Una traducción tan literal como malintencionada de whistleblower sería “soplón”. Pero la palabra fue derivando a reflejar una actitud tan peligrosa como comprometida de personajes que ponen en circulación acciones que los gobiernos no quieren que trasciendan. Son “denunciantes éticos”, como el agente Edward Snowden, quien en 2014 reveló cómo Estados Unidos espía a través de plataformas informáticas en todo el mundo, o la soldado Chelsea Manning, que mostró las atrocidades de las tropas estadounidenses en Irak. Dentro de esta categoría entra también Julian Assange, el fundador de WikiLeaks. Estos días la Fundación Mundial de Datos Éticos (WEDF por sus siglas en inglés) organizó un foro de “whistleblowers” para otorgarle el Premio Sam Adams a la Integridad en Inteligencia a la ex agente del MI5 británico Annie Machon y honró al fallecido Stephen Cohen, de la Universidad de Princeton.
Machon integraba el servicio de inteligencia del Reino Unido desde principios de los 90, recién egresada de la Universidad de Cambridge. “Me dijeron que era un trabajo para el gobierno pero me enteré de qué se trataba después”, dice en el CV de su sitio https://anniemachon.ch. En 1996 se enteró por un colega y pareja del MI6 -el servicio exterior, homólogo de la CIA- que se preparaba un atentado para matar al líder libio Mohamar Khadafi. Con David Shayler decidieron dar a conocer lo que consideraban una clara violación de las reglas que deberían regir la vida de un agente secreto. Renunciaron y huyeron del país, recuerda, generando un escándalo con el objetivo “de llamar la atención sobre estos abusos”. Al cabo de tres años, volvieron y Shayler terminó detenido en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, donde hoy permanece Assange.
Cohen, en cambio, fue un académico especializado en estudios sobre Historia Rusia desde la Revolución de 1917 y su relación con Estados Unidos. Desde ese lugar advirtió sobre la sesgada política exterior de su país y el peligro que podría acarrear esta posición belicista para el futuro de la humanidad. Cohen murió en septiembre pasado. El premio recuerda a Sam Alexander Adams, ex oficial de la CIA durante la Guerra de Vietnam que en su momento reveló la manipulación de la información oficial relativa al número de tropas del Vietcong. El más conocido de los “filtradores” en aquellos años fue Daniel Ellsberg, que trabajó para el Pentágono contratado por la empresa Rand Corporation. La denuncia de Ellsberg sobre el turbio manejo de la Guerra es todo un capítulo de la historia política y periodística de EE UU que puede verse en el filme The Post, de Steven Spielberg.
Si algo diferencia a un denunciante ético de un “arrepentido” es que su actitud genera consecuencias dramáticas para sus vidas. Otros por WEDF -además de Snowden, Assange y Manning- fueron Craig Murray, exembajador británico en Uzbekistán; Sibel Edmonds, quien señaló que el FBI sabía meses antes del 11 S de 2001 que habría un atentado en EE UU y no tomó medidas para evitarlo.
Como se dice en otros lares, la dirigencia política ya dio el pistoletazo de largada a la campaña electoral de medio término. Así, en medio de la hostilidad de la oposición por las repercusiones de los casos de vacunación irregular contra el COVID-19, en su segundo discurso de inauguración de sesiones parlamentarias, el presidente Alberto Fernández salió a la ofensiva en algunos de los temas que a lo largo de 2020 quedaron suspendidos o demorados por la pandemia. En plenas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la voluminosa deuda heredada, dijo que impulsará una querella criminal para determinar quiénes, en el proceso de endeudamiento ante dicho organismo, han sido autores de delitos como administración fraudulenta y malversación de caudales públicos. Y se comprometió a llevar esa misma postura ante las autoridades del ente crediticio responsables de haber otorgado los préstamos al Gobierno de Mauricio Macri en 2018. También fue muy explícito en su reclamo de reforma judicial. Sin nombrar a Carlos Stornelli, habló de un fiscal «procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara» e ironizó que no fue detenido bajo lo que se llamó Doctrina Irurzun, porque «su poder no es residual, es vigente». Un año atrás, la propuesta de reforma judicial aparecía como la respuesta a un compromiso asumido durante la campaña que lo llevó a la Casa Rosada. Y si bien es cierto que dio un giro copernicano en el manejo del servicio de inteligencia –blanqueando, entre otras cosas, la caja negra– y cortó la promiscuidad que reinaba en la relación entre agentes de la AFI con jueces y fiscales, es muy poco lo que pudo avanzar para el gusto de muchos que votaron al binomio Fernández-Fernández.
