por Alberto López Girondo | Oct 16, 2018 | Sin categoría
La desaparición de un periodista árabe en el consulado del reino saudí en Estambul se convirtió en una bomba de tiempo para la estabilidad regional. Lo sabe Donald Trump, que en su intento por brindar una salida elegante al régimen del rey Salman declaró que Jamal Khashoggi tal vez fue asesinado por «elementos descontrolados». Pero el juego de ajedrez en esa zona del mundo es tan intrincado que la sola amenaza de sanciones al principal productor petrolero internacional choca con la advertencia de que Arabia Saudita podría cerrar las canillas y al mismo tiempo dejar de comprar armamento en Estados Unidos. En todo este meollo, trascendió que para salir del atolladero, el gobierno de Riad admitiría que Khashoiggi fue víctima de un «interrogatorio que salió mal».
La culpa por esa muerte recaería así sobre el personal subalterno que habría participado del hecho pero no en el príncipe heredero Mohamed bin Salman, de 33 años, que se venía perfilando como un líder reformista que intentaba actualizar un modelo de gobierno feudal basado en conceptos religiosos ultra-ortodoxos. Sin embargo, la oscuridad se cierne sobre este caso que conmueve a Turquía y Arabia Saudita desde que el 2 de octubre se vio entrar a Khashoggi al edificio céntrico de Estambul y no registró su salida.
En principio, los medios occidentales se apuraron a pintar al periodista como un comprometido profesional crítico del régimen que tuvo que exiliarse en EEUU y escribía columnas encendidas contra la monarquía desde el Washington Post. Un liberal perseguido por sus ideales. Pero la realidad no se parecería tanto a este panorama.
Khashoggi -descendiente de una familia de origen turco pero de las más ligadas el establishment saudí desde el inicio de la dinastía, en la segunda década del siglo XX- tiene 59 años y estuvo íntimamente vinculado a medios oficiales, que son los únicos permitidos en la nación saudita. Su ruptura con el gobierno coincide con la designación de Salman como el príncipe heredero.
Quienes conocieron a Khashoggi en esos años o siguieron su carrera lo muestran como un personaje que sabía acomodarse a los vientos que soplaron en cada momento y añaden, misteriosos, que estuvo ligado a los servicios de inteligencia y «sabía dónde estaba enterrado cada cadáver». En sentido figurado pero también en sentido literal.
«Algunos escritores sufrieron mientras Khashoggi era su jefe en el periódico Al-Watan. Khashoggi, al contrario de lo que se está escribiendo, nunca fue castigado por el régimen, excepto un poco hace dos años, cuando el príncipe heredero de la corona saudita Mohammed bin Salman le prohibió que tuiteara y escribiera para Al-Hayat, el periódico panárabe con sede en Londres, de propiedad del príncipe saudí Khalid bin Sultan», lo describió Assad Abu Khalil, profesor de nacionalidad libanesa que ejerce en la Universidad de California.
El escocés Finian Cunningham, otro muy bien informado reportero especializado en ese rincón del planeta, recuerda que Khashoggi fue asesor de medios del príncipe Turki al Faisal, quien fue el enlace con los servicios estadounidenses y británicos y que dirigió la Mukhabarat, el aparato de inteligencia saudita desde 1977 hasta -sospechosamente- diez días antes de los ataques a las torres Gemelas del 11-S de 2001. Quizás por ese lado habría que buscar la enemistad de Salman, ya que Al Faisal resultaría ser medio hermano del actual rey, Salman bin Abdulaziz, el padre del príncipe Mohamed bin Salman.
Si es verdad que Khashoggi tiene data peligrosa para el joven Mohamed, esa podría ser una razón conveniente para eliminarlo, de acuerdo a todos los cánones de la novela de suspenso. El problema en este caso sería que este tipo de crímenes no suelen hacerse a la luz del día. Y la desaparición del periodista deja muchas hilachas a la vista.
