Andrea Gioia, el experimentado piloto de 55 años con más de 15.000 horas de vuelo en su CV, será el comandante del vuelo AZ 1586 de Cagliari a Roma que -al menos por ahora -pondrá fin a 74 años de navegación aérea de la línea de bandera italiana Alitalia. Para los nostálgicos de otras épocas de gloria para la península, el ciclo de la aerolínea es una parábola exacta del apogeo y caída del Milagro Italiano de la posguerra. Y razones no le faltan. Pero lo que nadie puede negar es que hubo señales en los 20 años previos de que los aviones de Alitalia no podrían mantenerse mucho en el aire, sobre todo sin el apoyo estatal. Y de que de alguna manera la empresa con los colores rojo, blanco y verde siempre pudo volver. Aunque esta vez no es igual.
Un día después de esa fatídica fecha, unos 7000 trabajadores se quedarán en sus casas a la espera de que se resuelva su futuro mientras que otra línea, ITA (Italia Transporto Aéreo) con control estatal, intentará mantener los vuelos de cabotaje aunque con no más de 2800 empleados y apenas la promesa de duplicar la plantilla, si todo va bien, para el 2023.
En pleno auge del neoliberalismo privatizador, en la década de los 90, Alitalia ingresó a la Alianza SkyTeam con Air France, Delta Air Lines, Korean Air, Aeromexico y CSA Czech Airlines. Sus finanzas comienzan a trastabillar a raíz entre otras cosas de la liberalización de los mercados y el incremento de la competencia con líneas de bajo costo, que se fue profundizando en el nuevo siglo. Sus pérdidas se incrementaban y buscó socios de manera desesperada. En 1997 se concreta una fusión con la neerlandesa KLM que duró apenas un año.
En 2008 la Alitalia surgida tras la guerra quebró y la marca, los aviones y las rutas fueron absorbidas por la Compagnia Aerea Italiana S.p.A., un consorcio que incluía a grandes empresarios como los Benetton, bncos italianos y del que luego formaron parte KLM y Air France.
Las acciones de la compañía en la que viajaban los líderes políticos de la penínsulay los papas tuvo otro cambio de manos para el ingreso de la emiratí Etihad Airways. Pero los sacudones continuaban y el estado italiano tuvo que inyectar recursos en varias ocasiones. Para octubre de 2013, la comunidad europea cuestionaba una ampliación de capital con el ingreso de Correos Italianos con 75 millones de euros.
“Esperamos que las autoridades italianas notifiquen la medida que pretenden facilitar a Alitalia para poder examinarla.”, advirtió entonces el vocero comunitario de Competencia, Antoine Colombani, amenazando con aplicar medidas en caso de incompatibilidad con las reglas europeas sobre ayudas del estado. Se hacía eco a las quejas de las quejas de British Airways, Iberia y Vueling, que entendieron que las “ayudas” violaban la libre competencia.
Para 2017 la Alitalia semiprivada era nuevamente un pozo sin fondo, con administradores puestos por el estado italiano, y apareció la opción Lufthansa: la venta de algunas redes y las conexiones europeas y nacionales. Los sindicatos protestaron contra la iniciativa alemana de crear una NewAlitalia en base al desguace de la aerolínea.
Probablemente el tiro de gracia para la compañía fue la pandemia, que afectó de manera especial todas las líneas aéreas y llevó a varias a la quiebra o a quedar en terapia intensiva dependiendo de la ayuda estatal.
Por otro lado, quizás la suerte de Alitalia estaba ya sellada cuando en febrero pasado asumió la jefatura de Estado Mario Draghi, el tecnócrata reconocido por su gestión en el Banco Central europeo durante la crisis del euro. De fuerte impronta ortodoxa y con el encargo de no dilapidar los fondos europeos para la reconstrucción pospandemia, Alitalia estaba en la mira de SuperMario, junto con otras empresas en la cuerda floja como el banco Monte Dei Paschi y la aceitera Ilva.
El año pasado la UE autorizó la creación de ITA como nueva línea de bandera con la promesa de no destinar a esta iniciativa más de 1350 millones de euros hasta el 2023. En julio pasado, la Comisión Europea terminó de aceptar la sustitución de Alitalia, en medio de una huelga de trabajadores que obligó a suspender 143 vuelos de la firma en extremaunción. En agosto pasado, el Ente Nacional para la Aviación Civil de Italia (ENAC) autorizó a ITA a vender pasajes y realizar vuelos mediante un certificado de operador aéreo y la licencia respectiva.
