Donald Trump armó un acting represivo en Washington para incentivar a los gobernadores sobre la mejor forma de reprimir la rebelión popular por el asesinato de George Floyd. Luego, amenazó con sacar el Ejército apelando a la ley de Insurrección de 1807 si los mandatarios estaduales mostraban blandura. Pero como viene ocurriendo desde hace algún tiempo, el Pentágono ya no obedece dócilmente a las directivas presidenciales. Lo notable esta vez es que lo tuvo que confirmar el propio Secretario de Defensa, Mark Esper. «La opción de las fuerzas de servicio activo en una función de aplicación de la ley solo debe usarse como un último recurso, y solo en las situaciones más urgentes y graves -advirtió Esper – no estamos en una de esas situaciones ahora. No apoyo invocar la Ley de Insurrección «.
Luego de que fueran creciendo las manifestaciones en todo el país tras difundirse las imágenes del homicidio de Floyd, asfixiado con la rodilla por un agente policial en Minneapolis, Trump mostró su vena más agresiva. Y desafió a los ciudadanos, indignados por la seguidilla de crímenes policiales contra ciudadanos de la comunidad negra. Era la chispa que faltaba para que se incendiara, literalmente, gran parte de Estados Unidos de un modo que no se veía desde la década del 60.La política sanitaria de Trump, que generó más de 100.000 muertos, sumado a las amenazas contra China, Venezuela y la OMS, crearon un clima irrespirable para las capas de la sociedad más civilizadas.
Para colmo, es bastante evidente que las tropas estadounidenses no están para nada de acuerdo con el liderazgo del presidente, que es visto por lo menos como temeraria y sin una estrategia de fondo. Hubo varios hechos que levantaron las alarmas entre los militares. Uno de ellos fue el contagio masivo de marines en el portaaviones Roosevelt y la complicada respuesta de la Casa Blanca cuando necesita desviar la atención de algún tema acuciante, que es desatar algún conflicto bélico, un arma que Trump usó muy poco en relación con sus antecesores, pero que inscripto en la crisis por el coronavirus, representa un cóctel intolerable para los uniformados.
Cuando amenazó con tomar represalias ante la llegada de petroleros iraníes que desafiaron el bloqueo sobre Venezuela, también resultó desairado por sus subordinados. A esa altura, ya había más de 5.000 militares contagiados y las camas de terapia intensiva de los hospitales militares estaban atestadas.
Los últimos reportes oficiales indican que en un mes se duplicaron los casos de Covid-19 entre civiles y militares que trabajan para alguna dependencia del Pentágono y los muertos ya son más de 1.500. En ese contexto, la última bravuconada no hizo sino visibilizar ese malestar hasta ese momento en bambalinas.Es así que este martes pateó el hormiguero el ex titular del Estado Mayor Conjunto, Mike Mullen, el comandante de las tropas entre 2007 y 2011, literalmente el segundo al mando de las tropas estadounidenses, detrás del presidente de la Nación, durante el último tramo de la segunda presidencia de George W. Bush y la mitad del primer mandato de Barack Obama.
En un artículo publicado por el sitio web The Atlantic, Mullen – que entre sus “logros” ostenta el de haber supervisado el asesinato de Osama bin Laden en Pakistán – se descargó con un ácido ataque al inquilino de la Casa Blanca.“ He sido reticente a hablar sobre temas relacionados con el liderazgo del presidente Trump, pero estamos en un punto de inflexión, y los eventos de las últimas semanas han hecho que sea imposible permanecer en silencio”, dice de entrada, como para romper el hielo.
«Cualquiera que sea el objetivo de Trump al realizar su visita (a la iglesia de Saint John, en una provocación a los manifestantes), dejó al descubierto su desdén por los derechos de protesta pacífica en este país, ayudó a los líderes de otros países que se sienten cómodos con nuestra lucha interna y se arriesgó a politizar aún más hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas». «Estados Unidos tiene una larga y, para ser justos, a veces problemática historia de usar las fuerzas armadas para hacer cumplir las leyes nacionales», agregó Mullen en esa columna en The Atlantic que tituló “No puedo permanecer en silencio” El problema para nosotros hoy no es si esta autoridad existe, sino si se administrará sabiamente», concluyó.