Khashoggi estaba por casarse con una joven turca, Hatice Cengiz, para lo cual debía tener todos los papeles en regla. Por eso el 28 de septiembre fue al consulado saudita en Estambul a buscar los documentos de su divorcio. Poco después de salir del edificio recibió un llamado donde le informaban que tenía que completar un trámite. Según parece, algo sospechó porque le dijo a su novia y avisó a un corresponsal de la BBC de que tenía que pasar nuevamente por las oficinas el 2 de octubre.
Ese mismo día un grupo de 15 personas bajó en Estambul en dos jets Gulfstream privados procedentes de Riad. De acuerdo a los medios turcos, que difundieron imágenes de las cámaras del aeropuerto y del trayecto hasta el consulado, los recién llegados entraron al edificio en una furgoneta negra que salió horas después del ingreso de Khashoggi. El periodista nunca salió.
La presunción es que ese grupo fue el que mató al columnista del Washington Post, que llevaban una sierra para trozar el cuerpo y que diluyeron los restos con ácido. Esa misma noche viajaron de vuelta a Arabia Saudita.
Lo que ocurrió después es un grave incidente diplomático. Ankara reclamó por la violación a su soberanía y ordenó allanar la sede diplomática. Las autoridades turcas aseguran que encontraron indicios de que algo raro había ocurrido allí adentro. Habían pintado algunas paredes y retirado alfombras.
El presidente Recep Tayyip Erdogan dijo que también habían encontrado vestigios de tóxicos y pidió urgentes aclaraciones a Riad. Trump hizo lo propio, enviando a su secretario de Estado, Mike Pompeo, a mantener un encuentro con Mohamed bin Salman. Luego trascendió en la cadena CNN que el príncipe estaría dispuesto a reconocer que hubo un interrogatorio que se les fue de las manos.
Sobre posibles represalias en la misma línea de las sanciones a Irán o Venezuela, Trump dijo que quería cuidar los puestos de trabajo en su país ya que hay acuerdos pendientes para la venta de armamento por 110.000 millones de dólares. Desde la capital saudita, en tanto, fuentes oficiosas salieron a recordar la inconveniencia de enfrentar a un país que provee de un millón de barriles de petróleo al día a Estados Unidos.
Pero más allá de la vidriosidaa que rodea al caso, el incidente revela ciertos pliegues en que se desenvuelve la política en Medio Oriente, el poco apego a la vida de muchos y el papel que juegan los servicios de espionaje de las potencias mundiales.
Cómo evolucionarán los hechos es también un enigma. De la gravedad del caso da muestra el viaje de Pompeo a Riad y el que hará este miércoles a Ankara. Como en algunas series televisivas, puede decirse que la historia continuará. Esto recién comienza.
Tiempo Argentino, 16 de Octubre de 2018
por Alberto López Girondo | Oct 15, 2018 | Sin categoría
Como cada año, el 31 de octubre la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votará el reclamo de Cuba en contra del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos en 1962. Como viene sucediendo desde hace 26 años, se descuenta que habrá un apoyo prácticamente unánime en favor del gobierno de la isla, pero desde el cambio de administración en Washington, ese pequeño faro de esperanza que dejó Barack Obama, antes de irse de la Casa Blanca con la reapertura de relaciones diplomáticas, se fue apagando. Y, como recalcó el embajador cubano en Buenos Aires, Orestes Pérez, lo más grave de esta situación es que no se trata de un tema bilateral sino que el conflicto excede las diferencias que pueda haber entre las dos naciones. «Estados Unidos aplica sus leyes en forma extraterritorial», destaca Pérez.
A tal punto esto es así que, por ejemplo, Havanatur no puede hacer cobros por sus servicios en Argentina a través de Pago Fácil desde junio de 2017 y Todo Pago desde el 21 de mayo pasado. ¿Por qué razón? Porque son filiales de firmas basadas en EEUU y por lo tanto les caben las sanciones de la OFAC. ¿Qué es la OFAC? Es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en inglés, una institución perteneciente al Departamento del Tesoro de EE.UU. que administra y ejecuta sanciones económicas y comerciales (confecciona una «lista negra») contra gobiernos extranjeros, terroristas, narcotraficantes y personas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva, según las funciones para las cuales fue creada.
