Mark Zuckerberg quedó otra vez expuesto por sus prácticas comerciales pero, al mismo tiempo, demostró el poder de las redes sociales que controla, como cuando se conoció el “servicio” que Facebook (FB) había prestado para campañas electorales de candidatos derechistas en varios países del mundo a través de datos que utilizó la consultora Cambridge Analytica. Con una gimnasia propia de los gatos, el simpático exalumno de Harvard, que figura como la tercera persona más rica del mundo según Forbes, tuvo siempre habilidad para caer parado. Y por cómo se dieron los acontecimientos, no pocos sospechan que el apagón de WhatsApp, Instagram y FB de este lunes estuvo relacionado íntimamente con las denuncias de Frances Haugen, una exgerente de producto de la empresa, el día anterior en TV y el martes en el Congreso.
Haugen renunció tras dos años en Facebook, el buque insignia de Zuckerberg. Formaba parte de un equipo llamado de Integridad Cívica, que tenía como objetivo asegurarse de que la plataforma no sirviera a intereses y valores contrarios a la democracia y afectara la seguridad de los usuarios.
Fue una consecuencia del escándalo Cambridge Analytica, una consultora que con información provista por FB manipuló a usuarios en elecciones, como el referéndum por el Brexit, comicios en varias naciones -en Argentina, como reconoció el titular de la consultora, Alexander Nix, ante una comisión del Parlamento británico, contra el gobierno de Cristina Kirchner- e incluso fue clave para el triunfo de Donald Trump y Jair Bolsonaro.
En octubre de 2018, FB creó una equipo para combatir las noticias falsas y vigilar la difusión de discursos disruptivos con la democracia. Al frente puso a Samidh Chakrabarti, experto en inteligencia artificial, historia y políticas públicas que trabajaba para FB desde 2015. Un artículo de la revista Time lo describe como “un hombre del Renacimiento”.
Había un “juramento cívico” que planteaba “servir primero a los intereses de la gente, no a los de Facebook”. Según Haugen, eso quedó en la nada luego de que Zuckerberg decidiera desarticular a ese departamento, tras las elecciones de 2020. Para la mujer, FB ya no quería una oficina que tuviera como prioridad el interés de los usuarios.
Semanas atrás, Haugen filtró a Wall Street Journal estudios sobre la influencia maligna de Instagram en adolescentes, que luego de ver fotos en esa plataforma se sentían peor con sus cuerpos. Y, también, investigaciones sobre cómo el cambio en un algoritmo de FB incentivó publicaciones de odio y desinformación.
Haugen envió copias a la Comisión de la Bolsa de Valores (SEC) y al Congreso, donde testificó este martes ante una Comisión del Senado – casualmente, un día después del apagón que dejó sin los servicios a casi la mitad de la población mundial-. “No se trata simplemente de que algunos usuarios de las redes sociales estén enojados o sean inestables, o de que unos se radicalicen contra otros; se trata de que FB elija crecer a toda costa, comprando sus ganancias con nuestra seguridad”.
Y agregó: “la compañía sabe cómo hacer que FB e Instagram -a la que considera la red más peligrosa- sean más seguros, pero no hará los cambios necesarios porque han puesto las ganancias astronómicas antes que a las personas”.
La justificación de FB es que sus ingresos dependen de la publicidad y que no cobran por sus servicios. Pero esas ganancias dependen de los clics que consigan. Y los cliqueos aumentan con discursos extremos.
Zuckerberg y las tecnológicas están en la mira desde hace tiempo en Estados Unidos y Europa. Trump había intentado en 2018 aplicar las leyes antimonopolio, y ahora, que fue cancelado por algunas de ellas, reclama por su libertad de expresión mediante acciones judiciales.
Hace exactamente un año, cuando faltaban unos días para las presidenciales, los CEOs de las principales plataformas de Internet, Jack Dorsey de Twitter, Sundar Pichai de Google y Zuckerberg, debieron comparecer ante el Comité de Comercio de la Cámara Alta. Roger Wicker, republicano por Mississippi, criticó que esas plataformas se hayan convertido “en un poderoso árbitro de la verdad y el contenido al que los usuarios pueden acceder”. La regulación de esos medios fue también eje de la campaña de los demócratas y motivo de debate en la Unión Europea. La cuestión es quién le pondrá el cascabel al gato.
