El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, decidió ampliar el despliegue de fuerzas armadas para reprimir las protestas que ya llevan una semana y en las que ya murieron 72 personas. El inusitado estallido se produjo en las regiones de KwaZulu-Natal y Guateng, (la parte más próspera del país, con ciudades como Johannesburgo y Pretoria) donde se registraron desmanes y saqueos.
Los primeros incidentes se produjeron luego del ingreso en prisión del expresidente Jacob Zuma tras una sentencia por desacato. Pero esa parece haber sido apenas la chispa que encendió una caldera a presión, que se fue activando lentamente en el marco de una crisis económica potenciada por la pandemia y la falta de vacunas para contener los contagios.
La mayoría de las muertes “se registraron en estampidas ocurridas durante los saqueos de tiendas”, señala un comunicado de la policía en el que anota un total de 72 víctimas hasta la mañana de este miércoles. A esa hora había 1234 detenidos.
En videos subidos a las redes se veía a cientos de personas saliendo de locales cargando todo tipo de mercadería tomada de manera violenta, desde trozos de carne a aparatos electrónicos.
Ramaphosa usó la cadena de medios para cuestionar lo que llamó “actos oportunistas de criminalidad, con grupos de personas instigando el caos como pantalla para los saqueos y el robo”.
Zuma, de 79 años y perteneciente a la etnia zulú, pasó 10 años preso en la isla de Robben por su participación en las luchas contra al apartheid. En esa misma prisión Nelson Mandela purgó 18 de sus 27 años de cárcel, condenado por las mismas razones raciales.
Con fuerte predicamento entre las capas más empobrecidas de la población, Zuma fue vicepresidente y luego presidente elegido democráticamente. En 2018 fue depuesto por el Congreso Nacional Africano (CNA), el partido del gobierno, y renunció a su cargo.
Acusado por delitos de corrupción y vinculaciones con el crimen organizado a raíz de la detención de uno de sus asesores, el 29 de junio pasado fue condenado a 15 meses por la Corte Constitucional por no acudir a una comparencia ante una comisión investigadora.
Dentro de su comunidad étnica, la mayoritaria del país, con unos 11 millones de personas, el rey Misuzulu, pidió pacificar los ánimos y dijo que se sentía avergonzado por los episodios altamente difundidos por los medios locales.
La Unión Africana también expresó su repudio a la violencia y los saqueos, y reclamó el “restablecimiento urgente del orden”.
“Lamentablemente, Sudáfrica está de rodillas. Comunidades enteras han sido arrasadas, pero lo que es más significativo, al menos para quienes intentan calcular lo que depara el futuro, la violencia se ha dirigido a nodos vitales de distribución: capacidad logística; alimentos locales y tiendas de artículos secos, grandes centros comerciales y almacenes “, resumió el periódico local Daily Maverick.
Los últimos informes daban cuenta de que escasea el combustible y los alimentos, con lo que se preveían mayores situaciones extremas, ya que se dificulta el transporte desde las zonas de producción hasta los centros urbanos.
No es novedad que la región está en disputa entre una derecha que no se resigna a perder sus privilegios y cada vez tiene menos pruritos democráticos, y las fuerzas populares que defienden la participación política como la única forma de convivencia civilizada. Al malestar con que las élites chilenas deben tolerar la dilución del régimen pinochetista en una Convención Constituyente presidida por una mujer mapuche, se suman las chicanas para impedir o condicionar la presidencia de Pedro Castillo en Perú. El Mercosur vivió estos días un nuevo capítulo de esta disputa, cuando el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, confirmó la voluntad de negociar acuerdos comerciales sin esperar el consenso del resto de los países, una tesitura que encontró el beneplácito fervoroso del gobierno de Jair Bolsonaro, que asumió la presidencia pro témpore del organismo.
Un dato no menor es que, mientras tanto, en Italia la Corte de Casación ratificaba la sentencia definitiva a cadena perpetua contra 14 militares sudamericanos por los crímenes cometidos en el Plan Cóndor de los años ’70, al tiempo que el expresidente Evo Morales catalogaba como una reedición de aquel plan de exterminio la ayuda de gobernantes de derecha regionales al golpe de noviembre de 2019, entre ellos Lenín Moreno y Mauricio Macri.
El Mercosur nació oficialmente en 1991, con las firmas de Carlos Menem, Fernando Collor de Mello, Andrés Rodríguez y Luis Alberto Lacalle, el padre del actual mandatario oriental. Pero la piedra basal la habían instituido Raúl Alfonsín y el brasileño José Sarney al inaugurar el Puente de la Fraternidad en 1985.
