Para Evo Morales, el anuncio de la presidente de facto de que renuncia a la candidatura presidencial representa una “doble traición, a sus militantes y candidatos”, que ya estaba en marcha desde hace tiempo, pero se decidió una vez que negoció su impunidad. Exiliado en Buenos Aires luego del golpe del 10 de noviembre pasado, el exmandatario boliviano mantuvo una entrevista virtual con Tiempo Argentino en la que habló del libro que acaba de publicar -sobre aquellos días dramáticos en que eligió, afirma, dejar la presidencia para que no hubiera un baño de sangre- y uno que quiere escribir, sobre la historia de la coca y cómo esa planta emblemática para los pueblos andinos participó en las guerras de la independencia. También contó pormenores de sus anteriores persecuciones. “En mi carrera política he sido tantas veces procesado, detenido, torturado, confinado. Me faltaba asilo en refugio. Creo que he completado”.
“El primer proceso fue en 1989 -recuerda Morales- Yo gané la ejecutiva de una federación del trópico de Cochabamba en 1988. Hice mi primera concentración, a un año de la masacre de Tunari, del 27 de junio del 88. Yo vi personalmente la DEA, uniformada, que nos disparaba a ráfagas en Villa Tunar, nos atacaron por helicóptero. No era dirigente principal sino de una central campesina. Once muertos. Al día siguiente nos buscan en el sindicato, me llevaron adentro. Entre 5 me pisaron dentro de un móvil. De la cintura para arriba no me podía levantar. Yo les dije: “Ustedes me pueden pisar a mí, pero se dejan pisar por la DEA de Estados Unidos.”
-¿Luego hubo otras detenciones?
-En 1995 estaba en una reunión con productores de coca del Cauca, en Colombia; de Quillabamba en Perú y de Copacabana en Bolivia. Hubo una intervención policial y militar, nos sacaron dormidos y nos llevaron detenidos con las manos en la nuca. Ese día también habían intervenido a la Central Obrera Boliviana, también detenidos, y dictan el estado de emergencia. Esta vez detenido y confinado, pero no torturado. En celdas subterráneas en La Paz dos semanas.
-¿Y la otra?
-La tercera más dura ha sido, cuando me expulsaron del Congreso en 2002, siendo diputado. Estaba Tuto Quiroga de presidente. Dos de sus ministros, Leopoldo Fernández y Chaca Rivero, me han dicho que fue por instrucción de EE UU. El plan era procesarme y sentenciarme para que no sea candidato a presidente en 2002. Por la lucha del pueblo fracasaron. Ahí hubo movilizaciones, corte de caminos y en Caracoles, cerca de la ciudad de Oruro, solo han detenido a mi hermana Esther y a mi hermano Hugo, que estaban en el bloqueo de caminos.
-Ella murió hace poco.
-Murió el 16 de agosto de coronavirus. Nunca hubo nepotismo en mi gobierno. Ella seguía en su comercio de carne, en su tiendita seguía vendiendo y le han quemado la casa el día del golpe.
-¿Siente que otra vez se dejan pisotear por organismos de EE UU?
-Antes de nuestro proceso estaban totalmente sometidos. Autoridades del Comando Sur o de organismos policiales de EE UU primero llegaban a la base militar en Chimoré (Cochabamba) y recién después iban a reunirse con el presidente y los ministros en La Paz. Parecía que los que estaban en Chimoré eran sus presidentes, sus delegados. Y después iban a La Paz. Colonia colonia era. Era un centro de dominación.
-Sí, pero ¿ahora no ocurre lo mismo?
-Nosotros cerramos la base militar. Convertimos eso en un centro de integración. Ahora volvió al pasado, aunque todavía no fue la DEA, pero sí la CIA y la embajada gobiernan en el Palacio. El asesor privado de la Áñez trabajó 18 años en la embajada de EE UU. Colega de ustedes (se trata de Erick Foronda).
-Usted decía que Jeanine Áñez traicionó a sus seguidores al renunciar a la candidatura. ¿Siente que usted también fue traicionado, que lo han dejado solo en algún momento?
-En todo el proceso ha habido traidores. Los fundadores en el 2009, ya por una cuestión de candidaturas, nos han abandonado, eso pasa en todo movimiento. Pero no dividió nada, se han ido solos.
-¿Confía en que las autoridades van a entregar el poder o teme que puedan escamotear el resultado?
