Dos encuentros virtuales, como mandan los tiempos, mostraron los enfoques contradictorios que se debaten sobre la economía global tras la pandemia. Por un lado se hizo el Foro Económico Mundial de Davos, que cumplió 50 años de prédica empresarial. Como contracara, la cumbre del Grupo de Puebla (GDP), que reúne a líderes políticos regionales. Desde 2001, el Foro Social Mundial (FSM) –nacido en Porto Alegre– alumbró esperanzas de «otro mundo posible» y pavimentó el ascenso del progresismo en América Latina y hasta alentó miradas diferentes en Europa. Caído en el ostracismo tras el golpe contra Dilma Rousseff y la llegada de gobiernos de derecha, ese lugar estaba vacante. Hace menos de dos años, personalidades influyentes de todo el continente, entre los que estuvo Alberto Fernández, se reunieron en busca de otra agenda social. Si bien el encuentro no ocupa el mismo espacio que el FSM, puede convertirse en un contrapeso a las soluciones que se insisten desde el otro lado del océano como verdad revelada. Participan del GDP expresidentes y dirigentes de la región. Como titular pro tempore del Mercosur y único mandatario en ejercicio de ese sector político, Fernández inauguró el simposio latinoamericano. Como presidente argentino, participó del encuentro anual del FEM. En ambas lides desplegó un discurso similar. «La opción no es la vida o la economía, sino la vida con mejor economía», dijo ante los principales inversores y dirigentes de empresa del mundo. Líderes también, pero de corporaciones privadas. Organizado esta vez bajo el lema «El gran reinicio», Klaus Schwab, el empresario y filántropo alemán que fundó ese foro en la ciudad suiza de Davos, argumentó que «la pandemia representa una oportunidad, inusual y reducida, para reflexionar, re imaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero». Argentina no había quedado muy bien calificada por el manejo de la pandemia y la brutal caída de la actividad económica en el informe sobre la situación mundial, el «Reporte de Riesgo Global 2021», que se presentó en el FEM. La posición de Fernández fue que el contexto no da para austeridades. Pero en el FEM aparecieron advertencias sobre el riesgo para uno de los postulados clave del neoliberalismo, como es la independencia de los bancos centrales, cuando los gobiernos necesitan insuflar dinero a las economías. En Puebla, el entorno es más afín a los ejes que marcaron la plataforma electoral que resultó ganadora en los comicios argentinos de 2019. En el GDP se cruzaron definiciones sobre el futuro de la humanidad tras el COVID-19, y sobre la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. «Tenemos que pensar en un modelo alternativo de desarrollo al neoliberalismo», fue la premisa. Y los participantes, desde los expresidentes Lula da Silva y Dilma, a Rafael Correa y Ernesto Samper, no se cansaron de apostar a la unidad latinoamericana para llevarla a la práctica. Los años de Donald Trump fueron de enorme retroceso para ese proyecto estratégico. «Es esencial que América Latina vuelva a integrarse y a discutir. Unidos podemos lograr mucho más que separados», destacó Fernández, quien poco después inició una gira por Chile, donde se entrevistó con el presidente Sebastián Piñera y con los principales líderes de la oposición. El documento final de Puebla pide «devolver al Estado las empresas privatizadas y darle un papel distinto a la sociedad civil». Davos no produjo una conclusión final. La tibia propuesta de reconfigurar el crecimiento económico para ampliar la base de beneficiarios del sistema desnudó el temor de las elites mundiales a una explosión social incontrolable. Solo buenas intenciones. En medio siglo, esta «cumbre de los millonarios» no produjo un capitalismo menos salvaje. Peor aún, proclama una ética empresaria caritativa. Pero las 20 personas más ricas del planeta acumularon un patrimonio conjunto de 1,77 billones de dólares en 2020, un 24% más que hace un año.