La propuesta era crear un organismo de integración que, a la manera del primer tratado de Hierro y el Carbón de 1950, llegara a una entidad supranacional como la Unión Europea. Por aquello de que unidos hay más peso específico para jugar en las grandes ligas.
En este siglo, el Mercosur se consolidó como algo más que una unión aduanera y fue creciendo hasta incorporar a Venezuela, aceptar el ingreso de Bolivia y auspiciar gobiernos progresistas en el continente. De hecho, el golpe contra Fernando Lugo en Paraguay fue un golpe al corazón en la ciudad donde tiene su sede.
La suspensión del Estado Bolivariano fue la segunda señal de que soplaban otros vientos. El castigo a Caracas era también a quienes habían osado desafiar los cánones impuestos desde Washington.
Las derechas políticas y las élites económicas saben que su único modelo de supervivencia es el neoliberal. El Mercosur del siglo XXI sentaba las bases para un proyecto alejado de aquel que Menem y el padre del presidente uruguayo habían plantado en los años del Consenso de Washington.
Por eso Lacalle Pou apunta al centro neurálgico del Mercosur que potenciaron Lula da Silva y Néstor Kirchner: la decisión 32/00, del año 2000, que reafirma “el compromiso de los Estados de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias” y establece que a partir del 30 de junio de 2001, “los Estados Partes no podrán firmar nuevos acuerdos preferenciales o acordar nuevas preferencias comerciales (…) que no hayan sido negociados por el Mercosur”.
Ya lo había adelantado Lacalle Pou en la celebración de los 30 años del organismo, cuando dijo que esa disposición era un corset que va contra los intereses de Uruguay y que representa un lastre.
Bolsonaro fue crítico con el gobierno de Alberto Fernández esta semana. Dijo que la presidencia temporaria de Argentina “dejó de corresponder a las expectativas y necesidades”, como por ejemplo “la revisión del Arancel Externo Común y la adopción de flexibilización de negociaciones comerciales con socios extrabloque”.
El ministro de Economía de Brasil es un adalid de la Escuela de Chicago. Si fuera por Paulo Guedes, ya habrían privatizado todas las joyas de la abuela brasileña y ya habrían sepultado al Mercosur.
A la mayor apertura aduanera se oponen las autoridades nacionales porque saben del desastre que puede causar a una industria ya golpeada por el macrismo y la pandemia. Pero los industriales brasileños también saben que su suerte pende de ese textito que la dupla Bolsonaro-Lacalle Pou pretende eliminar.
Con unos 13 millones de kilómetros cuadrados de superficie, cerca de 300 millones de habitantes y un PBI de 4600 billones de dólares, el Mercosur es la quinta economía mundial. Si a eso se le agregan los recursos naturales y humanos de que dispone, es difícil no admitir que es una potencia de primer orden. Pero los sectores del establishment no hacen la misma lectura. Si a nivel político deben entregar el poder, al menos en lo económico, piensan, pueden mantener las riendas, y a eso apunta la dilución del Mercosur. Jugar en mitad de la tabla para mantener el kiosquito.
El primer ministro haitiano, Claude Joseph, a cargo del poder Ejecutivo tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, decretó el Estado de Sitio para prevenir desborden en el castigado país caribeño. Joseph se escudó en el artículo 49 de la Constitución de esa nación y luego de haber convocado a un Consejo Extraordinario de ministros. “Un grupo de desconocidos, algunos de ellos de habla hispana, atacaron la residencia privada del presidente de la república e hirieron de muerte al jefe de Estado”, dijo el premier tras confirmar que la esposa del mandatario, Martine, había resultado malherida durante el ataque.
Haití, el país más empobrecido de la región, ocupa la porción occidental de la isla a la que en 1492 la expedición de Cristóbal Colón pisó por primera vez tierra americana. Su objetivo de encontrar oro a como diera lugar fue sustituido con los siglos por la extracción de cualquier tipo de riqueza de modo que la población está sumida en la miseria más profunda.
Fue el segundo país en declararse independiente en esta parte del mundo, en 1804 y, tratándose de una región habitada por colonos esclavistas, esa osadía despertó las peores reacciones en las elites americanas que buscaban la independencia de España. Desde entonces, quedaron atrapadas entre el deseo/necesidad de alejarse de la metrópoli y el temor a las bases populares, lo que quizás haya generado algunas angustias, como entendió un ex presidente argentino.
Las primeras revueltas de los afroamericanos se registraron en 1791, alentados por las noticias sobre la Revolución Francesa, que había terminado con la monarquía y encabezaba las esperanzas del surgimiento de las libertades individuales y los derechos humanos. Que además, había abolido al esclavitud.
