por Alberto López Girondo | Dic 2, 2017 | Sin categoría
La reforma laboral en Brasil resulta un avance brutal contra las conquistas obreras. El gigante sudamericano marcó la ruta para forzar similares retrocesos en toda la región.
Brasil fue el último país en el mundo en abolir oficialmente la esclavitud, en 1888. Y luego de la reforma laboral de Michel Temer, que con sutiles reformas entró en vigor a mediados de noviembre, es el primero en restaurarla. Así lo interpreta la Central Única de Trabajadores (CUT) pero también la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que emitió una nota de queja contra la normativa que elimina controles y licúa las regulaciones para combatir el trabajo esclavo.
La avanzada brutal contra conquistas obreras que forman parte del imaginario social brasileño de los ’40, durante uno de los gobiernos de Getulio Vargas, comenzó mucho antes de la destitución de Dilma Rousseff, sucesora de Lula da Silva, el líder metalúrgico que llegó al gobierno en enero de 2003.
El Partido de los Trabajadores (PT), creado por Lula, solo pudo ganar la presidencial en alianza con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y aceptando que, entre los integrantes de esa agrupación y del resto de los partidos menores del espectro político, llegaran al Congreso, terratenientes de todo el país. El parlamento que se unió para echar a Dilma está integrado por un 40% de agroindustriales.
Son magnates acostumbrados a enriquecerse mediante el “olvido” de las leyes. Pero el combate al esclavismo es previo al triunfo de Lula, quien por cierto continuó y perfeccionó el sistema de controles para evitar esas prácticas. Entre 1995 y 2016 fueron liberadas cerca de 50 mil personas sometidas a esclavitud. En 2003 al control existente se le sumó la “lista sucia” de empresarios denunciados por este tipo de explotación humana.
La Corte Suprema, sin embargo, ordenó suspender la publicación de esa lista en 2014. El toque final se lo daría Temer en octubre pasado, cuando mediante un decreto no solo limitó la divulgación de la “lista sucia”, sino que además modifica la definición de “trabajo esclavo” y burocratiza las denuncias.
Hay que tomar en cuenta que las plantaciones donde se efectúa el trabajo están alejadas de los centros urbanos, obligar ahora al trabajador a hacer ese largo camino hasta una sede policial y no ante un auditor, torna virtualmente imposible la presentación. Porque la policía es normalmente cómplice del terrateniente. Los datos son contundentes: en un cuarto de siglo fueron asesinados más de 1500 líderes campesinos.
En julio, el gobierno de Temer ya había presentado ante el Congreso un proyecto que retrotrae las condiciones para desarrollar trabajo registrado a la época previa a Vargas. El paquete incluye una reforma a la ley previsional que atenta contra los ingresos de los pasivos y quita beneficios a los que esperan jubilarse. Le costó un poco porque aún para representantes patronales como los que habitan ese espacio era mucho para digerir de un trago ante la opinión pública.
De todas maneras la ley fue aprobada. Pero las presiones fuera del palacio legislativo fueron tantas entre sindicalistas, organizaciones internacionales y opinólogos, que el 15 de noviembre Temer publicó otro decreto que reforma la ley que él mismo había promulgado y que entró en vigencia cinco días antes. Se titula Medida Provisoria y deberá ser aprobado en 120 días por el Congreso o en su defecto entrará en vigencia automáticamente. Entre las reformas a la reforma, ahora las mujeres embarazadas podrán trabajar en lugares insalubres pero solo si presentan un certificado médico que las autorice. Y los trabajadores que acepten trabajar 12 horas seguidas por 36 de descanso tendrán que hacerlo luego de una negociación colectiva y no a partir de un acuerdo directo con la empresa.
La ofensiva flexibilizadora había comenzado en abril con una ley que ampliaba la tercerización a todas las actividades de una compañía, incluso la principal. El objetivo no es otro que el de reducir el poder de los sindicatos, acorralar a los trabajadores a negociar en condiciones frágiles con las patronales, y además eliminar la responsabilidad de los grandes grupos económicos en todo lo que suceda puertas adentro de una factoría.
Y teniendo en cuenta la influencia de lo que ocurre en el gigante sudamericano en el resto del continente, forzar reformas similares en toda Latinoamérica. En Argentina el gobierno se mira en ese espejo, aunque no lo quiera reconocer. Aunque es justo reconocer que las leyes más avanzadas a favor de los trabajadores eran las de ambas naciones. «
Tiempo Argentino Sábado 2 de Diciembre de 2017
por Alberto López Girondo | Dic 2, 2017 | Sin categoría
El sorpresivo cambio de tendencia en el accidentado escrutinio de las elecciones convirtió al país en un polvorín que ya provocó 9 muertos.
