El protocolo antipiquete pergeñado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era a todas luces un programa destinado a amedrentar a la población: un proyecto de represión autoritario adornado con recursos de markertingy parafernalia al uso de Hollywood. Ante la evidencia de que el plan económico del Gobierno de Javier Milei solo cierra con represión, la estrategia era comenzar a aplicarlo en el marco de la marcha organizada por partidos y movimientos sociales de izquierda para conmemorar el 20 de diciembre de 2001. Al mismo tiempo, el presidente anunciaría, al mediodía y por cadena de radio y televisión, su mega DNU de reforma de la economía, cuyos tramos esenciales se habían deslizado en los medios más cercanos a la coalición La Libertad Avanza-PRO. Pero si el objetivo era dar señales claras de que no se iban a tolerar cortes de calles, la realidad dejó abundantes chascarrillos en las redes sociales: la cantidad de fuerzas de seguridad destinadas al control de los manifestantes fue tan abrumadora que los propios uniformados cortaron las calles intentando cercar a los manifestantes hacia las veredas. Y tras el discurso presidencial, que finalmente fue emitido a la noche, esas mismas calles se llenaron de ciudadanos indignados que marcharon pacíficamente hasta el Congreso para expresar su rechazo. Sin protocolos y haciendo tronar sus cacerolas. El Gobierno recurrió desde días antes a un aparatoso bombardeo mediático amenazando con quitar los subsidios a los manifestantes que se sumaran a marchas. Su consigna fue: «El que corta no cobra». Pero también se traslucían temores ante las primeras reacciones luego de la brutal devaluación y el acelerado incremento de precios posterior. De todas maneras, el día elegido para presentar su mega DNU de apertura de la economía sonaba a provocación. Es que el 20 de diciembre de 2001 es una de esas fechas determinantes para la sociedad argentina, por el recuerdo de la feroz represión, con decenas de muertos, que puso fin al Gobierno de Fernando de la Rúa tras la experiencia de la convertibilidad y sus dramáticas consecuencias. Para colmo, muchos de los protagonistas de aquellos días están nuevamente en el poder y el DNU no es más que el reflejo de que para ellos –Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, Rodolfo Barra, entre otros– el decreto de estado de sitio del expresidente radical seguía vigente: de allí este protocolo, calificado de anticonstitucional por organizaciones de derechos humanos y juristas. Además, las medidas que anunciaría Milei no son sino una continuidad agravada de las que quedaron en el camino en aquellos aciagos días. Si en ese momento el grito en las calles era «que se vayan todos», la realidad 22 años después es que volvieron todos, por tercera vez, y con ataduras reforzadas al FMI. Caratular como provocación al día elegido para dar a conocer el decreto no es exagerado. Ya el Gobierno de Mauricio Macri había tenido en su momento una actitud similar cuando el 24 de marzo de 2016, al cumplirse los 40 años del golpe de Estado que inauguró la última dictadura cívico-militar, invitó al país nada menos que al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que finalmente tuvo que irse de «paseo» a Bariloche porque su presencia resultaba demasiado chocante. Ahora también debió sonar demasiado, y por eso la cadena nacional de Milei para anunciar su controvertido DNU se postergó hasta la noche. Pero desde temprano las fuerzas policiales iniciaron en varios puntos del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires requisas en colectivos y trenes, pidiendo documentos y tomando fotos a los pasajeros. Al deseo de atemorizar –desde tiempos de la dictadura que no se veían imágenes como esas– se les sumaron mensajes en las estaciones de trenes urbanos y hasta una pantalla con una imagen del presidente de la Nación que muchos identificaron con la película Gran Hermano, basada en la novela 1984, de George Orwell. Los canales cubrieron el accionar policial y en algunos casos los presentadores de noticias parecían estar a la derecha del Gobierno, alentando a impedir cualquier corte a como diera lugar. Mientras tanto, en las redes se repetían críticas sobre lo anticonstitucional del operativo y aparecían teléfonos y recomendaciones ante la posibilidad de que la represión fuera indiscriminada, como prometían las medidas que se ponían en marcha. La cantidad de personal de seguridad era tanta que no había modo de circular por las calles. Un pase de comedia que se continuó con el cruce del nuevo jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, con la ministra Bullrich. Fue cuando al exsecretario de Seguridad de