Néstor Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva, Tabaré Vázquez, Nicanor Duarte Frutos y Hugo Chávez se encontraron ese 5 de noviembre de 2005 en el Salón Versailles del Hotel Hermitage, de Mar del Plata, para ultimar los detalles de lo que parecía una aventura con destino incierto. El argentino, el brasileño, el uruguayo, el paraguayo y el venezolano iban a decirle No al proyecto continental que Estados Unidos venía amasando con los gobiernos surgidos desde los ’90, en el auge del neoliberalismo.
El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) era un enorme mercado para que los grandes capitales estadounidenses pudieran hacer negocios con un grupo selecto de intereses nacionales ligados al imperio. Era un proyecto para cazar en un zoológico.
Cuatro años antes, los atentados a las Torres Gemelas habían disparado la intervención estadounidense en Afganistán y luego en Irak y más tarde en Libia y Siria. Si el proyecto ALCA nace en 1994, tras la caída de la Unión Soviética, cuando EE UU queda como la potencia dominante en el planeta, para 2005 la declinación comenzaba a percibirse entre quienes sabían ver más allá de las narices. Y esos líderes supieron que estaban en condiciones de torcer el rumbo si se unían sin temores. Y, además, podían dar un empujoncito en esa pendiente.
George W. Bush no tuvo más remedio que tolerar en silencio el rechazo de esos levantiscos mandatarios. Enfrascado en guerras que prometían cumplir con el destino manifiesto de los “Padres Fundadores”, EE UU se sorprendió con ese proyecto de integración regional que a poco de andar puso en marcha Unasur y Celac y potenció Mercosur desde una perspectiva diferente.
Fue un momento virtuoso para América Latina y el Caribe. Era el cumplimiento de ese otro destino, el que habían soñado los líderes que protagonizaron la independencia de la corona española desde 1810. Fue una era dorada, con el cielo como techo.
Estos días visitan Buenos Aires Evo Morales y Rafael Correa. Si pudieron llegar a la presidencia de Bolivia y Ecuador fue en gran medida gracias a aquel No al ALCA, que fortaleció a gobiernos que garantizaron el respeto por la voluntad popular expresada en una verdadera democracia.
Con el golpe de noviembre de 2019, la oligarquía boliviana mostró su verdadero cariz. ¿Hubieran dejado que un aymara pudiera gobernar en 2006 de no ser por el respaldo regional? ¿Las elites ecuatorianas hubieran permitido una Revolución Ciudadana como la que promovió en 2007 ese economista formado con los salesianos?
Se sabía que China estaba destinada a ser una potencia mundial en este siglo y que más temprano que tarde Rusia volvería a sentarse a discutir su lugar bajo el sol. Pero no deberían quedar dudas de que también el No al ALCA fue un acelerador de la historia.
Más aún: ¿hasta qué punto EE UU percibió que por expandirse al Oriente desperdició recursos, y pudo alzar vuelo ese puñado de naciones que despectivamente considera su patio trasero? De allí la importancia de aprender las lecciones del pasado reciente.
Nunca está todo ganado. Pero mucho menos está todo perdido. Siempre el destino de los pueblos es levantarse, luchar, vencer, caer y volver a levantarse. Hasta que se acabe la vida, como recuerda Álvaro García Linera.
El gobierno español está en una encrucijada para concretar una “contrarreforma” laboral antes del 31 de diciembre y así poder acceder a un nuevo tramo del millonario fondo pospandemia que puso en marcha la Unión Europea. Son cerca de 57 mil millones de “buenas razones” para que gremios y patronales se pongan de acuerdo. Pero los intereses son muchos y los tironeos desde ambos lados del mantel también.
El gobierno de Pedro Sánchez es una coalición en la que el PSOE es mayoría pero tiene peso determinante Unidas-Podemos, el partido nacido al calor de las protestas del 15 de mayo de 2011 en torno a Pablo Iglesias. Retirado de la política – al menos momentáneamente – Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda, está mostrando dotes de liderazgo dentro de ese sector de la izquierda que la convierten en la enemiga del establishment hispano.
Díaz se puso al hombro la reforma laboral y desde ese lugar “pateó el hormiguero” de una modificación perjudicial para los trabajadores que impuso el Partido Popular durante la gestión de Mariano Rajoy, en 2012. Eso le granjeó rechazo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que nuclea a las cámaras patronales, del amplio arco de las derechas españolas pero también dentro del partido de Sánchez.
