La pandemia desnudó las enormes inequidades sociales en el mundo. Y, por obvias razones, donde más se reflejaron fue en los sistemas de salud. La imagen del primer ministro británico Boris Johnson agradeciendo al personal que lo atendió cuando se contagió de COVID-19 fue un símbolo. Meses antes, durante la campaña electoral, el laborismo había mostrado a un niño atendido en el suelo de un hospital de Leeds por falta de camas como ejemplo de las políticas conservadoras que Johnson encarnaba, tras décadas de recortes al servicio de salud pública del Reino Unido. Desde marzo de 2020 esas mismas escenas se vivieron en otros países por la explosión del coronavirus. Si en Argentina no ocurrió algo parecido fue porque el flamante Gobierno tuvo tiempo de poner barbas en remojo y reforzar un sector maltrecho por políticas de ajuste impuestas desde el menemismo. El debate sobre la cobertura médica atraviesa el mundo en distintos grados. Aquí, la vicepresidenta Cristina Fernández removió las aguas con una frase que desencajó a quienes preferirían no hacer olas en temas semejantes. Propuso diseñar un sistema integrado de salud sobre la base de la experiencia de este año y medio con el modelo actual: público, sindical y privado. «¿El sistema no está integrado acaso a las patadas y a la fuerza porque lo impuso la realidad?», dijo. De inmediato surgieron quejas opositoras y mediáticas enardecidas en contra de lo que se mostró como un intento de estatizar el sistema de salud y trayendo a la memoria que, siendo presidenta, Fernández había terminado con el sistema de las AFJP. La palabra al uso en estos casos resulta ser «caja». Para esos sectores, el objetivo del kirchnerismo sería apropiarse de fondos de algo más del 9% del PIB nacional, ahora diseminado en distintos efluentes. Sin embargo, aparecieron voces que, inesperadamente, saltaron la grieta y salieron en apoyo de la propuesta. Entre ellos el exsecretario de Salud de la Nación de la gestión Macri, Adolfo Rubinstein, y del ministro de esa misma cartera en la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. «Me parece que la reforma sanitaria es uno de los temas que forman parte de las asignaturas pendientes en nuestro país junto con otras reformas. El sistema de salud argentino necesita de profundas reformas», tuiteó Rubinstein, que no suele ser condescendiente con el oficialismo. «La complejidad del sistema de salud en la Argentina es de tal magnitud que merece diálogo y un camino en común sobre cómo se construye un sistema sanitario más potente y de más calidad, más orientado a resolver los problemas modernos», abundó Quirós. Según datos de la Federación de Mutuales de Salud, la Fundación Isalud y el Banco Mundial, citados por el semanario Tiempo Argentino, el 48,6% de la población se atiende en obras sociales, ya sea nacionales o provinciales; el 26,7% en el sector público; el 10,3% son afiliados de PAMI y el 3,9% en mutuales y cooperativas. El sistema público es gratuito, el resto se financia con aportes de trabajadores y de las empresas en el caso de los registrados. En el mundo de la salud hay prestadores y financiadores y, además, servicios nacionales, provinciales y municipales «y muchas obras sociales que no se regulan por la Superintendencia de Salud», puntualiza el oficialista Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Por otro lado, obras sociales como la de los jubilados contratan a instituciones privadas, que en muchos casos tienen al PAMI como su principal fuente de ingresos. Las distintas reformas al sistema, incluso en el posmenemismo, habilitaron alianzas que acercaron los aportantes de mayores ingresos –«la crema del negocio» se los llama– a las prepagas, quitando recursos a obras sociales más chicas o dejando servicios de menor calidad a los de bajos ingresos. Les sucede a los monotributistas, que a pesar de su aporte mensual suelen penar con las peores coberturas. Entre los críticos de una reforma figuran las empresas de medicina prepaga, que tienen en Claudio Belocopit a un vocero muy efusivo, convincente y con mucho poder de fuego desde su canal América TV y el resto de los medios. El presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), dueño de Swiss Medical, viene reclamando que el Gobierno autorice aumentos en las cuotas y encabezó la presentación de una cautelar para que la Justicia permita un incremento del 9,7%. Para la cámara que comanda, el Gobierno está asfixiando al sistema de prepagas como paso previo a la estatización. Diplomático, Belocopit adhiere «plenamente al sistema estatal», pero agregó que «eso no significa que el privado no existe. Siempre pueden coexistir».