Lanús le preguntaron qué tenía para decir sobre el operativo de las fuerzas federales. «Pregúntenle a Bullrich», dijo, de malhumor. Luego, alguno de los movileros descubrió que estaba dialogando con el líder piquetero Eduardo Beliboni y se descargó contra el funcionario porteño. No podía tolerar que se intentara resolver la cuestión hablando. Esa es también otra expresión de los tiempos que corren. La indignación de comunicadores televisivos que parecían ansiar actos de violencia, hasta el posteo –luego borrado– en la red social X de un diputado bonaerense pidiendo directamente que corriera sangre, hasta los de militantes de LLA también furiosos porque, finalmente, los manifestantes pudieron marchar pacíficamente, llegar a la Plaza de Mayo, leer un texto alusivo a aquel 20 de diciembre y luego desconcentrarse tranquilamente. Solo hubo un par de incidentes menores con dos detenidos. Toda la marcha y los movimientos de los uniformados fueron seguidos por pantallas ubicadas en el Departamento Central de la Policía Federal por el presidente de la Nación, la ministra de Seguridad y la titular de la flamante cartera de Capital Humano, Sandra Petrovello. Otro acting muy afín a las películas de acción. Lo que ocurriría después también fue un revival de diciembre del 2001: tras el mensaje de un cuarto de hora de Milei –rodeado de sus ministros y un Sturtzenegger que resaltaba por su vestimenta disonante– comenzaron los primeros cacerolazos en distintos puntos de la ciudad. A medida que iban creciendo las protestas espontáneas, miles de personas se fueron acercando de las esquinas más características de los barrios y se inició una marcha lenta hacia el Congreso donde hasta altas horas de la madrugada permanecieron cantando consignas contra las medidas anunciadas.
Los chilenos volvieron a rechazar un proyecto de constitución en reemplazo de la que rige en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet. Cuando se completaba el 99 del escrutinio, el Servicio Electoral (Servel) informaba que la opción “En contra” obtenía casi en 56% de los votos sobre el 44% del “A favor”. De esta manera se legitimó la Carta Magna que rige el país trasandino desde 1981 y que recibió nada menos que 63 modificaciones a lo largo de la democracia recuperada en 1990. De este modo se cierra un capítulo en la historia reciente de Chile, que tras la revuelta popular de 2019 y la llegada al gobierno del líder de las manifestaciones estudiantiles de 2010, Gabriel Boric, parecía encaminarse hacia el progresismo regional. La realidad indica que fue un giro de 360 grados para volver al camino inicial.
De todas maneras, esta nueva consulta popular fue una experiencia que es de pensar que servirá para que esos sectores que hace dos años habían construido una Constitución muy avanzada recuperen el camino de los grandes cambios sociales tras el susto de haber estado a las puertas de un texto aún más extremo del de Pinochet, que habían querido echar al trasto de la historia por las protestas en las calles del país.
Este domingo, unos 13 millones de ciudadanos acudieron a las urnas en una votación obligatoria -una de las condiciones que logró imponer la derecha para lo que se llamó “Plebiscito de salida” – y le dijeron “No” a una reforma verdaderamente regresiva. La Carta Magna había sido redactada al gusto de conservadurismo más rancio, encarnado en el Partido Republicano, que había logrado la mayoría de los cargos en el Consejo Constitucional para la elaboración del texto. La anterior consulta había sido rechazada por el 61% de los votos.
Esta Constitución ultraconservadora limitaba aún más si cabe el rol del Estado en la economía chilena y entre otras cosas, pretendía revisar las leyes de aborto. Si se tiene en cuenta que la normativa pinochetista era fruto de la primera experiencia a sangre y fuego de neoliberalismo de los Chicagos Boys en los ’70, con eso ya sería bastante para ver que quizás este extremo cuerpo constitucional sonaba a venganza más que a una propuesta con visos de ser aceptada para convertirse en Ley de Leyes.
Boric, que fue uno de los líderes de las rebeliones estudiantiles de los años 2010, esta vez se mostró neutral, para no quedar pegado a un resultado que apareciera como un referéndum sobre su gestión, que se inició en diciembre de 2021, luego de haber derrotado al ultraderechista José Antonio Kast en el balotaje. Kast, uno de los más conspicuos asistentes a la asunción de Javier MIlei a la presidencia hace 7 días, había fundado el Partido Republicano, que con 22 escaños tenía la mayoría para la redacción del texto ahora desechado, y se mostraba como el verdadero ganador de este proceso constitucional.
