Con el triunfo de Bolsonaro en Brasil y tras el golpe contra Evo en Bolivia, el fenómeno del evangelismo que venía creciendo en las últimas décadas alcanzó relevancia en esta parte del hemisferio. Sin embargo, se trata de un fenómeno que cala hondo en EE UU al punto que las iglesias evangélicas son un sostén fundamental de la candidatura de Donald Trump. Autor de Poder evangélico, Ariel Goldstein, doctor en Cs.Sociales, Magíster en Ciencia Política y Sociólogo, explica las características de esos grupos religiosos: “El evangelismo hoy está hegemonizado por las expresiones pentecostales y neopentecostales”.
-¿De qué se trata?
-Es una renovación carismática que se da a mediados del siglo XX y que viene de EEUU. Esto de meterse en los medios de comunicación, de la prédica carismática, de hablar en lenguas, de la curación divina, de los demonios. Todo se renueva en los ’90 con la Teología de la Prosperidad, la idea de que el fiel tiene que entregar una parte de su salario a la iglesia, el diezmo, y eso va a redundar en su vida cotidiana. También está asociado al esfuerzo individual, el emprendedurismo. Y está un poco engarzado con el tema de la autoayuda.
-¿Qué influencia tienen en estas iglesias, grupos económicos o agencias de EEUU?
– Es probable que haya algo de eso. Lo que si está claro es que va de EEUU a América Central, donde tiene una influencia muy fuerte. Un fenómeno es cómo en EEUU predican los pastores latinoamericanos para Centroamérica. El caso del argentino Luis Palau, que vive en Miami y tiene muchos seguidores allí. El pastor Franklin Cerrato dijo que Dios le habló para que Nayib Bukele sea el próximo presidente de El Salvador. Hemos visto que el gobierno de Jeanine Añez en Bolivia decía que los indígenas tienen rituales satánicos y volvía la Biblia al Palacio.
-Jair Bolsonaro se hizo bautizar en el Jordán como Mesías, pero Lula llegó al gobierno tras acuerdos con iglesias evangélicas.
-López Obrador también llega con apoyo de evangélicos del partido Encuentro Social. Arturo Farela, el presidente de Confraternice, que son iglesias evangélicas, que dice “nosotros somos un ejército al servicio de la revolución de AMLO”. Y no son los únicos.
-La influencia en el Partido Republicano de EEUU es fuerte, pero Trump no da la sensación de ser muy creyente.
-Cuando en los 60 se aprobó el acta de Derechos Civiles, con el voto de los negros, los blancos del sur se lanzaron al Partido Republicano, que se derechizó cada vez mas. A eso se le sumó el tema religioso con pastores televisivos como Pat Robertson, precandidato republicano en 1988. Trump usa a estos grupos, pero también ellos obtienen beneficios porque ven que cumple con su agenda. Les dio un lugar importante en la Casa Blanca donde una pastora, Paula White, es su consejera espiritual y rezan juntos. Está con él desde el show El Aprendiz y creó en la Casa Blanca la Oficina de la Fe. Después está el tema del aborto, muy importante para los pastores evangélicos alineados con el PR.
-Por eso designó a la católica Amy Coney Barrett como jueza de la Corte, para garantizar un voto antiaborto.-Es que ella pertenece a un grupo católico pentecostal. Hay que pensar en la pentecostalización del catolicismo. Grupos católicos que adoptan la renovación carismática: hablar en lengua, curación divina, el dinero y esta cosa conservadora de las costumbres Coney Barret perteneció al grupo People of Pride, católicos pentecostales. Hoy los pastores evangélicos más importantes están alineados con Trump. Los latinos están un poco mas divididos, pero los blancos están con Trump. -Es que ella pertenece a un grupo católico pentecostal. Hay que pensar en la pentecostalización del catolicismo. Grupos católicos que adoptan la renovación carismática: hablar en lengua, curación divina, el dinero y esta cosa conservadora de las costumbres Coney Barret perteneció al grupo People of Pride, católicos pentecostales. Hoy los pastores evangélicos más importantes están alineados con Trump. Los latinos están un poco mas divididos, pero los blancos están con Trump.
