El FMI metió la cuchara en las elecciones bolivianas con un aporte de fondos de campaña en favor del gobierno de facto que bien puede servir para condicionar a cualquiera que gane als elecciones del domingo que viene. Mientras tanto, se hay preguntas que se encadenan de un modo perturbador: ¿gana el MAS IPSP en primera vuelta como preanuncian las encuestas? En este caso ¿la derecha que tumbó a Evo Morales en noviembre pasado aceptará dejar el poder? Si se invierte el cuestionario el resultado es aún más inquietante. ¿Cómo se garantiza que esa derecha que se jactó de haber expulsado a la wiphala de la Casa de Gobierno no haga fraude?
Los últimos sondeos, realizados por Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) -que el año pasado fue uno de los pocos que acertaron con el resultado de las PASO y de las generales en Argentina- le da un 44,4% de intención de voto a la fórmula Luis Arce- David Choquehuanca y 34% a Carlos Mesa. Tercero se ubica Fernando Camacho, con 15,2%, el líder neofascista de Santa Cruz de la Sierra que llevó la Biblia como reivindicación del golpe del 10 N al Palacio Quemado. Gana el que obtenga más de 40% y 10 puntos de diferencia sobre el segundo. La diferencia es exigua pero ilustrativa: se parecen mucho a los guarismos que dio la presidencial del año pasado denunciada como fraudulenta por un ambiguo informe de la OEA y por los golpistas.
La gran batalla de los conservadores es por destronar al MAS IPSP. De allí que Camacho apunte los cañones contra el más cercano aspirante, que compite por la voluntad de los sectores medios urbanos. “Mesa apuesta por una coalición para zanjar crisis en Bolivia ¿Qué van a decir aquellos que exigían ‘voto útil’? ¿Voto útil para negociar y pactar con el MAS?”, dice, indignado.
Mesa, que fue presidente tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, le entregó el poder a Morales en 2005 y desde entonces alternó fallidas candidaturas contra el líder indígena con su colaboración en una comisión oficial por la reivindicación de la salida al mar en el Tribunal de La Haya. Ahora, pide el voto para que no vuelva lo que llama “dictadura” masista.
La titular de facto del Ejecutivo, Jenine Añez, a su vez, también se encarama en acusaciones de totalitarismo contra el gobierno de Morales y aprovechó el recordatorio del asesinato del Che Guevara para homenajear a los soldados que capturaron al guerrillero argentino el 8 de octubre de 1967. Ni qué decir que en este homenaje se sumaron Camacho, furioso antimarxista, y el ministro de Defensa, Luis Fernando López.
El otro líder neofascista boliviano, Branko Marinkovic, que se exilió luego del intento secesionista de 2008 y hace dos meses integra el gabinete de Añez, articuló estrategias con el FMI. Este viernes anunció como un triunfo el financiamiento por 330 millones de dólares anunciado en abril para el pago de salarios, ponerse al día con el servicio de salud y en la lucha contra los incendios en el Chaco boliviano y en la Amazonía. Nunca en la era Evo se había necesitado apoyo externo para esos menesteres.
El detalle es que como la Asamblea Legislativa-que ostenta la potestad constitucional para contraer deuda externa y tiene mayoría el masismo-no quiso aprobar el crédito, el FMI disfrazó el giro como “intercambio de divisas”. El mismo perro pero con un collar que no necesita aprobación parlamentaria.
Mientras tanto, el law fare está a pleno. Y el objetivo demuestra en nivel de preocupación del establishment. El procurador general, Alberto Morales, informó justo este jueves que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) «evidencia movimientos económicos anómalos e irregulares y sin justificación legítima en las cuentas del exministro Arce y su familia».
Arce, gestor del milagro económico boliviano entre 2006 y 2019, respondió en una carta pública rechazando la denuncia. «Recurren a la mentira, a la persecución política, a la violencia, a la criminalización y a la represión», dijo.
Josep Borell, el representante diplomático de la Unión Europea, admitió en Bruselas su fracaso en convencer al gobierno venezolano de suspender las elecciones parlamentarias fijadas para el 6 de diciembre próximo. A la defensiva en un Europarlamento hostil, el catalán, integrante del PSOE, dijo “no hemos tenido éxito, pero creo era necesario intentarlo» y atribuyó el cierre de las conversaciones al gobierno bolivariano, que, dijo, se negó a que una misión de observación controlara los comicios.