Revista Acción, segunda quincena de Febrero de 2021
Dos encuentros virtuales, como mandan los tiempos, mostraron los enfoques contradictorios que se debaten sobre la economía global tras la pandemia. Por un lado se hizo el Foro Económico Mundial de Davos, que cumplió 50 años de prédica empresarial. Como contracara, la cumbre del Grupo de Puebla (GDP), que reúne a líderes políticos regionales. Desde 2001, el Foro Social Mundial (FSM) –nacido en Porto Alegre– alumbró esperanzas de «otro mundo posible» y pavimentó el ascenso del progresismo en América Latina y hasta alentó miradas diferentes en Europa. Caído en el ostracismo tras el golpe contra Dilma Rousseff y la llegada de gobiernos de derecha, ese lugar estaba vacante. Hace menos de dos años, personalidades influyentes de todo el continente, entre los que estuvo Alberto Fernández, se reunieron en busca de otra agenda social. Si bien el encuentro no ocupa el mismo espacio que el FSM, puede convertirse en un contrapeso a las soluciones que se insisten desde el otro lado del océano como verdad revelada. Participan del GDP expresidentes y dirigentes de la región. Como titular pro tempore del Mercosur y único mandatario en ejercicio de ese sector político, Fernández inauguró el simposio latinoamericano. Como presidente argentino, participó del encuentro anual del FEM. En ambas lides desplegó un discurso similar. «La opción no es la vida o la economía, sino la vida con mejor economía», dijo ante los principales inversores y dirigentes de empresa del mundo. Líderes también, pero de corporaciones privadas. Organizado esta vez bajo el lema «El gran reinicio», Klaus Schwab, el empresario y filántropo alemán que fundó ese foro en la ciudad suiza de Davos, argumentó que «la pandemia representa una oportunidad, inusual y reducida, para reflexionar, re imaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero». Argentina no había quedado muy bien calificada por el manejo de la pandemia y la brutal caída de la actividad económica en el informe sobre la situación mundial, el «Reporte de Riesgo Global 2021», que se presentó en el FEM. La posición de Fernández fue que el contexto no da para austeridades. Pero en el FEM aparecieron advertencias sobre el riesgo para uno de los postulados clave del neoliberalismo, como es la independencia de los bancos centrales, cuando los gobiernos necesitan insuflar dinero a las economías. En Puebla, el entorno es más afín a los ejes que marcaron la plataforma electoral que resultó ganadora en los comicios argentinos de 2019. En el GDP se cruzaron definiciones sobre el futuro de la humanidad tras el COVID-19, y sobre la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. «Tenemos que pensar en un modelo alternativo de desarrollo al neoliberalismo», fue la premisa. Y los participantes, desde los expresidentes Lula da Silva y Dilma, a Rafael Correa y Ernesto Samper, no se cansaron de apostar a la unidad latinoamericana para llevarla a la práctica. Los años de Donald Trump fueron de enorme retroceso para ese proyecto estratégico. «Es esencial que América Latina vuelva a integrarse y a discutir. Unidos podemos lograr mucho más que separados», destacó Fernández, quien poco después inició una gira por Chile, donde se entrevistó con el presidente Sebastián Piñera y con los principales líderes de la oposición. El documento final de Puebla pide «devolver al Estado las empresas privatizadas y darle un papel distinto a la sociedad civil». Davos no produjo una conclusión final. La tibia propuesta de reconfigurar el crecimiento económico para ampliar la base de beneficiarios del sistema desnudó el temor de las elites mundiales a una explosión social incontrolable. Solo buenas intenciones. En medio siglo, esta «cumbre de los millonarios» no produjo un capitalismo menos salvaje. Peor aún, proclama una ética empresaria caritativa. Pero las 20 personas más ricas del planeta acumularon un patrimonio conjunto de 1,77 billones de dólares en 2020, un 24% más que hace un año.
Con la sensación de que los demócratas se metieron en una trampa de la que no sabían cómo salir, el expresidente Donald Trump resultó absuelto en el segundo juicio político en su contra. Luego de una jornada de idas y vueltas, en la que primero se decidió, por 55 a 45, llamar a nuevos testigos y demorar la definición sobre el proceso, finalmente un nuevo acuerdo abrió las puertas al debate final sobre el futuro de Trump. De lo que en realidad se trata, si fuera declarado culpable de “incitación a la insurrección” a raíz del ataque al Congreso del 6 de enero, es de si podría presentarse como candidato nuevamente. En este segundo intento, los demócratas consiguieron el apoyo de sólo 7 republicanos, cuando necesitaban un total de 67 votos favorables al juicio político, 50 propios y 17 de la oposición.
Las perspectivas en favor del oficialismo -que intenta sacar del medio al trumpismo residual-fueron bajando desde los 10 votos de senadores republicanos por el juicio político a la decisión de posponer la votación llamando a nuevos testigos, que salió con apenas cinco. Con la ayuda de una senadora republicana lograron patear hacia adelante lo que aparecía como una derrota legislativa del flamante gobierno de Joe Biden.