La nueva filtración de documentos relativos a guaridas fiscales donde las élites mundiales ocultan sus bienes de los organismos impositivos ofrece detalles que resultan interesantes de analizar, no tanto por lo que revelan como por lo que no termina de aparecer.
Se sabe que líderes de varios países del mundo tienen que dar explicaciones sobre montañas de dinero que tenían, según creyeron, a resguardo de miradas indiscretas y ahora quedan al desnudo. Tres presidentes en ejercicio de Latinoamérica -Guillermo Lasso de Ecuador, Sebastián Piñera de Chile y Luis Abinader, de República Dominicana- y once ex mandatarios, entre ellos de Perú, Colombia, de Paraguay. En la volteada aparecen el rey emérito de España Juan Carlos I (cuándo no), el rey de Jordania, presidentes de Ucrania y Kenia, el primer ministro checo.
Se sabe también que Argentina se ubica en el podio de los mayores implicados en este tipen el índice de “beneficiarios finales” de empresas radicadas en esas cuevas fiscales por millón de habitantes, sería el primero lejos.
Se sabe, además, que hay implicados deportistas, cantantes, dirigentes políticos, que eligen escamotear sus ingresos del escrutinio del resto de la población para no aportar su cuota parte en el mantenimiento de las comunidades en las que viven y de las que extraen esos beneficios.
Todos en mayor o menor medida están dando sus explicaciones. Algunos es escudan en que el hecho de formar una empresa offshore no es ilegal, o que tenían el dinero declarado de alguna manera no tan visible.
El expresidente Mauricio Macri, a modo de ejemplo, cuya familia suele aparecer en este tipo de investigaciones y ahora no fue la excepción, declaró hace un mes que “para ganar plata hay que evadir impuestos”. Y no hubo un escándalo nacional por esas palabras en los grandes medios, esos mismos que ahora presentaron el informe conocido como Pandora Papers. Lo que no aventura demasiado escándalo en algunos lugares del mundo.
Como sea, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) forman parte de los diarios más influyentes de varios países del mundo: Estados Unidos, el Reino Unido, España, Francia, Alemania. Por Argentina participaron periodistas de La Nación, Infobae y ElDiarioAR. El trabajo fue sin dudas inmenso ya que se trató de casi 12 millones de archivos provenientes de 14 empresas de servicios offshore y participaron más de 600 periodistas y analistas informáticos de 117 naciones durante dos años hurgando en esa enorme cantidad de material.
Pero hay algunas lagunas en la información que, posiblemente se comiencen a develar en los próximos días -la información va saliendo a cuenta gotas por una estrategia mediática comprensible- o que quizás no tengan respuesta.
El agregado de “Paper” a la revelación de información secreta nació en los 70 con los Pentagon Papers, la primera gran filtración de documentos sensibles producida por un analista del departamento de Estado, Daniel Ellsberg, sobre la guerra de Vietnam, en 1971. No la pasó bien Ellsberg y a punto estuvo de ser juzgado por traición a la patria durante el gobierno de Richard Nixon.
En lo que va del siglo, el caso que más trascendió también tenía relación con aventuras bélicas de Estados Unidos y fueron los documentos que otro analista, Chelsea Manning, filtró sobre atrocidades en Irak y Afganistán de tropas de ese país en 2010 a través del sitio WikiLeaks. Tampoco la pasó bien Manning, detenida en una prisión de máxima seguridad de EEUU e indultada por Barack Obama como un gesto final antes de dejar el gobierno, en 2017. El que la pasa peor es el australiano Julian Assange, el creador de Wikileaks, una plataforma que usa servicios encriptados para proteger a quienes compartan información que afecte a la sociedad en manos de pocos y poderosos, ya sean gobiernos o individuos.
Pandora Papers tiene el mayor volumen de datos de alguna filtración, según quienes investigaron el caso. Supera a los anteriores Panama Papers, Paradise Papers y Offshore Papers en cantidad de información: son casi tres Terabytes. Todos estos escandaletes salieron a la luz mediante plataformas encriptadas.
Lo que algunos malpensados sostienen es que si bien aparecen datos a granel sobre estudios y consultoras que realizan la tarea de crear esas compañías en cuevas fiscales, no hay de Estados Unidos ni de su mayor distrito con protección para inversores, que es Delaware. Por casualidad, se diría, ese pequeño estado es el que el actual presidente Joe Biden representó como senador durante 36 años, desde 1973 hasta que fue vicepresidente de Obama.