Como dato anecdótico, en 1974 el presidente Juan Domingo Perón autorizó la exportación de automóviles fabricados en el país a pesar del bloqueo argumentando que las empresas Ford. Chrysler y General Motors estaban trabajando en Argentina bajo leyes argentinas. En ese entonces, el rechazo a la decisión del gobierno nacional no vino desde el gobierno de Richard Nixon, sino desde la dictadura brasileña, que protestó porque consideró que el país violaba decisiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), que había expulsado a Cuba también en 1962. Pero Argentina ya había reanudado relaciones con La Habana y el entonces presidente Osvaldo Dorticós había sido uno de los invitados a la asunción de Héctor Cámpora.
El informe que elaboró ahora la cancillería cubana señala que, en esa misma línea, la OFAC prohibió una donación de medicamentos a la ONG “Caritas en Cuba”, debido a que el barco que transportaba la carga pertenecía a la compañía estadounidense Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. El gobierno cubano también está impedido de comprar en el mercado estadounidense un producto esencial para el tratamiento de la crisis hipertensión pulmonar aguda como es el óxido nítrico. «Se debe comprar en otros países lo que ancerece innecesariamente elproducto», dijo el funcionario diplomático en una rueda de prensa.
En diciembre de 2014 Obama dio la sorpresa al anunciar el descongelamiento de relaciones tras una conversación telefónica con el entonces primer mandatario cubano, Raúl Castro. Hubo avances, se reabrieron las embajadas en ambas capitales y se reiniciaron los vuelos comerciales regulares, pero el bloqueo permaneció incólume. La llegada de Donald Trump no fue un buen augurio para la Revolución y desde ese día comenzaron retrocesos que, según los cubanos, se pueden justipreciar entre otras medidas en una mayor restricción al derecho de los estadounidenses a viajar a Cuba, la imposición de trabas adicionales al sector empresarial, mayores obstáculos a las relaciones económicas y comerciales y además se intensificaron las persecuciones a las transacciones financieras y las operaciones bancarias y crediticias con Cuba a escala global.
Cuba estima que los daños acumulados por el bloqueo desde 1962 alcanzan los 933.678.000.000 de dólares, tomando en cuenta la depreciación de la divisa estadounidense, o 134.499.800.000 a precios corrientes. Solo entre abril de 2017 y marzo de este año, el daño se calcula en 4.321.200.000 dólares, una cifra que no difiere de la que se registró entre 2016 y 2017. El impacto de esta medida en el crecimiento cubano se refleja en que el costo anual del bloqueo representa el doble de lo que necesita el país para su desarrollo económico, que se estima en unos 2.500 millones de dólares en inversión extranjera directa por año.
Desde el año 1992, cuando se realizó la primera votación en la ONU contra el bloqueo, el apoyo a la posición cubana fue creciendo de manera abrumadora. El primer año el No a las sanciones de EEUU logró 59 votos a favor, 3 en contra y 71 abstenciones. El 2015 se alcanzaron los 191 votos favorables, sin abstenciones y con solo dos en contra. el propio Estados Unidos e Israel, que siempre apoya a libro cerrado la postura de Washington.
Esto es tan así que en 2016, luego de la distención diplomática iniciada por Obama, tanto Washington como Tel Aviv se abstuvieron. Rara situación esa de abstenerse contra el resto de la humanidad por una medida que depende de uno de los votantes.
Al año, ya con Trump en el poder, la historia volvió a repetirse: 191 en contra de EEUU, dos a favor y ninguna abstención. Para el embajador Orestes Pérez, el nuevo presidente norteamericano volvió a una vieja política «genocida encaminada a destruir la Revolución». Pero confía en que esa situación no puede eternizarse. “Las nuevas generaciones de cubanos y estadounidense tienen una mirada diferente de la relación bilateral que ya no está marcada por la confrontación que tuvieron las generaciones anteriores. Ellos sin dudas favorecerán que se termine esa política injerencista” , dijo.