Un debate crucial para la libertad de expresión y los controles sobre discursos de odio en las redes se desarrolla en el Senado de Estados Unidos, pero está tan teñido con el agrio aroma de la campaña electoral que quizás luego del próximo martes todo quede en el recuerdo. Mientras tanto, los CEOs de las principales plataformas de internet, Jack Dorsey de Twitter, Sundar Pichai de Google y Mark Zuckerberg de Facebook, comparecieron ante el Comité de Comercio de la cámara alta estadounidense y se escudaron en la ley que protege a esas empresas por el contenido publicado por terceros para responder las críticas de los legisladores.
A escasos seis días de un comicio clave para la reelección de Donald Trump, los republicanos, que componen la mayoría en esa sala, recriminaron por boca del titular del comité, Roger Wicker, senador por Mississippi, que esas plataformas se hayan convertido “en un poderoso árbitro de la verdad y el contenido al que los usuarios pueden acceder”.
Más aún, cuestionó a Twitter que “dictadores extranjeros publiquen su propaganda sin restricciones, mientras usted limita sistemáticamente al presidente de Estados Unidos”. Y resaltó que el público suele estar mal informado “sobre el proceso de toma de decisiones cuando el contenido es moderado y los usuarios tienen pocos recursos cuando son censurados o restringidos»-
El presidente estadounidense viene cuestionando precisamente que muchos de sus mensajes en la principal fuente de contacto con su público hayan sido censurados. Su argumento es que si tienen la facultad de decidir qué se puede difundir y qué no.
Es así que Trump se queja de que le hayan bloqueado tuits donde revela maniobras que bien deberían considerarse corruptas del hijo de su oponente, Joe Biden.
Media and Big Tech are not covering Biden Corruption!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2020
Y no oculta su intención de poner coto a las redes, aunque al menos hasta ahora no lo pudo conseguir.
Paralelamente, el discurso de odio que se difunde a través de las redes sociales alarma a los bien pensantes de todo el mundo y llevó a que desde la Unión Europea se plantearan investigar a esas mismas plataformas que ahora los republicanos quieren poner contra las cuerdas. Cierto que todo esto salió a la luz luego de haberse conocido el programa de manipulación creado por la empresa Cambridge Analityca.
Dorsey, el gerente general de Twitter, le respondió a Wicker que la red del pajarito responde todo lo rápido que puede para moderar contenidos que se consideran inapropiados. Su colega de Google, el indio Pichai trajo a colación la sección 230 de la ley vigente a la que describió como «un acto fundacional del liderazgo estadounidense en el campo de la tecnología» y alertó sobre las consecuencias de un cambio en esa normativa para las empresas pero también para los particulares.
Los republicanos quieren modificar ese aspecto de la ley porque aducen que las firmas arbitrariamente bloquean contenidos conservadores en las redes. Lo cual sienten que perjudica a Trump en esta elección, sin embargo esos mismos contenidos lograron en otros lugares del mundo el triunfo de candidatos xenófobos y retrógrados.
Zuckerberg, a su turno, no objetó la posibilidad de cambiar la ley, pero que las empresas podrían censurar para evitar riesgos legales. El fundador de Facebook señaló que ve como más correcto “actualizar la ley para asegurarse de que funcione como está previsto”.
La sección 230 de Ley de Decencia en las Comunicaciones fue creada en 1996 a nivel federal para protege a las compañías de internet de responsabilidades legales. “Ningún proveedor o usuario de un servicio de ordenadores interactivo deberá ser tratado como el publicador o emisor de ninguna información de otro proveedor de contenido informativo”, especifica. Esto es, que ninguna empresa de Silicon Valley puede ser penalizada por un contenido racista o que implique la comisión de un delito.