Entre otras cosas, ITA tendrá que negociar con los gremios las condiciones de los nuevos contratos. El resto tendrá que ver la forma de cobrar indemnizaciones con los síndicos de la quiebra. Por lo pronto, por la marca y las rutas aéreas se piden 290 millones de euros. Los aportes estatales para Alitalia en 20 años, según los cálculos más pesimistas, habrían rondado los 20 mil millones de euros.
La nueva publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) en la misma semana que la OCDE anunció un acuerdo entre 136 países para cobrar un impuesto a las multinacionales del 15%, reveló que 30 gobernantes y exgobernantes, 336 políticos y funcionarios de 90 países, algunos artistas y deportistas internacionales y un puñado de multimillonarios tienen empresas offshore en cuevas fiscales.
Los Pandora Papers despertaron viejas demandas de sectores irritados contra los más ricos, que usaron la excusa de que invertirían en crecimiento a cambio de reducciones impositivas, pero se las rebuscan para no hacer ni lo uno ni lo otro. Es que antes de Pandora hubo un Panamá Papers, un Paradise Papers y en el futuro nadie descarta otros XXX Papers.
En Pandora aparecen tres presidentes en ejercicio de América Latina. Los tres llegaron a la política desde la actividad privada, donde acumularon –o heredaron– grandes fortunas con las que resultó más fácil hacer carrera. El chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader dieron una versión un tanto infantil sobre su rol en las offshore. Que no las habían usado, que era para negocios que no se hicieron. Hay un ex, el paraguayo Horacio Cartes, y como ya es costumbre, alguien de la familia Macri.
Ninguno de los actuales o pasados mandatarios “populistas” está en la lista. A la vicepresidenta argentina se la relaciona por un secretario de Néstor Kirchner y de Vladimir Putin se menciona a una presunta amante. Caen en la volteada algún rey, como el de Jordania o el emérito de España, el ex premier Tony Blair y cosas por el estilo. Y un gran “antipopulista”, como el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.
No hay cuevas fiscales, ni dirigentes, ni las grandes fortunas de EE UU en ese ranking. ¿Son los más pulcros del planeta o están entre los que filtran la data?
El gran impacto de Panamá Papers en 2015 no fue igual estos días en medios locales. ¿Será porque los que aparecen cuestionan la línea de La Nación o Infobae, que aportaron periodistas a la ICIJ? ¿O será porque también algunos de los accionistas aparecieron o pueden aparecer en el futuro?
El 65% del dinero en esas guaridas fiscales proviene de maniobras de evasión de los magnates, estima Global Financial Integrity (GFI), mientras que un 30% corresponde a delitos comunes –contrabando, trata de personas, venta ilegal de armas, narcotráfico– y el 5% restante es por corrupción de figuras políticas.
Mauricio Macri declaró hace poco, sin inmutarse, que para ganar dinero en el país hay que evadir impuestos. Ya había sido procesado a principios de siglo por ese delito. Y dijo no comprender cuál era el problema de tener una offshore como la que salió a la luz a poco haber ganado la presidencia. En el podio de Pandora Papers, Argentina tiene la medalla de bronce, con 2521 firmas locales, detrás del Reino Unido, con 3936, y Rusia con 3694.
Se escandalizan quienes no creen ético escabullir su responsabilidad social. Tal vez otros que no se pueden escapar. Trabajadores, profesionales, pequeños y medianos empresarios, que resultan ser los principales sostenes del Estado. Según la ONG estadounidense, los países del mundo pierden 427 mil millones de dólares por evasión. Un PBI argentino que se roban cada año.
Mark Zuckerberg quedó otra vez expuesto por sus prácticas comerciales pero, al mismo tiempo, demostró el poder de las redes sociales que controla, como cuando se conoció el “servicio” que Facebook (FB) había prestado para campañas electorales de candidatos derechistas en varios países del mundo a través de datos que utilizó la consultora Cambridge Analytica. Con una gimnasia propia de los gatos, el simpático exalumno de Harvard, que figura como la tercera persona más rica del mundo según Forbes, tuvo siempre habilidad para caer parado. Y por cómo se dieron los acontecimientos, no pocos sospechan que el apagón de WhatsApp, Instagram y FB de este lunes estuvo relacionado íntimamente con las denuncias de Frances Haugen, una exgerente de producto de la empresa, el día anterior en TV y el martes en el Congreso.