En las calles ya se habla de al menos nueve muertos por la represión de las protestas en Honduras ante lo que califican como un burdo fraude contra la voluntad popular. «Dicen que hay muertos, pero no pueden ser reconocidos con autoridad pública porque cuando llegan no los dejan; entonces nosotros tenemos cero registro», dijo sin embargo el vocero policial, Jair Meza. El presidente y candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández, decretó a última hora del viernes el Estado de excepción, que suspende las garantías constitucionales, lo que augura más muertes, según reconoció a Tiempo el portavoz de la Alianza de Oposición, Ricardo Salgado. De este modo, la ola de golpes blandos contra gobiernos populares iniciada en junio de 2009 termina envuelta en un baño de sangre, y en esas mismas calles se juega el futuro del proceso constitucional hondureño y, quién sabe, del resto del continente.
Hernández, conocido en los medios hondureños como JOH, se presentó para la reelección luego de forzar una autorización de la corte de su país que echa por tierra con los argumentos que sirvieron para destituir a Manuel Mel Zelaya que, sin ser de izquierda, había impulsado algunas reformas sociales. Su peor pecado, sin embargo, fue el acercamiento a los gobiernos populares de la época, como los de Hugo Chávez, Cristina Fernández y Lula da Silva.
Recién comenzaba la administración Obama con la promesa de cambiar la relación con Latinoamérica. Al frente de la secretaría de Estado, Hillary Clinton puso en marcha una maquinaria que, asociada con los factores económicos hondureños llevó al enfrentamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con Zelaya, que intentaba una consulta para reformar la Constitución. En abril de 2015, sin tanto prurito, ambas instancias aceptaron reformar el artículo 239 de la Constitución de 1982 para permitir la reelección.
JOH, en el gobierno desde enero de 2014 y con fecha de vencimiento en enero próximo, no dejó pasar la ocasión de presentarse para un nuevo período. Tampoco es que la derecha conservadora y la oligarquía tengan muchas figuras de reemplazo.
Por el lado de la oposición, Zelaya mantiene buena llegada a la población pero sabía que solo o con el partido que fundó tras su destitución, Libre, no podría derrotar al aparato estatal, mediático y judicial que apoya a Hernández. De modo que promovió una coalición entre sectores opositores. En mayo pasado se anunció que para las presidenciales se presentaría una Alianza de la Oposición integrada por el partido Libre, el sector principal del Partido Anticorrupción (PAC) y el Partido Innovación y Unidad (PINU).
El candidato sería el fundador de PAC, Salvador Nasralla, un ingeniero en construcción recibido en la Universidad Católica de Chile pero conocido en todo Honduras como presentador televisivo. Es un personaje a tener en cuenta por estas pantallas. Se lo llamaba hasta no hace mucho «El señor de la TV» y entre sus logros profesionales está la conducción del Bailando por un sueño de Honduras. Luego de la crisis de 2009 decidió incursionar en la política y desde allí construyó una imagen de luchador contra la corrupción. Materia prima tiene a rabiar en ese país, sobre todo desde el golpe de 2009. Su candidata a vicepresidenta es la esposa del derrocado mandatario, Xiomara Castro, quien se define como socialista. En la plataforma de la Alianza se establece que la coalición rescatará el Estado de derecho, implementará servicios de salud universal y gratuita, promoverá la enseñanza gratuita en los niveles básico y medio, y el acceso inmediato a la universidad para los graduados del sistema de educación secundaria.
El domingo pasado se desarrollaron los comicios, en un clima de aparente normalidad. Veedores de todo el mundo se hicieron presentes en el acto, entre ellos de la OEA y de la Unión Europea. Aunque los integrantes de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) denunciaron un «ambiente de abierta hostilidad gubernamental».
Entre el lunes y el martes el TSE fue mostrando los primeros resultados de la elección. Cuando se llevaba escrutado el 68% de las urnas la diferencia era de 5 puntos en favor de Nasralla. Para la Alianza la tendencia era irreversible. «En un país de 8,5 millones de habitantes con un padrón de 6 millones de ciudadanos con un promedio de afluencia de entre el 50 y el 60% del electorado, se entiende que el resultado no cambiará. Pero el TSE no dijo nada», se quejó ante este medio el vocero de la coalición opositora.
El miércoles las autoridades informaron que «se cayó el sistema» y se suspendía el informe de avance en el escrutinio. La excusa no conformó a nadie: se había llenado el disco rígido donde estaban los datos.