Una propuesta En concreto, está sobre la mesa un trabajo del Instituto Patria junto con la Fundación Soberanía Sanitaria y el Frente Ciudadano por la Salud. Propone la creación de un Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA), donde converjan municipios, provincias y privados, bajo la coordinación del Ministerio de Salud de la Nación y la supervisión de la Superintendencia de Servicios de Salud. Oscar Trotta, uno de los sanitaristas que participa del proyecto, ejemplificó de qué modo la integración haría más eficiente un gasto que está al nivel de los países más desarrollados. «A una persona que tiene obra social le hacen una radiografía en algún efector. No conforme con esa prestación, hace una segunda consulta en el sistema público de salud. En un sistema integrado, en esa segunda consulta le dirían: usted ya se hizo una imagen en tal sanatorio, y con esa imagen nos vamos a manejar». Un gran problema es el costo de las nuevas tecnologías y aparatología médica, pero también el de los medicamentos. «Utilizar el poder de compra del Estado cuando ello resulte en claras ventajas en el control de precios abusivos promoviendo compras centralizadas», ambiciona el proyecto en estudio, que así suma a la industria farmacéutica a las filas del rechazo. Durante la pandemia se destacó el modelo de salud de la provincia de Santa Fe. Si bien en la segunda ola estuvo a las puertas del colapso, no se encuentran cuestionamientos a las gestiones socialistas que potenciaron el servicio público. Una de las aristas destacadas es la producción pública de medicamentos a través del Laboratorio Industrial Farmacéutico, creado en 1947, convertido en Sociedad del Estado en 1999 y proveedor de Nación desde 2008. Otro aspecto esencial –un tema que Johnson no se cansó de elogiar tras su internación en el Hospital Saint Thomas– es el de los recursos humanos. Olvidados ya de los aplausos a las 9 de la noche de los primeros días, la noticia de renuncias crecientes en intensivistas preocupa a las autoridades. El presidente Alberto Fernández presentó un proyecto de ley para jerarquizar a los enfermeros, una demanda frustrada por el Gobierno porteño. Una protesta en el Puente Pueyrredón de trabajadores de hospitales públicos del área metropolitana fue reprimida por fuerzas policiales. Reclamaban contra la precarización laboral, por salarios dignos y el reconocimiento profesional.
Donald Rumsfeld, ex secretario de Defensa durante las gestiones de George W Bush y Gerald Ford y uno de los creadores de la doctrina que llevó no solo a las invasiones de Afganistán e Irak a principios de siglo sino a la destrucción de gran parte del Medio Oriente. A los 88 años, el belicoso estratega derechista falleció plácidamente en su finca de Taos, Nuevo México, informó su familia en un escueto comunicado que alaba su rol como “estadista estadounidense y devoto padre, esposo y bisabuelo”.
Como parte de un grupo ultraconservador que comenzó a desplegar su influencia en la administración pública estadounidense a través del Partido Republicano desde los años 70, Rumsfeld ocupó la cartera de Defensa entre 1975 y 1977, cuando Ford culminó el mandado de Richard Nixon tras su estrepitosa renuncia.
Siempre en pos de la construcción de un imperio todopoderoso, Rumsfeld fue también jefe de Gabinete del mandatario al que sus detractores decían que era incapaz de manejar una carretilla y silbar al mismo tiempo. Y que llegó al cargo luego del escándalo Watergate.
Rumsfeld volvió al candelero en 2001 con Bush hijo y, desde ese lugar, impulsó la invasión a Afganistán luego de los ataques a las Torres Gemelas, hace 20 años, en búsqueda del presunto organizador, Osama bin Laden, que comandaba y financiaba al grupo Al Qaeda. Ya que estaba, elaboró el discurso (que demostró ser falso) de que el líder irakí Saddam Hussein había logrado construir un arsenal de armas de destrucción masiva.
En el contexto del estupor mundial por el atentado del 11S de 2001, la administración Bush -mediante esa excusa- consiguió el apoyo de las potencias más importantes -salvo Francia- para invadir Irak, en 2003.
Con fuertes intereses en la industria farmacéutica, de construcciones y básicamente militar, Rumsfeld logró financiación para varios proyectos destinados al Pentágono, como el Future Combat System, el avión F-35, el buque de guerra clase Zumwalt.
