Boris Johnson enfrenta sus días más complicados desde que se mudó al 10 de Downing Street. Por un lado, el aumento desenfrenado de casos de Covid-19 eleva la alerta en el sistema de salud. Por otro, las negociaciones para el futuro acuerdo con la Unión Europea tras el Brexit parecen en un punto muerto. Pero los británicos tienen ese don de huir hacia adelante sin perder la elegancia y el plan de los conservadores, que se presenta como la recuperación del rol imperial de la nación, plantea un aumento del presupuesto militar de al menos 16 mil millones de libras para los próximos cuatro años. La cifra final, habida cuenta de un compromiso de incrementar el presupuesto medio punto sobre la inflación, podría llegar, sin embargo, a los 21.500 millones.
Este fin de semana los negociadores de la UE y del RU mantendrán reuniones en el edificio Barleymont, la sede de la Comisión Europea en Bruselas, para intentar un acuerdo de divorcio antes del 31 de diciembre que contemple puntos aún en discusión, como las conexiones aéreas y terrestres entre los países del bloque y las islas. Los más ultras entre los antieuropeos, como el nacionalista Nigel Farange, sostienen que luego de más de cuatro años de debates, y de haberse puesto en marcha el Brexit el 31 de enero pasado, es hora de cerrar la puerta al continente. “Es mejor un no acuerdo a un mal acuerdo”, escribió Farange en una columna.
Pero la cosa no es tan fácil incluso en el territorio británico. Los escoceses, por lo pronto, en 2014 aprobaron en un referéndum quedarse dentro del Reino Unido. En la consulta nacional de 2016, los escoceses dijeron de forma abrumadora que no querían irse de la UE y la ministra principal, Nicola Sturgeon, que recibió un fuerte espaldarazo en los comicios de 2019 al Parlamento británico, ahora quiere hacer una nueva consulta. La independencia escocesa, en este momento, sería volver a Bruselas. Más aun, las autoridades tienden puentes con los europeos para mantener las relaciones comerciales fuera del alcance de las restricciones que se avecinan.
Pero los primeros chisporroteos entre Londres y Bruselas ya se manifestaron en torno al control de la pesca en las plataformas marinas de uso exclusivo. Los convenios existentes, tratándose de miembros de la UE, contemplan cuotas para pescadores de cada país en aguas comunes. Pero si no hay un arreglo en estos días, todo indica que la Royal Navy comenzará a patrullar sobre sus dominios desde el 1 de enero y, como adelantó el Sunday Times, “abordará barcos franceses y arrestará a pescadores”. Ya están alistadas para tal fin cuatro naves de 80 metros de eslora.
Es en este contexto que puede entenderse también el anuncio del incremento de presupuesto militar. Como integrante de la OTAN dentro de la UE, Gran Bretaña tenía una serie de obligaciones y beneficios en relación con la defensa común. En lo que toca a la Argentina, la UE le reconocía a Malvinas como territorio de ultramar. Para Europa, ese es un tema menor, al igual que el de todos los enclaves coloniales que tiene en otros rincones del planeta, pero el gobierno de Johnson, ante la falta de otros incentivos para la unidad nacional, alienta la “recuperación de la independencia y la soberanía del yugo de la UE” con la mira en el por ahora ilusorio regreso a las glorias pasadas de potencia imperial.
Con casi 2 millones de contagiados y unos 67 mil muertos, el Reino Unido enfrenta un nuevo rebrote y los investigadores detectaron una mutación en el virus que alarma por las posibles consecuencias ante las fiestas de fin de año. Johnson, que al principio intentó mantener abierta la economía y aplicar la estrategia de “inmunidad de rebaño”, terminó apoyando al sistema de salud público de la corona tras sufrir en persona de coronavirus y haber debido internarse de urgencia.
Pero una cosa es la salud y otra la defensa. Y además de que el rearme militar es un fabuloso negocio para las grandes compañías internacionales, para los pro Brexit es una necesidad estratégica. Desde que el 31 de enero se inició la separación de bienes con la UE, se sabía de los planes para el rearme. Así fue que unos días antes el gobierno anunciaba un proyecto para la integración más estrecha entre diplomacia, fuerzas armadas y servicios de inteligencia. El objetivo declarado era ganar espacio en la disputa global. El ministro de Defensa, Ben Wallace, declaró a la prensa entonces: “No podemos depender militarmente de Estados Unidos”.
Pero a esa altura nadie pensaba que Donald Trump, gran impulsor del Brexit, podría perder las elecciones del 3N. Ni que la pandemia habría de trastocar gran parte de los planes de los gobiernos de todo el mundo. Pero a medida que se acerca el fin de año y se discute el pos Brexit, en noviembre Johnson abundó en el proyecto de rearme.
El titular de la cartera de Hacienda, Rishi Sunak, intentó mantener la caja del tesoro dentro de cánones relativamente fiscalistas. Bastante ya se le había ido de madre el presupuesto con los gatos en el sistema de salud. Y la economía sufría una brutal caída por la crisis sanitaria, estimada en un 11% del PBI en relación al año anterior. Se recordará que en la portada del The Guardian del 26 de noviembre, la muerte de Diego Maradona compitió con la noticia de que el país estaba en la mayor recesión en 300 años.
