Hay una frase que alguna vez dijo Hugo Chávez y se convirtió en latiguillo para Nicolas Maduro y Diosdado Cabello, los líderes que siguen su legado en el gobierno Bolivariano: “Quien se mete con Venezuela se seca”. La lista de personajes que vienen intentando sacar del poder al chavismo desde 1999 es bastante importante. La suerte que muchos de ellos corrieron -más allá de misticismos sin otro sustento que el hecho empírico- es también grande. Desde este domingo, se puede agregar al Grupo de Lima, que como tuiteó socarronamente Rafael Correa, se quedó sin nombre, si es que los astros se alinean como se supone tras con la llegada de Pedro Castillo a la Casa de Pizarro.
Creado en agosto de 2017 cuando las derechas regionales pensaban que tenían todo el futuro en sus manos, con el único objetivo de terminar con el gobierno de Maduro y formatear el estado bolivariano, se fue quedando sin combustible. Más aún, le da aire a quien piense que terminó siendo una maldición para quienes lo pergeñaron.
La lista de sus promotores y cómo terminó cada uno de ellos es más que interesante. El detalle -tomado del sitio 15Mpedia.org, un portal surgido en España luego del movimiento de los Indignados del 15 de Mayo de 2011- incluye al presidente Donald Trump y Mauricio Macri, que se caracterizaron por no ser reelectos en países donde lo normal es que el que gobierna tenga un nuevo período. (Ver acá).
Otros “caídos en desgracia” son el brasileño Michel Temer, que luego de protagonizar el golpe institucional contra Dilma Rousseff en 2016 entregó el poder a Jair Bolsonaro para terminar procesado por corrupción. Pasó unos días en prisión, pero pronto fue liberado. Su esfuerzo para correr del medio al PT le fueron debidamente pagados con ese alivio judicial, aunque su carrera política parece terminada. Al ex capitan del Ejército brasileño tampoco le está yendo demasiado bien en el Planalto.
El que fuera presidente peruano cuando se armó el GdeL, Pedro Pablo Kuczynski, tuvo que dejar el cargo antes de tiempo y resultó detenido por la causa Odebrecht. Lenín Moreno, mandatario ecuatoriano, luego de traicionar el contrato con sus votantes se fue sin pena ni gloria hace unos días tras entregar el poder al financista Guillermo Lasso. Si alguna vez soñó con repetir, las protestas masivas en su contra de fines de 2019 lo pusieron en caja. Hay varias causas en contra de Moreno, pero quizás no prospere por los “servicios prestados” a la causa. Tiene otros trabajos en esa misma línea, como haber entregado a Julian Assange o haber retirado a su país de Unasur y haberle dejado sin su edificio en Quito.
El chileno Sebastián Piñera también resultó incinerado en la fragua antichavista, si es que uno cree en este tipo de hechicerías. Luego del estallido popular de octubre de 2019, no solo cayó la derecha sino que el sistema político construido desde 1990 termina por ser demolido y se acaba de votar una constituyente para reemplazar la arquitectura legal armada por la dictadura pinochetista, con amplia mayoría de representantes independientes y de izquierda.
Algo similar está ocurriendo en Colombia, donde Iván Duque quedó contra las cuerdas y con la brutal represión -la misma estrategia usada en Chile con resultados tan funestos como contrarios a sus deseos- solo avivó el sentimiento de cambios que anidaba en la población tras décadas de violencia institucional y políticas neoliberales.
A esta nómina habría que agregar, sin ninguna duda, el régimen golpista de Jeanine Añez en Bolivia. Entró por la ventana en noviembre de 2019 -un fin de año cargado de sorpresas- y lejos de quedarse eternamente como soñaba la ultraderecha que la sostuvo, debió aceptar el resultado abrumador de las urnas y ahora todos los que la secundaron en esa aventura golpista enfrentan procesos judiciales con oscuras perspectivas para su libertad.