A nivel internacional, fue promotor de la ley Patriot, también de 2001, que restringió derechos y garantías de ciudadanos de su propio país y extendió un sistema de vigilancia global al resto del mundo en aras del llamado combate al terrorismo.
En ese marco, también propició una estrategia para mantener y expandir el poderío estadounidense a todos los rincones de la tierra. La llamada Doctrina Rumsfeld-Cebrowski aparece como un plan de rediseño del llamado Medio Oriente ampliado que tomó como horizonte el Estado Mayor Conjunto de EEUU en ese mismo año.
En vista de lo difícil que resulta ganar una guerra en el campo de batalla para someter a los enemigos reales o ficticios del imperio -como mostró la derrota en Vietnam- para mantener el poder se hace imprescindible crear y administrar el caso en esas regiones.
El plan surgió del trabajo de la Oficina de Transformación de la Fuerza (Office of Force Transformation) que dirigió el almirante Arthur Cebrowski. Como señaló en su momento el especialista francés Thierry Meyssan, para seguir siendo la primera potencia mundial, Estados Unidos tendría que adaptarse al capitalismo financiero. “La mejor manera de hacerlo sería garantizar a los países desarrollados que podrán explotar los recursos naturales de los países pobres sin obstáculos políticos”.
El mundo que establecieron Rumsfeld-Cebrowski se dividía en dos: Por un lado EEUU, la Unión Europea, China y Rusia. Del otro lado, el resto del planeta, rico en recursos pero con el inconveniente de que para aprovecharlos debían tener algún tipo de relaciones con los estados nacionales.
El ejemplo de Libia es uno de los más claros para entender un esquema que dio sus frutos a un costo altísimo en vidas humanas. Derrocado Mohammar Khadafi en 2013, el país quedó devastado en tribus que se disputan territorios ricos en petróleo. Las multinacionales aprovechan este caos para extraer el fluido sin ningún tipo de controles estatales.
El mismo método se intentó aplicar en Venezuela, con el resultado que se conoce por la resistencia del chavismo. El intento de hacer lo mismo chocó en Siria con la obstinación del presidente Bachar al Assad, pero fundamentalmente con el rechazo de Rusia, que apoyó al líder sirio y forzó una derrota de las tropas alimentadas por la coalición occidental.
Allí, la ofensiva se desarrolló a través de grupos yihadistas apoyados por EEUU y la UE y que fueron claves en la destrucción de amplias estructuras locales. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, en 2016, cortó el suministro de recursos a Estado Islámico y de pronto -milagrosamente- desaparecieron del escenario.
Fue el primer reconocimiento de que la estrategia Rumsfeld-Cebrowski ya no era posible. Había cumplido su objetivo pero resultaba peligrosa esa “Guerra sin fin” en el mismo escenario donde en los 80 se había estrellado la Unión Soviética -Afganistán- y comprometía al futuro de EEUU como potencia. O ponía a Washington al borde de un enfrentamiento total con Rusia y llegado el caso, China, algo que sabe imposible de sostener a esta altura.
El retiro de tropas de esas regiones, un anuncio de Barack Obama que intentó sin éxito llevar a cabo Trump, es el objetivo declarado de Joe Biden. Ya Alemania retiró su contingente esta semana, falta el último toque de la Casa Blanca, algo que el mandatario demócrata prometió para antes del 11S.
No se supo mucho de lo que hablaron Biden y Vladimir Putin en Ginebra la semana pasada. Los trascendidos indican que el estadounidense reconoció que tenía que irse lo más dignamente posible y que EEUU enterraba oficialmente la Doctrina Rumsfeld-Cebrowski.
La muerte de su creador -Cebrowski se había ido en noviembre de 2005- luego de los millones de muertos que provocó esa estrategia, es en este momento una señal piadosa de los nuevos tiempos. Aunque quienes no quieren tan bien el ex secretario de Estado como su familia lamentan que no haya pagado por esos crímenes.
Le duró poco al gobierno de Jair Bolsonaro su acercamiento a los pueblos originarios. Apenas lo que daba para asociarse a Mauricio Macri en su crítica a la desafortunada frase del presidente argentino sobre los antecesores de los brasileños. Este martes la policía reprimió una manifestación en Brasilia de la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que protestaban contra el avance de ese proyecto de ley, que altera las reglas de delimitación de sus tierras ancestrales. Fueron gases lacrimógenos contra arcos y flechas.