“Ha mostrado mucha capacidad para negociar y por eso apuntan contra ella en este momento”, dice a Tiempo Francisco López. Residente en Buenos Aires desde hace años, López es secretario de Participación Militante de Círculos y Áreas de Podemos Exterior.
La pelea que lleva adelante Díaz es para que -frente a la amenaza de no recibir los fondos restantes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – los empresarios acepten algunas modificaciones a la normativa de Rajoy, sentados a una mesa con la dirigencia sindical, cosa de mostrar en Bruselas que están dispuestos a aprovechar esa millonada según parámetros aceptables para la Comisión Europea (CE), el órgano ejecutivo de la UE.
Esa ley, con la excusa de que la rigidez laboral impedía que los empresarios contrataran personal, redujo la indemnización de 45 días por año trabajado a 8, “es decir, nada”, apunta López, que también representa al Frente Progresista Trece Rosas para las próximas elecciones al Consejo Residentes Españoles (CRE, ver aparte). Además, la normativa extendió las temporalidades de prueba “casi al infinito”.
El argumento de quienes apuestan a cambiar la reforma del 2012 toma en cuenta datos de la UGT (Unión General de Trabajadores), una de las centrales obreras, junto con Comisiones Obreras (CCOO), que discuten el asunto con los empresarios sobre precarización y pérdida de empleo en estos once años. Según un trabajo que firma Pepe Álvarez, secretario general de UGT, entre 2013 y 2018 la tasa de temporalidad creció al 26,8 por ciento. “Sólo 10 de cada 100 contratos son de carácter indefinido – dice el informe- y la tasa de temporalidad de los menores de 25 años es del 72,8%”. Esto es, que la temporalidad se convirtió en una buena forma de no regularizar la situación de los trabajadores pagando salarios que en algunos casos no superan los 300 euros. Y de reducir artificialmente tasas de desempleo con precarización.
“El uso generalizado de contratos temporales supone un freno para el potencial de crecimiento y la cohesión social en España. Sigue siendo difícil pasar de un contrato temporal a otro indefinido”, había advertido en 2019 la UE. Pero no es que eso implicaba un giro progresista. Sobre todo porque los empresarios se recuestan Bruselas para defender sus posturas y desde la capital belga no son de dar señalas claras para no mover demasiado el avispero.
La CE, en ese marco, con una mirada ecuménica pide a los actores sociales de España que consensuen una ley de empleo. “Le corresponde a los Estados miembros determinar las reformas y las inversiones incluidas en sus planes nacionales. El papel de la Comisión es evaluar si estas son compatibles con los criterios del plan de recuperación y del semestre europeo”, indica. Pero la espada de Damocles amenaza. De ese plan pospandemia ingresaron 9000 millones de euros. El resto está en veremos y el plazo para abrir las arcas o demorar nuevas entregas es el 31 de diciembre.
Eligen representantes los residentes españoles
Los Consejos de Residentes Españoles (CRE) se definen como órganos consultivos de las oficinas consulares de cada distrito del exterior. Los integrantes son elegidos por votación y este 28 de noviembre, finalmente, luego de varias controversias por la negativa inicial a aprobar las candidaturas que se presentan, será el comicio en Buenos Aires. Tres listas se presentan, una ligada al PP.
Españoles Unidos; el Memoria, Verdad y Justicia, de La Lorca; y el Frente Progresista las 13 Rosas, con apoyo del PSOE y Unidas Podemos. Este sector rinde homenaje con su nombre a las 13 jóvenes fusiladas por la dictadura de Francisco Franco en Madrid el 5 de agosto de 1939, a cuatro meses del fin de la Guerra Civil Española.
Hay algunas coincidencias en las propuestas electorales, como eliminar el “voto rogado” -la obligación de reclamar la inscripción para emitir el sufragio– y la ampliación del acceso a la nacionalidad española a hijos y nietos de emigrantes que quedaron fuera de los alcances de la Ley de Memoria Histórica.
Francisco López, portavoz de Trece Rosas, cuenta que dentro del programa electoral, el Frente impulsa la cooperación entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y organismos estatales españoles “para la creación de un banco datos genéticos de quienes tuvieron familiares desaparecidos en la guerra civil y posterior dictadura franquista, para facilitar la identificación de los restos que se vayan exhumando en España y para posibilitar las identificaciones de niños robados”.