Mullen, destaca Military Times, una publicación para las tropas estadounidenses desplegadas en todo el mundo, no hizo sino sumarse a otro General de alto rango, Martin Dempsey, su sucesor en el cargo, hasta la llegada de Trump al poder, quien el lunes había publicado un tuit revelador del estado de rebelión que también anida en las Fuerzas Armadas de EEUU. “Los militares estadounidenses, nuestros hijos e hijas, se pondrán en riesgo para proteger a sus conciudadanos. Su trabajo es inimaginablemente duro en el extranjero; más duro en casa. Respétalos, porque ellos te respetan. Estados Unidos no es un campo de batalla. Nuestros conciudadanos no son el enemigo”
Poco le quedaba por hacer a Esper, teniente coronel galardonado por sus servicios en la guerra del Golfo contra Irak en tiempos de George Bush padre. No tiene espalda como para lidiar contra dos comandantes como Demspey y Mullen, que además reflejan el sentimiento de los cuarteles.
Venezolanos que habían emigrado a Argentina por la crisis económica que se vive en el país bolivariano, le piden a la cancillería que interceda con Caracas para ser repatriados, por la crisis que padecen acá a raíz de la pandemia. “No queremos ser una carga para el gobierno argentino”, cuenta Lenys Patricia Aguilera Suárez, que oficia como coordinadora de un grupo de cerca de 700 connacionales a la espera del regreso. Entre ellos, hay 277 que estaban de visita y con pasaje comprado cuando se decretó la cuarentena y no pueden volver porque las aerolíneas están paradas.
En una carta que mandaron al ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, le cuentan que “un grupo de nuestra comunidad venezolana se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad y parte de ese grupo que mencionamos somos en estos momentos los que le escribimos”.
La misiva agrega que un cifra importante de venezolanos residentes en Argentina -si bien la mayoría está en Buenos Aires, los hay de todo el país- “no tienen los recursos económicos para adquirir un boleto de regreso, ya que ni siquiera está contando con los recursos económicos para sobrevivir en estos tiempos”.
En el caso concreto de Aguilera Suárez, ella dice que allá era contador público y acá hacía trabajos “en negro” en casas particulares. Pero ya no puede seguir sosteniendo un alquiler y enfrenta la presión de quedar en la calle en cualquier momento, cuando todavía no llegó todo el rigor del invierno. “Al menos en Venezuela tengo familia y una vivienda”, resume.
La carta a Solá relata que en medio de la cuarentena, a la mayoría de los venezolanos “les cuesta cada vez más conseguir alimentos, otros no cuentan con un DNI o ni siquiera con una (residencia) precaria y algunos ya se encuentran en situación de calle o en albergues transitorios. Sentimos que estamos quedando expuestos al contagio del Coronavirus y no tenemos a quien acudir para solventar nuestra situación”.
Para colmo de males, la embajada de la República Bolivariana, ubicada en el barrio porteño de Palermo, encuentra cerrada y no tienen con quién hablar. “No hay personal que pueda atender nuestras necesidades”, afirman,
Es que durante la administración de Mauricio Macri, en el marco de la ofensiva de la Casa Blanca, gobiernos de derecha latinoamericanos y la OEA contra el presidente Nicolás Maduro, se reconoció como mandatario al diputado Juan Guaidó y como representante en Buenos Aires a Elisa Trotta.
Pero Guaidó nunca tuvo control del aparato estatal. En estas circunstancias, el único que puede hacerse cargo de la repatriación es el gobierno de Maduro.
“El único medio de contacto que tenemos con nuestro gobierno es mediante un correo electrónico del despacho del Embajador, emplazado por ellos, -destaca el texto enviado a Solá- donde la única respuesta que hemos recibido es que nos registraron en un listado de varados en Argentina, y que ellos solo esperan alguna instrucción desde Caracas”.
A continuación señalan que “dichas respuestas evidentemente reflejan lo desprotegidos que nos encontramos en estos momentos; merecemos ser escuchados y atendidos. Sabemos que no hay Embajador y no tenemos cómo comunicarnos con Cancillería en Caracas”.
Por tal razón, le piden a las autoridades argentinas, que desde la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada intenta promover una salida civilizada para la crisis venezolana, que medien para “la habilitación de un canal humanitario que nos permita regresar a nuestros hogares por medio del «Plan Vuelta a la Patria» del gobierno venezolano y tener la tranquilidad de estar rodeados de nuestros afectos”.
Desde que comenzó a rodar este pedido, que se canaliza a través del celular 11 5744 6408, cuenta Aguilera Suárez, se fueron incrementando los pedidos de “Venezolanos varados en argentina”.
