por Alberto López Girondo | Dic 22, 2020 | Sin categoría
A nueve días de entregar su mandato tras haber perdido su reelección, el alcalde de Río de Janeiro, el pastor evangélico Marcelo Crivella, fue detenido en el marco de una causa por sobornos. El socio político de Jair Bolsonaro y obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, una “creación” del brasileño Edir Macedo, pasó de ser el emblema del Brasil ultraconservador que prometía terminar con la quimera de la izquierda a un reo más en un proceso que salpica a parte de la dirigencia política y a los sectores religiosos pentecostales.
Crivella es un atípico personaje de 63 años nacido en el barrio de Botafogo que, tras recibirse de ingeniero, fue cantante de góspel, escritor, compositor y tras incursionar en la iglesia metodista, se cruzó en la vida de Macedo. Este es otro personaje muy particular, que lo convenció de incorporarse a la iglesia que había fundado en 1977. Ungido obispo, su primera misión fue en países africanos de lengua portuguesa. Fue uno de los más atractivos pastores en los medios electrónicos y desde allí creció popularmente hasta aceptar el convite de incursionar en la política.
Senador en 2003, fue uno de los evangélicos que dieron su apoyo a Lula da Silva para que llegara a la presidencia. A tal punto fue esa alianza que Lula le devolvió el favor promoviendo su candidatura a la alcaldía de Río en 2006, aunque terminó derrotado. Firme junto al poder de entonces, en 2012 fue ministro de Pesca y Acuicultura de Dilma Rousseff.
Luego de competir en cada elección de este siglo por el gobierno de Río de Janeiro, recién se le dio en 2016. Hombre controvertido, recibió denuncias y fue investigado por evasión fiscal y lavado de dinero, un delito del que también Edir Macedo fue acusado y por el que terminó procesado varias veces. Pero como los gatos, Macedo siempre cae parado: es el dueño del grupo mediático Record, productor entre otros éxitos de exportación, de la telenovela Jesús, que se proyecta en Buenos Aires a través de Telefé. Record es la plataforma más cercana a Bolsonaro y defiende a capa y espada su gestión.
Estos sectores evangélicos fueron claves en la destitución de Dilma Rousseff, en 2016, cuando ya los vientos soplaban en contra de la sucesora de Lula y del PT. Muchos de los legisladores que aprobaron su destitución -en un proceso armado sin que mediara una causa penal ni delito comprobado alguno- justificaron su voto “por Dios”.
Conservadores al fin, era natural que esta vertiente -la más conocida de Brasil y un producto de exportación bastante exitoso- se uniera a Bolsonaro, que también forma parte de una iglesia pentecostal, ya que fue bautizado por Everaldo Días Pereira, más conocido como Pastor Everaldo, de las Asambleas de Dios. Bolsonaro es Jair Mesías luego de haber recibido el sacramento en las aguas del Río Jordán.
En noviembre pasado, Crivella, a pesar de contar con todo el aparato mediático de Record a su favor y del respaldo de Bolsonaro, perdió en segunda vuelta contra Eduardo Paes, del derechista Partido Demócratas. Las cifras fueron contundentes: 65 % de Paes contra 35% del obispo evangélico,
Desde ese momento todo fue en picada. La jueza de segunda instancia Rosa Helena Penna Macedo Guita, del Tribunal de Justicia do Rio, aceptó una denuncia del Ministerio Público por la que se lo acusa de integrar una organización inmersa en delitos de lavado de dinero, corrupción activa y pasiva.
Entre los implicados figuran el jefe de su campaña electoral, Marcello Faulhaber y el empresario Rafael Alves. La investigación se inició luego de la declaración de Sérgio Mizrahy como arrepentido. Dijo que había un esquema para cobrar coimas en la empresa de turismo carioca, Riotur. Según la denuncia, los operadores turísticos pagaban coimas de entre 20 y 30% a Alves, que luego repartía con Crivella. En la lista de beneficiados estaba también Mauro Macedo, hermano del líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios.