-El pueblo esta organizándose no solo para cuidar el voto sino para defenderlo. Yo veo dos cosas: estoy en contacto con algunos hermanos policías y militares. En todos lados hay buenos y malos. Pero muchos repudian lo que hizo su comandante, de permitir que la policía se amotine y que el comandante de las FFAA pida la renuncia de Evo. Porque se sienten culpables, miran ahora cómo esta Bolivia y se sienten culpables. No solo hubo genocidio sino economicidio. No son promotores golpistas ni policías ni militares, pero aceptaron, se han incorporado por culpa de sus comandantes. La violencia es un derecho de la derecha, el racismo es como un derecho adquirido para los fascistas. Pero tengo mucha confianza en las fuerzas armadas institucionalistas que respetan la constitución. Hay militares que apuestan por la patria.
-Luis Arce y David Choquehuanca, los candidatos del MAS IPSP fueron muy leales a su gobierno.
-El compañero Arce, economista, muy patriota. Choquehuanca viene del movimiento indígena, lo conoce muy bien. Pero en este momento la cuestión pasa más por la economía. Tenemos dos pandemias, contra la vida y contra la economía. El coronavirus nos mata pero también el gobierno de la dictadura nos mata de hambre. Si no hay políticas urgentes el hambre puede matar más que el coronavirus en Bolivia. Y nosotros tenemos una propuesta, por eso planteamos crédito al 0 por ciento de interés para el pequeño productor. Para que no falte alimento, por un año. Solo la madre tierra con el pequeño productor van a salvar la hambruna. El gran productor agroindustrial siempre ve la producción como un negocio. Es su derecho y debe ser respetado. El pequeño productor también tiene beneficios, pero va siempre al alimento del pueblo.
-Usted suele hablar de economicidio.
-Este gobierno no solamente tiene corrupción, nepotismo y ha paralizado obras por la pandemia, sino que se sometió al FMI. Cerraron tres ministerios. Usted sabe bien que el Fondo quiere un Estado mínimo, un Estado que regule pero no invierta. Pero un Estado que no invierte no produce y no genera divisas. ¿Con qué plata va a atender las demandas? A eso llamo economicidio y eso lo va a salvar Lucho. El es experto. Al principio no teníamos experiencia en gestión pública. Ni Evo, ni Álvaro, ni Lucho, ni David. En 14 años hemos aprendido. En 2005 nos han dejado un país destrozado. Cinco años antes de mi presidencia, hubo cinco presidentes. Hemos logrado estabilidad política y social. Conocemos, tenemos mucha experiencia.
-¿Cuál fue su mayor éxito en esos años de gobierno?
-En política, la refundación de Bolivia. Dejar de ser un Estado colonial y tener un Estado plurinacional donde todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. La incorporación del movimiento indígena y las mujeres. Tuve una ministra de Trabajo obrera de base. En tiempos neoliberales era un empresario. Todos los ministros de Trabajo eran obreros o asesores de la COB. En Justicia, una trabajadora del hogar (Marcela Casimira Rodríguez Romero), histórico, inédito. Y del movimiento indígena, de pollera, quechua. Un desafío para el patriarcado. Una hermana, Patricia Muñoz, ministra de gobierno, para que pueda comandar a la policía. Tal vez algún oficial no me perdona eso. En las FFAA, Cecilia Chacón, ministra de Defensa, aunque ella después nos ha traicionado.
(Foto: AFP)
-Usted dijo que recordó el final de Salvador Allende y eso lo convenció de que debía irse de Bolivia para salvar el proceso iniciado en 2005.
-Cuando llegué a Chimoré pensé meterme monte adentro. Pensé: “Estoy en mi región”. Desde allí voy a gobernar, no a renunciar. Otra vez pienso, si Evo sigue presidente y hay matanza en La Paz no va a ser bajo mi responsabilidad. En México y luego acá, vi que era un golpe como el de Chile. Con participación del gobierno de EE UU como leí en algunos reportajes: pagaban 50 dólares a transportistas para que haya paro de transportes o los ganaderos que en lugar de proveer carne degollaban en los ríos. Pagaban los gringos para golpear a Salvador Allende. Casi igualito. El senador republicano Richard Black admitió que Trump impulsó el golpe. El dueño de Tesla dijo lo mismo, para tener el litio.