Argentina, tras el cambio de gobierno, se alejó paulatinamente del Grupo de Lima y trató de tender puentes con los gobiernos de México y el de Tabaré Vázquez junto con la Unión Europea para una salida democrática y pacífica en Venezuela. Pero Uruguay viró a la derecha y del otro lado del Atlántico le dieron largas al asunto por las presiones de la administración Trump.
Como sea, el gobierno nacional anunció en marzo pasado que dejaba formalmente ese club antichavista “al considerar que las acciones que ha venido impulsando en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada. Por otro lado, la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar”, según detalló el comunicado de la cancillería local.
El penúltimo clavo en el ataúd desde Buenos Aires fue el retiro de la demanda conjunta por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional que había presentado el GdeL en 2018. La estocada final vino a través de la decisión del pueblo peruano que el domingo pasado votó por Pedro Castillo. Cierto que aún falta la corroboración final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el órgano que supervisa la legalidad de las elecciones, que a daba a la tarde de este jueves una diferencia de 69.774 sufragios a favor del docente peruano con el 100% de las actas procesadas. Y que Castillo celebre los 200 años de la independencia peruana alejándose de ese grupo antipopular.
Benjamin Netanyahu quiere dar pelea hasta último momento para no tener que volver al llano luego de 12 años en el poder. Por eso juega todas las fichas a que su ahora principal alfil, el presidente de la Knesset, Yariv Levin, demore la convocatoria parlamentaria para darle el voto de confianza a la coalición de unidad que sostiene al ultraderechista Naftali Bennett como primer ministro. Cada segundo, espera, juega a su favor para quitarle apoyos al frágil acuerdo logrado por el conductor televisivo Yair Lapid con el único objetivo de sacarlo del medio.
La alianza liderada por Lapid, que aceptó ser primer ministro recién en 2023 a cambio de conseguir los votos que faltaban para destronar a Netanyahu, está integrada desde el nacionalismo extremo de Yamina (Bennett) a un frente de unidad árabe, que por primera vez integrara un gobierno israelí, el laborismo y sectores del centro.
A quebrar esta endeble sociedad política apunta Netanyahu, que les advierte que será un giro a la izquierda o considera peligroso haber negociado con el Raam, de Mansur Abbas, la reforma de una ley que regula las construcciones y la legalización de poblaciones beduinas del Néguev.
El apuro de sus opositores en mucho y Netanyahu, un viejo zorro de la política, sabe el riesgo que corre a la intemperie, con tres causas por corrupción que podrían llevarlo entre rejas. Por un lado, apuesta al temor por un gobierno tan contradictorio que paralice el país y por el otro, cree que ganó puntos entre la población luego de la ofensiva de mayo contra Hamás, en Gaza, que lo muestra como alguien decidido a defender a Israel a cualquier precio. Quizás fuera un buen argumento de cara a nuevas elecciones, pero en estos dos años los israelíes fueron cuatro veces a las urnas y no logró formar un gobierno fuerte en un sistema parlamentario donde nadie tiene diferencias definitorias desde hace mucho en esa nación.
Levin, un abogado que es traductor del árabe y habla español con cierta fluidez, fue agente de inteligencia y es uno de los más encumbrados dirigentes de Likud, el partido de Netanyahu. Como para patear la pelota afuera, avisó que antes de llamar al plenario del congreso, quiere ver los acuerdos firmados para establecer la coalición. Le respondieron que los acuerdos serán públicos porque son transparentes pero que los harán conocer cuando ellos decidan. Y pretenden destronar a Levin como paso previo e imprescindible para asumir el gobierno. “El Estado de Israel necesita un gobierno de unidad que funcione para rescatarlo de este caos”, dijeron el viernes.
Todo indica que este mismo lunes Levin llamará al plenario. Las presiones internas no son pocas y desde el exterior las noticias son que, en términos criollos, “le picaron el boleto” al actual primer ministro. Así puede interpretarse el mensaje de AIPAC (el Comité Estadounidense de Asuntos Públicos de Israel), el principal grupo lobista proisraelí en EE UU, que el jueves felicitó al dúo Lapid-Bennett “por haber reunido a una coalición amplia y diversa, que abarca el espectro político de los partidos sionistas y árabes, para formar un gobierno israelí pendiente de la aprobación de la Knesset”.
