Nadie puede llamarse a sorpresa sobre el carácter ultraconservador de la Corte Suprema de Justicia supo armar Donald Trump para dejar como legado a sus sucesores. Y entre los temas que ese tribunal tenía como objetivo -se sabía- figuraba en uno de los primeros lugares anular de alguna manera el fallo Roe vs Wade, que a falta de una ley federal de aborto, impide penalizar la interrupción voluntaria del embarazo. El dictamen es de 1973 y su anulación está en la agenda conservadora desde entonces por eso de que la derecha no es de rendirse.
Unos días antes de la elección de 2020, Trump logró imponer a Amy Coney Barrett en el máximo tribunal en reemplazo de una liberal y defensora de los derechos de las mujeres, Ruth Bader Ginsburg, que había fallecido a los 97 años unas semanas antes. Los demócratas plantearon incluso la posibilidad de aumentar el número de jueces para contrarrestar esa desigualdad notoria. Pero nada hicieron al respecto.
El empresario inmobiliario ya había designado a otros dos conservadores, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, con lo que inclinó la balanza decisivamente hacia posturas de derecha en una corte que normalmente fluctuaba en uno en mas o en menos hacia cada lado de la balanza y ahora, repentinamente, paso a contar con 6 votos sobre 3 pata formatear al país por décadas.
Lo primero que se pensó entonces era que Trump se garantizaba un tribunal que apoyaría las denuncia que ya desplegaba en torno a fraude electoral. Pero los movimientos feministas alertaron con mucha perspicacia que el “botín” que estaba en riesgo era el de ese fallo que al cabo de casi medio siglo permitió que las mujeres pudieran ejercer su derecho al aborto hasta la semana 24ª.
Ya había movidas en cada estado para ponerle freno a esa cobertura judicial y en julio de 2020 hubo un caso testigo cuando la Corte invalidó una ley de Luisiana que habría obligado a cerrar las clínicas de aborto. Trump se declaró “decepcionado” con los magistrados que había nombrado.
Ahora los jueces están analizando una ley de Misisipi -un estado del conocido como “Cinturón Bíblico”- que en 2018 prohibió la interrupción del embarazo hasta la semana 15ª. Las organizaciones feministas se pusieron nuevamente en alerta cuando se supo que el tribunal iba a analizar la decisión impulsada entonces por el gobernador republicano Phil Bryant y que había sido rechazada en todas las instancias inferiores.
Corre nuevamente peligro la sentencia Roe vs Wade que, cada tanto vuelve a ser sometida a presiones revocatorias. Había ocurrido en 1992 con el caso conocido como Planned Parenthood vs. Casey. Esa vez la Corte confirmó el fallo de 1973 -que habla de las garantías individuales a decidir en cuestiones privadas- y determinó que “un Estado no puede prohibir a ninguna mujer tomar la decisión final de interrumpir su embarazo antes de la viabilidad”.
Nuevamente ahora los colectivos autodenominados “provida” levantaron sus antenas y el miércoles pasado se vistieron de celeste -a la manera de sus pares latinoamericanos- frente al Palacio de Justicia en Washington para manifestar su apoyo a un fallo quelimite o impida directamente el aborto.
Sonia Sotomayor, una de las tres jueces progresistas -nombrada por Barcak Obama- consideró que la revocación de Roe v. Wade daría la impresión de que el máximo tribunal es un organismo político y no judicial. «¿Sobrevivirá esta institución a la fetidez que esto crea en la percepción pública de que la Constitución y su lectura son solo actos políticos?», se preguntó, según refleja un cable de la agencia AFP.
Kavanaugh, en tanto, puesto ciertamente en adalid del sector antiabortista, planteó por qué la Corte “debería ser el árbitro en lugar del Congreso, las legislaturas estatales, las cortes supremas estatales, el pueblo?». Y deslizó lo que tal vez termine siendo su dictamen: que cada estado federal decida. Algo así como ocurre con la pena de muerte, curiosamente.
Pero Kavanaugh tiene algunas cuentas pendientes en su pasado que no pocos en Estados Unidos consideran repudiable y que salió a la luz cuando fue nominado por Trump.