A un año exacto de las elecciones que Donald Trump todavía asegura que le birlaron, los republicanos celebran un triunfo quizás determinante en Virginia, un estado que los demócratas computaban como propio luego de más de una década. Fue un golpe duro para Joe Biden porque el resultado puede complicar más aún al primer mandatario estadounidense, que en un año enfrenta elecciones de medio término con perspectivas poco halagüeñas y no logra que sus proyectos más ambiciosos sean aprobados en el Congreso. Para peor, un artículo de Huffington Post computó que al menos seis integrantes del Partido Republicano que el 6 de enero pasado participaron del intento de toma del Capitolio para rechazar la nominación de Biden resultaron electos el legislaturas estatales, tres obtuvieron puestos locales y otros 57 se postularán para el 2022.
La caída de los demócratas en Virginia es estruendosa si se tiene en cuenta que en 2020 Biden había ganado por 10 puntos de diferencia. Ahora, el multimillonario Glenn Youngkin se impuso sobre Terry McAuliffe por dos puntos que valen oro: 50.7% a 48.5%. Los analistas entienden que el inquilino de la Casa Blanca defraudó a sus votantes y que no es mucho lo que cambió desde que llegó al gobierno. Para colmo, la retirada de Afganistán supo ser aprovechada por los republicanos, que la tildaron de desastrosa y afirmaron que ellos nunca se hubieran ido del país asiático, a pesar de que Trump hizo los primeros acuerdos con los talibán para que las tropas de EEUU no siguieran empantanadas en una guerra que no podría ser ganada.
Youngkin tiene un patrimonio de unos 440 millones de dólares y es uno de los principales accionistas de Carlyle Group, uno de los grupos inversores más grandes del mundo. Cercano a Trump -un poco por cuestiones comerciales y otro por miradas comunes sobre el mundo – en los últimos tiempos tuvo la perspicacia de despegarse del expresidente y convocar como acompañante de fórmula a Winsome Sears, la primera afrodescendiente en ocupar ese cargo en la historia del estado y también la primera no nacida en EEUU, ya que es jamaiquina. Trump festejó el triunfo que había apoyado con fervor estas últimas semanas, cuando las encuestas pronosticaban un resultado como el que se dio.
El golpe para los demócratas es mayor porque normalmente Virginia puede ser una señal de alarma para el futuro y un aliciente para los republicanos, que potenciarán sin dudas el bloqueo al que están sometiendo al gobierno de Biden, que ya tuvo que ceder en sus iniciativas más “peronistas” para reactivar la economía y repotenciar a Estados Unidos a los primeros planos internacionales.
Es cierto que la diferencia en Virginia no es tanta, pero fue interpretada por los medios y la dirigencia como impactante. Porque por otro lado en Nueva Jersey peleaban voto a voto el gobernador Phil Murphy con el desafiante republicano Jack Ciatarelli, un trumpista que se bajó del caballo luego del 6E y tras esgrimir el argumento de que le habían robado la elección, ahora elige el silencio sobre el tema. También cambió las declaraciones xenófobas por un perfil más moderado para conseguir los votos de comunidades latinas.
Los sectores progresistas en cambio pudieron celebrar el triunfo de Michelle Wu para la alcaldía de Boston. Descendiente de taiwaneses, Wu tiene 35 años y un perfil de defensa del medio ambiente que la lleva no solo a plantear la conversión del transporte público de la ciudad a electricidad sino a proponer que el viaje sea gratuito. Cobijada bajo la mirada de la senadora Elizabeth Warren, Wu es la primera no “blanca caucásica” y también no nacida en Boston – es oriunda de un suburbio de Chicago – en ser electa para comandar los destinos de la “Capital de la Nueva Inglaterra”.
Las elites de los demócratas también festejan el triunfo del expolicía Eric Adams en Nueva York. Recostado en el ala más conservadora de los demócratas, Adams será un alcalde amigo de los poderes financieros que rondan Wall Street. Lo contrario de la representante Alexandria Ocasio-Cortez, pero así son las cosas. Para compensar, el progresista Ed Gainey será nuevo alcalde de Pittsburg, el primer afrodescendiente en ese distrito.
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