Foto: Pablo VERA / AFP
Las revueltas populares de 2019 dejaron literalmente al país patas para arriba y la centroizquierda mostró un avance inesperado y muy repentino. El caldo ce cultivo contra lo peor del neoliberalismo se venía macerando en todo el país desde una década antes. Así, la derecha pospinochetista, encolumnada detrás del dos veces presidente Sebastián Piñera, y los sectores del progresismo, que tenían en la llamada Concertación, en la que descollaba la socialista Michelle Bachelet, protagonizaron la vida democrática chilena desde 1990.
El emergente transitorio fue Boric, que desde su llegada al gobierno resulta cuestionado por no haber podido llevar a la práctica sus promesas electoral. Es que la derecha chilena si algo demostró en todos estos años es que tiene herramientas -lícitas y no tanto- para no ceder las riendas del país. Este giro de campaña que termina legitimando al legado pinochetista es una muestra bien patente.
La foto de un canal de Telegram de militantes de Víktor Orban es bastante elocuente sobre un posible contenido de la brevísima charla que en Buenos Aires tuvo el primer ministro húngaro con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. En un globito de telenovela gráfica, Orban le dice a Zelenski –con quien está enfrentado en el marco de la guerra con Rusia- “No te daré dinero. Buscate un trabajo”. Ningún libertario podría haberlo dicho mejor. Y fue lo que efectivamente hizo el ultraderechista que tiene a la Unión Europea y la Otán a mal traer por su cercanía con Vladimir Putin: este jueves bloqueó en Bruselas fondos por 50.000 millones de euros destinados a Kiev. El argumento fue que a Hungría le deben más de 20.000 millones y hasta que no le liquiden el total no piensa ceder. De esta cumbre se llevó la mitad, pero dice que no es lo que corresponde.
La ultraderecha mundial envió a algunos de sus más reputados líderes a la asunción de Javier Milei. La nota disonante fue la presencia de Zelenski, que no se anota en ese club, aunque para la estrategia atlantista del nuevo mandatario argentino era importante dar señal de que quiere alinearse con Europa y Estados Unidos. Habrá que ver de qué se disfraza si volviera a la Casa Blanca Donald Trump, que plantea terminar con la guerra acercándose a Putin.
Como sea, Orban salió de Buenos Aires hacia Budapest y luego fue el protagonista de la cumbre que se desarrolló el jueves para tratar el ingreso de Ucrania y Moldavia a la organización regional. Hubo una intervención ríspida del fundador del partido Fidesz (acrónimo de Fiatal Demokraták Szövetsége, Alianza de Jóvenes Demócratas), que en 2022 logró su quinto mandato consecutivo.
Orban había dicho el miércoles que levantaría el veto a Ucrania a condición de que la UE le desbloqueara fondos congelados por las críticas a la reforma judicial que, según los líderes europeos, iba contra los cánones establecidos en la organización continental. Paro al llegar a Bruselas se descargó: «No hay razones para discutir nada, porque las precondiciones no fueron cumplidas, de modo que no estamos en posición de comenzar a negociar», dijo, en referencia a que según él, Ucrania no cumple las condiciones por un esquema de corrupción estatal muy extendido.
El caso es que a Hungría le liberaron 10.200 millones de euros, algo así como la mitad de lo que le deben. A cambio, las negociaciones continuarán y se espera que en enero se abran las billeteras para Ucrania. Están en danza 17.000 millones de euros no reembolsables-¿una donación?- y otros 33.000 en forma de crédito. Una declaración final del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ilustra la situación: «Estoy extremadamente confiado y optimista en que estaremos en condiciones de cumplir nuestra promesa de ayudar a Ucrania con medios financieros». Zelenski, por su parte, desde la capital argentina viajó a Washington, donde le fue a pedir nuevo apoyo a Joe Biden, que no logra que el Congreso le vuelva a abrir la caja para el agujero negro en que se convirtió la guerra Ucrania-Rusia. De allí fue a Oslo, donde pudo irse con unos 800 millones de euros de una cumbre con los países de Europa del Norte. Están destinados, se informó, al pago de salarios.