“Hoy es un día bastante preocupante en lo que respecta a las manifestaciones, pero también a la democracia”, declaró en una rueda de prensa posterior Joenia Wapichana, la primera diputada indígena de Brasil. La iniciativa transfiere del Ejecutivo al Legislativo el proceso de demarcación de esos territorios y los indígenas temen que los cambios permitan la explotación comercial de las reservas naturales.
No habían pasado 24 horas cuando el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, presentó su renuncia a raíz de una investigación por su presunta participación en la exportación ilegal de madera de la Amazonía a Estados Unidos y Europa.
Salles, de 46 años, fue desde el primer día muy cuestionado por indígenas, académicos y ambientalistas por no haber impedido la deforestación de ese pulmón del planeta y haber facilitado los negocios de explotación ganadera o venta de madera.
Curiosamente, también recibía críticas de los del agronegocio, porque consideraban que su política ambiental daña la imagen internacional de Brasil, una potencia agropexportadora, y hasta le puede cerrar puertas en el exterior.
El poderoso gremio de los camioneros de Estados Unidos se fijó como objetivo prioritario la sindicalización de los trabajadores de Amazon. “Los Teamsters (como se denomina en ese país a los conductores de camiones) construirán los tipos de trabajadores y poder comunitario necesarios para enfrentarse a una de las corporaciones más poderosas del mundo y ganar”, destacó en un video de casi media hora Randy Korgan, titular de la seccional de camioneros de Amazon, según publicó la especialista Lauren Kaori Gurley el portal vice.com.
La propuesta, aprobada este jueves en un plenario con medio millar de delegados, consiste en fortalecer un área especial de la Hermandad Internacional de Camioneros, como se llama el gremio (BIT, por sus siglas en inglés), para concientizar a los trabajadores de la necesidad de defender sus derechos en un colectivo de pares.
A principios de abril, la empresa creada por Jeff Bezos en 1994 había logrado un triunfo cuando la mayoría de sus empleados había rechazado por mayoría simple la propuesta de formar un sindicato. Y para mostrar su agradecimiento a los que habían militado la salida individual, otorgó un aumento de entre 50 centavos y tres dólares por hora -según el compromiso o la tarea realizada- a 500 mil trabajadores de los equipos de cumplimiento, clasificación y entrega de productos.
La enorme corporación está en la mira del nuevo gobierno estadounidense. Joe Biden apuntó varias veces contra las multinacionales que encuentran recovecos legales para no pagar impuestos dentro de EE UU. El crecimiento de Amazon durante la pandemia fue espectacular al punto que sumó medio millón de nuevos empleados y en todo el mundo ya tiene una plantilla de 1,3 millones. Casi como la cantidad de camioneros afiliados en EE UU.
El sindicato fue la avanzada del movimiento obrero estadounidense por décadas. El más famoso de sus dirigentes fue Jimmy Hoffa, que dirigió la Hermandad entre 1957 y 1971, cuando renunció a cambio de que lo liberaran en una causa por fraude e intento de soborno. Vinculado con sectores de la mafia, unos años más tarde, desapareció misteriosamente. Su historia fue contada varias veces por Hollywwod, la última en El Irlandés, de Martín. Scorsese, en la que su papel es interpretado por Al Pacino. Ahora, los herederos de Hoffa aceptan el convite de Biden para encabezar un regreso del sindicalismo como columna vertebral del Partido Demócrata. Y si se da crédito a las palabras del presidente, a un renacimiento de la clase media, nacida al calor de los sindicatos, según destacó en varias ocasiones.
Como viene ocurriendo desde hace 29 veces, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó el bloqueo que Estados Unidos impuso a Cuba hace casi seis décadas. El resultado fue nuevamente abrumador: 187 votos a favor de la posición de Cuba, tres abstenciones y apenas dos votos en contra: EEUU e Israel. Las abstenciones de Ucrania y Colombia forman parte de la cercanía de ambos gobiernos con Washington. La de Brasil es todo un mensaje.
Esta vez, a diferencia de la última votación, en 2019, cuando el gobierno de Jair Bolsonaro acompañó a la administración de Donald Trump en un solitario trío anticubano con Israel, Brasil eligió un camino del medio: al ultraderechista ocupante del Palacio de Planalto no le da para apoyar al proceso revolucionario de la isla, pero tampoco iba a acomodarse al calor de Joe Biden y los demócratas a cambio de nada. Las diferencias entre el ex capitán del ejército brasileño y el mandatario demócrata son tan marcadas como para, el menos en esta etapa, pensar que podría dar semejante salto en el aire.