Pero Johnson le torció el brazo al chancellor de origen indio. “Es nuestra oportunidad para poner fin a la era de la retirada, transformar nuestras Fuerzas Armadas, reforzar nuestra influencia global, unir a nuestro país, apostar por las nuevas tecnologías y defender a nuestro pueblo y su modo de vida”, dijo el primer ministro. Los fondos conseguidos se utilizarán para la construcción de dos portaaviones.
“Tanques y aviones de guerra no nos mantendrán seguros ante las amenazas más graves que afrontamos: pandemia, pobreza y la emergencia climática. No puedes atacar a un virus con armas nucleares», respondió en un artículo del español eldiario.es Symon Hill, de la ONG pacifista Peace Pledge Union. «
Récord
Las exportaciones de armas estadounidenses autorizadas aumentaron un 2,8% durante este año, y llegaron a casi 176 mil millones en 2020 desde los 171 mil millones del año pasado, según cifras del Departamento de Defensa. Encabezan la lista los aviones de combate Lockheed Martin F-35. Los principales compradores fueron Japón, Marruecos e Israel. Australia compró también repuestos; Italia, partes para fabricar las alas del F-35, la plataforma de vigilancia E-7 Wedgetail; hace unos días fue aprobada también la venta de F-35 y de drones MQ-9 a Emiratos Árabes Unidos.
A esta cifra deben agregarse unos 51 mil millones de dólares de ventas militares de gobierno a gobierno durante la gestión de Donald Trump.
Organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales denuncian la persecución de líderes y activistas populares en Colombia, en el contexto de cotidianas masacres que para la ONU exigen medidas concretas de las autoridades para ponerle fin al horror en el país sudamericano.
Desde Buenos Aires, Joice Barbosa, integrante del movimiento Congreso de los Pueblos, alerta sobre la profundización de la violencia desde la llegada de Iván Duque al poder, en agosto de 2018. “Este año en particular no da respiro, llevamos más de 80 masacres, con mas de 570 muertes, además de los asesinatos selectivos de personas que hacen tareas sociales”, dice Barbosa a Tiempo. La joven es una de los casi 125.000 colombianos que se exiliaron en Argentina a raíz de la dramática situación que se vive en su país.
Barbosa denuncia la detención arbitraria de Teófilo Acuña, Adelso Gallo y Robert Daza, que militan en la Coordinación Nacional Agraria y la Asociación Nacional Campesina de Colombia, organizaciones defensoras de los derechos de los campesinos y para ser más exactos, del derecho a la vida en ese territorio. “Muchas de las persecuciones se relacionan con ambientalistas que se enfrentan a las multinacionales, petroleras, mineras. Algo sobre lo que alertó el relator de las Naciones Unidas”, agrega.
De hecho, este martes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, presentó un informe donde registra las matanzas en ese país mediante “la intensificación de la violencia perpetrada por grupos no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia, que tienen como objetivo a los campesinos, indígenas y afrocolombianos”.
Este Informe Bachelet -que por cierto no tuvo la misma repercusión que los que involucran al gobierno de Venezuela- computa 66 masacres y 255 muertes este año, a los que suma 120 defensores de los DDHH y 244 combatientes de las FARC que firmaron los acuerdos de paz con el ex mandatario Juan Manuel Santos en 2016. Para el Instituto de Desarrollo para la Paz (Indepaz) durante este año hubo en cambio 86 masacres. La última fue el mismo martes, con cuatro víctimas fatales y dos menores heridos en el municipio de Armenia.
“La violencia se ha trivializado en Colombia -señala la dirigente chilena- después de décadas de conflicto armado, pero nadie debería aceptarlo”. Es tal en nivel de violencia que a raíz del asesinato del líder indígena Miguel Tapí Rito, el 3 de diciembre, un millar de integrantes de esa comunidad optaron por huir a un pueblo cercano en busca de protección de las autoridades.
Adelso Gallo, uno de los líderes detenidos el mismo martes, coordina una organización campesina en la Orinoquia colombiana y fue apresado en la ciudad de Villavicencio, Meta. Teófilo Acuña, por su parte, es de la región de Magdalena Mario, fue presidente de la Federación Agro minera del sur de Bolívar y fue vocero del Coordinador Nacional Agrario (CNA), del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria Étnica y Popular, y fue detenido en el municipio de Barranco de Loba, Bolívar. Robert Daza, en tanto, forma parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano, una organización del Norte de Nariño y Sur del Cauca, y fue detenido en Pasto, Nariño.
La Asociación Nacional Campesina José Galán Corzo denunció a través de un comunicado que «la detención de líderes sociales hace parte del recrudecimiento de la estigmatización y persecución al movimiento popular», y acusa directamente al Estado colombiano. Pero no se quedan en eso y también aseguran que existe un esquema armado junto con “las empresas nacionales y trasnacionales de explotación minero-energética” que son responsables de “los montajes judiciales contra los líderes sociales y por las afectaciones causadas a las familias y al movimiento social».
