La gira de Jair Bolsonaro por Estados Unidos se corona con un encuentro con el presidente Donald Trump donde sellarán una alianza anti-izquierdista que incluye la instalación de una base militar en el nordeste y la amenaza de establecer vigilancia irrestricta a través de las redes sociales de todos los ciudadanos.
Según se desprende de un acuerdo que negoció el ministro de Justicia, Sergio Moro, con su par estadounidense, las autoridades brasileñas permitirán el acceso a los datos en FaceBook o Whatsapp sin autorización judicial, denuncia el diputado Rogerio Correia, del PT de Minas Geraes.
En cuanto a la base de lanzamiento de cohetes de Alcántara, en el estado de Maranhao, este lunes el presidente firmó el convenio, que deberá ser refrendado por el Congreso, al que los sectores nacionalistas -tanto de izquierda como de derecha- ya le lanzaron las críticas más furiosas.
Sospechan, y razones no les faltan, que si bien esa región es ideal como plataforma de lanzamiento ya que está cercana a la línea del Ecuador, lo que permite economizar combustible o llevar más carga, formaría también parte de un cordón para rodear a Venezuela, el objetivo en común más urgente sobre el que conversarán largamente Trump y Bolsonaro. Esto es, cómo voltear al gobierno de Nicolás Maduro.
Si fuera por Bolsonaro -bautizado por los medios estadounidenses como el «Trump del Trópico»- ya habrían invadido Venezuela. Pero esa medida extrema no cuenta con el aval de los militares, el sostén más fuerte de su gobierno, que cuenta con la vicepresidencia a cargo del general Hamilton Mourao y la mayoría de funcionarios en el gabinete.
Para el ocupante del Planalto, su encuentro con Trump dará comienzo a una «asociación centrada en la libertad y la prosperidad», como escribió en un tuit , su herramienta de comunicación preferida, al igual que la de Trump. En ese mensaje, señaló que «es la primera vez en mucho tiempo que un presidente brasileño que no es anti-americano llega a Washington».Y para que las cuentas queden claras en cuanto a lo que decidirán en el Salón Oval, dijo que «Brasil y EEUU juntos asustan a los defensores del atraso y la tiranía alrededor del mundo».
«Realmente habrá un eje Norte-Sur de las dos economías más grandes del hemisferio occidental», indició a la prensa un funcionario del gobierno de Trump. Por «hemisferio occidental» definen en el Departamento de Estado al continente americano, lo que en lenguaje más claro, es el «patio trasero».Según analistas de Washington, el gobierno de Trump podría llegar a otorgar a Brasil el estatus de aliado preferente fuera de la OTAN, un sitial al que alguna vez aspiró el argentino Carlos Menem y que logró en su momento el presidente colombiano Juan Manuel Santos.
El excapitán del Ejército Brasileño se alojó en Blair House, la residencia para huéspedes frente a la Casa Blanca. «Tenemos mucho en común», dijo en una entrevista con la cadena paraoficialista Fox. «Estoy dispuesto a abrirle mi corazón y hacer lo que sea en beneficio tanto de los brasileños como de los estadounidenses», concluyó.En ese reportaje tuvo que responder sobre las vinculaciones de su familia con los detenidos por el crimen de Marielle Franco. Dijo que no los conocía, a pesar de que uno de ellos es vecino en el barrio privado donde vive, y pretendió defenderse argumentando «¿cuál sería la motivación para mandar a matarla?».
Hasta ahora, lo que más conmocionó a los sectores políticos brasileños que todavía mantienen el deseo de soberanía es la visita a la sede de la CIA en Langley, Virginia. Allí, su hijo Eduardo posteó que sería una buena ocasión para conversar sobre asuntos internacionales con expertos del mayor nivel. la caratuló como «una de las agencias de inteligencia más respetadas del mundo».
Parece ignorar la implicancia de la CIA en el derrocamiento de gobiernos en la región, incluso en el de Joao Goulart en 1964 en Brasil. Y también la denuncia de que otra agencia estadounidense, la NSA, había espiado a la expresidenta Dilma Rousseff, lo que motivó que en 2013 desistiera de un encuentro con Barack Obama en la Casa Blanca.La delegación brasileña que recorrió los cuarteles centrales de «la compañía» incluyó al ministro Moro, un hombre que según cables filtrados por WikiLeaks, fue entrenado por la CIA en temas judiciales de lavado de dinero y narcotráfico. Los mismos temas que trataron en las reuniones mantenidas este lunes. Moro fue clave para sacar de la cancha a Lula da Silva, ya que lo procesó en un cuestionable juicio por corrupción y lo envió a prisión a pesar de que no hay sentencia firme.