Lo que no dijo Borell es que esta ronda de negociaciones había nacido muerta, desde el momento en que en setiembre pasado la subsecretaria adjunta de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filipetti, había advertido que la única opción aceptable para Washington era la sustitución del presidente bolivariano. “(Nicolás) Maduro necesita dejar el poder para que tengamos alguna posibilidad de elecciones libres y justa·, argumentó.
Pero a continuación fue mucho más clara: «Esperamos que este mensaje sea realmente claro para nuestros socios internacionales, y específicamente para el alto representante Borrell, para que comprenda que no se trata de personas que van a celebrar elecciones libres y justas”. El delegado de Trump para voltear al chavismo, Elliot Abrams fue más lejos. “No es útil que la oficina de Borrell funcione por sí sola”, dijo. «Es justo llamarlo diplomacia de vaqueros».
No es la primera vez que la Casa Blanca aborta negociaciones con las autoridades venezolanas para encontrar una salida pacífica a la crisis política. Otro socialista español, el ex Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo intentó en 2016 y cada vez que había una luz al final del túnel llegó un llamado desde Washington para que la oposición se retire de la mesa de diálogo. Lo mismo ocurrió con intentonas del papa Francisco.
Caracas respondió a Borell que el mandato de la Asamblea Nacional vence en enero y por tanto es necesario elegir a los legisladores para un nuevo mandato. El parlamento actual fue elegido el 6 de diciembre de 2015, a pocos días de que Mauricio Macri asumiera la presidencia en Argentina y en el marco de la vuelta de la derecha a los gobiernos regionales. Fue un triunfo rotundo de la oposición que generó continuas controversias entre el congreso y el ejecutivo. El único objetivo de la AN abrumadoramente opositora era destituir a Maduro y el cambio de régimen.
El caso es que en ese escenario el presidente fue reelecto en 2019, pero ni la oposición ni los países de la UE, las derechas latinoamericanas y la Casa Blanca reconocieron su mandato y como estrategia forzaron la designación del diputado Juan Guaidó como presidente interino en enero de 2016, con el período. Un cargo en verdad más bien honorífico ya que no tiene ninguna de las herramientas del estado a su mando.
Solo el control de fondos financieros e ingresos de empresas venezolanas en el exterior, tras decisiones controvertidas del gobierno de Donald Trump. Por ahora el oro venezolano en el Banco de Inglaterra sigue en debate judicial. Si a esto se suma el feroz bloqueo del que el país es víctima, es fácil de entender la crisis económica que devasta a la población. Incluso facilita el argumento oficial de que la pobreza y escasez de combustible es fruto del bloqueo y no de errores de gobierno.
Así las cosas, la oposición está dividida entre halcones, más cercanos a las posiciones y el apoyo de Estados Unidos, y palomas, dirigentes que están dispuestos a ir a los comicios para probar fuerza con un chavismo que aparece bastante deshilachado por la crisis.
Entre los sectores que irán a elecciones en diciembre, autodenominada Alianza Democrática, están los partidos Acción Democrática (AD), Copei, Esperanza por el Cambio, Cambiemos y Avanzada Progresista. Un hombre clave en las negociaciones internas para las legislativas está el ex candidato Henrique Capriles, quien quedó opacado tras la “operación Guaidó”.
Hace unos días se bajó de la candidatura. Las presiones fueron tremendas para que no se presentara ya que hacerlo daría legitimidad al comicio. La estrategia del Departamento de Estado es deslegitimar cualquier salida democrática tomada en Caracas. Y como parte de esa estrategia externa, Guaidó tampoco no se puede presentar, aunque quisiera.
Así se entiende mejor cuál era la imposibilidad de que la gestión de Borell tuviera éxito. Una nueva Asamblea deja a Guaidó sin diputación y su presidencia queda aún más expuesta en su vacuidad. Ese si que es un fracaso que la Casa Blanca no puede tolerar.
Argentina votó junto con Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay una resolución de Naciones Unidas que condena violaciones a los derechos humanos en Venezuela, lo que despertó agrias críticas de sectores del oficialismo que entienden que hubo un renunciamiento del gobierno al adherir a una postura del Grupo de Lima que abre las puertas al injerencismo de Estados Unidos en la región. Más aún, lamentan que el representante argentino en Ginebra no haya abstenido, como hizo el de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el aliado regional del presidente Alberto Fernández.