Con la lupa en Tribunales Dedicó unos minutos también para la Corte Suprema, en la que, deslizó, hay una persona que supera la edad máxima que contempla la Constitución, pero sigue en el cargo gracias a acordadas de sus pares. «Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad», añadió, como el de no pagar impuesto a las Ganancias. Ya estaba claro antes del discurso que el Gobierno no esperaba una tregua por parte del Poder Judicial, de ahí que el presidente haya descripto con crudeza los problemas en el funcionamiento de los tribunales. Con dificultades para consensuar entre los propios y el bloque opositor, el país sigue sin contar con un Procurador debidamente aprobado en el Senado, como recordó en su mensaje el mandatario. No es solo un problema para el oficialismo, lo es para todo el sistema democrático, ya que la anterior jefa de los fiscales debió renunciar luego de una presión inédita de los poderes fácticos sobre ella y su familia, en diciembre de 2017. Desde entonces ese cargo clave para la Justicia está en manos de un interino. Mientras tanto, desde el rincón más rancio del Poder Judicial se envían señales de que no se deben esperar acuerdos de convivencia, amparados en una potente cobertura mediática. Tanto como para que pase por «presión intolerable» el reclamo de Anses hacia aquellos funcionarios que ante el cambio de modalidad de la liquidación de la jubilación presentaron los papeles para el retiro, pero siguen en funciones. Son funcionarios que iniciaron los trámites para mantener privilegios, pero se atornillan al asiento para no perder poder. «Deben elegir entre la Patria y el bolsillo»; ironizó alguien, sintetizando el objetivo de Anses. El fallo sobre una de las causas contra Lázaro Báez, tras un acoso inocultable sobre una de las juezas del Tribunal Oral Federal 4 para que se implique a Cristina Fernández por su presunta responsabilidad en el origen del dinero encontrado en cuentas suizas del empresario, es una prueba de ello. En todo el proceso no se pudo probar que fuera testaferro de la familia Kirchner ni que haya habido sobreprecios en las obras adjudicadas a sus firmas. En su discurso en el Congreso, el presidente se dio tiempo para cuestionar el rol de muchos comunicadores a los que evitó nombrar, aunque los definió como «quienes tras el disfraz de la objetividad preservan intereses de poderes económicos concentrados». Pocos gobiernos desde el 83 en adelante enfrentaron la oposición sistemática de los medios más influyentes desde antes incluso de asumir el cargo como Fernández.
Lo que está en juego La campaña promete ser particularmente dura. Las bolsas negras en la Plaza de Mayo del 27 de febrero son apenas una muestra brutal del perfil que proponen algunas líneas internas de Juntos por el Cambio (JxC). En tanto, el futuro de la gestión del Frente de Todos (FdT) parece atado a cómo logre implementar satisfactoriamente el plan de vacunación y, a las puertas del otoño, se pueda frenar una segunda ola de contagios que sería fatal para la recuperación económica. Luego de un año signado por restricciones sanitarias, el Gobierno también debe demostrar que es capaz de frenar un proceso inflacionario que golpea fundamentalmente a los sectores sociales más postergados. Estos comicios son cruciales para que Fernández pueda obtener, en una hipótesis optimista, suficiente respaldo en las urnas para desarrollar la rezagada agenda de 2019. La peor noticia para el oficialismo sería quedar con una minoría que lo deje a merced de los sectores más ultras de la oposición. Lo que, en vista de antecedentes no tan lejanos, implicaría un bloqueo o tener que negociar en un escenario totalmente hostil. La principal fuerza opositora promete agitar en el proceso electoral las causas judiciales que involucran a la vicepresidenta. La mesa judicial del anterior Gobierno, cuya existencia fue reconocida por la exdiputada Elisa Carrió, funcionó como un mecanismo de relojería hace cuatro años, cuando el macrismo ganó con cierta holgura la elección de medio término. Gran parte de esas bancas deben ahora someterse a escrutinio. Lo que la alianza JxC se juega son los escaños logrados durante su máximo punto de acercamiento con la ciudadanía, cuando logró triunfar en varias provincias. En ese momento, nadie en el entonces oficialismo dudaba que habría Macri hasta 2023 y macrismo por varias generaciones más. Fue a fin de ese mismo año, solo un par de meses después, que comenzó el derrape.