La que lo recordó estos días fue la representante por Nueva York del ala izquierda de los demócratas, Alexandria Ocasio-Cortez.
“Recordatorio de que Brett Kavanaugh * todavía * sigue siendo acusado de forma creíble de agresión sexual en múltiples cuentas con detalles corroborados y este año el FBI admitió que nunca se investigó por completo. Sin embargo, el tribunal le está permitiendo decidir si legaliza el parto forzado en Estados Unidos. Sin recusación”, dijo.
En otro tuit del mismo hilo, Ocasio-Cortez puntualiza que “de los 9 jueces (de la Corte), 3 fueron nombrados por un hombre que intentó derrocar al gobierno de los EE. UU. (Y fue elegido por minoría)”. Y agrega que esos tres decidirán sobre “el hecho de obligar a las personas a dar a luz en contra de su voluntad”.
La centralidad que mantiene en la política argentina la vicepresidenta Cristina Fernández quedó de manifiesto una vez más el último fin de semana de noviembre. El viernes 26, el anuncio de que el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº5 había sobreseído a la expresidenta y a sus hijos en la causa por supuesto lavado de dinero en las sociedades Hotesur y Los Sauces fue la primera señal. La decisión firmada por los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, con la disidencia de Adriana Palliotti, recibió, como era previsible, el rechazo de la oposición y de los medios hegemónicos que incluso convocaron, con poco éxito, a una caceroleada frente al edificio donde vive CFK, en el barrio porteño de Recoleta. Más allá de las discusiones sobre el fallo, la decisión de los magistrados que evitaron la realización del juicio oral y público por el caso de los hoteles de la familia Kirchner desató una andanada de indignación en un sector bien determinado del arco político y mediático. Esa misma mañana, el expresidente Mauricio Macri había obtenido un guiño favorable a su intento de sacar del tribunal de Dolores, a cargo del subrogante Martín Bava, la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan para llevarla a uno en Comodoro Py más amigable para sus intereses. Entre los que condenaron el aval de la Cámara Federal de Mar del Plata a que el Tribunal de Casación decida en qué juzgado continuará la investigación estuvieron los propios espiados, que desde un primer momento cuestionan las continuas maniobras de la defensa de Macri para evitar que sea imputado por esa causa y lo que califican como permisividad intolerable del Poder Judicial. Sin embargo, pocos días después el expresidente fue procesado por Bava. Para el magistrado, Macri consintió prácticas ilegales que se inscriben en un «cambio de paradigma» en la estrategia de seguridad e inteligencia de la Argentina desde la recuperación de la democracia. «Las prácticas ilegales que se ventilan en esta resolución nos remontan a las épocas más oscuras de nuestro país», escribió Bava, tras considerar que «la tarea que llevaba adelante la AFI era espiar y después analizar si había un delito». También en este caso, la discusión técnica sobre quién debería investigar qué cosa está teñida del recelo en una sociedad donde parte de la dirigencia y casi todos los medios de comunicación hace tiempo que no discuten sobre la realidad sino sobre interpretaciones que llevan agua a cada molino. Pero si hay una diferencia entre lo que ocurre hoy con el accionar del sistema judicial y el anterior Gobierno es que parece haber caído en desuso la llamada «doctrina Irurzun», que permitió detenciones por el presunto «poder residual» que conservarían funcionarios de Gobiernos pasados. Lo que le genera no pocas críticas al manejo del área de Justicia del presidente Alberto Fernández dentro de la tropa oficialista, que reclama por la detención de Milagro Sala y considera que no se hace nada para exculpar a los perseguidos por el macrismo. No es la primera causa contra Cristina Fernández que naufragó en estos meses. Baste recordar las de dólar futuro y memorándum con Irán. En ninguna de ellas está dicha la última palabra porque siempre quedan instancias de apelación, incluso ante la Corte Suprema. En el caso de Macri, los procesos abiertos en su contra parecen encaminarse hacia un fárrago sin resolución en el foro que más lo favorece, que son los tribunales federales del barrio porteño de Retiro. A medida que avanzan las negociaciones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) también se potencian las críticas hacia el Gobierno dentro de la coalición gobernante, las presiones mediáticas –acompañadas por maniobras en los mercados financieros– y los brulotes de la oposición. No faltan quienes puntualizan la demora y hasta la inacción para impulsar la denuncia realizada en marzo pasado luego de un informe del Banco Central y la Auditoría de la Sindicatura General de la Nación sobre el acuerdo con el FMI de 2018, que dejó un tendal de 44.000 millones de dólares de deuda que amenazan el futuro de varias generaciones de argentinos. La causa «Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública» quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº5 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien delegó la investigación al fiscal Franco Picardi.