Tampoco aparecen las mayores fortunas estadounidenses. Apenas un no tan conocido Robert F. Smith, un multimillonario que ya tuvo algunos problemas con la agencia de recaudación y debió pagar 140 millones de multa. No es por pensar mal, pero Smith es el afroamericano más rico de EEUU.
Por otro lado, es cierto que los periodistas no deben revelar sus fuentes, pero los mismos medios que en 2010 blandieron la espada de la transparencia sobre las revelaciones de WikiLeaks y luego miraron para otro lado acerca de la suerte de Manning y Assange -que pasó estos últimos nueve años de su vida sin ver la luz del sol, primero en la embajada de Ecuador en Londres y desde 2019 en un penal de esa ciudad- ahora vuelven a mostrar su rol de fiscales sin inmutarse. Ahora, como antes, están el Washington Post, El País de Esoaña, The Guardian de Gran Bretaña, Le Monde, de Francia. La pregunta sería quién es capaz de semejante filtración sin sufrir la amenaza de padecer las mismas consecuencias que Assange, por decir algo.
El presidente de EE UU está acotado por los demócratas “moderados” y el ala progresista. Unos piden austeridad; los otros, cumplir con las promesas.
Joe Biden confía en que sus proyectos de Infraestructura y Gastos Sociales puedan ser aprobados en el Congreso estadounidense. “No importa si en seis minutos, seis días o seis semanas, pero lo haremos”, dijo a la salida de un cónclave con sus correligionarios en el Capitolio. Y seguramente logrará atravesar los escollos que se le presentan, lo que no puede garantizar es cómo saldrán esas propuestas que hace algunos meses sonaban a revolucionarias en el marco de la cultura bipartidista conservadora que comanda los destinos del país hace décadas. A Biden le está costando más poner en fila a los propios que lidiar con los contrarios.
El ambicioso plan de Infraestructura presentado en abril pasado bajo el nombre de Build Back Better (Reconstruir mejor) destinaba 2,5 billones de dólares en ocho años para inversiones en carreteras y puentes, vías férreas, servicios de agua, banda ancha en todo el territorio e incentivos para nuevas tecnologías respetuosas del medio ambiente. Un plan “peronista”, lo tildaron algunos.
El primer renuncio en la negociación con los republicanos fue bajar el monto a 1,7 billones en junio. Se podrá decir que la cifra propuesta hace seis meses era para negociar. Lo mismo podría creerse que era la Ley de Gasto Social de 3,5 billones durante una década que tiene como destino la educación, la salud, el bienestar de las familias de menores recursos y el cambio climático que Biden pretende solventar con un incremento en los impuestos a las corporaciones y las élites millonarias.
En un principio se explicó que la Casa Blanca buscaba subir la tasa impositiva para empresas del 21% actual al 28% que tenía en 2017 y que Donald Trump hizo bajar abruptamente. Ahora Biden se conformaría con un 15% sobre los ingresos contables que se reportan a los inversores, según la vocera Jen Psaki, quien aseguró que de todas maneras el mandatario tratará de llegar al 28% porque “piensa que las corporaciones pueden permitirse pagar más”.
Sucede que dentro del Partido Demócrata fue creciendo un ala progresista entre los que descuellan un puñado de legisladoras de origen inmigrante que tienen como faro a la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, pero fundamentalmente a su par de Vermont, Bernie Sanders, quien lleva la voz cantante. Fue precandidato a presidente y resignó su disputa con Biden en 2020 a cambio de un programa de cambios que ahora pretende que se cumpla.
Sanders, la representante por Washington Pramila Jayapal y la neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez salieron al ruedo para explicar por qué rechazaban la estrategia de la líder demócrata en el Congreso Nancy Pelosi de votar Infraestructura y Gasto Social récord de manera separada. No querían que se tratara el primero si antes no se votaba el segundo, para no caer en viejas trampas legislativas. Parecía una jugada arriesgada, pero así lo explicó el veterano senador, que se declara socialista: “Creo que es absolutamente imperativo que enfrentemos la amenaza existencial del cambio climático, que bajemos el costo de los medicamentos recetados, que nos aseguremos de que las personas mayores puedan masticar sus alimentos porque ampliamos Medicare al cuidado dental, audífonos y anteojos, es inaceptable que tengamos medio millón de personas durmiendo en las calles de Estados Unidos porque tenemos una gran crisis de vivienda”.