Haugen renunció tras dos años en Facebook, el buque insignia de Zuckerberg. Formaba parte de un equipo llamado de Integridad Cívica, que tenía como objetivo asegurarse de que la plataforma no sirviera a intereses y valores contrarios a la democracia y afectara la seguridad de los usuarios.
Fue una consecuencia del escándalo Cambridge Analytica, una consultora que con información provista por FB manipuló a usuarios en elecciones, como el referéndum por el Brexit, comicios en varias naciones -en Argentina, como reconoció el titular de la consultora, Alexander Nix, ante una comisión del Parlamento británico, contra el gobierno de Cristina Kirchner- e incluso fue clave para el triunfo de Donald Trump y Jair Bolsonaro.
En octubre de 2018, FB creó una equipo para combatir las noticias falsas y vigilar la difusión de discursos disruptivos con la democracia. Al frente puso a Samidh Chakrabarti, experto en inteligencia artificial, historia y políticas públicas que trabajaba para FB desde 2015. Un artículo de la revista Time lo describe como “un hombre del Renacimiento”.
Había un “juramento cívico” que planteaba “servir primero a los intereses de la gente, no a los de Facebook”. Según Haugen, eso quedó en la nada luego de que Zuckerberg decidiera desarticular a ese departamento, tras las elecciones de 2020. Para la mujer, FB ya no quería una oficina que tuviera como prioridad el interés de los usuarios.
Semanas atrás, Haugen filtró a Wall Street Journal estudios sobre la influencia maligna de Instagram en adolescentes, que luego de ver fotos en esa plataforma se sentían peor con sus cuerpos. Y, también, investigaciones sobre cómo el cambio en un algoritmo de FB incentivó publicaciones de odio y desinformación.
Haugen envió copias a la Comisión de la Bolsa de Valores (SEC) y al Congreso, donde testificó este martes ante una Comisión del Senado – casualmente, un día después del apagón que dejó sin los servicios a casi la mitad de la población mundial-. “No se trata simplemente de que algunos usuarios de las redes sociales estén enojados o sean inestables, o de que unos se radicalicen contra otros; se trata de que FB elija crecer a toda costa, comprando sus ganancias con nuestra seguridad”.
Y agregó: “la compañía sabe cómo hacer que FB e Instagram -a la que considera la red más peligrosa- sean más seguros, pero no hará los cambios necesarios porque han puesto las ganancias astronómicas antes que a las personas”.
La justificación de FB es que sus ingresos dependen de la publicidad y que no cobran por sus servicios. Pero esas ganancias dependen de los clics que consigan. Y los cliqueos aumentan con discursos extremos.
Zuckerberg y las tecnológicas están en la mira desde hace tiempo en Estados Unidos y Europa. Trump había intentado en 2018 aplicar las leyes antimonopolio, y ahora, que fue cancelado por algunas de ellas, reclama por su libertad de expresión mediante acciones judiciales.
Hace exactamente un año, cuando faltaban unos días para las presidenciales, los CEOs de las principales plataformas de Internet, Jack Dorsey de Twitter, Sundar Pichai de Google y Zuckerberg, debieron comparecer ante el Comité de Comercio de la Cámara Alta. Roger Wicker, republicano por Mississippi, criticó que esas plataformas se hayan convertido “en un poderoso árbitro de la verdad y el contenido al que los usuarios pueden acceder”. La regulación de esos medios fue también eje de la campaña de los demócratas y motivo de debate en la Unión Europea. La cuestión es quién le pondrá el cascabel al gato.
La nueva filtración de documentos relativos a guaridas fiscales donde las élites mundiales ocultan sus bienes de los organismos impositivos ofrece detalles que resultan interesantes de analizar, no tanto por lo que revelan como por lo que no termina de aparecer.
Se sabe que líderes de varios países del mundo tienen que dar explicaciones sobre montañas de dinero que tenían, según creyeron, a resguardo de miradas indiscretas y ahora quedan al desnudo. Tres presidentes en ejercicio de Latinoamérica -Guillermo Lasso de Ecuador, Sebastián Piñera de Chile y Luis Abinader, de República Dominicana- y once ex mandatarios, entre ellos de Perú, Colombia, de Paraguay. En la volteada aparecen el rey emérito de España Juan Carlos I (cuándo no), el rey de Jordania, presidentes de Ucrania y Kenia, el primer ministro checo.
Se sabe también que Argentina se ubica en el podio de los mayores implicados en este tipen el índice de “beneficiarios finales” de empresas radicadas en esas cuevas fiscales por millón de habitantes, sería el primero lejos.