“La estrategia que es de capturas masivas en distintos puntos del país -detalla Barbosa- luego se los judicializa con un delito que es el de rebelión. Era la figura con que se acusaba a los integrantes de las guerrillas. De ese modo se los vincula con grupos armados con lo que deslegitiman su labor territorial, y se los estigmatiza a través de juicios mediáticos. El gobierno muestra que hace un trabajo contra el crimen, pero en realidad desarticulan la tarea territorial de los líderes populares, a los que trasladan a penales alejados de sus familiares. Como no hay pruebas los procesos se dilatan muchísimo y provocan el desgaste en las defensas. Al mismo tiempo, como son detenciones masivas, la gente se dispersa porque los movimientos no dan abasto para cubrir todos esos frentes”.
Va a ser difícil olvidar el año 2020 por la cadena de calamidades que se acumularon desde que el 1º de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un equipo de expertos para investigar un brote de casos de neumonía en Wuhan, China. En Argentina, en particular, porque fue el primer año en la Casa Rosada de una coalición política con eje en el peronismo que había asumido 20 días antes para poner fin a la fallida experiencia del macrismo. Y si los críticos de la gestión kirchnerista 2003-2015 atribuyen el crecimiento logrado en ese lapso al «viento de cola» del precio de las commodities que el país exporta, este período se inició con una fuerte tormenta en contra. En su mensaje ante el Congreso en la apertura del año legislativo, Alberto Fernández se comprometió a cumplir con las promesas electorales, y luego de enumerar las cifras del cataclismo económico que recibía y de confirmar las primeras medidas, habló del inicio de negociaciones para resolver el problema de la abultada deuda externa con acreedores privados y con el FMI. Luego anunció el envío de proyectos de reforma del sistema judicial y la intervención del servicio de inteligencia. No había una sola palabra referida al COVID-19 ni al Aporte Solidario y Extraordinario a las más grandes fortunas del país. Nada de eso figuraba en los propósitos de nadie ese 1º de marzo. En este punto vale la frase «pasaron cosas», ya que apenas diez días después de ese discurso inaugural, la OMS catalogó a aquella neumonía como una pandemia de rápida y peligrosa expansión, de consecuencias muy graves y aún impredecibles. El Gobierno adhirió a las recomendaciones de la OMS el 18 de marzo y la economía del país, que venía en picada luego de cuatro años de políticas neoliberales, tuvo un parate aún mayor por el aislamiento masivo decretado para preparar al devastado sistema de salud y enfrentar de mejor manera la pandemia. Muchos de los proyectos sometidos a la voluntad de la ciudadanía durante 2019 quedaron en suspenso y los primeros meses de aislamiento el país pareció detenido en el tiempo, mientras los medios daban cuenta exhaustivamente del avance de la enfermedad en todo el planeta. La oposición, que al principio acompañó el esquema sanitario del Gobierno, empezó a plantear los primeros alegatos de rechazo a las políticas oficiales. Pronto las cifras del coronavirus se sumaron a las consecuencias del cierre de la economía y apareció un flanco en el cual la oposición más encarnizada encontró abono para horadar el alto grado de aceptación que tenía el primer mandatario. Fueron momentos de cierta inacción oficial que hicieron pensar a propios y ajenos que el Gobierno estaba noqueado. El fracaso del plan de expropiación de Vicentin fue una señal de alerta. De todas maneras, en ese momento se logró un acuerdo con los tenedores privados de bonos de la deuda pero arreció el ataque contra la moneda nacional que, en medio de cortocircuitos entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, motivó la pérdida de reservas y de confianza en las autoridades. A medida que se iban relajando las restricciones sanitarias –en gran medida tras la presión de medios y dirigentes de la oposición y del empresariado– fue apareciendo un país real que, si el 10 de diciembre de 2019 estaba en terapia intensiva, ahora se encontraba con pronóstico reservado.