Dentro del partido hay un ala que los medios denominan “moderada” y que en este caso se expresa a través de los senadores Kristen Sinema y Joe Manchin. Ella, de Arizona; él, de Virginia Occidental. Manchin dice que se opone al plan de 3,5 billones porque está en contra de la “mentalidad de asistencialismo”. Sinema también muestra “preocupación” porque considera que los gastos sociales son “exorbitantes” y que conllevan un crecimiento de la inflación. “Estoy con 1,5 billones en gastos” se plantó Manchin.
El paquete debía votarse este viernes en la Cámara Baja –en Senadores fue aprobado con algunas reformas–, como pretendía Pelosi, pero tuvieron que bajarla del debate para no sacar los trapos sucios a relucir en un momento en que, además, la imagen de Biden viene en picada tras la desastrosa salida de Afganistán.
Por otro lado, esta semana la Casa Blanca enfrentaba otro desafío como la posibilidad de un cierre de la administración por falta de presupuesto. Contrarreloj –”cortando clavos se diría en estos lares”–, el oficialismo logró aprobar un aumento en el techo de la deuda hasta diciembre y “vamos viendo”. Los republicanos, en tanto, disfrutan desde las gradas cómo los demócratas se cuecen en su salsa.
Una película de 2004 dirigida por Sergio Arau puede ilustrar la realidad que están viviendo el Reino Unido en estos días. En Un día sin mexicanos, el director azteca ilustra en clave de humor lo que sucedería en California si de un día para el otro desaparecieron misteriosamente los latinos. Y cómo ese fenómeno afectaría a la economía del estado más rico de EE UU. Algo parecido están comprobando los británicos.
Ya van varios días sin los europeos que hacían el trabajo que no hacen incluso que desprecian- los nativos de las islas. Y se siente en la vida cotidiana con la falta de combustible, de provisiones en los supermercados, pero también en las cosechas y trabajos de cuidado que hacían gente de Portugal, de Rumania, de Polonia, de Grecia, de Eslovaquia. Y también inmigrantes de países extracomunitarios que habían logrado obtener pasaporte de la Unión Europea y que Brexit mediante, ahora resultan haber sido esenciales, pero no habían registrado ese pequeño detalle.
La crisis es de tal magnitud que la cámara británica de procesadores de carne alertó sobre la falta de mano de obra en ese rubro que haría peligrar las tradiciones navideñas. “Deberíamos haber empezado a producir alimentos navideños en junio o julio, pero hasta ahora no lo hemos hecho y habrá escasez de productos festivos, como las salchichas enrolladas en tocino”, dicen los empresarios en un artículo del diario The Times. Hacen falta al menos 15.000 carniceros, pero aunque lleguen en estos días, las fiestas ya no serán igual.
A todo esto se le puede agregar -aunque no es claro que esta también sea una consecuencia del divorcio de Europa- el aumento en las tarifas del gas y la electricidad, que trepan desde este 1 de octubre un 12% en el marco de una crisis en el sector que ya dejó un tendal de diez compañías quebradas en este año. En relación con el año pasado, los precios del gas subieron alrededor del 300%, según destaca un cable de la agencia Sputnik.
Entre los daños colaterales al Brexit, una decisión tomada en un referéndum que ahora los mismos votantes se cuestionan, están las relaciones con los países de la comunidad europea. Con España queda pendiente la cuestión de Gibraltar, una posesión británica desde 1713 que reclama Madrid y que hasta ahora estaba bajo el paraguas de la UE. Por el momento, los españoles aceptaron ceder a la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) la vigilancia de ese paso. Londres no quería que el control quedara en manos españolas y desde Bruselas le dieron el visto bueno.
Con los franceses hay otra cuestión pendiente. Sucede que con el Brexit la pesca en aguas británicas se debe negociar con Londres y las normas no son las mismas, además de que los pescadores galos resultan perjudicados por medidas proteccionistas británicas. Este martes el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales de Gran Bretaña informó haber otorgado licencias de pesca para 1700 buques comunitarios. Los franceses pidieron 47 permisos para buques de hasta 12 metros de largo y recibieron solo 12. Las aguas, para nada están calmas en el canal de la Mancha. Mientras tanto, en Europa toman medidas para apoyar a las regiones o los sectores más afectados por la salida del Reino Unido con un fondo de 5.000 millones de euros.