Otro hombre clave en el esquema de gobierno de Bolsonaro es Paulo Guedes, adalid del neoliberalismo, quien viajó también para promocionar su programa de gestión que incluye privatizaciones -como las iniciadas con aeropuertos- y recortes al presupuesto público.
Entre las medidas que están en marcha figura una reforma previsional, resistida por amplios sectores de la sociedad y que necesita los dos tercios del Congreso para se aprobada. Desde la capital estadounidense, Guedes declaró que hasta la llegada del ex militar al Planalto, «nadie tenía los huevos de controlar el gasto público, pero nosotros tenemos al tipo que tiene los huevos».
La ligazón entre los Bolsonaro con los sospechosos por el asesinato de Marielle Franco y Anderson Gomes complica a la familia presidencial en el magnicidio de la concejal carioca y el conductor del auto en que viajaba.
Ronnie Lessa, el acusado de haber disparado con una subametralladora alemana HK MP5 calibre 9 milímetros, vivía en una lujosa residencia de un barrio privado de Barra de Tijuca, a menos de 300 metros de la vivienda que ocupaba Jair Bolsonaro hasta que asumió la presidencia. Tanto Lessa como Elcio Vieira de Queiroz, el otro detenido, tienen fotos con el actual mandatario. Son ex policías y se los conoce por sus posiciones anti-izquierdistas y misóginas. Bolsonaro se desligó del caso: «Mucha gente se sacó fotos conmigo.»
El comisario Giniton Lages, a cargo de una pesquisa que llevó un año menos dos días hasta lograr detenciones, dijo que aún no saben quién ordenó el crimen. Pero confirmó que la hija de Lessa salió con uno de los hijos de Bolsonaro, Jair Renán, de 20 años.
También indicó que en casa de un amigo de Lessa encontraron 117 fusiles incompletos. La primera información es que se trata de M-16, el arma de largo alcance más utilizada por las FFAA de Estados Unidos. Para las autoridades, es la mayor incautación de fusiles en la historia de Río de Janeiro.
La captura de los dos ex policías plantea la incidencia de las milicias paramilitares en la violencia que padecen los sectores más pobres de Brasil.
Marielle fue una luchadora en favor de los derechos de los negros, las mujeres y la comunidad LGBT, pero también contra la intervención de las fuerzas policiales en las favelas. El día que la mataron volvía de coordinar un debate sobre estos temas en la favela de Maré, donde había nacido 38 años antes.
La línea de responsables llegaría, según los sabuesos, hasta Adriano Magalhães de Nóbrega, un ex capitán del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), la tropa de élite de la policía militar de Río de Janeiro, exonerado porque como changa, protegía a capitalistas del popular -e ilegal- juego de bicho.
Raimunda Veras Magalhães, la madre de Nóbrega, y Danielle Mendonça da Costa da Nóbrega, la esposa, trabajaban en el despacho de Flávio Bolsonaro, diputado estadual y ahora senador por Río. En noviembre quedaron en la calle luego de que O Globo publicara que Nóbrega podría tener algo que ver con el asesinato.
El ex capitán permanece prófugo. Se lo considera jefe del grupo parapolicial Escritorio del Crimen y es amigo de Fabrício Queiroz, ex chofer del Flávio, quien está investigado por operaciones sospechosas por más de 300 mil dólares que no tiene como justificar. Se lo cree testaferro de los Bolsonaro. Fue el primer gran escándalo en que golpeó a Jair Bolsonaro.
¿Cómo terminará este caso? Todos reclaman saber quién esta detrás del doble asesinato. Pero ya no estará el comisario Lages al frente de la investigación. Al otro día de las detenciones su jefe, Wilson Witzel, informó que iba a asistir en Italia a un curso de lucha contra las mafias y el crimen organizado. Dijo que era un ascenso.