Calles en disputa Las primeras movilizaciones opositoras conmovieron el andamiaje oficialista. No solo por la violencia y la dosis de intolerancia democrática que expresaban, sino porque ponían de manifiesto algunas dudas para avanzar con el programa político de la administración nacional. A esto se agregó la rebelión policial bonaerense, que se convirtió en una preocupante amenaza frente a la residencia presidencial de Olivos. Es verdad que no era recomendable salir a las calles para el votante del Frente de Todos, ya que el cuidado de la salud se había convertido casi en una insignia. Pero también hubo demoras en poner en marcha respuestas contundentes que alentaran la esperanza de cambios en la tribuna propia. El método obstruccionista de la oposición daba resultados y recibía apoyo mediático clave. No solo por lo que los medios hegemónicos muestran, sino básicamente por lo que ocultan. Para gran parte de la población, el sistema de espionaje del Gobierno macrista nunca existió. El valor del dólar en cada una de sus variantes era la noticia del día. El éxito de algunos casos puntuales de argentinos que se fueron al exterior resultaba en una invitación cotidiana a descreer del país. Con ese trasfondo se registró el avance de una marginal concepción libertaria del mundo, que propone la reducción al mínimo del Estado y por lo tanto de los impuestos a pagar. Recién para el 17 de octubre los simpatizantes peronistas salieron masivamente a las calles con el propósito de marcar la cancha. El aniversario de la muerte de Néstor Kirchner fue otra expresión popular masiva de respaldo a la coalición gobernante. En forma casi simultánea, hubo una carta admonitoria de la vicepresidenta y comenzaron a avanzar los proyectos demorados desde marzo. El fin de año encuentra al Frente de Todos a la ofensiva en el Congreso. Desde la iniciativa para reducir el aporte federal a la Ciudad de Buenos Aires hasta el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pasando por la ley de sostenibilidad de la deuda pública y la reforma de la fórmula de movilidad de jubilaciones, la agenda oficial ganó espacio. En ese contexto, la aprobación en ambas Cámaras del Aporte Solidario Extraordinario aplicado a las grandes fortunas constituye un hito ineludible. Desde la vereda opositora, en tanto, cualquier resquicio es útil para plantear sus diferencias. Así, si en los comienzos de la pandemia el oficialismo se equivocaba con el aislamiento estricto, luego erró porque el número de muertos y contagiados colocaba al país entre los diez más afectados. Otro frente de ataque se cierne sobre las vacunas a aplicar para evitar un segundo brote de coronavirus. Desde la Casa Rosada se abrieron negociaciones por casi todas, pero las críticas sobre la Sputnik V encabezan los titulares de muchos medios. Sin embargo, el anuncio del presidente acerca de la llegada de las primeras dosis de la Sputnik V en diciembre, para aplicar a 300.000 personas, y diez millones más que serían vacunadas entre enero y febrero, puede significar un cambio de clima. A fin de este dramático año, con todo, las últimas encuestas le dan positivo al presidente. Luego de arañar el 80% de aprobación al inicio del aislamiento sanitario, hubo un período de caída continua de la imagen, a la par del crecimiento del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En diciembre, varios analistas registraron una aprobación de entre el 50% y el 55% para Alberto Fernández. Su más cercano contendiente es Rodríguez Larreta, en una pelea que, si bien apunta a 2023, tendrá un anticipo trascendente en las legislativas del año próximo.
Revista Acción, segunda quincena de Diciembre de 2020
Joe Biden sigue en campaña. Superado el engorroso trámite de este lunes en que el Colegio Electoral ratificó el resultado de las elecciones del 3 de noviembre, ahora tiene un escollo no menor. Si es que quiere cambiar algo en Estados Unidos, necesita obtener las dos bancas en disputa para el Senado nacional por Georgia, un motivo suficiente para esquivar la pandemia y visitar ese estado sureño.
La particularidad de ese comicio es que Georgia tiene un sistema de balotaje para senadores, y como nadie obtuvo más del 50% de los votos en la primera ronda, el 5 de enero los ciudadanos deberán dirimir entre los demócratas Jon Ossoff y Raphael Warnock o los republicanos David Perdue y Kelly Loeffler, quienes ostentan actualmente el cargo, de manera que aparecen como favoritos.
La elección es clave porque la cámara alta tiene 100 escaños (dos por estado) y hasta ahora el partido del elefante tiene 50 senadores. Con la camiseta Demócrata hay 46 senadores, pero los dos independientes (Bernie Sanders, por Vermont, y Angus King, por Maine) suelen acompañar al partido del burro.
Un 50 y 50, además de ponerle un poco de sal a la disputa desde el 20 de enero, permitiría el desempate de la vicepresidente Kamala Harris. Un resultado adverso adelanta un bloqueo a las decisiones de Biden que puede sellar el inicio de su mandato, que se presenta como de grandes cambios sobre la agenda que desplegó Donald Trump desde el 20 de enero de 2017. Es que en la Cámara de Representantes (diputados) el tablero terminó 222 a 211 a favor de los demócratas, lo que permite una relativa comodidad a la hora de impulsar las iniciativas del futuro oficialismo.
De allí la importancia de la elección del resultado en Georgia, un estado tradicionalmente inclinado hacia los demócratas pero que en esta ocasión parece haber percibido levemente que se vienen tiempos de cambios. De hecho en noviembre Biden ganó por el canto de una uña: 11.779 votos de diferencia sobre Trump, una increíble diferencia de 0,2% (49,5 a 49,3%).
Es uno de los distritos que el actual presidente pretendió judicializar y como no pudo, enfureció cuando el gobernador Brian Kempt avaló el resultado de las urnas, contra la voluntad de la Casa Blanca, que aspiraba a obtener los 16 votos electorales correspondientes.
La actitud beligerante de Trump se manifestó a través de un tuit en el que involucró al gobernador y a su secretario de Estado como agentes de China. Subió a su cuenta una imagen de ambos dirigentes con un barbijo con la bandera de la República Popular torpemente dibujada. La red del pajarito anuló la imagen con un mensaje en que asegura que no hubo evidencia de fraude el 3 N.