Más allá de estas cuestiones, ahora en Europa descubren el objetivo de las últimas movidas de Boris Johnson a nivel global, como la formación de AUKUS, junto con Australia y Estados Unidos, para contrarrestar la influencia de China en la región Indo-Pacifico.
El expresidente del gobierno español José María Aznar dijo en un encuentro de dirigentes conservadores hispanoamericanos: “el AUKUS sin la UE es una alianza claramente anglosajona y significa también desde el punto de vista europeo un triunfo de aquellos partidarios duros del Brexit. Es decir ‘podemos prescindir de la UE porque somos capaces de organizar alianzas con el mundo anglosajón’“.
Aznar descubrió que con Joe Biden tanto como con Donald Trump, el Brexit y el AUKUS son dos caras de la misma moneda.
La detención de Carles Puigdemont en la isla italiana de Cerdeña, le dio un nuevo impulso al independentismo catalán, cuando desde Madrid el gobierno de Pedro Sánchez había abierto un diálogo con el president de la Generalitat, Pere Aragonés. “España no pierde nunca las oportunidades de hacer el ridículo”, dijo el líder independentista cuando fue liberado, pocas horas después.
Puigdemont fue apresado ni bien pisó el aeropuerto de L´Alguer, el jueves pasado, cuando iba a la 33ª edición del Aplec Internacional de Adilfok, un festival de la cultura catalana que se desarrolla hasta hoy. No se trata de un evento traído de los pelos. Durante casi cuatro siglos -entre 1326 y 1718- la región estuvo bajo el dominio de la corona de Aragón y luego España. En la actualidad hay unos 44.000 habitantes que hablan catalán allí, en L´Alguer, al que irónicamente se conoce como la Barceloneta Sarda.
Puigdemont, desde la fallida declaración de independencia de octubre de 2017, tiene pedido de captura de Madrid por sedición y malversación de fondos solicitado por la gestión de Mariano Rajoy.
La primera vez que fue detenido fue en 2018, cuando llegó a Bruselas en reclamo a las autoridades de la Unión Europea por la situación de Cataluña, pero prontamente fue liberado Hubo una segunda detención en Alemania en 2018, salió de prisión a los cuatro meses. Esta vez, en Italia, este sábado fue recibido con honores por una multitud en las calles del casco viejo de la ciudad sarda. “Estoy acostumbrado a ser perseguido por España pero siempre termina igual. Estoy libre y seguiré peleando”, dijo.
Puigdemont, titular de la Generalitat cuando llamo a un referéndum reprimido brutalmente por el gobierno de Rajoy, desde Bruselas se enfrenta a embates judiciales de manera simultánea. Por un lado, está el reclamo de la justicia española, que sin embargo no impidió que fuera elegido eurodiputado en julio de 2019, lo que debería implicar inmunidad parlamentaria. Pero su caso está en controversia porque España había dictado una “euroorden de arresto” en 2017 y hay planteos sobre si rige o no para él.
Por otro lado, el Parlamento europeo le quitó la inmunidad por considerar que no se sometía a la justicia, en marzo. Recurrida la decisión por sus abogados, aún faltaría el fallo definitivo del Tribunal General de la Unión Europea. De allí que Puigdemont haya calificado a su detención como ilegal.
El diálogo entre Aragonés y Sánchez, en tanto, tuvo un atisbo de comienzo el 15 de setiembre. Desde Madrid hubo un gesto de distensión cuando se dictó un indulto para nueve altos cargos del Govern implicados en la intentona secesionista de 2017. El president catalán y el jefe de estado español hablaron por más de dos horas en el Palau de la Generalitat, en Barcelona. “Las posiciones están muy alejadas, pero hemos coincidido en que la mesa de diálogo es el mejor camino”, dijo Sánchez a la salida. Aragonés declaró que había pedido una amplia amnistía para unos 3000 dirigentes procesados y la celebración de un referéndum como “la solución más inclusiva” al entuerto.
Angela Dorothea Kasner, hija de un pastor luterano y una profesora de latín e inglés, doctorada en Leipzig con una tesis sobre química cuántica, pasó parte de su vida en la Alemania comunista aunque tuvo el privilegio de cruzar a la parte capitalista regularmente a visitar a familiares. Casada en 1977, a los 23 años, con el físico Ulrich Merkel, pensaba en otro destino para sus días cuando el 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín y ella, según sus biógrafos, estaba enfrascada en su trabajo en la Academia de Ciencias.