La defensa del expresidente maniobró con inteligencia para sacar el debate por la responsabilidad de Trump en los incidentes que costaron la vida de 5 personas. “Es un acto injusto e inconstitucional de venganza política”, argumentó Michael van der Veen ante los senadores el viernes. «Como cada una de las otras cazas de brujas que la izquierda ha emprendido en los últimos cuatro años, este juicio político está completamente separado de los hechos, las pruebas y el interés del pueblo estadounidense, por lo que el Senado debería votar rápida y decididamente para rechazarlo», agregó.
Luego, mostraron un video destinado a probar la doble vara con que juzgan al polémico expresidente para responder a los demócratas, que habían presentado extractos del mensaje de Trump a sus partidarios el día de Reyes, cuando reclamó a sus seguidores que “lucharan como el demonio”. Con esa misma plataforma electrónica expusieron la palabra “lucha” (fight) usada repetidamente en la campaña de Biden, la de la vicepresidenta Kamala Harris y las de varios de los popes demócratas.
«Está bien, no hicieron nada malo. Es una palabra que la gente usa», señaló David Schoen, otro de los abogados de Trump, “pero, por favor, paren con la hipocresía”.
Ayer, los fiscales acusadores trataron de llamar a nuevos testigos -entre ellos la senadora republicana Jaime Herrera Beutler- y posponer una resolución final. Pero los porotos no alcanzaban y proseguir hubiera significado más desgaste para la nueva administración.
Casi al cierre de esta edición, Trump logró zafar en el segundo juicio político en su contra. El resultado final fue 57 a 43. Mucho como para enlodarlo pero insuficiente como para sacarlo de la cancha.
Los catalanes van nuevamente a las urnas este domingo en un escenario por demás incierto, tanto para la formación de un gobierno regional como para la estabilidad del nacional e incluso para las formaciones políticas tradicionales de España. Si es que se puede creer en las encuestas, los últimos sondeos dan un triple empate entre el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC, y los independentistas Esquerra Republicana (ERC) y Junts per Catalunya (JxC). La novedad es que se espera una escasa participación del electorado, un poco por el temor a contagios en un territorio que sufrió cerca de 20.000 muertos por Covid-19, y otro poco por el hastío tras cuatro años de inmovilismo gubernamental en el llamado “proces” independentista.
Para formar gobierno se necesita un mínimo de 68 escaños y todo indica que los tres partidos más votados tendrán en torno a los 32 cada uno. La voluntad para separarse de España, en tanto, rondaría algo menos del 48% y una cifra similar se inclina por permanecer dentro del Reino.
Esto lleva a que muchos interpreten que este domingo quedarán plasmadas dos tentativas de articulación para el futuro catalán según como caigan las fichas al final del día: un posible acuerdo separatista entre ERC y JxC -algo no tan distante de lo que viene ocurriendo hasta ahora en la región, son suerte dispar- o uno de izquierda entre PSC y ERC, como el que permitió sostener a Sánchez en Madrid contra la derecha de Mariano Rajoy desde junio de 2018.
Sánchez se jugó entero por Salvador Illa, actual ministro de Sanidad de España. Por JxC, el partido que lidera Carles Puigdemont, exiliado en Bruselas tras la intentona independentista de 2017, lleva en la lista a la filóloga Laura Borràs. Por ERC encabeza Pere Aragonès, actual president en funciones por la inhabilitación de Quim Torra, condenado por desobediencia.
Para aventar la posibilidad de cualquier acuerdo con el gobierno nacional, los grupos secesionistas firmaron un pacto por el cual, “sea cual sea la correlación de fuerzas” desde hoy, ninguno apoye al PSC. Pusieron la firma representantes de Junts, de la agrupación anticapitalista Candidatura d’Unitat Popular (CUP), el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), Primàries Catalunya y el ERC a través de su portavoz parlamentario. El objetivo es avanzar hacia la independencia y rechazar fervorosamente la represión que el gobierno central ejerció contra Cataluña.