«Fui el alcalde que más actuó contra la corrupción en Rio de Janeiro. Pido justicia», se quejaba Crivella cuando lo fueron a detener. Su imagen circuló asiduamente en las pantallas de la Red Globo, y no es para menos. Se trata de la competencia de Record y el caso le sirve como forma de enchastrar a sus rivales en audiencia y publicidad.
Río de Janeiro, en tanto, se muestra como un escenario bastante propicio para la corrupción al más alto nivel. A esta causa contra el alcalde de la “cidade maravilhosa”, se suma la situación del gobernador estadual, el también bolsonarista Wilson Witzel, destituido por investigaciones de corrupción en agosto pasado. El último viernes el Tribunal Especial Mixto, que juzga la destitución de Witzel, aplazó la audiencia a pedido de la defensa del exmandatario. Aducen que necesitan más elementos para responder a los cargos.
Desde la gobernación de Marcello Alencar, entre 1995 y 1999, la jefatura del estado es un cargo que no suele llegar hasta el final, y para peor, a veces termina en una celda. En 2002 Anthony Garitinho, sucesor de Alencar, renunció para postularse a la presidencia de Brasil, que perdió a manos de Lula. Su esposa, Rosinha Garotinho, pudo completar un mandato el 1 de enero de 2007.
Desde esa fecha, Sérgio Cabral Filho parecía poner fin al maleficio, y fue reelecto en 2011. Pero renunció antes de terminar el período para postularse como senador. Su vice, Luiz Fernando Pezão, ganó ese año la gobernación. Pero pasaron cosas: en 2016 Cabral fue condenado a mas de 40 años de prisión por lavado de dinero y corrupción en la remodelación del Maracaná para el Mundial de Brasil. En noviembre de 2018, Pezão también terminaría preso.
Desde la suspensión de Witzel, a cargo de la gobernación de Río de Janeiro quedó su vice, Cláudio Castro. También evangélico, También cantante de gospel.
Tiempo Argentino, 22 de Diciembre de 2020
por Alberto López Girondo | Dic 20, 2020 | Sin categoría
Boris Johnson enfrenta sus días más complicados desde que se mudó al 10 de Downing Street. Por un lado, el aumento desenfrenado de casos de Covid-19 eleva la alerta en el sistema de salud. Por otro, las negociaciones para el futuro acuerdo con la Unión Europea tras el Brexit parecen en un punto muerto. Pero los británicos tienen ese don de huir hacia adelante sin perder la elegancia y el plan de los conservadores, que se presenta como la recuperación del rol imperial de la nación, plantea un aumento del presupuesto militar de al menos 16 mil millones de libras para los próximos cuatro años. La cifra final, habida cuenta de un compromiso de incrementar el presupuesto medio punto sobre la inflación, podría llegar, sin embargo, a los 21.500 millones.
Este fin de semana los negociadores de la UE y del RU mantendrán reuniones en el edificio Barleymont, la sede de la Comisión Europea en Bruselas, para intentar un acuerdo de divorcio antes del 31 de diciembre que contemple puntos aún en discusión, como las conexiones aéreas y terrestres entre los países del bloque y las islas. Los más ultras entre los antieuropeos, como el nacionalista Nigel Farange, sostienen que luego de más de cuatro años de debates, y de haberse puesto en marcha el Brexit el 31 de enero pasado, es hora de cerrar la puerta al continente. “Es mejor un no acuerdo a un mal acuerdo”, escribió Farange en una columna.
Pero la cosa no es tan fácil incluso en el territorio británico. Los escoceses, por lo pronto, en 2014 aprobaron en un referéndum quedarse dentro del Reino Unido. En la consulta nacional de 2016, los escoceses dijeron de forma abrumadora que no querían irse de la UE y la ministra principal, Nicola Sturgeon, que recibió un fuerte espaldarazo en los comicios de 2019 al Parlamento británico, ahora quiere hacer una nueva consulta. La independencia escocesa, en este momento, sería volver a Bruselas. Más aun, las autoridades tienden puentes con los europeos para mantener las relaciones comerciales fuera del alcance de las restricciones que se avecinan.