Avivadas y transparencia
Cuando el Gobierno de Alberto Fernández se encaminaba a celebrar la llegada del grueso de las partidas de la vacuna Sputnik V y poner velocidad máxima al mayor plan de vacunación conocido en el país, la auto denuncia del periodista Horacio Verbitsky detonó el escándalo de un vacunatorio irregular en el Ministerio de Salud. El caso minó la credibilidad en un tema tan sensible para la población, hastiada de tener que resguardarse del coronavirus este largo año. Fue un regalo para la oposición. Pero el tema desnuda características de la idiosincrasia argentina y de los tiempos de inmediatez irracional que se viven. Por un lado, los mismos que hace pocas semanas cuestionaban a la «vacuna rusa» y habían presentado una denuncia judicial contra el presidente por envenenamiento o proponían que se vacunara al 48,24% que votó al FdT «y no se hable más» –tal cual recordó Fernández en su discurso– gritaban en reclamo de sus vacunas. Se extendió incluso un manto de sospecha sobre toda persona vacunada y hasta sobre la funcionaria que llevó adelante todo el proceso de vacunaciones –una verdadera experta en el asunto–, la ahora ministra Carla Vizzotti. Veloz, el presidente pidió la renuncia de Ginés González García y bajó del avión en el que iba a viajar a México al diputado Eduardo Valdés y al senador Jorge Taiana. Pero luego intentó minimizar el asunto diciendo que las denuncias judiciales que arreciaron eran «una pavada» y que no había delito en adelantarse en la fila. Después reclamó la misma celeridad judicial con las causas por corrupción que involucran al anterior Gobierno y al propio expresidente. Sin embargo, la indignación tensó a opositores y a oficialistas por igual, sobre todo por los implicados. El ministro, un sanitarista reconocido como uno de los más destacados de la historia argentina. El ex canciller, por el peso de su palabra y de su compromiso personal y familiar por la democracia. Y un periodista de predicamento y prosapia, amigo del presidente. Quizás todo sea fruto del mismo árbol. No es buena política el «¿y vos qué? » como respuesta. Adelantarse en la fila es una avivada que indigna, lo mismo que dar unos pesos para conseguir un mejor lugar en un teatro o apurar un turno en alguna dependencia o adelantarse por la banquina cuando hay un embotellamiento en una ruta. Como también lo es aprovechar el cargo en el Estado, cambiar reglamentos o amañar contratos para hacer negocios o favorecer a familiares y amigos. O hacerse amigo del juez, como recomendaba el viejo Vizcacha.
Campaña. La inmunización masiva en marcha es la más grande de la historia. (NA)
“La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”, tuiteó la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez poco antes de ser detenida por fuerzas policiales “Me acusan de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos”, escribió unos minutos antes. La exsenadora derechista por Beni efectivamente está acusada de haber tomado el poder tras el golpe que obligó a renunciar a Evo Morales en noviembre de 2019, cuando se apuró a jurar como interina saltando los estamentos constitucionales tras la salida del expresidente. Quedó alojada en una celda del cuartel de la policía en La Paz y luego fue trasladada a la fiscalía a prestar declaración.
La Fiscalía de Bolivia había emitido, horas antes, una orden de detención contra la expresidenta y cinco de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración a raíz de una presentación de Lidia Patty, exlegisladora del MAS, que también involucra a Luis Fernando Camacho, el gran protagonista del golpe de noviembre de 2019 y que el 7 de marzo ganó por abrumadora mayoría la gobernación de Santa Cruz de la Sierra.
