Este jueves, los ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran la OTAN celebrarán en Bruselas los 75 años de la fundación de alianza militar creada para unir a las fuerzas occidentales bajo la férula de Estados Unidos contra el bloque soviético. Estas bodas de brillantes se producen a pocos días de otro recordatorio: hace una semana se cumplió el 25° aniversario de su primera expansión tras la caída de la URSS. Un «festejo», aquel, que se inició con el bombardeo a Belgrado y que significó el último clavo en el ataúd de Yugoslavia. Si Europa y el mundo están hoy día en peligrosa tensión conviene recordar estos hechos como un punto de quiebre. De aquellos polvos provienen estos lodos, según señaló el Kremlin recientemente.
La razón de ser de la OTAN, en esencia, debía quedar vacante tras la disolución de su enemigo, como quedó establecido en la última década del siglo pasado. Sin embargo, casi en simultáneo a la disolución del bloque socialista y la reunificación de Alemania, se desmembró a ese experimento de un socialismo alternativo que había armado Josip Broz, Tito, en la región balcánica. La República Federativa Socialista de Yugoslavia fue un estado multinacional, multiétnico y multireligioso que mientras el líder comunista estuvo en el poder mostró un gran desarrollo autónomo. Tito fue, además, creador del Movimiento de Países No Alineados, una cuña de naciones que no quería formar parte de las disputas en la Guerra Fría entre dos potencias enfrentadas. Pero Tito murió en 1980 y en 1991, cuando la URSS se iba deshilachando, también se potenciaron las tensiones internas entre serbios, croatas, eslovenos, bosnios, o –desde otro ángulo–, entre cristianos ortodoxos, católicos y musulmanes. Y Eslovenia, Macedonia, Montenegro, Croacia y Serbia se declararon independientes.
Pero no tardó mucho en estallar el conflicto entre serbios, croatas y bosnios, liderados respectivamente por Slobodan Milosevic, Franjo Tuđman y Alija Izetbegovic y crecieron las denuncias por atrocidades de cada actor en este drama. En 1993, la ONU instauró el Tribunal Penal Internacional para juzgar crímenes de guerra cometidos durante la cruenta guerra civil.
En 1995 y tras una áspera intervención del gobierno de Bill Clinton, se firmaron los Acuerdos de Dayton entre Milosevic, Tudman e Izetbegovic. De la Yugoslavia surgida tras la Primera Guerra Mundial (literalmente Unión de los Eslavos del Sur), quedaban escombros y heridas que mucho cuesta aún recomponer. Pero había una deuda pendiente. Kosovo, un territorio que los serbios consideran como el origen de su nación, aunque ahora de mayoría albanesa.
Y aquí la OTAN y Estados Unidos tuvieron un rol determinante. En 1998 Kosovo se declara estado independiente pero el gobierno de Milosevic envía tropas para acallar la rebelión. El 24 de marzo de 1999 y sin ningún aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, decidieron bombardear primero contra las tropas serbias en Pristina, la capital kosovar, y luego Belgrado, la capital histórica de Yugoslavia y sede del gobierno de su sucesora nominal, además de Podgorica, Novi Sad y otros distritos aledaños. Fueron 78 días de ataques a mansalva que causaron la muerte de al menos 2500 civiles, entre ellos mujeres y niños. Fue el bombardeo contra población civil más grande desde la Segunda Guerra Mundial.
Los únicos juzgados en esta historia fueron los tres jefes de estado firmantes del acuerdo de Dayton y más de 160 militares y civiles. Milosevic murió en 2006 a la espera de una condena, en la prisión de Scheveningen, en las afueras de La Haya. Beijing no deja de recordar cada vez que entre los edificios arrasados estaba su embajada, con gente adentro. Mientras la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, celebró lo que catalogó como «rescate del exterminio», su par serbio, Aleksandar Vucic, dijo que «19 de los países más fuertes y poderosos del mundo atacaron a Serbia, mataron a niños y trocearon nuestro territorio».
Moscú, en tanto, condenó lo que consideró «la destrucción de los cimientos de la seguridad europea. Y no perdió ocasión de viralizar un video en el que el entonces senador Joe Biden se jacta de haber sido el que sugirió «que bombardeáramos Belgrado. Sugerí enviar a pilotos estadounidenses y volar todos los puentes del Drina».