Pero los primeros chisporroteos entre Londres y Bruselas ya se manifestaron en torno al control de la pesca en las plataformas marinas de uso exclusivo. Los convenios existentes, tratándose de miembros de la UE, contemplan cuotas para pescadores de cada país en aguas comunes. Pero si no hay un arreglo en estos días, todo indica que la Royal Navy comenzará a patrullar sobre sus dominios desde el 1 de enero y, como adelantó el Sunday Times, “abordará barcos franceses y arrestará a pescadores”. Ya están alistadas para tal fin cuatro naves de 80 metros de eslora.
Es en este contexto que puede entenderse también el anuncio del incremento de presupuesto militar. Como integrante de la OTAN dentro de la UE, Gran Bretaña tenía una serie de obligaciones y beneficios en relación con la defensa común. En lo que toca a la Argentina, la UE le reconocía a Malvinas como territorio de ultramar. Para Europa, ese es un tema menor, al igual que el de todos los enclaves coloniales que tiene en otros rincones del planeta, pero el gobierno de Johnson, ante la falta de otros incentivos para la unidad nacional, alienta la “recuperación de la independencia y la soberanía del yugo de la UE” con la mira en el por ahora ilusorio regreso a las glorias pasadas de potencia imperial.
Con casi 2 millones de contagiados y unos 67 mil muertos, el Reino Unido enfrenta un nuevo rebrote y los investigadores detectaron una mutación en el virus que alarma por las posibles consecuencias ante las fiestas de fin de año. Johnson, que al principio intentó mantener abierta la economía y aplicar la estrategia de “inmunidad de rebaño”, terminó apoyando al sistema de salud público de la corona tras sufrir en persona de coronavirus y haber debido internarse de urgencia.
Pero una cosa es la salud y otra la defensa. Y además de que el rearme militar es un fabuloso negocio para las grandes compañías internacionales, para los pro Brexit es una necesidad estratégica. Desde que el 31 de enero se inició la separación de bienes con la UE, se sabía de los planes para el rearme. Así fue que unos días antes el gobierno anunciaba un proyecto para la integración más estrecha entre diplomacia, fuerzas armadas y servicios de inteligencia. El objetivo declarado era ganar espacio en la disputa global. El ministro de Defensa, Ben Wallace, declaró a la prensa entonces: “No podemos depender militarmente de Estados Unidos”.
Pero a esa altura nadie pensaba que Donald Trump, gran impulsor del Brexit, podría perder las elecciones del 3N. Ni que la pandemia habría de trastocar gran parte de los planes de los gobiernos de todo el mundo. Pero a medida que se acerca el fin de año y se discute el pos Brexit, en noviembre Johnson abundó en el proyecto de rearme.
El titular de la cartera de Hacienda, Rishi Sunak, intentó mantener la caja del tesoro dentro de cánones relativamente fiscalistas. Bastante ya se le había ido de madre el presupuesto con los gatos en el sistema de salud. Y la economía sufría una brutal caída por la crisis sanitaria, estimada en un 11% del PBI en relación al año anterior. Se recordará que en la portada del The Guardian del 26 de noviembre, la muerte de Diego Maradona compitió con la noticia de que el país estaba en la mayor recesión en 300 años.
Pero Johnson le torció el brazo al chancellor de origen indio. “Es nuestra oportunidad para poner fin a la era de la retirada, transformar nuestras Fuerzas Armadas, reforzar nuestra influencia global, unir a nuestro país, apostar por las nuevas tecnologías y defender a nuestro pueblo y su modo de vida”, dijo el primer ministro. Los fondos conseguidos se utilizarán para la construcción de dos portaaviones.