-Hablando de Chile, ¿Cómo se imagina pisando nuevamente las calles de La Paz?-Claro, va a ser otro motivo de emoción. Los compañeros militantes me dicen: “Vamos a votar para que gane el MAS y que vuelva el EVO”. Es generalizado eso, pero también los que no se dedican a la política que dicen: “Voy a votar al partido que sabe gobernar”. Somos optimistas, porque hicimos mucho por el pueblo boliviano y conoce lo que hicimos. -Claro, va a ser otro motivo de emoción. Los compañeros militantes me dicen: “Vamos a votar para que gane el MAS y que vuelva el EVO”. Es generalizado eso, pero también los que no se dedican a la política que dicen: “Voy a votar al partido que sabe gobernar”. Somos optimistas, porque hicimos mucho por el pueblo boliviano y conoce lo que hicimos.
La democracia argentina acumula fuertes déficits en varios ámbitos y uno de ellos es sin dudas el de la vivienda. Hay pocos parámetros para dimensionar en cifras a cuánto asciende la falta de un hábitat digno para millones de ciudadanos argentinos y ante esta carencia, se recurre a datos del ultimo censo nacional, que se realizó hace diez años. Un sector de los medios, en tanto, augura una suerte de apocalipsis por las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires y difunden mensajes reactivos a toda reivindicación de los derechos de los pueblos originarios en la Patagonia. A esto se suma el debate en la dirigencia política, donde el tema levanta controversias de tal magnitud que incluso dentro del oficialismo se generan enfrentamientos sobre la forma de caratular a este fenómeno, que se verifica con mayor intensidad como una de las consecuencias sociales que acompaña a la pandemia. Genéricamente se habla de que para satisfacer las necesidades habitacionales de la población hacen falta 3 millones de viviendas. Pero el dato es de 2010, no actualiza las condiciones reales de los ciudadanos afectados y además, no toma en cuenta el crecimiento demográfico. Un dato más cercano en el tiempo es el censo que se realizó desde 2017 para crear el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Fue una iniciativa que contó con el voto unánime en el Congreso, que fructificó en 2018 con la ley 27.453 que declaraba de utilidad pública y sujetos a expropiación a los inmuebles comprendidos en ese registro. Fue el primer inventario de barrios populares –una forma edulcorada de denominar a las villas miserias y los asentamientos urbanos– elaborado por los movimientos sociales y organizaciones cercanas a esas comunidades con la participación fundamental de los propios vecinos. Lo auspicioso fue que se trató de una iniciativa que el Gobierno de Mauricio Macri y sus legisladores aprobaron en conjunto con la oposición de entonces. Un ejemplo de consenso poco común en temas tan álgidos como la propiedad privada y el acceso a la tierra en tiempos neoliberales. Los datos que surgieron muestran que en todo el territorio nacional había 4.416 barrios populares donde vivían 935.000 familias sin la titularidad de los terrenos donde plantaron sus viviendas. Hubo algunos datos más: que allí no hay acceso a los servicios básicos –agua, cloacas, electricidad, comunicaciones– y que dos tercios de los pobladores tienen menos de 29 años. El proyecto de aporte solidario por única vez aplicado a las grandes fortunas destina 15% de lo recaudado para solventar proyectos de RENABAP. Podría ser un buen aporte para mejorar la situación. Esos barrios fueron los que más sufrieron durante la pandemia, donde el virus circuló más fuerte y provocó cientos de muertes y miles de contagios por las condiciones de hacinamiento en que se vive. Pero hubo otros datos inquietantes que no tienen registro, aunque sí visibilidad mediática: en estos meses terribles miles de argentinos perdieron sus ingresos y el monto de la ayuda que recibieron del Estado no fue suficiente para cubrir la alimentación y el pago de un alquiler. Literalmente, quedaron en la calle, a pesar de los decretos del Gobierno que trataron de impedir desalojos de inquilinos y congelar pagos a los propietarios. En lo que va del año, según información provista por el Gobierno bonaerense, hubo 868 desalojos y fueron detenidas 524 personas en intentos de ocupaciones en los partidos de Presidente Perón, La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, General Pueyrredón, Moreno, Quilmes, Avellaneda, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Almirante Brown, Hurlingham y La Plata. El debate público se potenció con la ocupación de 100 hectáreas en Guernica (Presidente Perón). Desde los medios hubo muchos que alentaron la expulsión