Pero los senadores se colgaron del discurso de Trump y Kelly Loeffler pidió el voto de los ciudadanos de ese estado para “mantener la línea aquí, el futuro de todo el país depende de estas elecciones y debemos mantener la mayoría en el senado, Georgia debe ser el cortafuegos del socialismo”.
Trump también quedó claramente enemistado con el fiscal general, William Barr, quien la semana pasada indicó que no había ninguna evidencia seria de fraude en las elecciones. Lo que dejó al presidente sin el único argumento que le hubiera permitido alargar la incógnita sobre la designación de Biden. Este lunes, luego de que el demócrata fuera ungido por el Colegio Electoral, Barr -que había dado grandes demostraciones de lealtad a Trump en controvertidas interpretaciones de las leyes- terminó por renunciar ante el vendaval de críticas del Salón Oval.
Lo acompañó a la puerta del cementerio, pero le resultaba difícil seguir con esa estrategia que en ningún estado se pudo mantener. Lo apoyó con relación a las condenas a muerta aceleradas en las últimas semanas, y estuvo dispuesto a utilizar las fuerzas federales para contener las protestas contra la violencia policial, o en declarar a Nicolás Maduro jefe de una banda de narcotraficantes, entre otras cuestiones. Pero todo tiene un límite.
Hasta el jefe de la bancada republicana del Senado, el ultraconservador Mitch McCoinnell, se despegó de un líder que se hunde irremediablemente por negarse a admitir la derrota. “Nuestro país tiene oficialmente un presidente electo y una vicepresidenta electa. Muchos millones de nosotros esperábamos que la elección presidencial arrojara un resultado diferente. Pero nuestro sistema de Gobierno tiene procesos para determinar quién tomará posesión el 20 de enero. El Colegio Electoral ha hablado. Así que hoy quiero felicitar al presidente electo Joe Biden», afirmó en veterano dirigente político.
Los delegados de cada estado emiten hoy su voto presidencial en los EEUU, el paso formal más importante luego de las elecciones para sellar el triunfo de Joe Biden. El nuevo presidente dejó claro con sus nombramientos que el poder militar vuelve a ser central en Washington. El ex general Lloyd J. Austin III -primer afrodescendiente en convertirse secretario de defensa- diseñó el programa para armar a los rebeldes sirios que desataron una guerra civil y es director de Raytheon, una proveedora del Pentágono.
Si Donald Trump no fuera el gobernante transgresor que se deleita con representar, no hubiera sido preciso hurgar tanto en el sistema electoral de Estados Unidos. Pero su estilo rupturista y la amenaza siempre latente de que hasta último momento puede intentar algo para no entregar el poder, obligan a desempolvar las reglas para explicar en qué momento de la transición hacia el mandato de Joe Biden está la nación más poderosa del planeta.
Es bueno entonces recordar que el rito electoral exige que el primer lunes posterior al segundo miércoles de diciembre se reúnan los electores para ungir al ocupante de la Casa Blanca durante los próximos cuatro años. Esa fecha se cumple este lunes y nada indica que la nominación de Biden corra peligro. Pero con el empresario inmobiliario nunca se sabe.
Seis días antes, el 8 de diciembre, se cumplió otro paso del lento y engorroso trámite de la que muchos consideran la “democracia rectora” del mundo, el llamado “Puerto Seguro”, que es la fecha en que cada estado certifica la lista de delegados electorales que corresponde de acuerdo al resultado del comicio. Tratándose de una elección controvertida por el presidente, que acusó de fraude en gran parte de los distritos, era una señal a considerar.
Pero ese día pasó sin pena ni gloria y Trump tuvo que soportar que la Corte Suprema, que por esas cosas del destino pudo renovar a su gusto con tres jueces conservadores, lo que le da en teoría un cómodo 6 a 3 en cualquier disputa, rechazó la demanda de un fiscal de Texas para anular los votos en Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.
De haber recibido el aval del máximo tribunal y haber podido contar con los electores de esos estados, hubiese tenido la ocasión de mantenerse en el Salón Oval a pesar de tener 7 millones de votos menos que el candidato demócrata. Pero el establishment de EEUU hace tiempo le había picado el boleto. El republicano es un personaje incómodo que mantuvo una pelea cuerpo a cuerpo con lo que llamó el “estado profundo”. Y al menos esta vez, a pesar de los más de 74 millones de votos, le toca perder, algo para lo que no está genéticamente preparado. A los 74 años, Trump parece lejos de seguir en carrera para el 2024, pero el espacio que representa sigue vivito y coleando más que nunca.
Una grieta en el camino
De allí que el primer objetivo de Biden pase por terminar con la grieta política que divide peligrosamente a los estadounidenses. Las diferencias que supo profundizar Trump eran previas, pero con él alcanzaron visibilidad estridente. Si el presidente es capaz de mostrar un perfil desencajado y tan distanciado de la corrección política, qué no se pueden permitir sus seguidores, en muchos casos hartos de las buenas formas en un país que cada vez deja menos oportunidades a las capas medias y bajas de la población.