Es difícil coincidir con Donald Trump. Sin embargo, esta vez habría que agradecer que pateó el tablero de Twitter.
El presidente de EE UU protestó la censura sobre dos posteos. En uno, Twitter adosó un cartelito alegando que podía ser “información engañosa” un mensaje de Trump que ponía en dudas el voto por correo. En el otro caso, caratuló como “glorificación de la violencia” un texto donde amenazaba con una respuesta feroz a las protestas en Minneapolis.
Trump, indignado, se quejó de que la red tiene “poder sin chequeo para censurar, restringir, amoldar, esconder, alterar virtualmente cualquier forma de comunicación” y firmó un decreto que propone revocar la sección 230 de la Ley de Decencia en Comunicaciones, que establece que las plataformas no son responsables sobre lo que publican los usuarios.
Si Twitter edita un mensaje deja de ser neutral, argumentó, entonces tiene responsabilidad en lo que se publica.
Twitter es una red social donde el odio, la mentira y la mala leche afloran en millones de usuarios de todo el mundo. También, el principal medio donde Trump expresa esos mismos sentimientos primarios al público.
Sucede que gran parte de la información disponible para ciudadanos inadvertidos corre por ese puñado de caracteres a veces explosivo. No estaría mal alguna forma de control sobre lo que se publica. No de gobiernos, pero tampoco de editores ignotos de una empresa privada, precisamente.
En resumen: Trump tiene razón, pero no con estas mismas razones.
Para el ex presidente del gobierno español José María Aznar, la culpa de las “colas del hambre” en los principales centros urbanos de la península es de las actuales autoridades. Nada que ver con el coronavirus, que causó cerca de un cuarto de millón de infectados y más de 27 mil muertos, según el dirigente derechista, sino las acciones que tomó la coalición de centroizquierda que está en La Moncloa desde enero pasado. Más aún, engloba a Pedro Sánchez, que ocupa el cargo desde junio de 2018 y se alió con Unidas-Podemos el año pasado. Para los millones de ciudadanos que día a día sólo pueden subsistir por la asistencia solidaria la realidad es otra.
Lo primero a decir es que en España hay un sistema de redes sociales que desde hace tiempo vienen haciendo el trabajo de sostener a los más vulnerables, entre los que hay una enorme mayoría de emigrantes, pero primero en 2008 y ahora con la pandemia, también muchos españoles descubren que si no fuera por ese tipo de redes, no tendrían qué comer.
En Barcelona, el uruguayo Fizgerald Morisini tiene un emprendimiento del rubro gastronómico con el que le iba bastante bien. Tanto como para no calificar a los planes de ayuda estatal ante el cierre de la economía. Ligado a los grupos latinoamericanos, junto a un argentino, Héctor Orellana, decidieron ayudar a los colectivos que integran. Se ligaron con redes ya existentes, como las peñas de los clubes en Cataluña -aunque parezca exótico, hay peñas de todos los clubes argentinos, incluso Argentinos Juniors, Talleres o Godoy Cruz- y consiguieron que la Cooperativa El Poblet les facilitara un lugar donde acopian donaciones de alimentos no perecederos.
“Hacemos una Feria de los Jueves. Ese día cerramos las donaciones que la gente viene a retirar los viernes. Se hace los jueves porque es el día que recibimos donaciones de Mercabarna, el mercado de abasto barcelonés, que nos entrega fruta y verdura”. La cifra de asistentes es variable pero ronda las 60 familias que si no fuera por la Movida Solidaria no tendrían qué llevarse a la boca. Hay, por supuesto, latinoamericanos, pero también de todas las nacionalidades.
En Madrid, Marta Curiel Tirado cuenta de otra movida, más grande, en el popular barrio de Lavapiés. Y que también salió del fútbol. “Un grupo de vecinos echamos una mano al club Los Dragones, donde se juntaban muchas personas en situaciones desesperantes”, explica a Tiempo. El club nació en 2014 como un proyecto de padres que no querían a sus chicos en la despiadada competencia que plantean para los infantiles los equipos de la liga española. Así nació Los Dragones, que cuenta con niños de 28 nacionalidades entres sus distintas categorías. Cuando los directivos hicieron un sondeo entre los padres para ver en qué situación los dejaba la cuarentena, vieron que era realmente complicada.