Por lo pronto, la durísima embajadora de EEUU en la ONU, Nikki Haley, renunció el martes pasado, sin mayores explicaciones políticas. Se limitó a decir que había sufrido un fuerte trabajo en los últimos ocho años, cuando fue gobernadora de Carolina del Sur y luego representante permanente de Washington en la ONU, lugar desde el que llevó adelante el avasallante impulso de Trump contra Irán, Venezuela, Corea del Norte y Cuba.
Para Pérez, no hay relación de esa dimisión con la pronta votación sobre el bloqueo, aunque se sabe que Haley estaba maniobrando para torcer el rumbo que parece inevitable y es que se repita la votación del año pasado. Todos sostienen que es un voto consolidado y no habría razones para que alguno de los que están con Cuba cambien de parecer. El verdadero cambio pasaría porque Estados Unidos, finalmente, acepte la voluntad prácticamente unánime del resto del mundo y levante el bloqueo que ya cumplió 56 años y, como había reconocido Obama, no había logrado sus objetivos.
Tiempo Argentino, 15 de Octubre de 2018
por Alberto López Girondo | Oct 14, 2018 | Sin categoría
El centro que el viernes la Cancillería argentina a través de un tuit en que saludó «afectuosamente al Reino de España en su Día Nacional» fue cabeceado desde el otro lado del océano por una agrupación de extrema derecha que viene creciendo al calor de la caída del Partido Popular. Vox publicó el mismo 12 de Octubre un mensajito en que afirmó que «hace 526 años se inicia la Hispanidad, la mayor obra de hermanamiento realizada por un pueblo en toda la Historia universal». En ambos lados del Atlántico se recordó, sin embargo, que ese día de 1492 comenzó un proceso de destrucción salvaje de culturas ancestrales y el mayor genocidio de la humanidad. Por si hiciera falta retratar qué entiende Vox por hermandad baste decir que el líder de esa agrupación, Santiago Abascal, propuso expulsar del país al secretario de Podemos, Pablo Echenique, porque si bien tiene nacionalidad española, nació en Argentina.
La embestida de Abascal fue en respuesta a un mensaje de Echenique –un científico de 40 años que emigró a España a los 13 años con su familia y forma parte de Podemos desde el origen de esta formación de izquierda– en que cuestionó la masiva manifestación de Vox el domingo pasado en el Palacio de Vistalegre, de Madrid.
No es extraño que salgan a la luz este tipo de chisporroteos. La ola ultraderechista que sacude Europa no había tenido réplica en España. La explicación para el crecimiento del Frente Nacional en Francia, Alternativa para Alemania o la Liga del Norte en Italia, entre otros, es que fue la reacción de grandes sectores de la población ante las consecuencias de la globalización.
Sociedades sometidas a un bipartidismo entre una centroderecha y una socialdemocracia que mantienen políticas neoliberales, dejó sin representación a los que perdieron con los nuevos procesos económicos. En este sayo también cabe Estados Unidos tras el ascenso a la Casa Blanca de Donald Trump. Un nacionalismo elemental que promete defender el trabajo local y ponerle freno a la inmigración. En tiempos del nazismo, sería salvar los valores de la raza.
En España, donde había estallado la crisis inmobiliaria, la respuesta estuvo en la izquierda. Y el movimiento de los Indignados de 2011 fue el caldo de cultivo para el surgimiento en 2014 de Podemos. No por casualidad, el partido mantuvo fuertes lazos con los gobiernos populistas latinoamericanos de principios del siglo XXI. ¿Por qué la opción española estuvo en la izquierda? Para Juan Carlos Monedero, otro creador de Podemos, «porque el franquismo, que es la ultraderecha española, está dentro del PP».
Podemos puso en jaque al bipartidismo y se coló en la izquierda del PSOE mientras el PP se veía envuelto en escándalos de corrupción y crecía el independentismo catalán. Así fue que los medios fueron promoviendo a un pequeño partido creado en Cataluña en 2006, Ciudadanos, liderado por Alberto Rivera, para seducir al descontento del PP.