Es cierto que EEUU pierde siempre esta votación y que con el tiempo se fueron sumando las voces en contra del bloqueo, que según estimaciones cubanas, causó perjuicios por cerca de 150 mil millones de dólares, además de los obstáculos para el ingreso de alimentos, medicamentos e insumos imprescindibles. Pero no es menos cierto que la Casa Blanca tiene el récord de sordera acerca de la voluntad del resto casi absoluto del planeta de terminar con esa rémora de la Guerra Fría.
la última vez que un gobierno estadounidense quiso poner n poco de racionalidad a Ese despropósito fue durante la gestión de Barack Obama, siendo vicepresidente Biden. Hubo encuentros con el entonces presidente cubano, Raúl Castro, se reanudaron las relaciones diplomáticas y todo indicaba de de triunfar los demócratas en 2016, estaba tapizado el camino hacia el fin de las restricciones impuestas en 1962.
El sendero hacia a la normalización había partido de la certeza, enunciada por el propio Obama, de que en lugar de aislar a la revolución cubana, el bloqueo había aislado a EEUU del resto de América Latina.
La votación en la ONU de 2016 fue también paradigmática. Fueron 191 votos a favor de Cuba, dos abstenciones y ninguno en contra. Las abstenciones fueron de EEUU e Israel. Era lo más que podía ir Obama.
Trump dio vuelta esa política 180 grados. Llegó al poder en gran medida por el voto empecinado de la comunidad cubana de Florida y solo se limitó a agrandar esa brecha. Bolsonaro estaba en su salsa. Las otras dos abstenciones, Colombia y UIcrania, puede explicarse por la necesidad de ambos gobiernos del apoyo estadounidense para poder mantenerse.
En el caso ucraniano, para sostener a un régimen instaurado tras el golpe contra Viktor Yanukovich, en 2014, ante la resistencia de sectores de la población prorrusos. En cuanto al país latinoamericano, desde el Plan Colombia de 1999 el apoyo en dinero, armamento y logística es fundamental para sostener en su momento la lucha contra la guerrilla por el Ejército y actualmente a un gobierno que enfrenta al rechazo popular en las calles a sangre y fuego.
“Una vez más, desde Naciones Unidas #el mundo dice no a la agresión y a las políticas fracasadas de EEUU contra Cuba. Es una gran victoria del pueblo cubano, de la justicia y de la verdad”, tuiteó el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla.
“Como el virus, el bloqueo asfixia y mata y debe cesar. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!”, proclamó Rodríguez Padilla en un discurso presencial de 30 minutos en la Asamblea General. La embajada cubana en Buenos Aires celebró con un grupo de dirigentes locales este nuevo acontecimiento.
“Estados Unidos está con todos en la defensa de la libertad de Cuba. Los cubanos, como todas las personas, merecen el derecho a libertad de expresión, reunión, cultura”, argumentó el coordinador político de la misión estadounidense ante la ONU, Rodney Hunter. Una explicación liviana para lo que aparece como una gran contradicción de Biden contra su misma posición hace 5 años. Y que además no toma en cuenta la postura de los países latinoamericanos y de sus aliados de la OTAN, totalmente contraria.
Analistas consideran que mientras el nuevo mandatario no pueda avanzar con ala ambiciosa agenda “rooseveltiana” que se propone, para la que necesitará votos en el Congreso de demócratas del ala derecha, nada va a cambiar sobre el rumbo que fijó Trump en muchos aspectos de la política exterior. Y este es uno de ellos.
Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca Terán es hijo de uno de los fundadores del FSLN. Es también un activo militante de la causa nicaragüense en un momento en que ese país centroamericano está en el ojo de la tormenta. Esta semana, el titular de la OEA pretendía suspender a Nicaragua por la detención de dirigentes opositores al gobierno de Daniel Ortega, pero su deseo se redujo a una condena. Argentina y México se abstuvieron de votar.