Ese acontecimiento histórico llevó a la reunificación de Alemania de la mano de quien sería su mentor político, Helmut Kohl. Destinos cruzados el de ambos: ella había comenzado en la Juventud Libre Alemana, una organiza-ción antinazi ligada al Partido Comunista de la República Democrática de Alemania. Él se había iniciado en las Juventudes Hitleristas. Confluyeron en la Unión Demócrata Cristiana (CDU según las siglas en alemán).
Ya conocida por su apellido de casada, Angela Merkel supo cuándo dar el salto y en 1999 le propinó el golpe final a Kohl dentro del partido, esmerilado como estaba tras una serie de escándalos. Lo reemplazó como presidenta de la CDU y Kohl se terminó retirando de la vida política en 2002.
No sería sino hasta 2005 cuando cumpliría su objetivo de ser elegida canciller, inaugurando una era que muchos auguran difícil de olvidar. Su estilo de gestión, lejos de la estridencia pero firme y sin concesiones, fue puesta en controversia en varias ocasiones, pero siempre salió airosa. Un detalle no menor para la consolidación de la unidad europea es que si el basamento de la UE es el eje París-Berlín, durante sus 16 años de mandato pasaron cuatro presidentes en Francia. Y pudo con todos.
Del otro lado del Atlántico, también hubo cuatro inquilinos en la Casa Blanca. Fue durante el período final de George W. Bush que se las tuvo que ver con una crisis financiera que puso en jaque al euro. Ahí mostró su rostro más despiadado, obligando al resto de los socios de la UE a programas de austeridad que se ensañaron con la población de Grecia, pero también castigaron a Italia y España.
Sus enfrentamientos con Donald Trump integran un capítulo destacado en la historia del siglo XXI. Cuentan las crónicas que ella se quería retirar en 2016, pero Barack Obama le pidió que se quedara para intentar poner freno a las locuras de Trump.
Dentro de lo que se podía hacer con semejante personaje al frente de la potencia más poderosa del mundo, cumplió. Esa foto en la Cumbre del G7 de 2018 increpando al irreverente mandatario que había chicaneado a los jefes de estado de las principales economías del planeta no será fácil de superar.
Mientras consolidó el liderazgo de Alemania, acompañó a EE UU en Afganistán hasta hace unos meses. Pero no cedió en otras cuestiones centrales. Así, selló acuerdos comerciales con el gigante asiático mientras por otro lado fueron bloqueadas adquisiciones de firmas germanas por parte de capitales chinos. Y no rechaza la iniciativa de la Ruta de la Seda, que tiene un nudo importante en la ciudad que la vio nacer en 1954, Hamburgo. Para irritación de los estrategas geopolíticos de Washington, no se mostró propensa a impedir la llegada de los sistemas 5G chinos.
La relación con Rusia también esta teñida de ese pragmatismo sin disonancias que la caracteriza. Con Vladimir Putin tiene una relación de tú a tú: el presidente ruso fue jefe de la sede de la KGB en Dresde en la época de la Unión Soviética y habla fluidamente alemán.
En la era Trump también debió soportar la presión para clausurar el proyecto de gasoducto desde Rusia desti-nado a alimentar a la industria y calefaccionar a las ciudades en los crudos inviernos centroeuropeos. No es descabellado sostener que una de las razones para el golpe en Ucrania de 2014 fue impedir el paso del South Stream. Ahí se apuró el proyecto de reemplazo, Nord Stream, por el mar Báltico.
Trump logró en diciembre pasado que el Senado le aprobara una ley que sanciona a las empresas que participaban de la construcción de esa tubería. Con el cambio de gobierno, en enero pasado, la gestión de Joe Biden intentó que Merkel aceptara las mismas reglas de juego.
Difícilmente vaya a sonreír más de la cuenta -podrían tomarlo como una burla innecesaria- pero el 10 de septiembre pasado la petrolera rusa Gazprom anunció la finalización del gasoducto, de 1230 kilómetros de extensión. La tubería fue construida por un consorcio integrado también por la francesa Engie, las alemanas Uniper y Wintershall, la neerlandesa Shell y la austríaca OMV. El contrato de provisión es por 50 años y hasta ahora, dijeron en Berlín, los rusos están cumpliendo con la cantidad acordada. Con-fían en que este invierno resultará más tolerable.
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