El vasco Santiago Abascal Conde tiene 42 años y militó desde los 18 en el PP hasta que en 2013 anunció que dejaba el partido porque consideraba que había traicionado los valores que siempre había defendido. Criticaba que por querer congraciarse con el centro había abandonado a la derecha. Al poco tiempo fundó el partido Vox.
La caída de Mariano Rajoy y el ascenso de Pedro Sánchez en una coalición parlamentaria con Podemos abrió el cauce para que los ultras sacaran la naftalina a sus banderas franquistas y sumaran a la ola neofascista sin vergüenza.
El domingo congregaron a unos 10 mil adeptos en Madrid. Se cantó el himno De cara al sol y lucieron emblemas de la Falange. Abascal se burló de quienes los acusan de fascistas. «Cuando nos llaman facha es porque hacemos lo correcto para enfrentarnos a la izquierda y para combatir a los enemigos de España».
Este viernes publicó un tuit más categórico. «Día de la Hispanidad, en mi patria chica, Álava, haciendo lo que mi padre me enseñó a hacer desde pequeño cada 12 de Octubre: ir a un cuartel de la Guardia Civil a felicitar y dar las gracias a los mejores hombres y mujeres de España». «
Debate por la visibilidad
La presencia de Vox en los medios despertó polémicas entre los periodistas. El debate se inició el lunes porque las portadas de dos de los diarios más importantes, El Mundo y La Razón le dieron amplio espacio al mitin en el Palacio de Vistalegre, un mini estadio de la capital española. La pregunta que muchos se hicieron fue «¿corresponde dar cobertura a un partido que no tiene representación parlamentaria?».
La otra cuestión corrió por cuenta del semanario humorístico Jueves, que ironizó con que los periodistas no sabían cómo llamar «a los putos nazis» de Vox, si «derecha reaccionaria, derecha ultra o usar el anglicismo ‘alt-right'».
Para Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), «Vox tiene el mismo derecho a la libertad de expresión que los demás, ya sea para opinar sobre el conflicto catalán o sobre otros asuntos, siempre que respeten los derechos constitucionales».
Hugo Cuello, experto en marketing y evaluación de impacto, analizó el tráfico en las redes y encontró que el acto de Vox «no tuvo tanto impacto como después de que los medios le dieran cobertura, especialmente en el telediario del día siguiente. La atención mediática ha doblado el interés por Vox».
Debate por la visibilidad
La presencia de Vox en los medios despertó polémicas entre los periodistas. El debate se inició el lunes porque las portadas de dos de los diarios más importantes, El Mundo y La Razón le dieron amplio espacio al mitin en el Palacio de Vistalegre, un mini estadio de la capital española. La pregunta que muchos se hicieron fue «¿corresponde dar cobertura a un partido que no tiene representación parlamentaria?».
La otra cuestión corrió por cuenta del semanario humorístico Jueves, que ironizó con que los periodistas no sabían cómo llamar «a los putos nazis» de Vox, si «derecha reaccionaria, derecha ultra o usar el anglicismo ‘alt-right'».
Para Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), «Vox tiene el mismo derecho a la libertad de expresión que los demás, ya sea para opinar sobre el conflicto catalán o sobre otros asuntos, siempre que respeten los derechos constitucionales».
Hugo Cuello, experto en marketing y evaluación de impacto, analizó el tráfico en las redes y encontró que el acto de Vox «no tuvo tanto impacto como después de que los medios le dieran cobertura, especialmente en el telediario del día siguiente. La atención mediática ha doblado el interés por Vox».
Tiempo Argentino, 14 de Octubre de 2018
por Alberto López Girondo | Oct 14, 2018 | Sin categoría
Un proceso de acelerada descomposición política y judicial vive por estas semanas el Perú y el final de esta nueva etapa en la batalla descarnada entre el fujimorismo y el gobierno de Martín Vizcarra parece todavía muy lejano. Esta semana, Keiko Fujimori, la hija del exdictador y lideresa del principal partido de la oposición, Fuerza Popular (FP), fue detenida en el marco de una investigación por lavado de dinero para financiar su campaña presidencial de 2011 a través de generosos fondos aportados por la constructora brasileña Odebrecht, según un directivo que se presentó como arrepentido.
