El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (parlamento unicameral de mayoría opositora), Juan Guaidó, se autoproclamó este miércoles ante una manifestación reunida en el este de la capital como presidente encargado de Venezuela. Y rápidamente, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y la OEA reconocieron públicamente su supuesto gobierno. Más tarde, se sumaron Mauricio Macri y Jair Bolsonaro.
Es por eso que se dice que la derecha de la región salió a apoyar sin tapujos la interrupción constitucional en Venezuela en medio de la marcha que la oposición encabezó este miércoles, en conmemoración del golpe de 1958 que terminó con el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Si bien el recordatorio no es un número redondo, toda excusa es buena para mostrar músculo en las calles de todo el país, por eso mismo, también desde el Palacio de Miraflores se promovió una marcha para recordar el mismo hecho que puso fin a lo que desde ambas orillas del espectro político del país consideran una dictadura. Tal vez lo único en lo que están de acuerdo en estas horas dramáticas teñidas por la ansiedad de la oposición alineada con EEUU, la OEA y los gobiernos antichavistas, que son hoy por hoy mayoría.
Desde el otro lado de al frontera, el ex presidente colombiano y líder del partido gobernante Álvaro Uribe, se grabó en un tuit en que dice que «es una hora fundamental para la democracia» en Venezuela. Se sumó así al discurso del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, en que hace votos por que la ciudadanía eche a Maduro.
Guaudió es un joven ingeniero de 35 años que fue ungido de un modo no legítimo como «presidente interino» del país, desconociendo que el 10 de enero Nicolás Maduro asumía otro período como primer mandatario elegido en las elección de 20 de mayo de 2018. La AN fue considerad en desacato por la Corte Suprema por no aceptar el mandato de Maduro.
Ese 23 de enero de hace 61 años comenzó un proceso político tras 22 días de protestas contra el régimen de Pérez Jiménez y comenzó un período llamado del Punto Fijo en que dos partidos, Acción Democrática y Copei se repartieron el poder hasta que en 1999 Hugo Chávez rompió ese esquema y modificó la Constitución Nacional. Para el chavismo, el duopolio traicionó los postulados de democracia del 23E para crear una nueva dictadura aunque con elecciones en lo formal.
Para la oposición, que durante gran parte de 2017 y los inicios de 2018 había aceptado conversaciones con el oficialismo en una mesa de diálogo que presidió el ex jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en Santo Domingo, la fecha es útil para poner en la misma bolsa a Maduro y a Pérez Jiménez, ambos bajo el sayo de dictaduras.
Sin embargo en República Dominicana se había arribado a acuerdos para elecciones con garantías para todos los participantes y como el mismo Zapatero recordó con resquemor, «los representantes de la oposición se levantaron de la mesa antes de firmar lo comprometido». Es que cualquier acuerdo garantizaba la paz en el país pero no el triunfo del antichavismo.
Fue en ese contexto que la mayoría opositora se negó a participar el mayo, aunque algunos sectores si lo hicieron y Maduro obtuvo 67% de sufragios. De todas maneras la participación fue del 46%, lo que para algunos analistas sería índice de rechazo al gobierno.
El trasfondo de todo este escenario es la crisis económica que vive el país, por errores propios pero también por el boicot comercial y las sanciones del gobierno de Donald Trump contra empresas y activos venezolanos en todo el mundo. Sin descuidar la guerra informativa desarrollada por los medios hegemónicos.
Las cartas están echadas y el chavismo se juega una fuerte parada. Rodeado de gobiernos enemigos que fueron sumándose a partir del triunfo de Mauricio Macri en Argentina y con la amenaza de acciones violentas similares a la que terminaron con el gobierno de Muhamad Khadafi en Libia o intentaron hacer con Bashar al Assad en Siria. Y con Rusia y China como apoyos a Maduro muy condicionados por la furia que desde el Departamento de Estado y la presidencia de EE.UU. se arroja contra Caracas.