Un viejo chiste decía que cuando Brasil fuera grande quería ser Estados Unidos. Lo viene probando desde antes de la Segunda Guerra Mundial –fue el único país latinoamericano en mandar tropas a combatir contra el nazismo– y este martes, Jair Bolsonaro va a dar otra señal en un encuentro reservado con Donald Trump en el que delinearán acciones para consolidar la alianza ultraconservadora que ambos lideran. En cuanto a políticas más duraderas para las dos naciones, el brasileño firmará, entre otras cosas, un acuerdo para que la base de Alcántara, en el estado de Maranhao, sea utilizada para el lanzamiento de cohetes estadounidenses. Una base militar que atenta contra la soberanía nacional, según los críticos.
En esa misma línea directriz, el senador Flávio Bolsonaro apuró un proyecto de ley que legaliza la portación de armas en el país, la versión brasileña de la Segunda Enmienda estadounidense. Además, flexibiliza las condiciones para instalar fábricas de armas y municiones en el país y permite la actividad de empresas privadas. Desde 1934 sólo las Fuerzas Armadas pueden producir armamento.
El detalle es que un día antes, Luiz Henrique de Castro, de 25 años, y Guilherme Taucci Monteiro, de 17 años, ingresaron al colegio Raúl Brasil de la localidad de Suzano, en los alrededores de San Pablo, mataron a cinco alumnos, una profesora y un empleado y se suicidaron. Uno de los asesinos solía postear fotos del actual mandatario brasileño. Desde el gobierno, desvincularon el caso del impulso armamentista de Bolsonaro.
Casi en la puerta del avión que lo llevará a Washington, el presidente consideró que sería un paso «muy importante» instalar la base de EE UU en el nordeste, porque «podríamos estar lanzando satélites de todo el mundo». El anuncio había alertado a las FF AA, que ostentan la abrumadora mayoría de despachos en el Gabinete. Ya en enero pasado, un uniformado que pidió mantenerse en el anonimato, había deslizado el malestar del Ejército con la oferta de Bolsonaro. «Es el caso del niño débil que espera que lo salve un amigo fuerte», susurró ante la prensa.
«Desde el gobierno de Lula intentamos ese acuerdo, pero no tuvimos éxito, mucho más por una cuestión ideológica que por una cuestión técnica», agregó el mandatario. El plan venía de la época de Fernando Henrique Cardoso en el Planalto, pero aquel Congreso rechazó la posibilidad de ceder territorio para una base extranjera.
La sintonía que busca el excapitán –expulsado del Ejército hace tres décadas pero con el apoyo de las FF AA para llegar a la presidencia– levanta cuestionamientos en la oposición. Pero también en el ámbito de la diplomacia.
El canciller Ernesto Araújo es el blanco de las mayores censuras. Hasta O Globo, que fue clave para defenestrar a los gobiernos del PT, rechaza el «trumpismo» que ahora impera en la jefatura de Itamaraty.
Rubens Ricupero, exdiplomático y teórico de las relaciones internacionales, observa con preocupación la nueva política que despliega Araújo, confeso admirador de Trump y de EE UU, una potencia que, recuerda Ricupero, «es un amo insaciable e intratable que exige adhesión total y sin reservas». Fue embajador de José Sarney en Washington, sabe de lo que habla. Por eso lamenta que se pierda una tradición de 200 años en la política exterior brasileña que, recuerda, tuvo una línea política inmutable a pesar de los distintos gobiernos.
«¿Qué amenazas sufrimos ahora para una acción que sólo se contempla como preliminar de una guerra o un grave peligro?», se pregunta. «Qué consecuencias traería a la seguridad de nuestra población el eventual uso de la base para atacar a otra nación», advierte.
Si hacía falta algún testimonio para graficar de qué modo el armamentismo se consolida en este momento del Brasil, baste con las palabras del senador Sergio Olimpio Gomes, del oficialista Partido Social Liberal. «Si hubiera habido un ciudadano con un arma regular en la escuela (de Suzano) se podría haber minimizado el tamaño de la tragedia», dijo en una reunión de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara Alta.
El «trumpismo» no lo podría haber dicho mejor.
Avanza la ola privatizadora
El grupo español Aena, el suizo Zurich y el brasileño Aeroeste se repartieron 12 aeropuertos brasileños, en la primera tanda de privatizaciones del gobierno de Jair Bolsonaro con la que espera demostrar que la políticas neoliberales de su ministro Paulo Guedes no eran solo especulaciones de campaña. . Las concesiones tienen plazos de 30 años, las ofertas, que entusiasmaron al presidente, sumaron unos 620 millones de dólares, diez veces más de lo que pronosticaban los analistas. La otra gran apuesta del hombre doctorado en Chicago está en marcha en el Congreso, aunque resulta más trabajosa su aprobación. «La reforma de las jubilaciones es el primer y mayor desafío que debemos enfrentar. Si lo logramos en dos o tres meses, tendremos diez años de crecimiento sostenido por delante», dijo Guedes cuando asumió el cargo. Lula da Silva, desde su celda de Curitiba, envió un mensaje que resume el momento: «La campaña por la liberación debe estar vinculada a dos cuestiones, la reforma previsional y la soberanía.»