Mientras tanto, el partido FP se apuró a conseguir la aprobación de una ley que permite que los condenados de más de 65 años de edad puedan cumplir prisión domiciliaria por su estado de salud. Oportuna legislación que pretende poner freno a la decisión de la Corte Suprema, que hace diez días anuló el indulto a Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, que había dictado Pedro Pablo Kuzcynski en un intento desesperado por ganar el apoyo del fujimorismo y evitar su destitución, cosa de todos modos ocurrió.
La pulseada de Vizcarra, que busca asentarse sobre alguna base sólida para poder terminar el mandato constitucional de PPK –o al menos obtener un hálito de legitimidad que le permita algún tipo de gobernabilidad– envolvió a un sector del poder judicial, otro estamento del Estado que con cinco jueces separados de su cargo e investigados por corrupción, entre ellos el presidente de la Corte Superior de El Callao, no tiene muchos galardones para exhibir.
La causa contra Keiko es de vieja data, pero fue reactivada en las últimas semanas y el miércoles la dirigente política y otras 19 personas de su entorno, entre ellas los jefes de campaña, fueron detenidas por lavado de dinero. La maniobra de la que se acusa a la hija del expresidente tiene relación con un método muy conocido últimamente por estos lares; el dinero lo aporta una empresa que no quiere figurar, de modo que aparecen como aportantes ciudadanos que si bien no ponen demasiado cada uno ya que no tienen un bolsillo tan abultado como para financiar una campaña, son útiles para sumar cantidades.
El que habría armado el esquema de financiación sería el congresista Rolando Reátegui Flores quien, según testigos en la causa, visitaba a dirigentes regionales para pedirles la firma en documentos donde se registraban supuestos aportes.
Mientras tanto, el fiscal Pedro Chávarry, titular del Ministerio Público, quedó en el centro de la escena luego de haber retirado de su puesto a Érika Delgado, integrante del equipo del fiscal José Domingo Pérez, el funcionario que se encargó de la pesquisa y solicitó la detención de Keiko.
Para el legislador Alberto de Belaúnde, el procurador «empezó a pagar favores». Es que Chávarry también está implicado en el escándalo que se llevó puesto al supremo de El Callao. Pudo ser nominado a pesar de esto para su actual cargo en julio, con apoyo del fujimorismo. Pero sobre él pende la amenaza de juicio político. «A pocos días de ser blindado por Fuerza Popular, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se ha procedido con retirar a una de las piezas claves del fiscal Pérez» en la investigación sobre Odebrecht, evalúa De Belaúnde.
Hubo otro escarceo en el Congreso en relación al referéndum que propone Vizcarra para reformar la Constitución. Fue creciendo el consenso para aprobar una iniciativa de la bancada del expresidente Alan García que buscaba sacar de la consulta la limitación de la reelección de los legisladores. Pero en este escenario la cosa no prosperó.
Cumbre con Evo
Evo Morales intentó, sin éxito, una reunión con el presidente chileno, Sebastián Piñera, para tratar la salida al mar de Bolivia tras el fracaso en el recurso ante la Corte de La Haya. Donde tuvo mejor suerte fue en Perú, lugar en el que arregló un encuentro con Martín Vizcarra en el puerto de Ilo con la excusa de la llegada del primer cargamento de mercadería por mar a Bolivia. Allí, además, terminará su recorrido el corredor ferroviario entre el Pacífico y el Atlántico que en parte cumplirá el objetivo de sacar la mercadería boliviana por el mar.
No se informó de otro tipo de conversaciones, pero el acuerdo que puso fin a la guerra de 1879 implica que cualquier cesión de tierras de uno de los ganadores del conflicto –Chile y Perú– deba ser comunicado al otro.
Tiempo Argentino, 14 de Octubre de 2018
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