Cuando faltan pocos días para cumplir un año del tercer mandato de Lula da Silva al frente de la mayor economía de América Latina, el líder metalúrgico celebró como un triunfo de su ministro de Hacienda la aprobación de la mayor reforma tributaria en más de tres décadas, que entre otras cosas, crea el Impuesto al Valor Agregado, y al tiempo que en general facilita el pago de contribuciones, por otro lado incrementa las tasas a los ingresos más altos. “Va a facilitar las inversiones y a mejorar la vida del pueblo”, se alegró Lula, tras recordar que esta modificación, que incluyó la reforma de varios artículos de la Constitución, fue lograda con mucha muñeca política ya que su partido está en minoría en el Congreso. Entre los ejes de esta nueva normativa, que por la amplitud de los cambios se terminará de implementar en su totalidad recién en 2030, figura la eliminación de varios impuestos estaduales y municipales que se incorporarán al IVA, una modalidad que en Brasil nunca se había puesto en marcha y que se estima rondará el 27,5%, una de las más altas del mundo. Sin embargo, los productos de la canasta básica de alimentos estarán exentos. El IVA incluirá cinco impuestos que actualmente están en vigencia: la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS) y el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS), para lo cual se debieron reformar dos artículos de la Constitución. Dentro del CBS figuran tres impuestos, a la Integración Social, al Financiamiento de la Seguridad Social y a los Productos Industrializados. El IBS está integrado por un impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios y sobre los Servicios, según detalla el portal de Carta Capital. Esta intrincada maraña de contribuciones federales, estaduales y municipales demorará la puesta en marcha total porque todavía resta articular la letra fina. El proyecto original había sido presentado en junio, pero efectivamente la escasa representación del Partido de los Trabajadores dificultó por un lado el tratamiento y luego fue trabando cada una de las iniciativas con chicanas de los distintos espacios opositores. Finalmente la iniciativa (Propuesta de Enmienda Constitucional, PEC), que había sido devuelta con modificaciones del Senado, terminó aprobada por 365 votos a favor y 118 en contra. La reforma fue aplaudida incluso por la poderosa cámara empresarial paulista, la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), que en un comunicado dijo que Brasil “pasará a tener un sistema tributario más moderno, transparente y alineado a las mejores prácticas internacionales, simplificado la vida de quien genera empleo y renta”. Los empresarios celebraron especialmente que la normativa impide el aumento de la carga tributaria, aunque prevé una revisión de las exenciones cada cinco años. «Brasil maduró. Necesitaba enfrentar esa agenda, que es la más importante de las reformas, porque organiza todo el sistema productivo», declaró, eufórico, el titular de la cartera de Hacienda y excandidato a presidente en 2018, Fernando Haddad. Ayer, durante la ceremonia de la firma de un contrato para las obras en el emprendimiento “Copa do Povo”, en Itaquera, San Pablo, Lula dijo que “la reforma va a facilitar inversiones, pago de impuestos, que pague más quien gana más y menos quien gane menos, mejorando la vida del brasileño”. El escenario era en terrenos comprados por el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en 2014 y donde se construirán dentro del plan Mi Casa, Mi Vida, de la Caixa, una institución de crédito pública con más de 160 años de historia. Allí, Lula aprovechó para darle un nuevo empuje a su pollo para promover el liderazgo del diputado federal Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (Psol) para candidatearse a la prefectura de San Pablo. La puja entre la entrada del proyecto y la votación final estuvo centrada en la particularidad de que el nuevo régimen especifica que algunos rubros tendrán un tratamiento preferencial, entre ellos, el transporte, el combustible y los bancos. Los industriales alegaron que eso iba en detrimento de un sector clave para la economía del país y que eso elevó el valor del IVA a más de 27%, al menos cinco puntos más de lo que calculan. Pero finalmente aceptaron con la condición de revisar regularmente estos casos. La propuesta, como resaltó Lula, se la cargó al hombro Haddad, en una estrategia que intentó que el presidente no tuviera que poner la cara y que apareciera como una iniciativa más bien colectiva. De allí que los impulsores legislativos fueron el presidente de la cámara Baja, Arthur Lira, del conservador -aunque no lo sugiera- Partido Progresistas, y su par del Senado Eduardo Braga, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB).
Comentarios recientes