Joseph Robinette Biden Jr. es todo lo contrario. Hombre del sistema desde que en 1973, a los 31 años, ganó por primera vez una banca como senador por Delaware, fue reelegido seis veces por ese pequeño estado que con menos de 6500 km2 de superficie es un paraíso fiscal con más empresas internacionales radicadas que pobladores.
No es que Trump sea un izquierdista ni mucho menos. Su discurso roza la paranoia de haber calificado a su contrincante de filocomunista. En disputas con legisladoras del ala izquierdista del Partido Demócrata como Alexandria Ocasio-Cortez o Ilhan Omar, llegó a jurar que no permitiría que el socialismo se enseñoree en Estados Unidos.
Por otro lado, Trump encarna a un vasto sector de la cultura y la sociedad estadounidenses que técnicamente se denomina “jacksoniano”. Andrew Jackson gobernó entre 1829 y 1837, es considerado el primer presidente populista en la historia de EEUU. Sus ideas encuadran como nacionalistas y hasta aislacionistas en política exterior. La defensa de la industria y de la mano de obra nacional que emprendió Trump desde su campaña de 2016 es un claro ejemplo de esta tesitura. El retiro del país ni bien asumió de gran parte de las organizaciones globalistas -desde tratados de comercio a acuerdos climáticos-, son otra muestra.
Trump, a diferencia del último mandatario demócrata, Barack Obama, no obtendrá un Premio Nobel de la Paz, pero hay que remontarse a muchas décadas para encontrar otro presidente de EEUU que no haya iniciado ninguna guerra y al contrario, esté enfrentado con el Pentágono porque quiere traer a los soldados apostados en Afganistán antes de terminar su gestión, como también ordenó hacer con las tropas en Somalia.
Biden ya adelantó que su administración irá por otro carril. Intentará reparar las relaciones con tradicionales aliados de Washington dañadas en estos cuatro años. Los desplantes de Trump crearon desconfianzas pero también permitieron el crecimiento de la influencia de China en el escenario internacional. Cada espacio que Trump cedió fue ocupado por la potencia asiática, que además supo cómo contrarrestar la ofensiva comercial y mediática desatadas desde la Casa Blanca.
Agenda exterior
El 14 de diciembre, los electores se reúnen en cada estado para elegir al futuro presidente. Son delegados designados por cada partido para emitir su voto por el candidato oficial. En la mayoría de los distritos están obligados a respetar el mandato popular, pero podrían convertirse en “traidores” y enfrentar las consecuencias, que no son gran cosa. Una multa que no suele superar los 1000 dólares.
Hubo casos de “infieles”, pero nunca más de un puñado que no cambió el resultado final. Biden llega con 306 electores y Trump con 232. La incógnita se mantendrá hasta el 6 de enero, cuando en el Capitolio el vicepresidente Mike Pence abra los sobres cerrados para consagrar al binomio que dirigirá los destinos de la nación hasta 2024.
Pero la transición ya comenzó, a pesar de los berrinches de Donald Trump. Biden, como era de esperar, dio las primeras señales de un cambio de rumbo para el país en una página web en la que informa de sus primeras medidas, buildbackbetter.gov, literalmente “reconstruir mejor”, pero una traducción de potrero la podría interpretar como “volveremos mejores”.
El primer nombramiento en el gabinete que se destaca es el de Anthony Blinken como secretario de Estado, del cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional y de Avril Haines en el área de inteligencia. Junto con el ex candidato presidencial y ex canciller John Kerry en Cambio Climático y la embajadora en la ONU Linda Thomas-Greenfield, son una señal clara para los aliados del otro lado del Atlántico y los países del sur del Río Bravo.
Kerry, siendo secretario de Defensa, en 2013, no tuvo mejor idea para referirse a América Latina como el “patrio trasero”. Lo que recordó los tiempos en que desde Washington se instalaba gobiernos títeres que garantizaran el “como mande” a cualquier decisión del gobierno. Pero eran tiempos de Obama, que había llegado con promesas de respeto mutuo, la región estaba gobernada por Cristina Fernández, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Hugo Chávez, Evo Morales, y la Unasur era un espacio potente de integración y autonomía.
Para colmo, el exabrupto coincidió con las denuncias del analista de la NSA Edward Snowden sobre el espionaje masivo de organismos estadounidenses sobre ciudadanos de todo el mundo, incluida la presidenta de Brasil y su principal empresa nacional, la semi estatal Petrobras. En ese marco, Rousseff suspendió la gira que tenía programada a Washington y dejó plantado a Obama. De nada sirvió el viaje relámpago de Kerry, que intentó desdecirse para suavizar la relación.
Blinken trabajó codo a codo con Kerry en el pasado y ahora, al frente de las relaciones exteriores, se entiende que profundizará la relación con Cuba. Fue él uno de los principales gestores del histórico acercamiento entre Obama y Raúl Castro de diciembre de 2014. Trump echó por tierra con esa política, que había permitido la reapertura de relaciones, congeladas en 1962.