“Esperamos fortalecer aún más el vínculo entre Estados Unidos e Israel, mientras las dos democracias trabajan en estrecha asociación para promover nuestros intereses y valores compartidos”, agregó el comunicado de AIPAC. A renglón seguido, el secretario de Estado, Antony Blinken, recalcó que “el presidente (Joe) Biden ha trabajado con todos los gobiernos israelíes en todos los lados desde la primera ministra Golda Meir a principios de la década de 1970”, para rematar que “en las democracias, los gobiernos cambian. Trabajaremos con cualquier gobierno que surja”.
Desde el lado palestino, en cambio, no ven con buenos ojos a una gestión de Bennett, a la que califican como “tan violentamente racista como todos los gobiernos israelíes anteriores”. Es que a la derecha de Bennett no hay nada. Aunque su designación preocupa también a los hasta ahora aliados de su causa, al punto que el Shin Bet, el servicio de seguridad interna, informó que puso a efectivos de la Unidad 730 para “proteger la continuación del orden democrático y asegurar a las personas”.
Algunas de las operaciones de ablande a la coalición consistieron, por lo que se trasluce, en amenazas tanto a Bennett como a la parlamentaria de su partido Ayelet Shaked, nominada para un cargo en el Consejo de Justicia.
La justicia boliviana pedirá a Estados Unidos la extradición de el ex ministro de Gobierno de Arturo Murillo, detenido en ese país por lavado de dinero y corrupción en una causa por el cobro de coimas para la compra de gases lacrimógenos y armas para la represión tras el golpe contra Evo Morales de noviembre de 2019. El que fuera hombre fuerte del régimen encabezado por Jeanine Añez deberá enfrentar este lunes una audiencia en una corte del distrito sur de Florida en la que su defensor, como es de rigor, pedirá la libertad bajo fianza hasta que se sustancie el juicio.
Murillo es un oscuro personaje responsable último de las matanzas de Sacaba y Senkata contra manifestantes contra el golpe de estado que terminó con el gobierno democrático de Evo Morales. Enconado enemigo del MAS y los cambios registrados en Bolivia desde la llegada de Morales al poder, en 2005, ya tenía causas abiertas en Bolivia desde 2016 por haber falsificado documentos para presentarse a elecciones.
El caso de los sobornos en la compra de material para uso represivo ilustra el trasfondo de quienes protagonizaron el golpe. Fue tan burda la operación que las pruebas en contra de Murillo y quienes lo secundaron que sería difícil aliviarles una condena. Incluso porque “los servicios prestados” para sacar del poder a Morales no lograron impedir que el MAS volviera a gobernar un año más tarde. Lo que quizás explique el repentino gesto de transparencia de organismos de EE UU cuando nunca actuaron igual, por ejemplo, con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ex ministros de Defensa y de Hidrocarburos por la represión de 2003 contra protestas populares, reclamados por genocidio en 2008.
Murillo fue detenido el 22 de mayo junto su ex jefe de Gabinete -Sergio Rodrigo Méndez- y los dueños de una firma proveedora de equipo policial con sede en Florida -Bryan Berkman y su hijo Luis- y un intermediario de nacionalidad estadounidense con residencya y oficinas en Buenos Aires para actividades comerciales e inmobiliarias, Philip Lichtenfeld.