Dos de los exfuncionarios de facto, Álvaro Coímbra, de la cartera de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, fueron detenidos al igual e Áñez en la ciudad de Trinidad, en el departamento de Beni, y trasladados a La Paz. Camacho dice que no se irá y que está decidido a enfrentar “cualquier tipo de abuso”, lo que adelanta graves tensiones políticas para el gobierno de Luis Arce.
En noviembre pasado, otros dos exministros, el ultraderechista Arturo Murillo -que tuvo a su cargo el área de Gobierno y fue un aguerrido perseguidor de militantes y dirigentes del MAS- y Luis Fernando López, a cargo de Defensa en ese año de interregno golpista, escaparon por vía terrestre desde Santa Cruz de la Sierra hacia Brasil y Panamá respectivamente.
“Es un atropello absoluto, porque nos están acusando de ser cómplices de un supuesto golpe, es algo que no tiene ni pies de cabeza y es un amedrentamiento absolutamente político”, agregó Áñez en un intento de descargo que resulta, por lo menos, sorprendente.
Es que la persecución y el atropello fueron moneda corriente durante su breve gestión. Hasta 30 funcionarios de Morales que se refugiaron en la embajada de México en La Paz fueron acosados por efectivos uniformados que rodearon el edificio, lo que provocó incluso denuncias internacionales.
Pero los casos más llamativos fueron las causas armadas contra Evo Morales. Hace un año, el expresidente -según los medios más amigables con el golpe en Bolivia- estaba en una situación complicada por tres causas en Bolivia y una cuarta en La Haya.
Lo acusaron de haber orquestado una matanza en el Hotel Las Américas en 2009 donde fueron abatidos dos húngaros y un irlandés a los que el gobierno identificó como mercenarios terroristas contratados para generar las revueltas en la Media Luna de Oriente de ese año.
Otra acusación fue por terrorismo y sedición por el bloqueo de accesos a La Paz en el período en que con la excusa de la pandemia se demoraba la convocatoria a elecciones. También hubo causa por la inauguración vía zoom desde Buenos Aires de una obra en Tarija. En este caso, alegaron usurpación de funciones ya que ignoró el cargo de Áñez. Para enfrentar las denuncias, Morales nombró como abogados a Eugenio Zaffaroni y a Gustavo Ferreyra.
No podía faltar una causa por estupro, abuso sexual y trata de personas. Esta vez, el ministro Coímbra aseguraba tener pruebas de una relación de larga data de Morales con una adolescente que al inicio de su vínculo tenía 14 años.
El caso no tardó en caerse luego de que la chica, a la sazón de 19, huyera a Argentina y denunciara haber sido detenida y amenazada por policías para armar la denuncia. El caso se construyó a partir de la publicación en un medio español de fotos y presuntos mensajes de texto entre la chica y el exmandatario. La información fue replicada con insistencia por los medios bolivianos, detalle no menor, poco antes de las elecciones de octubre pasado. Luego se comprobó que nada de lo publicado era verdad y la causa fue desechada. El resto de los procesos también quedaron en la nada luego del triunfo del binomio Luis Arce-David Choquehuanca.
El gran problema que enfrenta el Supremo Tribunal Federal de Brasil en las causas contra Lula da Silva es cómo recular en chancle-tas. La causa Lava Jato venía en falsa escuadra desde que las filtraciones de chat entre fiscales y el exjuez Sergio Moro revelaron la oscura trama judicial-mediática armada para sacar de carrera al dos veces presidente en 2018. Y terminó esta semana cuando el juez Edson Fachin concedió un hábeas corpus en favor de Lula y le restituyó sus derechos políticos. Pero las consecuencias de tirar por la borda el andamiaje en contra del líder “trabalhista” son tan graves para la institucionalidad que ahora el mismo magistrado envió el caso a la decisión del plenario de once jueces supremos luego de una presentación de la Procuradoría General de la República.
El revés de esta trama tiene ingredientes de novela de suspenso. Lula fue condenado por el entonces juez de Curitiba por, entre otras imputaciones, un apartamento triplex en el balneario de Guarujá y por reformas en una casa de campo de Atibaia, ambos en el estado de San Pablo.