Ahora se vez más cercano el fin del bloqueo comercial, que pronto cumplirá 60 años. Quizás ante esta perspectiva es que La Habana anunció que desde el 1 de enero se terminará con el sistema bimonetario, Ya no más circulación del CUC, solo el peso cubano, valuado en 24 por dólar.
Donde posiblemente Biden agradezca en silencio a su antecesor es en Venezuela, declarado “un régimen que amenaza a la seguridad de Estados Unidos” por un DNU de Obama en 2015. El método de acoso y bloqueo total continuado por Trump para asfixiar al chavismo, aunque no sirvió para derrocar a Nicolás Maduro, debilitó a tal nivel a su gobierno que quizás Biden tenga gran parte del objetivo que se planteaba como vice de Obama cumplido.
Complejo militar
El general Dwight Eisenhower le entregó la presidencia a John Fitzgeral Kennedy el 20 de enero de 1961. En un célebre discurso de despedida de unos días antes declaró: “debemos evitar la compra de influencias injustificadas, ya sea buscadas o no, por el complejo industrial-militar. Existe el riesgo de un desastroso desarrollo de un poder usurpado. No debemos permitir nunca que el peso de esta conjunción ponga en peligro nuestras libertades o los procesos democráticos”.
Pero el peso de esa maquinaria se consolidó y extendió desde entonces a limites peligrosos no solo para la democracia sino para la humanidad toda. Incluso tras la caída de la Unión Soviética, que era el enemigo que justificaba los presupuestos de defensa.
No es que Trump haya escatimado fondos a los gigantes del aparato industrial-militar -que también integran empresas que proveen de “contratistas”, un eufemismo para hablar de ejércitos de mercenarios- pero los tentáculos de ese sostén de la economía estadounidense conforman gran parte del “estado profundo”, su enemigo interno.
Con Biden ellos vuelven a tallar en Washington. Blinken, sin ir más lejos, es uno de los fundadores de WestExec Advisors, una consultora secreta en la que también trabajó Avril Haines, ahora en inteligencia.
Además, el futuro secretario de Defensa será el general Lloyd J. Austin III, el primer afrodescendiente en ocupar ese sillón. Con un pasado reciente bastante belicoso como jefe del Comando Central que en 2014 diseñó el programa para armar a los rebeldes sirios que desataron una guerra civil para derrocar a Bashar al Assad, es miembro de la junta directiva de Raytheon, una de las mayores empresas especializadas en investigación, desarrollo y fabricación de productos de tecnología avanzada en el sector aeroespacial y defensa, desde motores de aviones hasta drones.
Biden, finalmente, promete terminar con la persecución a los inmigrantes ilegales, una política de Trump que subyugó a los ciudadanos que culpan a los latinoamericanos venidos del sur como causantes de la desocupación y los bajos salarios. Al mismo tiempo promueve políticas de desarrollo en América Central para buscar la reducción de las corrientes migratorias con trabajos locales.
Se propone, asegura, recuperar una “base de cooperación” que había intentado durante la administración Obama. Lo que incluyó, está convencido, “una relación más amplia y profunda con México, una agenda global para la cooperación con Brasil, un compromiso revitalizado con América Central, la reconstrucción posterior al terremoto en Haití, la restauración de los lazos diplomáticos con Cuba, el apoyo al histórico proceso de paz de Colombia, una mejor seguridad energética en el Caribe. , ampliación de las relaciones comerciales y de colaboración con países de la región”
El agua, elemento esencial para la vida en la Tierra, ha sido motivo de guerras cuando no un arma implacable para vencer en una contienda. Lo sabía el florentino Maquiavelo, quien en 1503, para someter a Pisa, convocó a Leonardo da Vinci para que diseñara un desvío del río Arno. Esta semana se inauguró en Wall Street el índice Nasdaq Veles California Water (NQH2O), que cotiza las transacciones en derechos del agua en el estado más afectado por la escasez del vital elemento del norte de América. Como quien dice que las futuras guerras del agua ya tienen donde empezar a disputarse. En un mercado donde se negocia con la soja o el petróleo, pero con la diferencia de que sin agua la vida en el planeta no sería posible.
El anuncio no sorprendió a los que conocen de qué se trata. Así lo dice Elsa Bruzzone, autora entre otras publicaciones de Las guerras del agua: América del sur en la mira de las grandes potencias. “La noticia venía dando vueltas desde septiembre, pero se activó en noviembre”. El contexto es que California –una región de una producción agropecuaria abrumadora pero con muy poca agua disponible– venía sufriendo una serie devastadora de incendios forestales y una sequía prolongada.
Tras recordar que hay un choque de intereses entre el agua como una mercancía y entendido como un derecho humano, que reconoce la ONU en diversos documentos y quedó plasmado en una resolución del año 2010, Bruzzone aclara que el índice NQH2O (por la abreviatura del mercado de futuros y el símbolo químico del agua) hace hincapié en cómo se gestiona su uso. Pero, advierte, “cuando se la hace mercancía, solo los que tienen dinero podrán acceder a agua potable”.