sin miramientos de los «usurpadores» y «delincuentes». La oposición deslizó acusaciones veladas de connivencia con el delito contra dirigentes del oficialismo y hubo cruces entre el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, y líderes de movimientos sociales. Tanto fue el ruido que Juan Grabois, uno de los referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), salió al cruce de las acusaciones en su contra afirmando: «Odio las tomas». Su argumento es que «toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación. Esas familias son víctimas, no culpables». Federico Fagioli tiene motivos para ser escuchado cuando habla del tema. Ahora diputado por el Frente de Todos, en 2014 participó en una toma en la localidad de Glew, donde se construyó el barrio Pueblo Unido. Allí vive y desde ese lugar afirma: «Nunca en mi vida fogonearía que alguien haga una toma, no se la pasa bien en una toma». Pero al mismo tiempo recuerda que hace seis años estaba en una encrucijada, atrapado entre deudas impagables y falta de ingresos acordes. «Era esto o quedarme en la calle». Los Curas en Opción por los Pobres se sumaron al debate en un documento donde señalan que «el conflicto por la tierra (…) pide respuestas de fondo que busquen resolver y no dilatar el problema». Y agregan un dato no menor a esta problemática: «El atravesamiento de negocios oscuros como la venta de droga; la compra-venta y alquiler de lotes; y otras inconfesables actividades, por mano de verdaderas bandas (generalmente al cobijo de funcionarios que “miran para otro lado” y del personal de seguridad que termina siendo socio del delito) complican este escenario». Entre las bandas que genéricamente denuncian los sacerdotes se pueden anotar grupos especulativos de carácter mafioso y las barras bravas de algunos clubes que, según los que conocen de la entretela de esos grupos –como el periodista Gustavo Grabia, autor de La Doce– al no haber fútbol pierden sus fuentes de ingresos y se ofrecen como mano de obra tanto sea para una toma como para un desalojo. En ese contexto, el líder de la barra disidente de River, Martín Núñez Gioiosa, «Saviolita», murió baleado en un enfrentamiento a tiros en una toma en Moreno.
El sur profundo La problemática de los pueblos originarios tiene otros condimentos. Recién con la Constitución de 1994 se reconoció la preexistencia y los derechos de los pueblos originarios. Estigmatizados durante la gestión de Patricia Bullrich, las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel se inscriben en las luchas por recuperar sus territorios ancestrales. La sucesora de la actual líder del PRO, Sabina Frederic, se vio inmersa en otro de los debates a raíz de una protesta contra los integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, en Lago Mascardi. Bastó que dijera que «la toma de tierras no es un tema de seguridad» para despertar feroces críticas por lo que desde sectores de la derecha se consideró un ataque al derecho a la propiedad. Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), mantiene una mesa de diálogo para destrabar la situación en Río Negro. «En la Patagonia, desde la Conquista del Desierto hasta nuestros días, la tierra es un espacio de conflicto», afirma la exsenadora. «Se quejan por Bariloche –abunda Odarda–, pero no dicen nada de otros 700 predios que ocupan privados en otras fracciones de otros parques, ni de (el empresario británico Joe) Lewis, ni del príncipe de Qatar, que también tienen propiedad sobre espejos de agua que compraron a precios irrisorios».
Revista Acción, segunda quincena de Septiembre de 2020
Las autoridades francesas denunciaron el cierre “brutal” de una planta de Bridgstone que deja a casi 900 trabajadores en la calle en una región del norte de ese país y reclamaron que la fabricante japonesa de neumáticos busque alguna alternativa que permita salvar las fuentes de trabajo. Se trata de un nuevo golpe a la industria francesa y especialmente en el rubro del neumático que no solo es atribuible a la pandemia.
El presidente del directorio de Bridgestone para Europa, Laurent Dartoux, aseguró a la agencia AFP que “no es una decisión que hayamos tomado a la ligera”, y calificó a la medida como inevitable por el exceso de producción en el continente y la competencia de los fabricantes asiáticos.
Bridgestone afirma que debe reformular su producción para competir con marcas asiáticas de bajo costo. Asegura que perdió entre el 6 y el 25% del mercado desde principios de siglo, mientras que en lo que va de este año el mercado automovilístico europeo caerá a diciembre alrededor de un 25%.