Moro, abanderado de la lucha contra la corrupción en la causa Lava Jato y empoderado por medios y dirigentes de la derecha con-tinental, partió de una investigación por lavado de dinero para involucrar a empresarios de la talla del dueño de la constructora Ode-brecht, con gigantescas obras públicas en América Latina. A pesar de que en Argentina, Odebrecht hizo obras asociado con el grupo Macri, nunca hubo avances en estos casos, y eso que Moro fue invitado de lujo del extitular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el juez Claudio Bonadio.
Jair Bolsonaro llegó a la presidencia en 2018 con Lula detenido en una celda de la Policía Federal en Curitiba. Todos los intentos de mantener sus derechos mientras no hubiera sentencia firme chocaron con los medios hegemónicos como O’Globo y con los militares –principal sustento del excapitán Bolsonaro–, que llegaron a amenazar al STF si lo dejaban libre, por boca del general Eduardo Villas Boas, jefe del ejército por aquella fecha.
Pero como suele suceder, “pasaron cosas”. Una es que Bolsonaro designó a Moro ministro de Justicia, lo que terminó de demostrar connivencia del magistrado en una operación política. La otra es la publicación de chats en The Intercept donde Moro y el fiscal Deltan Dallagnol acordaban descarnadamente maniobras para avanzar contra Lula.
Esto causó un revuelo importante porque el portal tiene su prestigio y además compartió la información con Folha de São Paulo, un diario del establishment. No tardaron mucho los sabuesos en descubrir quién había sido el autor de las filtraciones. Y aquí entra en escena un joven que ahora tiene 31 años, en prisión domiciliaria por aquella hazaña y con amenazas de condenas a 300 años de cárcel.
Tiene prohibido tener una computadora cerca e incluso un celular, por eso en un reportaje al sitio Brasil247 respondió desde el equipo de su abogado y con las manos a la vista. Walter Delgatti Netto contó al periodista Joaquim de Carvalho (se lo puede ver en YouTube) que nunca pensó en meterse en el caso Lava Jato. Simplemente, desde adolescente, con un grupo de amigos tenían un emprendimiento para organizar fiestas y conciertos desde su base en Araquara, una pequeña ciudad paulista. “Como nos iba muy bien –relató–, la policía comenzó a sospechar que lavábamos dinero”. Los investigaron desde 2015 y en 2017 allanaron su casa. Encontraron tres cajas de Clonazepam que usaba con prescripción médica. Estuvo seis meses preso. Mientras tanto, había quedado escrachado, perdió amistades y hasta la novia lo dejó, alegando que no quería salir con narcotraficantes.
Pero en una audiencia vio que uno de los fiscales conversaba por Telegram y memorizó el número telefónico. Esa punta en busca de pruebas de que habían construido una causa en su contra lo fue llevando increíblemente a los fiscales del caso Lava Jato. “Vi que le estaban haciendo a Lula lo mismo que me habían hecho a mí”, dijo, y llegó a la excandidata a la vicepresidenta Manuela Davila, que le sugirió enviar el material a The Intercept. Lo demás es historia reciente.
Tras el escándalo, Moro dejó su cargo en abril del año pasado y en diciembre se fue a Estados Unidos a trabajar en la consultora Al-varez & Marsal, encargada de reestructurar las cuentas de Odebrecht. En Brasil avanzan causas en su contra por sus artimañas en la causa Lava Jato. El proceso, en tanto, puede caer en cualquier momento por los vicios investigativos, como apriete a testigos para que involucren a dirigentes y empresarios convirtiéndose en arrepentidos, entre otros detalles. La decisión de Fachin, coinciden muchos, lo salva a Lula, pero fundamentalmente a Moro y al fiscal Dallagnol. Quizás por eso se apuraron a defender la integridad del cortesano, vituperado por el bolsonarismo, que teme el regreso de Lula para 2022. Tiene razones el líder obrero para decir, como dijo desde la sede de los metalúrgicos, que fue víctima “de la mentira jurídica más grande en 500 años de historia de Brasil”.
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