Aunque parezca un tema aledaño, la situación procesal del rapero Pablo Hasel juega bastante en este clima preelectoral. El joven enfrenta un pedido de captura en una causa por “enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona” a raíz de unos tuits en los que llamó “mercenarios de mierda” a agentes policiales por torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes, y por una canción donde llama al rey emérito “Juan Carlos el Bobón”. Por estas horas, Hasel se pasea por su ciudad natal, Lérida, y asegura que no se entregará a cumplir su condena a 2 años y 9 meses de prisión. “Tendrán que venir a secuestrarme”, desafía.
Sánchez, que logró la jefatura de gobierno tras una coalición con Unidas-Podemos, de Pablo Iglesias, necesitó de votos nacionalistas para aprobar leyes fundamentales como la de presupuesto. La pandemia, para un país que depende de un modo determinante del turismo, es un disparo bajo la línea de flotación. Es así que un total de 557 hoteles de todo el país están en venta, muchos a precio de ganga, 101 de ellos en Cataluña. El Hotel Mandarín Oriental, sin ir más lejos, está en oferta a un precio simbólico siempre y cuando el comprador se haga cargo de una deuda de 80 millones de euros.
El otro dato es que en este desconcierto electoral, el Partido Popular está a las puertas de una nueva caída en Cataluña y de una nueva crisis de imagen. Este lunes comienza en Madrid una audiencia judicial con el ex tesorero de esa tradicional agrupación de la derecha española, Luis Bárcenas. Acusado por llevar una contabilidad paralela para ocultar la financiación ilegal del PP, asegura que está dispuesto a «prender el ventilador” y comprometer al ex jefe de gobierno Mariano Rajoy. Bárcenas cumple una condena a 29 años de prisión por ese esquema ilegal, pero se cansó de ser el pato de la boda y asegura que los líderes del partido no eran ajenos a la maniobra.
En Cataluña la suerte del PP, ahora en manos de Pablo Casado, parece sellada y los votos de ese sector irán un poco para Ciudadanos, el partido surgido tras esa crisis de confianza desde que saltó el tema de la llamada “Caja B”, y otro para la derecha xenófoba de Vox.
Pero como en un rompecabezas enmarañado, nadie aventura un pronóstico certero sobre lo que ocurrirá este domingo en la rica región del noreste de España. Cuando la situación es tan confusa, no se esperan novedades sorprendentes. Lo más probable es que todo siga como hasta ahora, sin muchas luces, pero sin sobresaltos.
No es casual que a poco de dejar su gobierno, y en la semana posterior a la primera vuelta electoral, el presidente Lenín Moreno pretenda privatizar el Banco Central de Ecuador. Tampoco que cuando el Supremo Tribunal Federal de Brasil comienza a develar la trama para enviar a prisión a Lula da Silva y el exjefe de las Fuerzas Armadas reconoce la operación para no liberar al exmandatario antes de los comicios de 2018, Jair Bolsonaro logre aprobar la autonomía del Banco Central brasileño.
El 14 de febrero de 1977 –y esto sí es casual– la dictadura impuso la Ley de Entidades Financieras. Con escasas modificaciones, es la que rige en la actualidad, a pesar de estos 37 años de democracia. El caballito de batalla de los beneficiados de este sistema potenciado en la convertibilidad es la independencia del Banco Central como eje para el desarrollo.
Un estudio que publicó el Banco Mundial el 21 de enero pasado y que firman los investigadores Michael Aklin, de la Universidad de Pittsburgh; Andreas Kern, de la Universidad de Georgetown; y Mario Negre, del Instituto Alemán de Desarrollo (DIE), desmiente ese catecismo. El informe destaca que “desde la década de 1980, la desigualdad de ingresos ha aumentado sustancialmente en varios países”. Y señala los tres mecanismos que vinculan la desigualdad con la independencia de un BC.
“Primero, restringe indirectamente la política fiscal y debilita la capacidad de un gobierno para participar en la redistribución. En segundo lugar, incentiva a los gobiernos a desregular los mercados financieros, lo que genera un auge en el valor de los activos, que están predominantemente en manos de los segmentos más ricos de la población. En tercer lugar, para contener las presiones inflacionarias, los gobiernos promueven activamente políticas que debilitan el poder de negociación de los trabajadores. Juntas, estas políticas fortalecen las tendencias seculares hacia una mayor desigualdad”.