Nadie duda de que este 24 de marzo tendrá un impacto decisivo. Porque las políticas que implementa el Gobierno que asumió en diciembre pasado implican un giro en torno a la interpretación de la barbarie que se extendió en el país desde 1976 en su intento de resignificar y reconstruir la alianza cívico-militar que formateó a la sociedad y la economía sobre la base de la desaparición forzada y el exterminio de 30.000 personas, miles presos políticos y exiliados, para lo cual necesitó de una «refundación» impiadosa con la aspiración de que esa vez fuera definitiva. Por ese motivo, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos y agrupaciones sindicales se unieron para que haya una sola marcha en todo el país en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y que en las calles se multipliquen las consignas de siempre ante un nuevo escenario. El clima político para esta ocasión está plagado de amenazas y provocaciones de los espacios más reaccionarios de la sociedad. Desde el ataque a una militante de la agrupación HIJOS –que el propio presidente consideró una operación falsa– hasta los «trascendidos» de que el Ministerio de Seguridad analizaba activar el protocolo antipiquetes para la marcha de hoy, pasando por la posibilidad de que el presidente indulte a los genocidas presos y la emisión de un video reivindicativo de la dictadura. El ataque a la militante de HIJOS tiene el claro objetivo de amedrentar y desmovilizar. No obstante, la organización aclaró que su respuesta, además de exigir justicia para la compañera atacada, será redoblar los esfuerzos militantes y la movilización. De la misma manera ofensiva para la historia nacional con que Mauricio Macri invitó al entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama para la conmemoración de los 40 años del golpe en marzo de 2016, ahora el jefe de la CIA, William Burns, desembarcó en el país. Salvo que le entregue más archivos desclasificados sobre la participación de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos en el golpe y la feroz represión, la visita no tiene mucha razonabilidad por estos días. Milei en esto también cumple aquel sueño frustrado de Macri de ir más rápido y a fondo en un eventual segundo turno presidencial.
Relaciones carnales Por si no bastara, se anunció la compra de material de rezago para la Fuerza Aérea: aviones de combate F-16 al Gobierno de Dinamarca. Se trata de una aeronave diseñada por la firma General Dynamics en 1973, puesta en servicio en 1978 y fabricada por Lockheed Martin desde 1993. ¿Serán para regalar a Ucrania, como hizo Javier Milei con dos helicópteros de fabricación rusa? Para el anuncio oficial de los F-16 vendrá en abril la jefa del Comando Sur de EE.UU., la generala Laura Richardson, que como ya declaró otras veces, está ávida de los recursos naturales argentinos y de sacar del juego regional a China. Si es por mostrar el compromiso en estas nuevas «relaciones carnales», hay otra muestra: la Autoridad General de Puertos de Argentina firmó un memorándum de entendimiento que habilita la presencia de personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Hidrovía, la estratégica ruta fluvial de gran parte del comercio internacional del país. En la iniciativa de revisión de los años 70 –un caballito de batalla de la vicepresidenta Victoria Villarruel– se presentará un video que corre por cuenta de un cineasta cercano a Javier Milei, Santiago Oría. Por otro lado, el rumor de un posible indulto presidencial apareció como creíble en la medida en que el Gobierno de La Libertad Avanza suele tener esos gestos de provocación como para mostrarse fuerte y decidido. Lo hizo hace no tanto cuando el mismo 8 de marzo cambió el nombre del Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa Rosada y en su lugar puso a próceres –entre los que anotó a Carlos Menem–, todos ellos varones. La violencia desatada por las bandas narcos en Rosario fue el resquicio usado para volver a impulsar la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. La ministra Patricia Bullrich y su excompañero de fórmula presidencial por Juntos por el Cambio, Luis Petri, titulares de Seguridad y Defensa respectivamente, anunciaron el jueves un paquete de leyes que incluiría penas de prisión para los organizadores de piquetes y bloqueos y una reforma a la Ley de Seguridad Interior para permitir la intervención de los militares.
Parecidos y diferentes La vicepresidenta, Victoria Villarruel, volvió a mostrar sus diferencias con la Casa Rosada y si bien acompaña e incluso potencia su discurso negacionista, señaló en una entrevista por TN que «la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió el terrorismo, ¿y dónde están los que combatieron? Están presos». El mensaje tiene un ángulo institucionalista, como cuando permitió el debate por el mega DNU en el Senado, pero también puede interpretarse como una forma de negociación del tipo «si quieren que vuelvan a salir a las calles indulten primero a los que están entre rejas». Por si acaso, la Cámara Federal de Casación Penal se adelantó a recordar que en los casos de delitos de lesa humanidad condenados por la Justicia «la concesión del indulto es incompatible con la obligación de imponer penas adecuadas». Todos estos condimentos le agregan razones para las tradicionales marchas de repudio contra la barbarie desatada en 1976, que hoy resonaron en las calles de todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, epicentro de la convocatoria, se nuclearon en la Plaza de Mayo desde el mediodía. Fue una manifestación de todas las fuerzas populares, desde Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión de Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica Argentina, Liga Argentina de los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Encuentro Memoria Verdad y Justicia, junto con la CGT, las dos CTA y partidos políticos.