La cuestión es que el jueves volvieron a dar informes pero sorpresivamente Hernández se iba acercando a Nasralla de un modo poco confiable para la experiencia electoral de Honduras. El viernes las calles se llenaron de manifestantes enfurecidos por lo que avizoran como otro despojo a la democracia. A esa altura, y con el 95% escrutado, el actual presidente tenía, según el TSE, el 42,92% de los votos contra el 42,42% de Nasralla. Pero habría, de acuerdo a la Justicia electoral, 1031 urnas con inconsistencias que deben revisarse. La Alianza quiere que se entregue el listado completo de las actas que van a observarse y especialmente de más de 5000 que no se trasmitieron por Internet sino en forma sospechosamente manual. O que primero figuraban a favor y luego en contra del presentador televisivo.
El gobierno de Donald Trump cuestionó las elecciones municipales de Cuba del domingo pasado, pero aún no se había pronunciado sobre Honduras. La OEA, que cuestiona con vehemencia el proceso electoral venezolano, se limitó a reclamar «transparencia». Mientras tanto el gobierno dictó el estado de excepción y el toque de queda desde las 18 a las 6 de la mañana siguiente por el término de diez días.
Ricardo Salgado le dijo a Tiempo que la oposición se plantea la desobediencia civil y que para hoy habrá marchas. Y señaló que la policía denunció saqueos, que asegura que no se registraron, como argumento para la represión del viernes. «Tememos una escalada de violencia, estamos convencidos de que van a asesinar a más gente», destacó. «
Tiempo Argentino Sábado 2 de Diciembre de 2017
por Alberto López Girondo | Dic 1, 2017 | Sin categoría
Entre los 194 detenidos en las protestas del 20 de enero hay dos periodistas independientes. El primer tramo del juicio, contra seis acusados, servirá de espejo para lo que pueda ocurrir en la segunda fase. «Es como el canario en la mina de carbón»; dicen los analistas.
Un tribunal de Washington está por definir lo que sin dudas será un caso testigo para el tratamiento de las protestas sociales en Estados Unidos en el futuro. Se trata del juicio contra seis de los 194 detenidos durante las manifestaciones del 20 de enero pasado, el día que asumió el presidente Donald Trump, y que enfrentan cargos de hasta 60 años de prisión.
Como se recuerda, miles de personas fueron a expresar su rechazo a la llegada de magnate a la Casa Blanca, pero la movilización terminó con incidentes y la policía reprimió arrinconando a un puñado de personas en la esquina de las calles L y 12, desde donde fueron llevados a la rastra hasta una sede policial. Allí les quitaron las pertenencias, los celulares y sufrieron todo tipo de abusos.
Entre los detenidos había varios periodistas, algunos de los cuales fueron liberados pocas horas más tarde, pero dos siguen atados a esa causa, tal vez porque trabajan como free lance o para medios alternativos. Por ahora las únicas pruebas contundentes en su contra son algunos videos provistos por una ONG financiada por sectores ultraconservadores y que a su vez enfrenta denuncias por haber intentado en estas semanas “sembrar” una testigo a periodistas de The Washington Post con una acusación falsa contra un candidato a senador por Alabama. Para los grupos de defensa de los derechos civiles, este primer tramo contra los seis implicados es, apelando a una frase popular, “como el canario en la mina de carbón”, es decir, lo que ocurra con ellos indicará el rumbo judicial para los demás acusados. Uno de los trabajadores de prensa acusados es Alexei Wood, un reportero gráfico de San Antonio, California, que según declaró, tomó la decisión de viajar a Washington para asistir a la ceremonia de jura porque intuía que las protestas contra Trump serían grandes y quería testimoniar ese evento. El otro periodista acusado es Aaron Cantú, quien también trabaja en forma independiente.
El empresario inmobiliario ganó la presidencia en el colegio electoral pero obtuvo casi tres millones de votos menos que su oponente, Hillary Clinton. Y es el mandatario que llegó a la Casa Blanca con peor imagen pública. No parecía una mala oportunidad de registrar lo que ocurriera. Wood acostumbra a poner el lente en lugares donde los grandes medios no quieren ni asomar la nariz, Cantu hace lo propio con palabras.
Según mostraron las cámaras de tevé aquel día y contaron luego testigos presenciales, un grupo con algunos encapuchados se desprendió de la manifestación y provocó incidentes con la policía e incluso causó destrozos en comercios aledaños. Pero los uniformados persiguieron a un sector de la multitud a mansalva.
El argumento de los desmanes fue presentado ante el tribunal por la fiscalía, en este caso a cargo de Jennifer Kerkhoff, quien mostró a los jurados la boleta de reparación de una vidriera de un local de Starbucks y un televisor de una estación de servicio de BP atacados por manifestantes pro varios miles de dólares. Por esta razón los acusados enfrentan cargos por hasta 60 años de prisión ya que se los acusa de amotinamiento, conspiración, y daños a la propiedad y a las personas.