Unos días más tarde, en el Foro de Davos, paralelo al mensaje altruista de resetear el mundo para construir un “futuro más sano, más equitativo y más próspero” tras la pandemia, en una encuesta entre los empresarios participantes –los top del mundo– surgió el temor a lo que pueda ocurrir con los bancos centrales, cuando los gobiernos necesitan políticas expansivas para levantar las economías.
Ecuador perdió su moneda el 9 de enero de 2000, a instancias del consejero del presidente Jamil Mahuad, el mismo que había creado el plan de convertibilidad en Argentina, adoptó el dólar como moneda nacional. La ley que promueve Moreno se llama de Defensa de la Dolarización. Rafael Correa siempre lamentó las dificultades que implican volver a una moneda propia. Andrés Aráuz, el más votado la semana pasada, es también economista y quizás choque con los mismos problemas. El banquero Guillermo Lasso es el único garante del statu quo, pero ni siquiera es seguro que pase a segunda vuelta. Para mayor seguridad, un Banco Central independiente de cualquiera que gane. Lo mismo piensan en Brasil. La ley que promueve Moreno se llama de Defensa de la Dolarización. Rafael Correa siempre lamentó las dificultades que implican volver a una moneda propia. Andrés Aráuz, el más votado la semana pasada, es también economista y quizás choque con los mismos problemas. El banquero Guillermo Lasso es el único garante del statu quo, pero ni siquiera es seguro que pase a segunda vuelta. Para mayor seguridad, un Banco Central independiente de cualquiera que gane. Lo mismo piensan en Brasil.
Un país convulsionado por el golpe militar contra el gobierno de transición democrática y la amenaza de brutales violaciones a los Derechos Humanos tiñen el presente de Myanmar, la nación asiática que nuevamente es noticia en los medios del mundo. Y la Justicia argentina tiene un rol que cumplir por una denuncia de representantes del pueblo rohingya que tienen en sus manos la jueza María Romilda Servini y el fiscal Guillermo Marijuan.
Esta semana, los militares derrocaron al gobierno que encabezaba Win Myint, en la práctica liderado por la Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, detenida bajo acusaciones bastante confusas de haber violado una norma comercial. Bajo argumentos igualmente deletéreos, la Premio Nobel de la Paz 1991 había sido proscripta en las elecciones de 2010, cuando se inició esta transición democrática que culminó abruptamente (por ahora) en la madrugada de este lunes. Antes, había pasado diez años presa tras haber ganado las elecciones de 1990, lo que la convirtió en emblema de la lucha contra la dictadura.
Las protestas que estos días fueron creciendo en ese país asiático no aventuran una confortable estadía en el poder al general Min Aung Hlaing, quien asumió al estar al frente de las FF AA. Tímidas al principio, apenas limitadas a cacerolazos o bocinazos anónimos en un país que bien conoce de la violencia institucional, fueron tomando cuerpo en las universidades y en las calles de las principales ciudades.
El argentino Tomás Ojea Quintana, relator de DD HH de la ONU en Myanmar entre 2008 y 2014, en 2019 presentó en Buenos Aires a dirigentes rohingyas ante el juzgado de Servini para denunciar no solamente a los jefes militares nuevamente golpistas, sino a la líder de la Liga Nacional por la Democracia, el partido que ganó abrumadoramente las elecciones en noviembre pasado y que con su triunfo desencadenó la reciente maquinaria golpista de los uniformados.
“Represento a las organizaciones rohingyas que trajeron el caso a la Argentina invocando la jurisdicción universal contra la cúpula militar que está en el poder, al mando del general Min Aung Hlaing, y también la cúpula política porque consideran que fue condescendiente y tuvo una connivencia en el genocidio”, explica Ojea Quintana a Tiempo. “No solo hubo atrocidades, violaciones masivas, asesinatos de niños, sino políticas públicas coartándoles el acceso a la salud, a la educación, a la alimentación, condenándolos a vivir en ghetos”, agrega.
Conocedor como pocos de la realidad birmana –el nombre tradicional del país antes del cambio que promovieron los militares, que se mantuvieron en el poder desde aquel golpe del ’90 hasta 2011–, Ojea Quintana recuerda que Servini llevó adelante investigaciones sobre crímenes del franquismo en España, pero todavía no tomó el caso rohingya porque había una causa en la Corte Penal Internacional de La Haya que, para el ahora relator de DD HH en Corea del Norte, no se contradice con la que se presentó en Buenos Aires.