Chandler es una ciudad del condado de Maricopa, en Arizona. Con algo menos de 300 mil habitantes, remite al célebre autor de policial negro Raymond Chandler o al personaje de la comedia Friends que protagonizó el malogrado Matthew Perry en los ’90. Pero no hay link con el homenajeado con el nombre de esa población, un veterinario, Alexander John Chandler, el primero en curar ganado en esa zona de Estados Unidos. Maricopa, por otro lado, tuvo su cuarto de hora de fama cuando un sheriff, Joe Arpaio, se envalentonaba en contra de los inmigrantes sin temor a violar sus derechos humanos más elementales. Pero cada vez que iba a elecciones arrasaba y permaneció en el cargo entre 1992 y 2016.
Ahora Chandler volvió al candelero pero por otras razones: el presidente Joe Biden anunció financiación directa por 8500 millones de dólares y créditos por otros 11.000 millones para incrementar la producción de chips de computadora en la planta que tiene en esa localidad el gigante tecnológico Intel. El enemigo a combatir, en este caso, es China y la promesa del mandatario de «traer el futuro de regreso a Estados Unidos». La herramienta: subvenciones para recuperar trabajo estadounidense, un objetivo en el que, por otro lado, no está en desacuerdo su rival en la contienda por la presidencia, Donald Trump. Pero que por estas cosas rioplatenses parece tener mala prensa ahora mismo.
Claro que el mandatario demócrata aprovechó para tirar un poco de barro de campaña. «A diferencia de mi predecesor, yo estaba decidido a cambiar las cosas para invertir en Estados Unidos, todo estadounidense, todos estadounidenses. Y eso es lo que hemos estado haciendo», dijo ante los trabajadores de la planta, que no habían mostrado demasiado entusiasmo cuando llegó, en su auto blindado y rodeado de una impresionante caravana de motocicletas policiales.
El plan del gobierno es incentivar la inversión de Intel en cuatro estados, Arizona, Ohio, Nuevo México y Oregón, para que al final de la década alrededor del 20% de los chips que circulen en el mundo sean fabricados en Estados Unidos. El plan se sustenta en la Ley de Ciencia y CHIPS (como acrónimo de Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors, Creación de incentivos útiles para producir semiconductores) aprobada en agosto de 2022 para impulsar la industria de alta tecnología estadounidense y competir especialmente con China en ese rubro estratégico.
La ley tiene destinados fondos por 280 mil millones de dólares, de los cuales 100 mil son para investigación y desarrollo, un sector en el que EE UU perdió la preeminencia hace décadas. Intel, por su parte, recibirá beneficios fiscales para reclamar hasta el 25% del capital que invierta en este plan que, como tiene como horizonte el 2030, tranquilamente podría denominarse Plan Quinquenal de Biden.
«Dependemos de un número muy reducido de fábricas en Asia para todos nuestros microprocesadores más sofisticados. Esto es insostenible e inaceptable», explicó Biden en Chandler, para concluir y que no quedaran dudas: «Es un problema de seguridad económica, pero también de seguridad nacional”. Se espera que estas inversiones públicas generan unos 30 mil puestos de trabajo directos y otras decenas de miles indirectos. Pero sobre todo, le despejarán el panorama hacia la independencia tecnológica.
«El anuncio es un gran paso para garantizar el liderazgo industrial de Estados Unidos en el siglo XXI. Con este acuerdo, estamos ayudando a incentivar más de 100 mil millones de dólares en inversiones de Intel, lo que supone una de las mayores inversiones jamás realizadas en la fabricación de semiconductores en Estados Unidos con empleos bien remunerados que impulsarán la próxima era de innovación», declaró a la prensa la secretaria de Comercio, Gina Raimondo. “No podemos simplemente diseñar chips. Tenemos que hacerlos en Estados Unidos”, agregó la funcionaria.
Los distritos en los que fluirán esas inversiones están en disputa en las últimas elecciones entre demócratas y republicanos. Y Biden no quiere perder por no mover sus fichas. Habrá que ver si le alcanza.
La cifra de víctimas del mayor atentado terrorista en Rusia en dos décadas crecía a cada momento y al cierre de esta edición rondaba los 133 fallecidos y centenares de heridos, muchos de ellos de extrema gravedad. Los videos tomados por asistentes al recital del grupo de rock Picnic, en el Crocus City Hall, de Krasnogorsk, un suburbio del noroeste de Moscú, eran desgarradores: al menos cuatro individuos disparando con ametralladoras sobre una multitud sorprendida y horrorizada que intentaba en vano cubrirse detrás de las butacas o debajo del escenario de un local que luego resultó incendiado.