Para suavizar las críticas, la compañía anunció que es «plenamente consciente de las consecuencias sociales» de bajar las persianas y prometió puestos de trabajo en sus otras operaciones en Francia o paquetes de jubilación anticipada. Y para calmar a los distribuidores, donde tienen empleo unas 3500 personas, dijo que la red de ventas y servicios permanecerá intacta.
Dartoux, en el sillón presidencial desde enero pasado, había sido presentado a fines de año 2019 con bombos y platillos como responsable de una nueva estrategia para Bridgestone. En su presentación, se informó que el ahora comandante de los 863 despidos en la planta de Bethune, en Pas-de-Calais, ocupó cargos ejecutivos en Kodak, Hertz, Procter & Gamble y que anteriormente fue vicepresidente sénior de Ventas y Marketing en la elaboradora de neumáticos.
Se lo mostró en las redes sociales como parte de un momento emocionante para la empresa.
Bridgestone EMIA engloba las regiones de Europa, Oriente Medio, India y África. En julio pasado, Dartoux anunció el desarrollo de un neumático inteligente junto con Microsoft. “Lo digital es una gran parte de lo que hacemos hoy en Bridgestone; es imperativo que trabajemos con socios líderes en la industria que puedan satisfacer nuestras necesidades hoy y en el futuro. Al asociarnos con Microsoft, tenemos la oportunidad de llevar nuestro Sistema de Monitoreo de Daños de Neumáticos a millones de conductores, ofreciéndoles una mayor seguridad y tranquilidad», dijo esa vez.
Ahora se revela que las cosas no venían bien el Bethune, pero la pandemia empeoró la situación y aceleró decisiones que no estaban fuera de carpeta cuando Dartoux tomó posesión de su cargo. A mediados del año pasado, los directivos de la fábrica presentaron un plan de reducción productiva, para bajar de 12000 unidades diarias a 9000 en diciembre pasado. Ya entonces se hablaba de «exceso de capacidad de producción en Europa» y unas oscuras perspectivas para el 2020. Pero aún no se tenía idea del Covid-19.
Según la publicación Tire Business, de la industria del neumático, la planta de Bethune había sido inaugurada en 1960 por la estadounidense Firestone Tire & Rubber Co. La multinacional pasó luego a manos de capitales japoneses en 1988. La fábrica gala es la más grande de la compañía en Europa, tiene una capacidad de 19.200 neumáticos por día y además de los trabajadores directos genera cientos de empleos indirectos y es clave para la economía de Bethune, una comunidad de 25.000 habitantes en la región de Hauts-de-France.
Esa región ya sufrió el cierre de una planta de la Continental en Clairoix en Oise hace diez años, con la pérdida de 683 empleos, y de la Goodyear en Amiens-Nord, que tenía 1.143 trabajadores, en 2014. En 2019, Michelin cerró su planta en La Roche-sur-Yon (en la Vendée), con 619 trabajadores, y en su fábrica en Bamberg, Alemania, dejó a 858 personas en la calle. Para el gobierno, el anuncio es «una traición a la confianza que el estado y la región de Hauts-de-France han depositado» en Bridgestone. El presidente de esa región, Xavier Bertrand, se unió a la ministra de Economía y Finanzas de la nación Agnès Pannier-Runacher y la ministra de Trabajo. Empleo e inserción, Elisabeth Borne para emitir un comunicado conjunto en el que catalogan de “brutal” al cierre de la fábrica y exigen “a la empresa que abra y analice en detalle todos los escenarios alternativos al cierre del sitio”. Esto dice Bertrand en su cuenta de Twitter.
«El anuncio de Bridgestone es impactante. Disputo su brutalidad y sus fundamentos. Quiero decirles a los empleados que estamos a su lado. La empresa debe asumir sus responsabilidades. Inaceptable que abandone el juego sin haber luchado por soluciones alternativas”, agrega la titular de Economía y Finanzas. “El anuncio de Bridgestone es impactante. Disputo su brutalidad y sus fundamentos. Quiero decirles a los empleados que estamos a su lado. La empresa debe asumir sus responsabilidades. Inaceptable que abandone el juego sin haber luchado por soluciones alternativas”, agrega la titular de Economía y Finanzas.
“Llamo a la dirección de #Bridgestone tomar responsabilidad. Se han implementado muchos sistemas como parte de #FranceRelance por la salvaguardia del empleo, ¡que se apoderen de él!”, se suma la ministra de Trabajo.