Gritos y silencios No hubo muchas novedades en el caso, salvo elementos que aportó el propio Macri, quien en sucesivas declaraciones dijo que el destino de ese monto monumental de dinero fue para pagar deudas del Gobierno anterior y luego afirmó que era «para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir del país». En las últimas semanas y luego de las elecciones de medio término, el propio presidente Alberto Fernández puso en la agenda la negociación con el FMI. La oposición y sus medios afines batieron palmas sobre qué pensaba la vicepresidenta acerca de cómo se llevaban adelante esas conversaciones entre el Gobierno nacional y la cúpula del Fondo. Y sobrevoló nuevamente la especulación de qué quería gritar con su silencio en torno al asunto, si se permite el oxímoron. Pero sobre el final de noviembre otra carta de CFK removió el avispero político. La noticia de que la vicepresidenta había escrito una nueva misiva hizo temblar a propios y ajenos, recordando el vendaval que había provocado su carta del 17 de septiembre luego de que el oficialismo perdiera las PASO, con cambio de Gabinete incluido. El tema central de esta no fue sobre espacios internos o cuestionamientos más o menos velados a la tarea de algún funcionario, sino que giró en torno a la negociación con el FMI por la astronómica deuda contraída por Macri. Para irritación de quienes no la quieren, fue directo al grano desde el título: «De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades». Y dispara una serie de preguntas provocativas. «¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada? ¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra “hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del Gobierno”, ahora quieren que “Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal?”». La misiva, luego de reconocer que el peronismo por primera vez desde 1983 pierde el quorum en el Senado, recuerda que «la lapicera» para firmar el acuerdo la tiene el presidente, y que el documento deberá pasar por la instancia del Congreso. Al mismo tiempo, alienta al primer mandatario a sostener su discurso del 9 de julio pasado en la Casa de Tucumán, en el que dijo «nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca».
Diego Alejandro Ravasio, de 44 años, y Martín Cruz Fielberg, de 48, fueron imputados y quedaron detenidos con prisión preventiva por el asesinato del joven mapuche Elías Garay, de 29 años, en Cuesta del Ternero, al norte de la localidad rionegrina de El Bolsón, donde también resultó herido Gonzalo Cabrera, de 21. Este caso es emblemático por varias razones. En primer lugar, muestra una escalada peligrosa contra la comunidad mapuche que viene creciendo desde la llegada del Cambiemos al poder en diciembre de 2015. Los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son las primeras muestras de una ofensiva que tiene condimentos políticos, xenófobos y una dosis de intereses económicos que subyacen cada vez menos ocultos. Unos días antes del asesinato de Garay, el presidente Alberto Fernández había prorrogado por otros cuatro años mediante un DNU la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades originarias que contempla la Constitución de 1994. La Lof Quemquemtrew, asentada en Cuesta del Ternero, está sitiada por fuerzas policiales porque los terrenos están reclamados por dos empresarios de la zona para una explotación maderera. No les dejan ingresar ninguna vitualla, pero los acusados pudieron pasar sin problemas. Feilberg y Ravasio están relacionados con los empresarios. Sus nombres quedaron registrados en el puesto policial que custodiaba el sector por donde entraron. Y fueron identificados en la declaración testimonial de Cabrera. En Bahía Blanca, la dirigente mapuche Olga Curipán sufrió la amenaza de un ignoto grupo parapolicial autodenominado Comando de Restauración Nacional. En El Bolsón, jinetes vestidos de gauchos corrieron a rebencazos a manifestantes que reclamaban justicia por Elías Garay y luego declararon sin inmutarse: «Mapuches eran los de antes».
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