Una característica de esta era es que los voceros de Washington no edulcoran sus verdaderos objetivos acerca de América Latina. Esto es evidente en la embestida que se inició el 23 de enero contra el gobierno venezolano tras reconocer al autodesignado presidente interino Juan Guaidó. Pero la historia viene de antes. Barack Obama ganó la elección de 2008 con un mensaje de cambio en la política exterior de su país. Eso le granjeó el Premio Nobel de la Paz de 2009, no por lo que hizo, sino por lo que prometía hacer. Al sur del río Bravo se entendió que vendrían tiempos de respeto mutuo tras el No al ALCA de 2005. Pronto se vio que en la Casa Blanca había otro collar, pero el perro era el mismo. La mano del departamento de Estado –a cargo de Hillary Clinton– en el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras fue inocultable, aunque el mensaje desde el Salón Oval fue de sorpresa y prescindencia. En 2013 el nuevo canciller, John Kelly, ya no tuvo tanto celo en decir que «el hemisferio occidental (como se nombra al continente en los documentos oficiales) es nuestro patio trasero y es de vital importancia para nosotros». Ya había sido destituido Fernando Lugo en Paraguay, habían muerto Néstor Kirchner y Hugo Chávez, y Jorge Bergoglio se había convertido en el papa Francisco. Volvía la Doctrina Monroe. Cierto que Obama restableció relaciones con Cuba, en diciembre de 2014, pero el 9 de marzo de 2015 emitió un decreto que declara una «emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela». Los ataques contra el gobierno bolivariano nacieron al mismo tiempo que Chávez asumió el poder, hace 20 años, y se potenciaron cuando Donald Trump llegó al Salón Oval. Si en algo coincidieron los últimos mandatarios estadounidenses, es en su propósito de destruir al chavismo. Solo que ahora, con el respaldo de gobiernos regionales de derecha, los planes son mucho más explícitos. No es una elucubración, lo dicen con todas las letras. Trump grabó un video durante la ofensiva final contra Muammar Khadafi, en 2011, que planteaba: «Debimos decirles a los rebeldes (libios) que los ayudaremos, pero queremos el 50% de su petróleo». En la Casa Blanca nombró a los halcones que tuvieron su «bautismo de fuego» en los 70. También endureció sanciones contra Venezuela y contra Cuba, a pesar de que Obama había reconocido el fracaso de los castigos impuestos a la isla desde 1962. En enero, John Bolton, asesor en seguridad nacional –el cargo que Henry Kissinger alcanzaba en 1968–, se sinceró en un reportaje: «Sería una gran diferencia económicamente para EE.UU. si conseguimos que empresas estadounidenses participen en la inversión y producción de petróleo de Venezuela. Sería bueno para el pueblo de Venezuela. Sería bueno para el pueblo de EE.UU. Hay mucho en juego». Guaidó ya se había autoproclamado, con el rápido reconocimiento de los aliados de Washington, entre ellos, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia. Elliot Abrams, encargado del «caso Venezuela» y con experiencia en organizar a los Contras nicaragüenses y encubrir masacres de gobiernos pro-EE.UU. en la América Central de los 80, declaró que «ya no es tiempo de negociaciones» y que solo cejarán en su cruzada con un cambio de régimen. Tras varios cortes de energía eléctrica en Venezuela, que Caracas atribuyó a atentados promovidos por EE.UU., Abrams dijo: «No acepto el argumento de que de las causas de los problemas económicos en Venezuela son nuestras sanciones». Desde la administración Trump insistieron en que «todas las opciones están sobre la mesa», sin descartar una intervención militar. Pero en la mira tienen lo que Bolton define como una «troika de la tiranía»: Venezuela, Nicaragua y Cuba. La amenaza, claramente, no es sobre Maduro. Es un ataque pedagógico. La región entera está bajo amenaza si algún gobierno pretende desviarse de los designios de EE.UU.
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