Para Alejandra Volpedo, coordinadora de la Maestría en Gestión del Agua en Facultad de Veterinaria de la UBA, “el índice NQH2O no determina la calidad del agua, sino su cantidad, es algo financiero y no tangible”, sostiene. Y agrega un dato no tan evidente para los habitantes de las ciudades. “El 75% del agua que se usa en el mundo es en las actividades agropecuarias” y, por otro lado, en torno al 10% solamente es el uso humano directo. En tal sentido, puntualiza Volpedo, quizás la cotización sea un modo de visibilizar un problema.
En el NQH2O se transan derechos de uso a futuro en las cinco regiones principales de California, que incluyen cuatro cuencas subterráneas. El método es simple: un productor tiene el derecho sobre una cierta cantidad de agua para su explotación. Si encuentra la forma de ser más eficiente o hay una época en que necesitará menos consumo, podrá vender el excedente en el mercado en forma de un bono. Otros tendrán que salir a comprar porque su producción puntual lo exige. Una mirada pro mercado indicaría que así se gestionará mejor el recurso porque el bolsillo suele ser el más convincente de los argumentos.
Entre 2012 y 2019, hubo transacciones por 2600 millones de dólares con el agua. A raíz de este mercado tentador, surgió la asociación entre Nasdaq con Veles Water y West Water Research en el NQH2O. El primer cierre dio un valor de poco más de 486 dólares por un volumen equivalente a 1233 metros cúbicos del líquido.
Emilio Lentini es economista por la Universidad del Salvador y ocupó cargos en el Ente Regulador del agua en el AMBA, además de tener un extenso currículum en ese tema. Ante la consulta de Tiempo, Lentini sostuvo que “los expertos del sector deberíamos preguntarnos si es beneficioso que las empresas de agua y saneamiento ofrezcan sus acciones en el mercado accionario o bursátil… Yo soy de los que piensan que sí es beneficioso”. Y luego de contar experiencias de empresas privadas de San Pablo y Chile, propone un análisis objetivo “y sin dejarse llevar por criterios ideológicos que se expresan como dogmas”. De la realidad argentina, marca que hay ciudadanos muy lejos de tener el acceso a un derecho humano como el consagrado por la ONU y que, destaca, “no cuenta aún con ratificación expresa del Congreso Nacional”.
En sentido contrario, Alicia Fernández Cirelli, que desarrolló el Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua (CETA) en Veterinaria de la UBA, se muestra absorta ante el planteo. “Me cuesta ver al agua como un recurso que cotice en bolsa, no lo entiendo”, afirma. Para luego detallar mejor el eje de su visión de la problemática: “Yo tomo agua de una fuente y la tengo que potabilizar, luego la devuelvo al cuerpo de agua. No vuelve en la misma condición, aunque debería. En resumen, eso tiene un costo. Cuando digo que no entiendo no digo que tenga que ser gratis, pero tampoco que sea un commodity”.
Apenas el 3% del agua del planeta es apta para el consumo y la producción agropecuaria. El resto, el 97%, es agua salada. Se puede calcular cuánta agua se necesita para cada producción con la así llamada agua virtual, utilizada en cada quintal de maíz, de soja, o por cada kilo de carne de cualquier especie. La ONU dice que para el año 2050 se consumirá un 44% más de agua.
Un Atlas de Acuíferos Transfronterizos de la Unesco individualizó unos 500 cursos de agua subterráneos que cruzan fronteras. El Guaraní, en el Cono Sur de América, uno de los más grandes del mundo, es escenario en disputa según los especialistas en Geopolítica.
En 2018, el Papa Francisco alertó sobre los riesgos de avanzar “hacia la Gran Guerra Mundial del Agua”. Por lo pronto, en California ya se hacen apuestas. «
La Pampa era un vergel
Dicen los lugareños que el noroeste de La Pampa era un vergel. Pero que repentinamente el Río Atuel literal-mente desapareció. Del otro lado del límite con Mendoza, es estaban desarrollando proyectos de irrigación muy provechosos para productores mendocinos pero letales para los pampeanos.
En julio de este año, la Corte Suprema decidió fijar un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo del río en el límite interprovincial entre ambas provincias. El tribunal explicó que ese es el caudal que peritos del Instituto Nacional del Agua (INA) habían determinado como razonable para que cesara el daño ambiental provocado del otro lado de la frontera. El caso se había iniciado en mayo de 1918. Todavía no hay datos sobre el resultado del dictamen.
Otra Guerra del Agua interprovincial se registra en la cuenca del río Colorado y también involucra a Mendoza y La Pampa, aunque en este caso el caso atañe también a Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Se trata de la re-presa de Portezuelo del Viento, que se proyecto como la obra del siglo, sobre el principal afluente del Colorado, para generar 210 MW de potencia e irrigación en zonas aledañas.
Luego de varias disputas a nivel nacional, en 2016 el gobierno de Mauricio Macri dio el aval para que el gobernador radical Alfredo Cornejo llamara a licitación internacional. Desde La Pampa protestan que según los últimos reportes oficiales tras más de 10 años de crisis climática, el Colorado disminuyó su caudal a los valores más bajos en los 100 años en que se realizan mediciones.
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