Los medios hegemónicos interpretaron prontamente que la Cancillería daba un giro en relación con las declaraciones del embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, quién había indicado que el país caribeño viene de sufrir un “fuerte asedio de intervencionismo” y que cualquier interpretación sobre hechos ocurridos dentro de Venezuela está sesgada. Por las presiones que ejerce el Departamento de Estado y sus aliados de la derecha regionales.
En la mañana de este martes hubo dos votaciones. Una por la que la Oficina de la Alta Comisionada por los DDHH de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet y Caracas aceptaban el compromiso de “estrechar la cooperación técnica en el campo de los Derechos Humanos” con el gobierno bolivariano.
El titular de Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, aplaudió en una serie de tuits el apoyo a tal iniciativa. Argentina, en esa ocasión, se abstuvo de votar y rechazaron el planteo Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Ucrania y las Islas Marshall. El comité de Ginebra está compuesto por 47 países miembro. A favor del proyecto votaron México y Venezuela.
En principio, la votación relacionada con el informe Bachelet sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela iba a ser este miércoles, pero repentinamente se adelantó, quizás por eso de machacar en caliente. Y ahí Argentina se volvió a diferenciar de México y se unió al club de los países que solo buscan sacar del poder a Maduro y hasta dieron señales, en tiempos de Mauricio Macri – uno de los fundadores del Grupo de Lima- de que no tendrían problemas que fuera mediante una intervención armada.
Esa votación terminó en un empate, con 22 votos a favor del informe y 22 abstenciones. Hubo tres votos en contra: Venezuela, Filipinas y Eritrea. Las criticas se dispararon entre los medios más cercanos al gobierno de Fernández-Fernández y militantes del FdT.
Alicia Castro, embajadora designada en Rusia y representante de la Internacional Progresista, fue una de las primeras en tuitear contra la decisión.
José Campagnoli, legislador porteño y ligado también a esa corriente, escribió a su turno en términos similares, agregando un dato: la Doctrina Drago, por el canciller de Julio Roca, Luis María Drago, dictaminó a principios de siglo XX que un país no podía intervenir militarmente contra otro para el pago de una deuda.
La Doctrina Drago surge en 1902, a raíz de un bloqueo naval establecido por el Reino Unido, el reino de Italia y el Imperio Alemán para cobrar la deuda externa del gobierno venezolano de entonces. Por extensión, esa doctrina, luego incorporada a las ideas de Carlos Calvo, implica que no puede haber intervención hasta no agotar las negociaciones pacíficas para resolver controversias.
Por la tarde, un documento de partidos, movimientos, organizaciones y miembros del Frente de Todos emitieron un documento en el que manifiestan su “profundo desacuerdo con la postura de nuestra Cancillería de acompañar la resolución impulsada por el Grupo de Lima en el Consejo de DD.HH. de la ONU que condena a la República Bolivariana de Venezuela”.
Y agregan: “No es alineándose con los intereses de EE.UU. como se resolverán los problemas de Venezuela. (…) Los problemas de Venezuela no se resuelven con bloqueos ni condenas sino con cooperación y asistencia recíproca.
Firman Compromiso Federal, Proyecto Sur, Manifiesto Argentino, Espacio Puebla, Forja, Partido Intransigente, Partido Comunista y Partido Comunista CE.
El informe Bachelet señala falta de independencia de los poderes públicos y el sistema de justicia, abusos y violencia vinculados a la actividad minera. Si bien reconoció que las sanciones agravan la situación general del país, el documento de Bachelet dice que las instituciones “están erosionadas”.
Precisamente a este acoso al que es sometido el país se refería Raimundi en su planteo de rechazo al informe, al que atribuye parcialidad porque no toma en cuenta las continuas amenazas y el bloqueo económico instaurado por Estados Unidos ya desde la presidencia de Barack Obama.
Hace 15 días, Bachelet sin embargo, reconoció avances en la “revisión de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza” y en la determinación de los factores que influyen en el hacinamiento de los centros de detención preventiva. Y destacó el compromiso de la Fiscalía General en “avanzar en la investigación de 58 presuntas ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad y 35 causas de muertes documentadas por la oficina de la ONU durante las protestas. Al mismo tiempo, celebró el pase a arresto domiciliario al líder opositor Juan Requesens y el indulto de 110 personas.