Avec @AgnesRunacher et @xavierbertrand aux côtés des 863 salariés, j’appelle la direction de #Bridgestone à prendre ses responsabilités. De nombreux dispositifs ont été mis en place dans le cadre de #FranceRelance pour la sauvegarde de l’emploi, qu’ils s’en saisissent ! pic.twitter.com/Pm7Up4UJ6q— Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne)
Habrá que ver si hablándoles al corazón no responden con el bolsillo como han hecho hasta ahora.
Entre el viernes y el domingo se desarrollará la Cumbre Mundial Inaugural de la Internacional Progresista, la organización creada en mayo pasado para nuclear los esfuerzos de activistas, movimientos sociales, ambientalistas, intelectuales y medios de comunicación de todo el mundo que luchan por “transformar el orden global y las instituciones que lo conforman”. Bajo el impulso de líderes de la talla del ex precandidato presidencial estadounidense Bernie Sanders, el ex ministro de Economía griego Yanis Varoufakis, y con la participación entre otros de Noam Chomsky y Naomi Klein, este primer encuentro estaba pactado para llevarse a cabo en Islandia, cuya primera ministra, Katrín Jakobsdóttir, integra también la IP, pero la pandemia hizo cambiar los planes, lo que abrió la necesidad de incorporar tecnologías de conectividad para acercar los debates a toda la comunidad.
“Tenemos una agenda humanista que plantea un cambio radical de prioridades. Necesitamos que nos devuelvan el mundo, como dice Varoufakis -explica en diálogo con Tiempo Alicia Castro, designada embajadora argentina en Rusia y miembro del Consejo Asesor de IP- Un mundo que sea sustentable ambientalmente y donde impere el estado de derecho y no el lawfare, donde el capital este al servicio de la producción y del trabajo y no de la usura y por supuesto contra el colonialismo, el imperialismo y que pueda hacer un aporte a la construcción de un mundo multipolar de relaciones iguales y soberanas de personas iguales y con derecho a la felicidad”.
Castro cuenta que la Internacional Progresista nació de la unión de voluntades de Sanders y Varoufakis. El griego, que formó parte del gobierno de Alexis Tsipras, es el creador de DIEM25, el Movimiento Democracia en Europa 2025, que cuenta entre sus adherentes a Julian Assange, el filósofo italiano Toni Negri, el esloveno Slavoj Zizek, el músico ingles Brian Eno.
El senador por Vermont y ex aspirante a la presidencia de EEUU por los demócratas, se sumó a la propuesta a través del Instituto Sanders, la fundación desde la que plantea una nueva agenda de debate para el electorado de su país. “Ellos tuvieron en cuenta que hay muchos “think tank” (tanques de ideas) del pensamiento de la derecha pero no hay muchos desde a izquierda o el progresismo”, agrega la ex embajadora en el Reino Unido y en Venezuela.
Por la región, integran IP Rafael Correa, el candidato a presidente ecuatoriano Andrés Araúz, Álvaro García Linera, el brasileño Fernando Haddad, además de las argentinas Alicia Castro y Elizabeth Gómez Alcorta.
En esta primera oportunidad la consigna del encuentro es bien clara y concreta: “Internacionalismo o Extinción”. La cumbre consistirá en una jornada que comienza este viernes a las 11 horas de Argentina donde Varoufakis presentará una ponencia sobre el post capitalismo.
Dos horas más tarde Klein, autora de No logo y La toma lanzará propuestas para reparar las agresiones que sufren el clima, la raza, la economía y la infraestructura. A las 15, Chomsky debatirá con representantes de IP sobre como enfrentar al capital concentrado.
Para los latinoamericanos, el momento clave será desde las 17 horas, cuando Alicia Castro presentará la mesa La Democracia en Latinoamérica, junto con los candidatos a presidentes Luis Arce, de Bolivia, y Andrés Arauz, de Ecuador.
Castro integra el Consejo de Asesores de IP con Gómez Alcorta y explica que el encuentro, organizado junto con la ONG Wiphalas por el Mundo, será un conversatorio en el que se planteará “el modo de reconstruir la unidad regional, que es imprescindible para que haya bienestar en América Latina y el Caribe y cómo terminamos con la desigualdad en un continente enormemente rico y el más desigual del planeta. Y también como vivir en una democracia que no esté amenazada por estos golpes blandos que han secuestrado electoralmente a Evo Morales, a Lula da Silva y a Rafael Correa.”
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