“Tanques y aviones de guerra no nos mantendrán seguros ante las amenazas más graves que afrontamos: pandemia, pobreza y la emergencia climática. No puedes atacar a un virus con armas nucleares», respondió en un artículo del español eldiario.es Symon Hill, de la ONG pacifista Peace Pledge Union. «
Récord
Las exportaciones de armas estadounidenses autorizadas aumentaron un 2,8% durante este año, y llegaron a casi 176 mil millones en 2020 desde los 171 mil millones del año pasado, según cifras del Departamento de Defensa. Encabezan la lista los aviones de combate Lockheed Martin F-35. Los principales compradores fueron Japón, Marruecos e Israel. Australia compró también repuestos; Italia, partes para fabricar las alas del F-35, la plataforma de vigilancia E-7 Wedgetail; hace unos días fue aprobada también la venta de F-35 y de drones MQ-9 a Emiratos Árabes Unidos.
A esta cifra deben agregarse unos 51 mil millones de dólares de ventas militares de gobierno a gobierno durante la gestión de Donald Trump.
Tiempo Argentino, 20 de Diciembre de 2020
por Alberto López Girondo | Dic 17, 2020 | Sin categoría
Organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales denuncian la persecución de líderes y activistas populares en Colombia, en el contexto de cotidianas masacres que para la ONU exigen medidas concretas de las autoridades para ponerle fin al horror en el país sudamericano.
Desde Buenos Aires, Joice Barbosa, integrante del movimiento Congreso de los Pueblos, alerta sobre la profundización de la violencia desde la llegada de Iván Duque al poder, en agosto de 2018. “Este año en particular no da respiro, llevamos más de 80 masacres, con mas de 570 muertes, además de los asesinatos selectivos de personas que hacen tareas sociales”, dice Barbosa a Tiempo. La joven es una de los casi 125.000 colombianos que se exiliaron en Argentina a raíz de la dramática situación que se vive en su país.
Barbosa denuncia la detención arbitraria de Teófilo Acuña, Adelso Gallo y Robert Daza, que militan en la Coordinación Nacional Agraria y la Asociación Nacional Campesina de Colombia, organizaciones defensoras de los derechos de los campesinos y para ser más exactos, del derecho a la vida en ese territorio. “Muchas de las persecuciones se relacionan con ambientalistas que se enfrentan a las multinacionales, petroleras, mineras. Algo sobre lo que alertó el relator de las Naciones Unidas”, agrega.
De hecho, este martes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, presentó un informe donde registra las matanzas en ese país mediante “la intensificación de la violencia perpetrada por grupos no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia, que tienen como objetivo a los campesinos, indígenas y afrocolombianos”.
Este Informe Bachelet -que por cierto no tuvo la misma repercusión que los que involucran al gobierno de Venezuela- computa 66 masacres y 255 muertes este año, a los que suma 120 defensores de los DDHH y 244 combatientes de las FARC que firmaron los acuerdos de paz con el ex mandatario Juan Manuel Santos en 2016. Para el Instituto de Desarrollo para la Paz (Indepaz) durante este año hubo en cambio 86 masacres. La última fue el mismo martes, con cuatro víctimas fatales y dos menores heridos en el municipio de Armenia.
“La violencia se ha trivializado en Colombia -señala la dirigente chilena- después de décadas de conflicto armado, pero nadie debería aceptarlo”. Es tal en nivel de violencia que a raíz del asesinato del líder indígena Miguel Tapí Rito, el 3 de diciembre, un millar de integrantes de esa comunidad optaron por huir a un pueblo cercano en busca de protección de las autoridades.
Adelso Gallo, uno de los líderes detenidos el mismo martes, coordina una organización campesina en la Orinoquia colombiana y fue apresado en la ciudad de Villavicencio, Meta. Teófilo Acuña, por su parte, es de la región de Magdalena Mario, fue presidente de la Federación Agro minera del sur de Bolívar y fue vocero del Coordinador Nacional Agrario (CNA), del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria Étnica y Popular, y fue detenido en el municipio de Barranco de Loba, Bolívar. Robert Daza, en tanto, forma parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano, una organización del Norte de Nariño y Sur del Cauca, y fue detenido en Pasto, Nariño.