Pero pronto vieron que las promesas que venían del otro lado del Atlántico se daban de bruces con al realidad de que aquella revolución, la de Europa, peleaba por hombres libres, pero blancos. Para los negros que siguieron a François Dominique Toussaint Louverture la historia sería diferente.
El propio Napoleón Bonaparte, que se ungió emperador enterrando los ideales de Libertad e Igualdad, también se olvidó de la Fraternidad.
Y si bien el Gran Corso murió en mayo de 1821, hace justo 200 años, el reconocimiento francés de la independencia de Haití habría de esperar hasta 1825 cuando el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer firmó la Real Ordenanza de Carlos X con el último rey Borbón del país galo.
Por ese acuerdo, Haití se comprometió a reducir en un 50% el arancel a las importaciones francesas y pagar una indemnización de 150.000.000 francos (unos 21.000 millones de dólares actuales), en cinco cuotas, para resarcir a los colonos que habían debido entregar sus plantaciones al gobierno democrático.
Más allá de los cataclismos naturales -como el terremoto de 2010 que arrasó gran parte del país y que mató a no menos de 200.000 personas- y de dictaduras como la de los Duvalier, que con la excusa del combate al comunismo instituyeron un régimen de terror entre 1957 y 1986 con el apoyo de los gobiernos estadounidenses- el país está sumido en una crisis de conducción a la que no es ajena la injerencia externa.
El primer presidente elegido democráticamente fue el sacerdote salesiano Jean-Bertrand Aristide, considerado un portavoz de la teología de la liberación. Ocupó el poder Ejecutivo por unos meses en 1991, hasta que fue derrocado por un golpe militar. Volvió al poder para completar el mandato, acompañado por una misión internacional, entre 1993 y 1996. Nuevamente electo, en 2001, se acercó a los gobiernos progresistas de la región, como el del venezolano Hugo Chávez. Esto le granjeó más enemigos tanto en Haití como fundamentalmente en Washington y fue derrocado por otro golpe, en 2004.
La deriva del país parece no tener fin desde entonces y Moise fue quizás el gran exponente de estos manejos discrecionales del poder para mantener a una casta enriquecida por sus lazos económicos y políticos con Estados Unidos.
El presidente Jair Bolsonaro tiene el raro atributo de haber logrado unir a gran parte de la dirigencia política brasileña en su contra. Y, además, de haber convertido la pandemia en una batalla negacionista que finalmente, y cuando había aceptado que la solución pasaba por vacunar a la población, quedar contra las cuerdas por sobrefacturación y pedidos de coimas. Para colmo de males, la Fiscalía General de la República le solicitó a la Corte Suprema abrir una investigación por el contrato con el laboratorio indio que produce la vacuna Covaxin.
Esta semana se presentó en la Cámara Baja un “superpedido” de impeachment en contra del presidente que unifica 120 pedidos y 20 acusaciones contra el excapitán del Ejército brasileño. A la movida se sumaron el Partido de los Trabajadores, el Psol, el PSB, el PDT y el Partido Comunista do Brasil, además de los movimientos sociales CMP, Frente Brasil Popular y la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD). La frutilla del postre es que también firmaron el petitorio dos diputados exaliados de Bolsonaro, como el actor porno Alexandre Frota, del PSDB paulista, y la periodista Joice Hasselmann, del Partido Social Liberal, que fue la estructura política con la que el actual mandatario se presentó a la elección de 2018 y que después dejó de lado.
El caso que más ruido provoca aparece en el marco de una investigación previa que había comenzado el senado en torno a la actuación del gobierno para enfrentar la pandemia de Covid-19. La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) abrió una verdadera caja de Pandora y de ese oscuro recipiente surgió no solo la negación del daño que provocó el coronavirus.
Es así que también apareció la denuncia del representante de la firma Davati Medical Supply al diario Folha de São Paulo. Luiz Paulo Dominguetti afirmó que había recibido un pedido de coima de un dólar por cada dosis de vacunas AstraZeneca ingresadas a través del Ministerio de Salud. Los senadores convocaron de inmediato a corroborar ese dato al representante de la empresa, Cristiano Alberto Carvalho.
Según la denuncia, el director de Logística de esa cartera, Roberto Ferreira Dias, guiñó el ojo para que la proveedora anotara una “propina”, como se dice en portugués, que para 400 millones dosis dejaría una millonada equivalente en moneda estadounidense a repartir. El hombre fue exonerado del cargo de inmediato, pero no queda claro quiénes estaban en esa “vaquita”, y todos apuntan a la estructura ligada al presidente.