Convocado como experto en la cuestión, Ashkhen Kazaryan, responsable de libertades civiles en la ONG TechFreedom, indicó que la normativa vigente “es una ley crucial que creó internet tal y como lo conocemos. Todo el mundo depende de ella, desde los pequeños blogs a las grandes plataformas».
Y alertó que una posible modificación implicaría mayores costos legales y administrativos para las plataformas que a la larga terminarían por fortalecer a los pesos pesados de internet. «Solo las grandes plataformas pueden hacer esto. Las otras acabarán siendo demandadas y sacadas fuera del sistema», explicó.
Es un dilema al que se enfrentan las sociedades en la actualidad.
«Las grandes empresas tecnológicas han estirado su escudo de responsabilidad más allá de sus límites y el debate público está sufriendo por ello», aseguró la senadora Marsha Blackburn.
«Deberían tener cuidado con lo que quieren, porque sin la Sección 230 todos estos racistas, homófobos, xenófobos e islamófobos serían expulsados de las plataformas», dijo Hany Farid, especialista en plataformas de la Universidad de Berkeley, para agregar luego «en YouTube (perteneciente a Google), el 70% de los videos vistos son ‘recomendados’. Entonces estas plataformas son editores, no solo anfitriones, ya que ellos deciden, con sus algoritmos, qué contenido ves».
El tema del monopolio en las redes fue una de las inquietudes de la senadora Elisabeth Warren, precandidata demócrata a las presidenciales. Pero también para organizaciones de derechos humanos.
Que demócratas y republicanos lo vean como un tema preocupante puede significar que finalmente sea tratado de un modo más serio. Pero los intereses son muchos y muy poderosos.
Donald Trump se salió con la suya. A una semana de las elecciones presidenciales logró nominar a una jueza de la Corte Suprema que le garantiza a los republicanos varias décadas de supremacía conservadora en el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos. A corto plazo, le cuidará las espaldas en caso de que el conteo de votos venga ajustado, mientras que a mediano término, es la figura que podría terminar con el plan de salud de su antecesor, el Obamacare, y con el fallo que permite el aborto legal en el país.
Fue un nombramiento controvertido ya que los demócratas no terminan de digerir que en un año electoral el primer mandatario haya colocado a una “cortesana” super conservadora, cuando a Barack Obama en 2016 le rechazaron a uno -liberal- argumentando que esa designación le correspondía al que ganara el comicio.
Tan malheridos quedaron que ya circulan proyectos de ley para que en caso de ganar Joe Biden el 3 de noviembre, se aumente el número de integrantes de la Corte, cosa de equilibrar tanto desbalance hacia una interpretación de las leyes estadounidenses por demás retrógrada, como promete ser la camada que se inicia este martes.
Sobre las necesidades de Trump, conviene recordar que el actual inquilino de la Casa Blanca viene denunciando fraude para impedirle la reelección. Centralizó sus denuncias -más bien sospechas, por ahora sin fundamento- en que con la pandemia era de esperarse que muchos ciudadanos adelantaran el voto por correo y que ese sistema no le daba garantías de transparencia. Hasta ahora cerca de 60 millones ya emitieron el sufragio, cuando aun falta una semana para el voto presencial.
Sobre la transparencia electoral hay que remontarse al año 2000. La votación del 7 de noviembre de ese año fue muy pareja en casi todos los distritos entre el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore, que era vicepresidente de Bill Clinton. Venían con 246 electores para Bush y 255 para Gore, lo que reflejaba la diferencia de apoyos en las urnas, más de medio millón de sufragios a favor del demócrata. Erean necesarios 270 apoyos y faltaban sumar los 25 electores de Florida, uno de los estados donde el que gana, aunque sea por un voto, se lleva todos los delegados para el colegio electoral nacional.