“Comenzamos a juntarnos desde varias redes para crear una plataforma desde la que conseguimos donaciones y las repartimos a unas 700 familias y otras 500 personas en situación de calle”, dice Marta. Unas 3000 personas cada día. Periodista radial, a una semana de haber ingresado en el grupo Mediapro, fue incluida en un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo, un mecanismo estatal para subsidiar el ingreso de trabajadores suspendidos por sus empresas).
Como dato anecdótico, el parate total en la economía dio tiempo a muchos para ocuparse de asistir a personas en situaciones extremas. Pero eso no se podría haber hecho sin redes de contención preexistentes al coronavirus. La plataforma Lavapiés Cuidando el Barrio (La Cuba) se construyó sobre la base de vecinas de esas callejuelas no tan lejanas del centro de la capital española, del Micro para el Sahara, del que participa Marta, al que sumaron al Teatro del Barrio.
“Era el espacio más grande podíamos disponer para garantizar medidas de seguridad e higiene en una emergencia sanitaria. Además de lo que significa ese proyecto para el barrio. A nivel político y social era perfecto para albergar esta iniciativa. Llamamos y a las 12 horas estábamos allí instalados”, relata. Luego se sumaría un restaurante donde cocinan para personas que no tienen residencia fija. “Como tuvieron que cerrar dijeron ‘joder, pues pa’ estar en casa, dadme alimentos y nos ponemos a cocinar’”. Entregan 150 platos diarios.
Sólo en Madrid se abrieron 37 despensas solidarias y se supone que junto a los bancos de alimentos y parroquias atienden a más de 2 millones de personas en todo el país. Las cifras de desocupados se acercarán este año al 20%, todavía lejos de la crisis de las hipotecas que dejo a cientos de miles en la calle, generó un 27% de desempleados y provocó fuertes manifestaciones en la Plaza del Sol en 2011.
De aquel recordado 15M (por el 15 de mayo) que alentó un giro en la política española, nacieron otras redes solidarias. Javier Rico está en una de ellas, a la que ahora bautizaron como Despensa Solidaria de Carabanchel, otro barrio madrileño, pero en extramuros. Venían atendiendo a no más de 20 familias vulnerables, pero “todo ha pegado un salto impresionante -cuenta- y ahora tenemos ya a 160 familias, esto es como 500 personas”.
Como en todos lados, los asistidos son de todas las nacionalidades que acudieron alguna vez a España como a una tabla de salvación. Latinoamericanos, de Europa del Este, del norte de África. Pero también españoles. “Los emigrantes tienen las peores viviendas, los peores trabajos y la mayor precariedad”, resume Javier.
Ingreso mínimo vital para todos
Cuando aún muchos españoles volverán a trabajar sin aún haber cobrado el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el gobierno avanzó en una de sus medidas más discutidas por la derecha, como la creación de un ingreso mínimo vital.
«Hoy nace un nuevo derecho social en España», proclamó Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno y líder del sector más identificado con la izquierda de la coalición de gobierno, Unidas-Podemos, tras aprobarse la medida en consejo de ministros. Esa renta mínima vital será de 462 euros al mes para a un adulto que viva solo. En caso de tener familia, se sumarán 139 euros al mes por cada persona adicional, adulto o niño, con un máximo de 1015 euros por hogar. La renta mínima será compatible con otros ingresos bajos, en cuyo caso funcionará como un complemento hasta alcanzar ese piso salarial.
De esa manera se espera atender a 850 mil hogares en los que viven 2,3 millones de personas, un 30% de las cuales son menores. En el mes entrante, informaron en La Moncloa, unas 100 mil familias se beneficiarán de la medida.
Nissan cierra sus plantas en Barcelona
La excusa formal de la automotriz japonesa Nissan fue la huelga de trabajadores de sus plantas de Barcelona. Sin embargo, la medida de fuerza, declarada el 4 de mayo pasado en pleno confinamiento, tenía que ver con la incertidumbre sobre el futuro de la fábrica en España. Y este viernes la noticia confirmó las peores expectativas: la firma informó al gobierno que dejará de elaborar sus productos en ese país, con lo que 3200 personas quedan literalmente en la calle y se perderán otros 25 mil empleos indirectos. El gobierno central propuso la creación de un grupo de trabajo para «estudiar escenarios alternativos que garanticen la continuidad de la actividad industrial», pero todo apunta a que la decisión de Nissan ya está tomada.
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