La Asociación Nacional Campesina José Galán Corzo denunció a través de un comunicado que «la detención de líderes sociales hace parte del recrudecimiento de la estigmatización y persecución al movimiento popular», y acusa directamente al Estado colombiano. Pero no se quedan en eso y también aseguran que existe un esquema armado junto con “las empresas nacionales y trasnacionales de explotación minero-energética” que son responsables de “los montajes judiciales contra los líderes sociales y por las afectaciones causadas a las familias y al movimiento social».
“La estrategia que es de capturas masivas en distintos puntos del país -detalla Barbosa- luego se los judicializa con un delito que es el de rebelión. Era la figura con que se acusaba a los integrantes de las guerrillas. De ese modo se los vincula con grupos armados con lo que deslegitiman su labor territorial, y se los estigmatiza a través de juicios mediáticos. El gobierno muestra que hace un trabajo contra el crimen, pero en realidad desarticulan la tarea territorial de los líderes populares, a los que trasladan a penales alejados de sus familiares. Como no hay pruebas los procesos se dilatan muchísimo y provocan el desgaste en las defensas. Al mismo tiempo, como son detenciones masivas, la gente se dispersa porque los movimientos no dan abasto para cubrir todos esos frentes”.
Tiempo Argentino, 17 de Diciembre de 2020
por Alberto López Girondo | Dic 16, 2020 | Sin categoría
Va a ser difícil olvidar el año 2020 por la cadena de calamidades que se acumularon desde que el 1º de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un equipo de expertos para investigar un brote de casos de neumonía en Wuhan, China. En Argentina, en particular, porque fue el primer año en la Casa Rosada de una coalición política con eje en el peronismo que había asumido 20 días antes para poner fin a la fallida experiencia del macrismo. Y si los críticos de la gestión kirchnerista 2003-2015 atribuyen el crecimiento logrado en ese lapso al «viento de cola» del precio de las commodities que el país exporta, este período se inició con una fuerte tormenta en contra.
En su mensaje ante el Congreso en la apertura del año legislativo, Alberto Fernández se comprometió a cumplir con las promesas electorales, y luego de enumerar las cifras del cataclismo económico que recibía y de confirmar las primeras medidas, habló del inicio de negociaciones para resolver el problema de la abultada deuda externa con acreedores privados y con el FMI. Luego anunció el envío de proyectos de reforma del sistema judicial y la intervención del servicio de inteligencia.
No había una sola palabra referida al COVID-19 ni al Aporte Solidario y Extraordinario a las más grandes fortunas del país. Nada de eso figuraba en los propósitos de nadie ese 1º de marzo. En este punto vale la frase «pasaron cosas», ya que apenas diez días después de ese discurso inaugural, la OMS catalogó a aquella neumonía como una pandemia de rápida y peligrosa expansión, de consecuencias muy graves y aún impredecibles.
El Gobierno adhirió a las recomendaciones de la OMS el 18 de marzo y la economía del país, que venía en picada luego de cuatro años de políticas neoliberales, tuvo un parate aún mayor por el aislamiento masivo decretado para preparar al devastado sistema de salud y enfrentar de mejor manera la pandemia.
Muchos de los proyectos sometidos a la voluntad de la ciudadanía durante 2019 quedaron en suspenso y los primeros meses de aislamiento el país pareció detenido en el tiempo, mientras los medios daban cuenta exhaustivamente del avance de la enfermedad en todo el planeta. La oposición, que al principio acompañó el esquema sanitario del Gobierno, empezó a plantear los primeros alegatos de rechazo a las políticas oficiales.
Pronto las cifras del coronavirus se sumaron a las consecuencias del cierre de la economía y apareció un flanco en el cual la oposición más encarnizada encontró abono para horadar el alto grado de aceptación que tenía el primer mandatario. Fueron momentos de cierta inacción oficial que hicieron pensar a propios y ajenos que el Gobierno estaba noqueado. El fracaso del plan de expropiación de Vicentin fue una señal de alerta.