A poco de difundirse la información, Estado Islámico del Gran Jorasán, filial local de EI (ISIS-K, en inglés), se atribuyó el ataque, aunque desde el gobierno de Vladimir Putin deslizan, sin acusación directa, la responsabilidad de Kiev, algo que el asesor presidencial ucraniano, Mijailo Podoliak, negó rotundamente. La sospecha se basa en que el servicio de seguridad ruso (FSB) capturó en la localidad de Jatsun, en la región de Briansk, cerca de la frontera con Ucrania, a once personas presuntamente implicadas en el hecho, cuatro de ellos indicados como los responsables directos de la balacera. «Se les había preparado una ventana para que pudieran cruzar», dijo explícitamente Putin en un discurso televisado en el que se comprometió a castigar con dureza a los atacantes.
El brutal golpe sucede a una ofensiva rusa contra la infraestructura energética de Ucrania con drones y misiles que provocó el viernes cortes en la línea eléctrica de la planta nuclear de Zaporizhya y dejó sin luz a gran parte del país, y al triunfo de Putin en las elecciones presidenciales por más del 85% de los sufragios la semana anterior. Pero, y en esto se basan muchos analistas para plantear sospechas sobre una posible intervención de Washington, el 7 de marzo la embajada de EE UU en Moscú había emitido un comunicado en el que advertían a sus ciudadanos que no circularan por al menos 48 horas porque tenían «informes sobre planes inminentes de extremistas de atentar en Moscú contra grandes concentraciones, incluidos conciertos».
La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE UU, Adrienne Watson, aseguró que las agencias de Inteligencia estadounidenses «siguieron la tradicional política del ‘deber de avisar’». La CNN afirmó que «desde noviembre ha habido reportes de inteligencia ‘bastante específicos’ de que Isis-K quería perpetrar atentados en Rusia» y que el Kremlin los había desoído.
El Gran Jorasán al que alude la K es un amplio territorio sobre los actuales Irán, Afganistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, de mayoría de población musulmana. Estas tres últimas fueron repúblicas soviéticas y la URSS tuvo su Vietnam en la fallida intervención en Afganistán en los ’80. No es un secreto que Estados Unidos financió y fomentó entonces el crecimiento de grupos extremistas islámicos para combatir a las tropas de la Unión Soviética y que otro tanto hizo desde 2011 en Siria, donde las fuerzas rusas fueron claves para sostener al gobierno de Bashar al Assad. Dato, no opinión: ISIS o Estado Islámico, que se extendió durante la administración de Barack Obama, se diluyó prácticamente con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Los últimos atentados en Rusia, como los de la escuela de Beslan en 2004 (334 muertos) o en las estaciones de subte de 2010 en Moscú (40 muertos) y en 2017 en San Petersburgo (14) fueron producidos por terroristas islámicos.
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Detenidos
Las autoridades rusas informaron de la captura de once personas ligadas al ataque en el Crocus City Hall y pronto se viralizaron imágenes que mostró el FSB de algunos de ellos confesando su participación como mercenarios. Según los medios los detenidos casi no hablan ruso y debieron recurrir a traductores para comunicarse. Algunos son originarios de Tayikistán. Uno de ellos dice en el video que le pagarían un millón de rublos por el golpe, de los cuales le habían transferido la mitad a su tarjeta, la que afirmó haber perdido o tirado. Dice que las armas se las dieron «ellos», a los que no identificó. Dijo, tembloroso, que se llama Khargunysham Sedin, que nació en 1998, y que se habían comunicado con él a través de la red social Telegram, «sin nombre ni nada» y que se habían puesto en contacto cuando escuchaba «una lección del predicador».
Margarita Simonian, jefa del grupo mediático Rossiya Segodnya señaló que «los autores materiales fueron elegidos de tal manera que pudieran convencer a la comunidad internacional de que fue ISIS». En esa misma línea se pronunció la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajarova. «Lo más importante es que las autoridades estadounidenses no olviden cómo su entorno informativo y político vinculó a los terroristas l con la organización terrorista ISIS», y agregó que se trata del mismo país que «de la mano de los regímenes liberales occidentales, lleva diez años convirtiéndose en un centro de propagación del terrorismo en Europa, superando incluso a Kosovo en el frenesí extremista».
Como sea, gobiernos y organizaciones de todo el mundo expresaron su condena al bárbaro ataque: desde Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea, la ONU a líderes de Irán Turquía, Cuba, Venezuela, Bolivia, México, Bielorrusia, Hungría, España.
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