Este juicio genera en los grupos de defensa de los derechos civiles de Estados Unidos dos cuestiones a debatir en los tribunales y ante la opinión pública ¿Se puede acusar a un grupo masivo por los delitos que puedan haber cometido solo algunas personas? ¿Se trata de una acusación contra actos de violencia o el inicio de una escalada de ataques a la libertad de expresión de un gobierno sin pudores para avanzar contra derechos y garantías?
Y aquí es donde entra en juego Project Veritas, una organización creada por James O´Keefe, un joven de 33 años, militante ultraconservador de escasa credibilidad desde que se encontró que editaba maliciosamente videos en los que los personajes involucrados aparecen diciendo lo contrario de lo que realmente habían dicho. En 2010 se declaró culpable de haber ingresado en la oficina de la senadora Mary Landrieu, demócrata por Luisiana, mediante falsos pretextos para realizar grabaciones ilegales.
Hace un par de semanas una mujer se presentó en la redacción del Washington Post para denunciar que cuando tenía 15 años había sido víctima de abuso sexual por parte de Roy Moore, un ex juez y dos veces presidente del Supremo Tribunal de Alabama que se presenta para senador para ocupar el cargo que dejó vacante Jeff Sessions cuando asumió la secretaría de Justicia de Trump. A los periodistas no les cerraba el testimonio de la mujer y decidieron tomarse unos días para contrastar la información antes de publicarla. Pero hete aquí que la encontraron ingresando a la oficina de Project Veritas. Allí les cayó la ficha de que era algo armado por O´Keefe para desprestigiar a un aspirante al Senado que, de todas maneras, ya tenía otras denuncias en su contra y está tan corrido a la derecha como para ir en contra del casamiento igualitario en un distrito donde es legal.
Pero este incidente le sirvió al Post para mostrar imparcialidad y a los organismos de derechos civiles para alertar al jurado que debe resolver sobre los acusados por las marchas contra Trump sobre una de las pruebas consideradas por la fiscalía como contundentes contra los activistas. Es que el ministerio público presentó una grabación de Project Veritas donde se ve una presunta reunión secreta de militantes sociales del día previo la marcha donde se estaría hablando de los planes para interrumpir la ceremonia de inauguración del nuevo periodo presidencial.
«Es absolutamente impactante que los fiscales hayan declarado que confían en un video de Project Veritas», dijo a Democracy Now Jude Ortiz, miembro de Defend J20 Resistance, una organización que apoya a los 194 manifestantes involucrados en el juicio. Para James Anderson, de It´s Going Down, otra ONG progresista, que el tribunal haya tenido que recurrir a un video de Project Veritas “muestra que el Estado no tiene mucho de dónde agarrarse” para condenar a los manifestantes.
«El hecho de que tienen que recurrir al uso de estos trolls de extrema derecha, que están ampliamente desacreditados, no solo habla de la ilegitimidad de su caso, sino también de una relación fundamental entre la administración Trump y el alt-right (la derecha alternativa, un sector de extrema derecha que apoya al magnate)», abundó Anderson ante el británico The Guardian.
No solo eso, en el juzgado quedó claro que los investigadores desmenuzaron información de ocho teléfonos celulares de los incautados y que revisan historiales de internet y las imágenes extraídas de los aparatos para utilizarlas en contra de los reos. La conocida Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) demandó a la policía por el uso de fuerza excesiva contra los detenidos, maltrato y abusos sexuales como forma de intimidación. Para el departamento de policía de Washington, “los arrestos del 20 de enero fueron apropiados”, lo mismo que los procedimientos posteriores.
“Periodistas, abogados, el manifestante promedio: esas son las personas a las que acecharon, arrestaron y acusaron de delitos graves”, dijo Alex Stokes al portal The Intercept. Stokes también es periodista pero pudo zafar de la causa porque fue liberado a los pocos días. Lo que no queda claro es cómo se resolverá el caso, en el que parecen haber muchas presiones desde el gobierno federal.
Así lo interpreta Suzanne Ito, de ACLU, quien ironiza sobre la forma que podrían utilizar los jueces para una condena como la que sustancia la fiscalía. “Podrías sacar una pistola en el centro del DC (Washington) y asesinar de un disparo en la cabeza contra un policía y tendrías 30 años de prisión”. La mitad de la que se cierne sobre las cabezas de los detenidos el 20J, como titulan el caso los medios en inglés.
Tiempo Argentino Viernes 1 de Diciembre de 2017
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