Ahí sí que hubo fraude. Contabilizaron votos de personas fallecidas, urnas desaparecidas y todas las artimañas usuales en muchos lugares del mundo. La controversia fue mayúscula y los demócratas pidieron un conteo manual. Ante la imposibilidad de resolver la cuestión forma pacífica, el caso terminó en la Corte Suprema. Que le dio la razón a los republicanos en un fallo muy disputado recién el 13 de diciembre. Gore aceptó de mala gana luego de que los popes del partido le dijeran que demorar mas de un mes un resultado en la principal potencia mundial sobrepasaba todo límite. La nueva jueza puede ser garantía de que los republicanos no tendrían que esperar tanto para aprobar o rechazar un resultado con el apoyo del supremo tribunal.
En cuanto a el otro desvelo de Trump, el aborto, si bien había logrado designar a otros dos jueces conservadores, tuvo un “desengaño” en julio pasado cuando el voto decisivo de Neil Gorsuch la Corte invalidó una ley de Luisiana que habría obligado a cerrar las clínicas de aborto. Trump había nombrado a Gorsuch y a Brett Kavanaugh.
En Estados Unidos no hay una ley que permita la interrupción del embarazo. Desde 1973 un fallo del tribunal de la época, el caso conocido como Roe v. Wade, impide penalizar el aborto amparado en el derecho a la mujer a la privacidad. Desde entonces hubo decenas de intentos de los sectores ligados a las iglesias católica y las distintas ramas evangélicas, de dictar un fallo en contrario. Pero siempre hubo un relativo equilibrio entre liberales y conservadores dentro de la Corte que dejó las cosas como están. Hasta que a la llegada de Trump al poder, murieron dos jueces y otro se retiró, con lo que quedaron tres bancas libres para torcer ese equilibrio histórico.
La muerte el mes pasado de la jueza Ruth Bader Ginsburg, a los 87 años, fue el momento esperado por Trump. Militante de los derechos de la mujer y de las libertades individuales, se sabía que estaba luchando contra un cáncer y el presidente ya tenía en mente a su reemplazante.
Nacida en Nueva Orleans en 1972, Amy Coney Barrett había sido designada jueza de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito por el mismo Trump en 2017. Católica militante, miembro de grupos más conservadores dentro de la iglesia de Roma, se graduó en la Universidad de Notre Dame con todos los honores. Así, logró ingresar en la selecta Sociedad Phi Beta Kappa.
Fundada en 1776 en el Colegio de William y Mary, de Virginia, como una sociedad secreta bajo las iniciales de Φιλοσοφία Βίου Κυβερνήτης (Philosophía Biou Kubernetes, la filosofía gobierna la vida), tiene como objetivo expreso la defensa de los grandes valores liberales de la humanidad a través de las ciencias y las artes.
La institución se jacta de haber tenido entre sus miembros a 17 presidentes, 42 jueces supremos y más de 150 premios Nobel. Para ingresar hay que tener promedios universitarios equiparables a un 10 para nuestros parámetros. Bill Clinton, George Bush padre, Jimmy Carter, Franklin Roosevelt figuran en ese listado. De la actual Corte, solo dos integrantes no son Phu Beta Kappa: Brett Kavanaugh y Clarence Thomas. Pero también hay empresarios como Jeff Bezos, dueño de Amazon y del Washington Post, la actriz Glenn Close y la escritora Susan Sontag. No están los últimos tres presidentes ni el actual desafiante al cargo.
Coney Barrett trabajó desde muy joven con jueces de renombre, como el camarista Laurence Silberman y el cortesano Antony Scalia, el ultraconservador que murió en febrero de 2016. Obama intentó entonces nombrar a un liberal, Merrick Garland. Pero los republicanos, con mayoría en el Senado, adujeron que debía designarlo el futuro presidente. De más está decir que ahora los demócratas están indignados porque en año electoral y a una semana del comicio, los republicanos dan un giro de 180 grados en sus argumentos.
La nueva ministra del máximo tribunal se presenta con un “fuerte compromiso con la posición de la Iglesia Católica sobre temas de vida” y es partidaria de una interpretación originalista de la Constitución. Es una tesis a la que adscribía Scalia -para cuyo estudio la jueza obtuvo una beca de investigación universitaria- y que sostiene que la Carta Magna debe interpretarse en el sentido que le dieron los redactores, fijo e inamovible. Nada de interpretaciones modernosas.