El gobierno venezolano, además de la crisis económica derivada del bloqueo y del enfrentamiento con una oposición que no acepta negociar sino que tienen como único objetivo el cambio de régimen, apuesta todas las fichas a la elección legislativa del 6 de diciembre.
Justamente un 6 de diciembre de 2015 el chavismo sufrió una fuerte derrota en los comicios parlamentarios que dejó la Asamblea Nacional en manos de la oposición. Desde entonces se agudizó el enfrentamiento al punto que la AN desconoce la presidencia de Maduro, no acepta el resultado de las presidenciales de 2018 y, siguiendo la estrategia del Departamento de Estado, en febrero de 2019 votó como presidente interino al diputado Juan Guaidó.
Las presiones del gobierno de Donald Trump dieron como resultado el reconocimiento de 54 países a Guaidó. Entre ellos la Argentina de Macri. El cambio de presidente hacía prever alguna diferencia, pero de ambos países siguen sin designar embajadores. Y el país se mantiene dentro del Grupo de Lima, cuyo único objetivo es destituyente.
Pero a los fines prácticos, las riendas del poder dentro de Venezuela las tiene Maduro. Sin embargo, EEUU incautó reservas y los ingresos de la petrolera PDVSA en ese país le fueron entregados a la gente de Guaidó.
Hubo una demanda en tribunales británicos por las reservas de oro en el Banco de Inglaterra que un tribunal había reconocido a Guaidó, bajo el argumento de que si Londres lo reconocía, un magistrado no podía hacer otra cosa que seguir ese camino.
Este lunes, empero, una Corte de Apelación londinense dio lugar al reclamo del gobierno venezolano para acceder a los fondos depositados allí, que suman unos 1200 millones de dólares. Cierto que aún no puede retirar el precioso mineral, llevado en tiempos de Hugo Chávez para proteger las reservas monetarias del país, irónicamente. Pero en Caracas celebraron el desliz contra los socios de Guaidó.
En cuanto a las legislativas, la Unión Europea -en esto siempre de la mano de Washington- pretende que el gobierno posponga las elecciones, mientras que la oposición más dura ya dijo que no se presentará, cosa de deslegitimar el resultado. Aducen que no hay garantías, pero no se quieren sentar a negociar. La postura de la Casa Blanca es que no se presenten y Guaidó, que de otra manera no podría sostenerse, aceptó esa estrategia. El problema que su única opción para mantener el cargo de presidente interino pasa por ser diputado.
Ya pasó que en enero pasado el diputado Luis Parra resultó electo como presidente de la AN por los legisladores presentes, lo que implicaba al “destitución” del pollo de Trump. Pero la movida para que se permitiera la votación a distancia de diputados en el exilio fue clave para cambiar las cosas.
En el fondo, lo que todos estos manejos demuestran es la poca voluntad de solucionar la crisis política en una mesa de negociaciones, cosa que ya había sucedido en reiteradas ocasiones con una ronda de diálogo dirigida por el ex presidente del Gobierno español José Luis Zapatero.
Con una fuerte señal favorable a las políticas neoliberales del gobierno de Jair Bolsonaro, el Supremo Tribunal de Federal de Brasil (STF) avaló la venta de ocho de las once refinerías de Petrobrás sin autorización del Congreso. La decisión de permitir la enajenación de las joyas más valiosas de la abuela sin ningún control parlamentario ocurre en coincidencia con los 67 años de la fundación de la petrolera estatal, el 3 de octubre de 1953, lo que generó el rechazo de sindicatos y dirigentes que llamaron a un abrazo a la sede de la empresa en el Día Nacional de la Lucha en Defensa del Pueblo Brasileño. Los expresidentes Lula da Silva, Dilma Rousseff y diputados federales de las bancadas del PT, del partido PSol y del PC do Brasil junto con el presidente de la Conferencia Nacional de Obispos (CNNBB) Walmor Oliveira de Azevedo, se hicieron presentes de manera virtual.
