Felipe Solá, afirmó que Buenos Aires votó con el Grupo de Contacto y la UE, que buscan una salida democrática y rechazan el brutal bloqueo económico y una posible intervención armada capitaneada por el Pentágono. Respecto de las elecciones parlamentarias de diciembre, la Argentina acompañaría la postura de que lo mejor es postergarlas para 2021 con el fin de que el gobierno negocie con la oposición.
La estrategia estadounidense fue explicitada por el representante de Trump para la “cuestión venezolana”, Elliot Abrams, conocido desde los años ’70 por armar grupos paramilitares para derrotar a la revolución sandinista en Nicaragua. “Me preocupa –declaró en torno a las negociaciones de Borell– un pacto en que la UE diga que tal vez enviará observadores a unas elecciones si se aplazan las de diciembre. Si lo hace, se inclina claramente a asumir la observación de esas elecciones, y eso genera un peligro en el camino”.
La oposición, como hizo en 2005, busca deslegitimar elecciones que no gana y se niega a participar. Aquella vez, Hugo Chávez rechazó posponer el comicio. Ahora hay grupos, sin embargo, que aceptan el convite. Creen poder repetir el triunfo abrumador del 6 de diciembre de 2015, cuando se quedó con más del 60% de las bancas de la Asamblea Nacional.
Henrique Capriles había mostrado predisposición a asistir, pero llegó el apriete desde Washington. Juan Guaidó, presidente de la AN elegido a dedo como interino, perdería su banca si no se presenta. De hecho, la perdió en enero pasado, cuando la AN eligió a otro opositor, Luis Parra, como titular del Parlamento. En una maniobra desesperada hicieron una sesión alterna para mantener a Guaidó. Alguien a esta altura insostenible sin el apoyo de Trump, que quizás no sea reelecto el 3 de noviembre.
El FMI metió la cuchara en las elecciones bolivianas con un aporte de fondos de campaña en favor del gobierno de facto que bien puede servir para condicionar a cualquiera que gane als elecciones del domingo que viene. Mientras tanto, se hay preguntas que se encadenan de un modo perturbador: ¿gana el MAS IPSP en primera vuelta como preanuncian las encuestas? En este caso ¿la derecha que tumbó a Evo Morales en noviembre pasado aceptará dejar el poder? Si se invierte el cuestionario el resultado es aún más inquietante. ¿Cómo se garantiza que esa derecha que se jactó de haber expulsado a la wiphala de la Casa de Gobierno no haga fraude?
Los últimos sondeos, realizados por Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) -que el año pasado fue uno de los pocos que acertaron con el resultado de las PASO y de las generales en Argentina- le da un 44,4% de intención de voto a la fórmula Luis Arce- David Choquehuanca y 34% a Carlos Mesa. Tercero se ubica Fernando Camacho, con 15,2%, el líder neofascista de Santa Cruz de la Sierra que llevó la Biblia como reivindicación del golpe del 10 N al Palacio Quemado. Gana el que obtenga más de 40% y 10 puntos de diferencia sobre el segundo. La diferencia es exigua pero ilustrativa: se parecen mucho a los guarismos que dio la presidencial del año pasado denunciada como fraudulenta por un ambiguo informe de la OEA y por los golpistas.
La gran batalla de los conservadores es por destronar al MAS IPSP. De allí que Camacho apunte los cañones contra el más cercano aspirante, que compite por la voluntad de los sectores medios urbanos. “Mesa apuesta por una coalición para zanjar crisis en Bolivia ¿Qué van a decir aquellos que exigían ‘voto útil’? ¿Voto útil para negociar y pactar con el MAS?”, dice, indignado.
Mesa, que fue presidente tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, le entregó el poder a Morales en 2005 y desde entonces alternó fallidas candidaturas contra el líder indígena con su colaboración en una comisión oficial por la reivindicación de la salida al mar en el Tribunal de La Haya. Ahora, pide el voto para que no vuelva lo que llama “dictadura” masista.
La titular de facto del Ejecutivo, Jenine Añez, a su vez, también se encarama en acusaciones de totalitarismo contra el gobierno de Morales y aprovechó el recordatorio del asesinato del Che Guevara para homenajear a los soldados que capturaron al guerrillero argentino el 8 de octubre de 1967. Ni qué decir que en este homenaje se sumaron Camacho, furioso antimarxista, y el ministro de Defensa, Luis Fernando López.
El otro líder neofascista boliviano, Branko Marinkovic, que se exilió luego del intento secesionista de 2008 y hace dos meses integra el gabinete de Añez, articuló estrategias con el FMI. Este viernes anunció como un triunfo el financiamiento por 330 millones de dólares anunciado en abril para el pago de salarios, ponerse al día con el servicio de salud y en la lucha contra los incendios en el Chaco boliviano y en la Amazonía. Nunca en la era Evo se había necesitado apoyo externo para esos menesteres.
El detalle es que como la Asamblea Legislativa-que ostenta la potestad constitucional para contraer deuda externa y tiene mayoría el masismo-no quiso aprobar el crédito, el FMI disfrazó el giro como “intercambio de divisas”. El mismo perro pero con un collar que no necesita aprobación parlamentaria.
Mientras tanto, el law fare está a pleno. Y el objetivo demuestra en nivel de preocupación del establishment. El procurador general, Alberto Morales, informó justo este jueves que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) «evidencia movimientos económicos anómalos e irregulares y sin justificación legítima en las cuentas del exministro Arce y su familia».
Arce, gestor del milagro económico boliviano entre 2006 y 2019, respondió en una carta pública rechazando la denuncia. «Recurren a la mentira, a la persecución política, a la violencia, a la criminalización y a la represión», dijo.
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