La jueza suprema tiene 7 hijos, dos de ellos adoptados, con Jesse Barrett, a quien conoció en la universidad. Barrett fue secretario del fiscal del Distrito Norte de Indiana hasta 2019, cuando regresó a la actividad privada en un estudio de abogados de ese mismo estado, donde representa a compañías e individuos particulares en controversias comerciales y financieras.
Que Chile necesita una nueva constitución para terminar de enterrar esa que en 1980 consolidó el modelo neoliberal no es novedad. El resultado del plebiscito de este domingo muestra a las claras el amplio consenso para que la democracia chilena se dicte una Carta Magna sin tutelaje de las Fuerzas Armadas. Lo novedoso es que esta “ley de leyes” será escrita por igual cantidad de hombres que de mujeres. En un país forjado a sablazos desde 1973, ese detalle no es menor.
Los movimientos feministas que protagonizaron las manifestaciones que comenzaron hace justo un año están en posición de lograr que los principios rectores de la futura Constitución tengan una fuerte perspectiva de género, atendiendo a que, como dice Valentina Olivares Grey, militante feminista, “las mujeres y los cuerpos feminizados recibimos el doble o el triple de castigo” en una sociedad tan desigual como la chilena. Ahora el desafío es que cada uno de esos 78 asientos en la constituyente de 155 integrantes incorpore definitivamente ese mandato en la nueva normativa que se votará en abril de 2021.
Los temas en danza, a nivel superficial, van desde el acceso al aborto seguro, la paridad en la representación en el Congreso o los derechos de la comunidad LGBT. Pero buceando un poco más profundo, hay otras cuestiones fundamentales.
Olivares Gray integra la Asamblea Plurinacional Feminista y desde ese lugar sostiene ante Tiempo que en la futura Cartas Magna el tema de agenda primordial es “el derecho a una vida libre de violencia, porque es el que nos permite seguir vivas para conversar”.
Otro cuerpo de demandas, detalla, se relaciona con garantizar “un mínimo de dignidad en las condiciones de vida y de la población en general”. Esto implica “el reconocimiento del trabajo de cuidados, no solo de manera simbólica sino para reconocerlo como un trabajo”. El tema tiene su peso ya que la nueva constitución tirará por la borda el corset neoliberal que impuso la dictadura, por lo tanto el Estado pasará de ser subsidiario a ser garante, y las mujeres “deben contar con un sistema de seguridad social universal que incluya criterios de género, que reconozca las desigualdades que hay entre mujeres y varones”.
Otra cuestión que no deberá soslayarse en el futuro ordenamiento legal chileno, dice Olivares Gray, es lo que ocurre en las llamadas “zonas de sacrificio”. En regiones donde se extiende el modelo extractivista “las mujeres han avanzado en muchas formas de organización y resistencia para hacer frente a la devastación que allí se genera a nivel ambiental y humano”.
En esos territorios se ven escuelas que cierran, “niños que se envenenan, familias que se quedan sin fuentes de trabajo y de ingreso y que se enferman de por vida”. Las mujeres son las que salen a enfrentar esta calamidad. Allí es justamente donde la aprobación sacó los mayores porcentajes del país este domingo, en algunos casos con cerca del 90%, recuerda Olivares Grey.
Colectivos feministas que militaron esta iniciativa chilena mostraron su alegría en las redes por el rotundo resultado a nivel nacional de este domingo.
Fronteras afuera de Chile, este Constitución paritaria fue celebrada en todo el mundo La ex senadora colombiana Piedad Córdoba celebró también que habrá también participación de pueblos originarios en la redacción.
También desde Colombia, el excandidato presidencial Gustavo Petro festejó el resultado.
Desde Argentina, Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad, unió la lucha de las mujeres chilenas a la lucha por la reconstrucción de la Patria Grande.
Mercedes D´Alessandro, Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, sostiene a su vez que la salida a la crisis es con mas feminismo.
Comentarios recientes