“Nuestro país tiene una tradición de Memoria, Verdad y Justicia, que es un valor internacional”, dice. A los militares se los acusa de genocidio y a la dirigencia política de haber permitido la persecución contra esa etnia de fe musulmana o al menos de haber mirado para otro lado mientras se consumaba. Más de 700 mil rohingyas huyeron como pudieron, mientras otro millón permanece en las peores condiciones. Para analizar la influencia y hasta las razones detrás del golpe, Ojea Quintana destaca que los militares controlan todas las empresas extractoras de los recursos naturales. “Todo el poder económico está en manos de holdings militares. Mantienen el control de la seguridad de todo el territorio. Este poder no lo han perdido en estos años de transición. Una explicación es que frente a estas elecciones tan abrumadoras se podría llamar a una reforma constitucional, que es lo que siempre se ha pedido y que pide la comunidad internacional, pero no estaban dispuestos a perder poder”.
–Quizás percibían un futuro como el de las FF AA chilenas, que tras al régimen de Pinochet también dejaron una Constitución a su medida.
–En Myanmar se reservaron el 25% de los asientos en el Parlamento, el derecho a designar los ministros del Interior, Defensa y de Asuntos Fronterizos. Se reservaron también el derecho a tomar el poder cuando está en juego la seguridad nacional, que es lo que argumentaron ahora. Dicen que en noviembre hubo fraude y que eso atenta contra la seguridad nacional. Para una reforma se necesitaría que alguno de ese 25% diga que sí a una reforma, y nadie lo veía posible. El triunfo de noviembre les preocupó evidentemente. En este momento, San Suu Kyi aceptó las reglas de juego para ir a elecciones a pesar de estar proscripta. La habían apartado por estar casada con un extranjero y haber vivido en el exterior, una norma que realmente tiene su nombre. La dirigencia política no exigió investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad ni al menos creó una Comisión de la Verdad que les dijera de alguna manera “vamos a revisar lo que hicieron, vamos a limitar su poder”. Para mí, ese fue un grave error.
Los militares tienen otro as en la manga, y en esto hay similitudes con otras realidades como, por caso, la colombiana. Desde la independencia, en 1948, un hecho del que fue protagonista el padre de Suu Kyi, Aung San, comandante del Ejército Independiente Birmano, hay un conflicto interno con etnias minoritarias, como los Karen y los Kachis. “Es el conflicto interno más viejo del mundo y los militares nunca han llegado a un acuerdo de paz”, dice Ojea Quintana. Esto les permite mantener un país militarizado y justificar el control de la sociedad en todos los niveles. Mientras tanto, en el despacho de la jueza Servini de Cubría todo vuelve a la normalidad luego de la feria de enero, los rohingyas –que se presentaron en Comodoro Py con su vestimenta típica hace más de un año– esperan que los criminales paguen por sus delitos. En Myanmar, en tanto, los que no pudieron escapar temen que este nuevo golpe sea la excusa para terminar con la “limpieza étnica” que lleva décadas. Los birmanos, por su parte, van perdiendo el miedo y reclaman por la democracia perdida, condicionada pero que mantenía la esperanza de construir un futuro diferente.
(Foto: STR / AFP)
La dama Aung San Suu Kyi nació en Rangún, Birmania, el 19 de junio de 1945. Hija de Aung San, quien fundó el Ejército Birmano Moderno y en 1947 negoció la independencia ante el Imperio Británico. Poco después su rival U Saw lo hizo asesinar. Suu Kyi fue educada en una escuela inglesa metodista. Habla con fluidez cuatro idiomas: birmano, inglés, francés y japonés. Practica el budismo theravada. En 1991 fue galardonada con el premio Nobel de la Paz. Estuvo bajo arresto domiciliario por un total de 15 años durante los últimos 21. Esta semana fue apresada nuevamente.Mientras tanto, en el despacho de la jueza Servini de Cubría todo vuelve a la normalidad luego de la feria de enero, los rohingyas –que se presentaron en Comodoro Py con su vestimenta típica hace más de un año– esperan que los criminales paguen por sus delitos. En Myanmar, en tanto, los que no pudieron escapar temen que este nuevo golpe sea la excusa para terminar con la “limpieza étnica” que lleva décadas. Los birmanos, por su parte, van perdiendo el miedo y reclaman por la democracia perdida, condicionada pero que mantenía la esperanza de construir un futuro diferente.
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