La empresa de los Berkman -que tienen doble nacionalidad boliviana y estadounidense- Intermediary Company, aparece como la compradora de gas lacrimógeno a una firma de Brasil, Cóndor, por 3,3 millones de dólares, pero el Banco Central de Bolivia giró a intermediarios 5,6 millones por ese material. El contacto entre los funcionarios de facto y la fábrica de armamento “no letal”, Lichtenfeld, es accionista del consorcio World Trade Center (WTC) Santa Cruz, pero se quedó finalmente sin el pan y sin la torta. WTC informo ahora que “activó los mecanismos empresariales” para dejarlo afuera de un megaproyecto inmobiliario en el oriente boliviano
Otro involucrado en el proceso es el ex ministro de Defensa Luis Fernando López. Aparte de los documentos firmados por Murillo y compañía hay mensajes de WhatsApp y mails donde los implicados hablan con tal naturalidad de la maniobra que evidentemente pensaban que se iban a quedar indefinidamente en el poder. Todos ellos huyeron poco antes de que Añez dejara el gobierno luego de las elecciones que ganó Luis Arce en octubre pasado.
El régimen ultraderechista quería elementos para reprimir las manifestaciones contra la interrupción constitucional. Por eso en un principio pidieron un préstamo de gases lacrimógenos al gobierno de Lenin Moreno. Lo jugoso del caso es que el préstamo nunca fue devuelto, según señaló el abogado de dos exfuncionarios que quedaron salpicados por la maniobra. “Se prestaron un avión de la Fuerza Aérea y le pidieron al Gobierno ecuatoriano el valor equivalente a 9 millones de bolivianos (1,3 millones de dólares) de gas para suplir hasta que llegue esta compra”, dijo Gary Prado Aráuz, hijo del general Gary Prado Salmón, quien dirigió la patrulla que en octubre de 1967 capturó al Che Guevara. Moreno se apresuró a cumplir con el pedido de un “gobierno amigo”, corroboró Roxana Lizárraga, ministra de Comunicación de Añez.
Una asombrosa coalición armada sobre el límite de plazo previsto y con el objetivo preponderante de sacar del gobierno a Benjamin Netayahu será investida en los próximos días en Israel, a dos semanas de la firma de un alto el fuego en Gaza. El todavía primer ministro, a todo esto, alienta a la derecha más recalcitrante a que rechace el acuerdo logrado por el ex conductor televisivo y periodista de centro, Yair Lapid, con el ultraderechista Naftali Bennet, asegurando que se trata de una entente “de izquierda y peligrosa” y amenaza con enturbiar el traspaso de mandato a la manera de Donald Trump a principios de año en Estados Unidos. Por las dudas, el Shin Bet, el servicio de inteligencia interior, informó que habían reforzado la seguridad de Bennet para evitar incidentes ante eventuales ataques de grupos extremistas.
El argumento de Netanyahu se asienta en el hecho de que la coalición en su contra, ocho partidos de lo más variopinto de Israel, incluye a grupos de izquierda y por primera vez a un frente árabe. Y que la condición para que esta última agrupación aceptara por primera vez en su historia formar parte de un gobierno israelí fue la autonomía de los pueblos beduinos de Negev en el sur del país y la derogación de la Ley Kaminitz, una normativa que regula la construcción, lo que para la población palestina implica el permiso para demoler viviendas en pueblos y aldeas mayoritariamente árabes.
En este escenario, Bennet, un judío ortodoxo que defiende como su principal causa la de los colonos en las tierras ocupadas y se niega a la formación de un Estado Palestino, descuella como un ganador impensado de esta arriesgada maniobra. Fue un hombre muy cercano a Netanyahu y formó parte de su gobierno en varias ocasiones. No tiene tanto predicamento electoral, al punto que en la ultima elección logró solo 7 escaños en la Knesset, el parlamento israelí. Efectivamente, el ganador de este último comicio fue Lapid, con 17 bancas. Para formar gobierno se necesitan 61 votos parlamentarios y el sí de Bennet fue clave.
Realmente se le reconocen al mediático Lapid dotes de negociador pero también de una generosidad estratégica para correr a Netanhayu: por un lado, convenció a Bennet de integrar un gobierno con árabes y viceversa. El precio es que los dos primeros años, hasta agosto de 2023, el primer ministro será Bennet y él será ministro de Relaciones Exteriores. Luego se invertirán los roles.