“Todos fueron detenidos por delitos penados por las leyes nicaragüenses”, afirma Fonseca Terán a Tiempo. “Algunos por violar la ley aprobada en diciembre que establece como traición a la patria la petición de acciones de gobiernos extranjeros que afecten a Nicaragua a sus instituciones y ciudadanos, como en este caso son las medidas de agresión que EEUU ha estado aplicando a nuestro país y que ellos llaman sanciones”, agrega.
Las sanciones se basan en normativas que extienden la jurisdicción estadounidense, como la Nica Act, de 2018 -luego de la crisis de abril de ese año calificada como intento de golpe por el gobierno- y una que se votaría este martes, Renacer, que amplía motivos para castigar a funcionarios, una suerte de extensión de la Ley Global Magnitski.
“Otros fueron detenidos por lavado de dinero, como un banquero, o Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, que ha reconocido que recibe dinero para su fundación de agencias de EEUU y europeas de trayectoria desestabilizadora como USAID, la Fundación Soros o la Oxfam”, detalla Fonseca Terán.
-¿No resultan contraproducentes esas detenciones, que generan rechazos en el exterior al punto de que algunos tildan al gobierno de dictadura?
-Por supuesto que políticamente es contraproducente. Sin embargo, esa no puede ser una razón para no aplicar la ley. Nosotros tenemos que respetar nuestro propio estado de derecho y por eso estamos dispuestos a pagar los costos que sea necesario. Si por una consideración política de tipo coyuntural no aplicamos una ley en un tema que tiene que ver con la estabilidad, la autonomía y la autodeterminación se estaría generando un daño estratégico de largo plazo en aras de un rédito político. Estamos conscientes de que políticamente no nos conviene hacer lo que estamos haciendo, sin embargo tenemos que hacerlo precisamente porque la motivación no es política. Por otro lado, en encuestas de la oposición como algunas pedidas por nosotros no hay ni uno solo de los detenidos que llegue ni cerca a tener los porcentajes que tiene de respaldo nuestro presidente.
-Si no eran tan influyentes ¿no les están dando una entidad que no tenían?
-La ley era para evitar que ellos continuaran en esas actividades que han insistido y a nosotros nos parece que lo han hecho adrede para provocar esta situación. Al saber que no tienen posibilidades, buscan cualquier manera de deslegitimar las elecciones.
-Hay quienes dicen que Nicaragua está en la mira por el proyecto para hacer un canal interoceánico con capitales chinos.
– Hemos dicho que no renunciamos a nuestro derecho a construir el canal, pero debido a lo que se dio en el año 2018 se nos dificultó mucho más la gestión vinculada a los fondos necesarios para la puesta en práctica. Estamos conscientes de que una de las razones del recrudecimiento de la agresividad que siempre tuvo EE.UU. contra nosotros es precisamente la construcción del canal interoceánico. Nuestra historia entera está marcada por nuestra ubicación geográfica, que debería ser una bendición y se ha convertido en una maldición.
-¿Cómo está la situación económica, tras un año y medio de pandemia?
-Desde que el FSLN regresó al gobierno, en 2007 el país había crecido a un promedio de 4,5%. A raíz de 2018 se inició un decrecimiento hasta que este año comenzó a recuperarse a nivel de un 3%, a pesar de dos huracanes fuertísimos que embistieron a nuestro país y la pandemia. En el manejo de la pandemia logramos mantener un equilibrio: nuestro país no se puede dar el lujo de paralizarse económicamente, porque la característica de nuestro modelo es que incluye un papel protagónico de la economía popular autogestionaria como parte del proceso de socialización de la propiedad y la democratización de la economía. Tenemos un modelo sanitario muy participativo que nos ha permitido enfrentar de manera muy exitosa el coronavirus, a pesar de que la oposición ha estado empeñada en un discurso que genere zozobra. Médicos voceros de la derecha habían pronosticado una cantidad apocalíptica de contagios y muertes en base a su postura de ir a una cuarentena estricta que no se produjo. La tasa de mortalidad es menor al promedio de la región y la de EEUU (registra 188 muertos en total y 8000 contagios). La inversión en salud paso de 32 dólares per cápita en el 2006 a 72 dólares y llevamos construidos 18 hospitales desde 2007, con un acceso universal a la salud.
-¿Esperan algún cambio con la administración Biden?
-No tenemos esperanzas ni expectativas positivas. Nunca ha venido nada bueno de EEUU. Sabemos que peor que Trump difícilmente haya. Pero eso no significa que haya expectativas, aunque es posible una política algo más racional con respecto al mundo.
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