El Plenario del STF falló este jueves en un reclamo de legisladores que cuestionaron la creación de subsidiarias de Petrobras encaradas por el Ministerio de Economía, a cargo del Chicago Boy Paulo Guedes, como un subterfugio para ir desmembrando a la empresa que supo estar entre las “top five” del mundo en exploración y explotación de crudo hace menos de diez años. Fue en aquellos tiempos en que había invertido miles de millones de dólares hasta encontrar petróleo debajo de una gruesa capa de sal en el Océano Atlántico.
El yacimiento conocido como Presal, una prospección que abandonó Shell porque se necesitaban ingentes recursos para llegar al núcleo de donde mana el oro negro, colocó a Brasil en el selecto club de países productores, algo impensado hasta ese momento. El hallazgo se confirmó en 2003, justo cuando Lula da Silva inauguraba su primer mandato. El mandatario dijo entonces que ese filón podía pavimentar el camino hacia la “segunda independencia de Brasil”.
El Presal es un enorme yacimiento debajo de una capa de 2000 metros de sal, frente a las costas de Rio de Janeiro, Espíritu Santo, San Pablo, Paraná y Santa Catarina, con un estimado de reservas de 273 mil millones de barriles. Equivalentes al consumo total del planeta durante cinco años.
Una fortuna semejante despertó la codicia de las principales multinacionales y de los estrategas del departamento de Estado. El primer paso fue cuando en abril de 2008 se anunció la reactivación de la Cuarta Flota Naval de EE UU. Creada en 1943 para controlar el tráfico marítimo en el Caribe y los mares adyacentes a América central y Sudamérica durante la Segunda Guerra Mundial, había sido disuelta en 1950.
No era solo por el petróleo brasileño que se esparcía la amenaza naval, por cierto. El caso es que el gobierno de Lula sancionó en 2010 la llamada Ley de Partilha (de Reparto), que obligaba a que Petrobras tuviera una participación mínima del 30% en cada área de explotación del Presal. El 70% restante podría contratarse directamente con la empresa estatal o licitar por empresas nacionales o extranjeras.
Lo interesante era que las regalías aumentaban al 15% del valor del petróleo extraído, la obligación de utilizar en las plataformas y maquinaria utilizada productos hechos en Brasil y a que parte de las ganancias conformaran un Fondo Social para programas de educación y salud, con preeminencia en los estados costeros al yacimiento.
La sucesora de Lula, Dilma Rousseff, había sido ministra de Minas y Energía y, por lo tanto, integraba el directorio de Petrobras. En 2013, la codicia de la Casa Blanca era tal que el entonces vicepresidente, Joe Biden, actual candidato a la presidencia, visitó Brasil para hablar de petróleo. Fue sospechosa su reunión en privado con Michel Temer, quien tres años más tarde reemplazaría a Dilma en un golpe blanco, reformularía la ley de Presal en favor del “mercado” y comenzaría el descuartizamiento que ahora quiere culminar Bolsonaro.
Biden no iba con las manos vacías, es de creer que traía una carpeta con información secreta sobre manejos presuntamente turbios en Petrobras. Es fácil deducirlo porque para las mismas semanas, en Hong Kong el analista de la CIA Edward Snowden denunciaba el fabuloso sistema de espionaje informático a través de la agencia NSA. Y entre los espiados, el ahora exiliado en Rusia apuntó a líderes mundiales pero especialmente a Petrobras y la presidenta Rousseff. El escándalo pegó lo suficiente como para que Dilma rehusara la visita que ya tenía programada a Washington y dejara pagando al presidente Barack Obama.
El golpe contra Dilma, destituida el 31 de agosto de 2016, tenía olor a petróleo, como el suicidio de Getúlio Vargas, el 24 de agosto de 1954 “Quise crear la libertad nacional en la potencialización de nuestras riquezas a través de Petrobras, mal comienza esta a funcionar cuando la ola de agitación crece. Eletrobras fue obstaculizada hasta el desespero. No quieren que el pueblo sea independiente”, escribió en su carta póstuma el fundador de las dos estatales. La privatización de la compañía de electricidad sigue estancada en el Congreso, pero este dictamen de la Corte abre las puertas a avanzar pese a los legisladores. Ambas son firmas semi estatales desde los años 90 La privatización de la compañía de electricidad sigue estancada en el Congreso, pero este dictamen de la Corte abre las puertas a avanzar pese a los legisladores. Ambas son firmas semi estatales desde los años 90.
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