Pero la coalición, por su propia heterogeneidad, luce inestable y el riesgo es que la ultraderecha en el primer puesto del gobierno corra el arco de las definiciones más necesarias en este momento del país acerca de la política que se desarrollará hacia Palestina. O que intente boicotear cualquier acercamiento para mantenerse en el poder.
No son pocos los que afirman que la última ofensiva de Netanyahu sobre Gaza contra ataques de Hamas -que comenzaron el mismo día en que el presidente Reuben Rivlin le encargó formar gobierno a Lapid- haya sido una estrategia armada por el premier para lograr consenso en su alrededor para mantenerse por un nuevo período.
Pero los vientos soplan desde otro lado en EEUU, el principal apoyo externo de Israel. Y el sólido maridaje entre Netanyahu y Trump, que se había iniciado con los republicanos en el último tramo de la administración Barack Obama, terminó con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca el 20 de enero.
Si algo necesita Washington en esa región es un mandatario más acuerdista. No es que vayan a tener un socio ideal en Bennet, que expresa históricamente a sectores más ultras que Netanyahu. Pero nadie en la dirigencia israelí está decidido a la aventura de una quinta elección en dos años para ver qué gobierno se pueden dar los ciudadanos. Netanyahu, por otro lado, está siendo sometido a un juicio por corrupción que hasta lo podría llevar tras las rejas.
La coalición que pacientemente formó Lapid está compuesta por su partido, Yesh Atid (Hay un futuro), de centro; Kahol Lavan (Azul y blanco) del general Benny Gantz, centro derecha: Ysrael Beitenu, de Avidgor Lieberman, derecha nacionalista; Tikva Hadasha, (Nueva Esperanza), neoliberal; Yamina, de Bennet. Por la izquierda lo integran Avoda, laborista, liderado por Merav Mijaeli; Meretz, de Nitzan Horowitz; Raam, el frente islamista de Mansur Abas.
El gabinete, como ocurre en esquemas políticos de coalición, consistirá en un reparto de cerca de 30 cargos entre los principales aliados. Bennet y Lapid, de acuerdo a la cláusula 13 de la ley básica de Gobierno, rotarán en el puesto de mando y la cancillería. También habrá rotación en la Comisión de Nombramientos Judiciales, el organismo encargado de designar a los jueces, entre Mijaeli con Ayelet Shaked, una joven militante con mucho futuro dentro del partido Yamina.
La dirigente laborista también fue parte de esa parte de la política de Israel que aceptó tragar todos los sapos necesarios con tal de cambiar el tumbo del país.
Mansur Abas, el líder de Raam, explicó su lugar en el esta coalición: “Acordamos formar un gobierno después de alcanzar acuerdos críticos sobre varios temas que sirven a los intereses de la sociedad árabe”. Y agregó que ese salto político servirá “para el beneficio de la sociedad árabe y la sociedad israelí en general, especialmente en la región del Negev, que está plagada de muchos problemas, especialmente el tema de las aldeas no reconocidas, y la cuestión de demolición de casas”.
Netanyahu acusó a Bennet de haber traicionado a los colonos a los que decía representar. En las calles, no pocos manifestantes salieron a reclamar en contra de esta alianza, acicateados por el hombre que gobernó Israel durante estos últimos 12 años en forma ininterrumpida. “Todos los diputados elegidos con el apoyo de la derecha deben oponerse a este peligroso gobierno de izquierda”, despotricó desde las redes sociales.Lo que hace temer incidentes.
Como dato adicional, este miércoles 87 legisladores de la Knesset, de 120, votaron -como es de rigor, en secreto- por el nuevo presidente de Israel en reemplazo de Rivlin, que culmina su periodo en 14 de junio. Se trata de un cargo simbólico sin responsabilidades de gobierno. El elegido fue el laborista Isaac Herzog, hijo de Chami Herzog, que ocupó ese puesto entre 1983 y 1993.
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