Se sabe, además, que hay implicados deportistas, cantantes, dirigentes políticos, que eligen escamotear sus ingresos del escrutinio del resto de la población para no aportar su cuota parte en el mantenimiento de las comunidades en las que viven y de las que extraen esos beneficios.
Todos en mayor o menor medida están dando sus explicaciones. Algunos es escudan en que el hecho de formar una empresa offshore no es ilegal, o que tenían el dinero declarado de alguna manera no tan visible.
El expresidente Mauricio Macri, a modo de ejemplo, cuya familia suele aparecer en este tipo de investigaciones y ahora no fue la excepción, declaró hace un mes que “para ganar plata hay que evadir impuestos”. Y no hubo un escándalo nacional por esas palabras en los grandes medios, esos mismos que ahora presentaron el informe conocido como Pandora Papers. Lo que no aventura demasiado escándalo en algunos lugares del mundo.
Como sea, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) forman parte de los diarios más influyentes de varios países del mundo: Estados Unidos, el Reino Unido, España, Francia, Alemania. Por Argentina participaron periodistas de La Nación, Infobae y ElDiarioAR. El trabajo fue sin dudas inmenso ya que se trató de casi 12 millones de archivos provenientes de 14 empresas de servicios offshore y participaron más de 600 periodistas y analistas informáticos de 117 naciones durante dos años hurgando en esa enorme cantidad de material.
Pero hay algunas lagunas en la información que, posiblemente se comiencen a develar en los próximos días -la información va saliendo a cuenta gotas por una estrategia mediática comprensible- o que quizás no tengan respuesta.
El agregado de “Paper” a la revelación de información secreta nació en los 70 con los Pentagon Papers, la primera gran filtración de documentos sensibles producida por un analista del departamento de Estado, Daniel Ellsberg, sobre la guerra de Vietnam, en 1971. No la pasó bien Ellsberg y a punto estuvo de ser juzgado por traición a la patria durante el gobierno de Richard Nixon.
En lo que va del siglo, el caso que más trascendió también tenía relación con aventuras bélicas de Estados Unidos y fueron los documentos que otro analista, Chelsea Manning, filtró sobre atrocidades en Irak y Afganistán de tropas de ese país en 2010 a través del sitio WikiLeaks. Tampoco la pasó bien Manning, detenida en una prisión de máxima seguridad de EEUU e indultada por Barack Obama como un gesto final antes de dejar el gobierno, en 2017. El que la pasa peor es el australiano Julian Assange, el creador de Wikileaks, una plataforma que usa servicios encriptados para proteger a quienes compartan información que afecte a la sociedad en manos de pocos y poderosos, ya sean gobiernos o individuos.
Pandora Papers tiene el mayor volumen de datos de alguna filtración, según quienes investigaron el caso. Supera a los anteriores Panama Papers, Paradise Papers y Offshore Papers en cantidad de información: son casi tres Terabytes. Todos estos escandaletes salieron a la luz mediante plataformas encriptadas.
Lo que algunos malpensados sostienen es que si bien aparecen datos a granel sobre estudios y consultoras que realizan la tarea de crear esas compañías en cuevas fiscales, no hay de Estados Unidos ni de su mayor distrito con protección para inversores, que es Delaware. Por casualidad, se diría, ese pequeño estado es el que el actual presidente Joe Biden representó como senador durante 36 años, desde 1973 hasta que fue vicepresidente de Obama.
Tampoco aparecen las mayores fortunas estadounidenses. Apenas un no tan conocido Robert F. Smith, un multimillonario que ya tuvo algunos problemas con la agencia de recaudación y debió pagar 140 millones de multa. No es por pensar mal, pero Smith es el afroamericano más rico de EEUU.
Por otro lado, es cierto que los periodistas no deben revelar sus fuentes, pero los mismos medios que en 2010 blandieron la espada de la transparencia sobre las revelaciones de WikiLeaks y luego miraron para otro lado acerca de la suerte de Manning y Assange -que pasó estos últimos nueve años de su vida sin ver la luz del sol, primero en la embajada de Ecuador en Londres y desde 2019 en un penal de esa ciudad- ahora vuelven a mostrar su rol de fiscales sin inmutarse. Ahora, como antes, están el Washington Post, El País de Esoaña, The Guardian de Gran Bretaña, Le Monde, de Francia. La pregunta sería quién es capaz de semejante filtración sin sufrir la amenaza de padecer las mismas consecuencias que Assange, por decir algo.
Comentarios recientes