De todas maneras, en ese momento se logró un acuerdo con los tenedores privados de bonos de la deuda pero arreció el ataque contra la moneda nacional que, en medio de cortocircuitos entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, motivó la pérdida de reservas y de confianza en las autoridades.
A medida que se iban relajando las restricciones sanitarias –en gran medida tras la presión de medios y dirigentes de la oposición y del empresariado– fue apareciendo un país real que, si el 10 de diciembre de 2019 estaba en terapia intensiva, ahora se encontraba con pronóstico reservado.
Calles en disputa
Las primeras movilizaciones opositoras conmovieron el andamiaje oficialista. No solo por la violencia y la dosis de intolerancia democrática que expresaban, sino porque ponían de manifiesto algunas dudas para avanzar con el programa político de la administración nacional. A esto se agregó la rebelión policial bonaerense, que se convirtió en una preocupante amenaza frente a la residencia presidencial de Olivos.
Es verdad que no era recomendable salir a las calles para el votante del Frente de Todos, ya que el cuidado de la salud se había convertido casi en una insignia. Pero también hubo demoras en poner en marcha respuestas contundentes que alentaran la esperanza de cambios en la tribuna propia. El método obstruccionista de la oposición daba resultados y recibía apoyo mediático clave. No solo por lo que los medios hegemónicos muestran, sino básicamente por lo que ocultan.
Para gran parte de la población, el sistema de espionaje del Gobierno macrista nunca existió. El valor del dólar en cada una de sus variantes era la noticia del día. El éxito de algunos casos puntuales de argentinos que se fueron al exterior resultaba en una invitación cotidiana a descreer del país. Con ese trasfondo se registró el avance de una marginal concepción libertaria del mundo, que propone la reducción al mínimo del Estado y por lo tanto de los impuestos a pagar.
Recién para el 17 de octubre los simpatizantes peronistas salieron masivamente a las calles con el propósito de marcar la cancha. El aniversario de la muerte de Néstor Kirchner fue otra expresión popular masiva de respaldo a la coalición gobernante. En forma casi simultánea, hubo una carta admonitoria de la vicepresidenta y comenzaron a avanzar los proyectos demorados desde marzo.
El fin de año encuentra al Frente de Todos a la ofensiva en el Congreso. Desde la iniciativa para reducir el aporte federal a la Ciudad de Buenos Aires hasta el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pasando por la ley de sostenibilidad de la deuda pública y la reforma de la fórmula de movilidad de jubilaciones, la agenda oficial ganó espacio. En ese contexto, la aprobación en ambas Cámaras del Aporte Solidario Extraordinario aplicado a las grandes fortunas constituye un hito ineludible.
Desde la vereda opositora, en tanto, cualquier resquicio es útil para plantear sus diferencias. Así, si en los comienzos de la pandemia el oficialismo se equivocaba con el aislamiento estricto, luego erró porque el número de muertos y contagiados colocaba al país entre los diez más afectados. Otro frente de ataque se cierne sobre las vacunas a aplicar para evitar un segundo brote de coronavirus. Desde la Casa Rosada se abrieron negociaciones por casi todas, pero las críticas sobre la Sputnik V encabezan los titulares de muchos medios. Sin embargo, el anuncio del presidente acerca de la llegada de las primeras dosis de la Sputnik V en diciembre, para aplicar a 300.000 personas, y diez millones más que serían vacunadas entre enero y febrero, puede significar un cambio de clima.
A fin de este dramático año, con todo, las últimas encuestas le dan positivo al presidente. Luego de arañar el 80% de aprobación al inicio del aislamiento sanitario, hubo un período de caída continua de la imagen, a la par del crecimiento del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En diciembre, varios analistas registraron una aprobación de entre el 50% y el 55% para Alberto Fernández. Su más cercano contendiente es Rodríguez Larreta, en una pelea que, si bien apunta a 2023, tendrá un anticipo trascendente en las legislativas del año próximo.
Revista Acción, segunda quincena de Diciembre de 2020
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