En cuanto a Covaxin, desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biontech, la Policía Federal investiga un acuerdo por 1,6 mil millones de reales para la compra de 20 millones de dosis. Firmado en febrero pasado, el documento –según el diputado bolsonarista Luis Miranda– mostraba una sobrefacturación del 1000 por ciento. Miranda es hermano de Ricardo, el funcionario a cargo de la compra dentro del ministerio, y dijo en la CPI que en marzo le avisó a Bolsonaro del sobreprecio, pero que nada hizo para ordenar una investigación.
Dos días después de que Bolsonaro, según Miranda, se enterara del escandalete, el entonces ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, debió dejar el cargo aunque obtuvo como premio consuelo la Secretaría de la Presidencia de Brasil. El contrato con Covaxin se cayó recién esta semana, y cuando el caso ocupaba la atención de los medios locales.
El Ministerio Público Federal, a regañadientes, aceptó que el caso le correspondía. El procurador Paulo José Rocha Junior determinó que la PF –un órgano judicial federal a la manera del FBI– abriera una investigación.
En principio, debe pedir colaboración internacional de la Justicia de India para poder indagar a representantes de Bharat Biontech y contrastar los precios internacionales de su vacuna con los que rigen para el resto de los países del mundo.
El clima contra Bolsonaro va creciendo en la opinión pública, al ritmo que se engrandece la figura del expresidente Lula da Silva. El exdirigente metalúrgico viene convocando a viejos enemigos a su cruzada contra el neofascismo de Bolsonaro y la cúpula militar. A esta épica ya sumó al expresidente Fernando Henrique Cardoso, que comandó los destinos de Brasil durante dos mandatos antes de entregarle la banda presidencial a Lula el primer día del año 2003.
Cardoso, del PMBD, con su esquive en 2018, fue clave para que Bolsonaro llegara al poder y Lula estuviera entre rejas. Ahora la historia parece darse vuelta, aunque para la elección aún falta más de un año. Y nada hace prever que los militares dejen caer a Bolsonaro.
La Campaña Nacional Fora Bolsonaro llevó a cabo casi 180 manifestaciones en todo Brasil y algunas ciudades del mundo, la más masiva de las expresiones contra el presidente brasileño desde que llegó al poder, el 1 de enero de 2019. Las consignas y pancartas portaban lemas como “No se saque los barbijos (como plantea el mandatario) saque al presidente”, o “Negó la vacuna y recetó cloroquina / y mató más que la bomba de Hiroshima”.
3J con 180 marchas
En Belo Horizonte, los cánticos alentaban: “Se o povo se unir, Bolsonaro vai cair” (Si el pueblo se une, Bolsonaro caerá).
Hubo también marchas en Berlín, Friburgo, Amsterdam, Dublín, Viena, Ginebra, Porto y Lisboa. Es esas ciudades el reclamo era por la apertura de un proceso judicial en la Corte de La Haya por crímenes de lesa humanidad en el marco del negacionismo sanitario.
La más grande de las concentraciones se registraba en la avenida Paulista, de San Pablo, donde desde temprano ciudadanos de todas las edades se movilizaban con un clima de reclamo pero a la vez festivo. En Recife, desde la mañana multitudes de jóvenes y militantes sociales y sindicales pedían el juicio político, profundizar los planes de vacunación y un auxilio de emergencia de 600 reales hasta el fin de la pandemia. En esa ciudad el acto terminó también temprano y la desconcentración se produjo con total normalidad.
Lula Vuelve
En 2018, el juez Sergio Moro era el héroe que tuvo el coraje de meter entre rejas a cientos de dirigentes políticos y hasta a un expresidente de Brasil en varias causas por corrupción.
Luiz Ignacio Lula da Silva, impedido de participar en las elecciones de ese año, era el centro de las acusaciones y parecía un cadáver político ante el avance arrollador de Jair Bolsonaro, que llegó al poder con el apoyo de los militares.
Lula, condenado a casi 26 años de cárcel, pasó 580 días tras las rejas. Su liberación, en noviembre de 2019, se produjo cuando se reveló la manipulación judicial de Moro y los fiscales en su contra.
A medida que la política criminal de Bolsonaro con la pandemia le iba quitando sustento político al gobierno, el Poder Judicial tomó nota y fue cambiando el eje de las investigaciones realizadas contra el exmandatario.
A mediados de este año, se habían caído once procesos penales amañados por los Moro Boys. El exjuez y exministro de Bolsonaro, huyó a Estados Unidos.
Hace diez días, un juez de la Corte Suprema anuló dos causas armadas por Moro y le terminó de despejar el camino hacia la elección del año próximo. Quedan tres expedientes que tienen también destino de cierre.
Los últimos sondeos muestran una intención de voto del 49% para Lula da Silva contra un 23% del actual presidente.
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