Hay una suerte de eslogan que se fue popularizando entre los sectores peronistas menos amigables con el oficialismo. «Hay 2019», dicen, en referencia a la posibilidad de triunfar en las presidenciales de octubre. Ese 2019 electoral está a la vuelta de la esquina, porque siguiendo ya tradicionales estrategias, habrá elecciones provinciales a lo largo del país a partir de febrero, cuando se lleven adelante las primarias en La Pampa. En concreto, 17 provincias ya decidieron adelantar comicios para gobernadores, intendentes y legisladores locales, pero otros distritos, entre los cuales están los territorios en manos de Cambiemos, como Jujuy, la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires, todavía no tomaron una decisión. Formosa y Salta es muy probable, aunque no definitivo, que convoquen el mismo día que se elige primer mandatario y legisladores nacionales. El jujeño Gerardo Morales, que irá por su reelección, analiza la mejor jugada para quedarse cuatro años más y no descartó ir por separado. En CABA y La Plata, el panorama depende de las pujas internas y de las encuestas. Horacio Rodríguez Larreta tiene el aval de la Legislatura porteña para unificar comicios mientras que del otro lado de la avenida General Paz todo es más incierto. Sucede que María Eugenia Vidal debería modificar varias leyes para desdoblar de acuerdo a las expectativas más favorables para el triunfo cambiemita, que sería someterse a la voluntad popular antes de junio.
Mano dura El actual no es el mejor momento político para el gobierno. Los indicadores económicos continúan empeorando. La inflación y la desocupación están al tope y el cierre de pymes se cruza con los casos judiciales que golpean no solo a la principal figura de la oposición, Cristina Fernández, sino a los más grandes empresarios nacionales. De tal manera que el gobierno debió suspender su principal apuesta para una recuperación económica en tiempo de campañas electorales, como el ambicioso Programa de Participación Público Privada (PPP), que hubiese desplegado obras por más de 20.000 millones de dólares pero que con más de 800 puntos de riesgo país, amenaza de default y empresarios desfilando por los Tribunales, no consiguió financiación externa. En Brasil, el principal socio comercial argentino, asume la presidencia un exmilitar que ganó con Lula da Silva preso y proscripto, pero también bajo la promesa de combatir el delito con mano dura. Aquí, el gobierno de Macri había tomado una línea agresiva contra el conflicto social desde que, a días de asumir, reprimió brutalmente una protesta de trabajadores de Cresta Roja. Después vendría la «doctrina Chocobar», un aval presidencial para el gatillo fácil y el nuevo protocolo de seguridad que, entre otras acciones, permite a los policías federales disparar sin dar la voz de alto. Pero el dato que salió a relucir tras la Cumbre del G20 fue que la imagen de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era la única en el gobierno que había crecido. Influyó que el encuentro de los mayores líderes políticos del mundo se haya desarrollado en forma relativamente calma, bien que al precio de una ciudad sitiada. El ejemplo brasileño elevó el predicamento de los sectores más extremos del espectro político, mucho más cercanos a la violencia institucional que al debate democrático, Bullrich representa esa tendencia y aparece como posible acompañante de Macri en una fórmula para la continuidad oficialista. En ese contexto, los estrategas del macrismo buscan instalar a las políticas de seguridad como uno de los ejes de la campaña.
Extraordinarias El cierre del año político no fue el mejor para el gobierno. En las sesiones extraordinarias no pudo imponer ninguno de los proyectos que presentó: la ley de barras bravas y el proyecto para la financiación de las campañas políticas. En cambio, uno que nació de dos diputados de la diáspora peronista, Diego Bossio y Marco Lavagna, para reformar la ley de Papel Prensa, salió airoso del debate parlamentario, con los votos del sector impulsor y del macrismo. La suerte corrida por las iniciativas gubernamentales es una señal de que otros son los tiempos que se vienen en el Congreso. La ley que se presentó como de «transparencia» de los aportes de empresas quedó trabada en el Senado aunque, ya en Diputados, Elisa Carrió se había diferenciado. Las críticas más enconadas consideran que ese «sinceramiento» consolidaría la inequidad de fondos entre los candidatos. No son pocos los que lo ven incluso como una maniobra para diluir el escándalo de los aportes en las campañas de Cambiemos en CABA y Buenos Aires. Tampoco pasó el filtro del Congreso la ley contra la violencia en el fútbol, una iniciativa del mandatario ahora sorprendido por la existencia de los barras, aunque presidió Boca Juniors entre 1995 y 2008 y sigue siendo el hombre fuerte de esa institución. La normativa volvió a comisión en Diputados a pedido de Martín Lousteau, aliado de Cambiemos. Desde el bloque oficialista echaron culpas de esta doble frustración a chicanas del Frente para la Victoria. La ley que sí pasó, y casi sin debate, fue la que elimina el precio único del insumo básico para la impresión de los diarios. Conforman el paquete accionario de Papel Prensa el Estado Nacional, Clarín y La Nación. Pero hay un acuerdo de sindicatura entre los dos privados. Los medios más chicos del país y los cooperativos serán los principales afectados por la ley que beneficia al multimedios, que podrá dictar el costo del papel a voluntad.
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