por Alberto López Girondo | Dic 16, 2017 | Sin categoría
María Luisa Borjas, excoronel de la policía, denunció que el actual presidente generó nuevas fuerzas para reprimir las protestas contra el fraude electoral.
Una excoronel de Asuntos Internos de la policía hondureña con un largo historial de lucha por la transparencia y la defensa de los derechos civiles dentro de esa controvertida fuerza, denuncia que el actual presidente Juan Orlando Hernández busca reprimir las protestas contra el fraude electoral con escuadrones de la muerte.
María Luisa Borjas participa en política y fue la mujer más votada para la cámara de diputados dentro del partido Libre, del expresidente Manuel Zelaya, que integra la Alianza Opositora. Como se sabe, esa coalición asegura haber ganado con su candidato Salvador Nasralla los comicios que se llevaron a cabo el 26 de noviembre. Pero tras sospechosas maniobras de manipulación, para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el comicio lo ganó Hernández por décimas. Sin embargo el escándalo no permitió que aún lo designaran oficialmente porque las denuncias por trampas electorales fueron tan contundentes que levantaron protestas de todos los rincones, adentro y afuera del país centroamericano. Además, hay un planteo de inconstitucionalidad contra el actual presidente porque de acuerdo a la Carta Magna no podía presentarse a reelección.
Mucho antes de incursionar en la política, Borjas había denunciado excesos y crímenes cometidos por miembros de la policía hondureña, una de las más brutales y también de las más vinculadas con hechos de corrupción y con el narcotráfico de la región. Uno de los hechos más resonantes fue el asesinato en 2013 del fiscal antilavado Orlán Chávez, conocido como «El fiscal de oro». El hombre fue víctima de sicarios que lo balearon desde una moto que, de acuerdo a la denuncia de Borjas, fueron enviados por policías que integraban el «cártel de la Granja».
Ahora, la comisionada policial en retiro asegura que Hernández creó un nuevo cuerpo policial bajo sus órdenes directas para reinstaurar la Doctrina de Seguridad Nacional, que causó miles de muertes en los ’80, una escalada criminal de la que en ese entonces llegaron a participar militares argentinos. Borjas incluso culpó directamente a la embajada estadounidense y al Departamento de Estado de estar detrás de esta política de corte genocida para que Hernández pueda perpetuarse en el poder a como dé lugar.
Mientras tanto, cientos de miles de hondureños salen a las calles en todo el país para reclamar que se respete la voluntad popular expresada en las urnas y no se concrete otro despojo. Como cuando, por querer reformar la Constitución, destituyeron a Zelaya en un golpe institucional en 2009. «
Tiempo Argentino Sábado 16 de Diciembre de 2017
por Alberto López Girondo | Dic 13, 2017 | Sin categoría
Ivan Márquez, que fue negociador con el gobierno en La Habana, denuncia que ni el gobierno ni el Congreso respetan los documetnos firmados. Disputa por los 16 senadores que corresponden a víctimas del conflicto.
Las FARC, ahora convertidas en partido político (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) irán a las Naciones Unidas a denunciar el incumplimiento de los acuerdos de paz con el gobierno colombiano, en el que el organismo internacional es uno de los encargados de verificar que todo lo firmado se plasmara en la realidad.
El anuncio lo hizo Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, luego de un encuentro con el presidente Juan Manuel Santos. El reclamo es porque el Senado no aprobó el ingreso de 16 representantes de víctimas del conflicto armado, que fue uno de los puntos firmados en La Habana el año pasado tras trabajosas negociaciones durante cuatro años.
Esta instancia para una paz definitiva en Colombia viene trabada en el marco de un enfrentamiento cada vez más visible entre los sectores de la sociedad que apoyaron desde el inicio el proceso iniciado por Santos en setiembre de 2012 y los que quieren mantener el status bélico, encolumnados detrás del ex presidente Álvaro Uribe.
Al principio este proceso parecía una negociación complicada pero con un horizonte auspicioso, ya que contaba con el apoyo como garantes del proceso como los gobiernos de Cuba y Noruega y facilitadores como Venezuela y Chile. Y además estaban detrás los organismos regionales e internacionales batiendo sus parches por resolver ese conflicto que llevaba más de 50 años. Entre ellos está precisamente la ONU, que supervisó la dejación de armas de la guerrilla.
Pero cuando todo se encaminaba a un final feliz, el diablo metió la cola y el plebiscito convocado para el 2 de octubre de 2016 para refrendar en las urnas lo firmado por los representantes de las FARC y el presidente Santos, tuvo un primer barquinazo. Con apenas un 37,34% de participación, el NO al acuerdo ganó por 50,21% a 49,78.
Poca diferencia, pero suficiente como para que los uribistas sacaran pecho y desde entonces la derecha más cerril retomó posiciones en el debate ideológico en torno a la incorporación de los ex guerrilleros a la vida política, que era el objetivo final de todo.
Es decir, que la sociedad revuelva sus diferencias democráticamente y no por las armas. Para no tirar por la borda los cuatro años de negociaciones, se consensuó que el acuerdo –malherido tras el referéndum- fuera votado en el Congreso, cosa que finalmente se logró a principios de este año. Las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia cumplieron paso a paso todo lo convenido en La Habana, según destacó el equipo de supervisión de la ONU.
No así el estado colombiano.
Fueron 534 los activistas asesinados desde 2012 y la cifra no se detiene. Solo hasta agosto pasado cayeron 101 líderes sociales. Pero además, en el poder judicial fueron diluyéndose muchas de las cuestiones planteadas en la mesa de conversaciones. En el parlamento y la fiscalía se fue cambiado el alcance de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), un tribunal que debía obtener “Justicia, Verdad y No Repetición” llevando al banquillo cualquier tipo de delitos cometidos durante ese medio siglo de horrores. “Debía ser una justicia restaurativa como fundamento de la verdad detallada de lo sucedido y en tal sentido acceder a tratamientos especiales”.
Ahora, se quitó de ese fuero a civiles y paramilitares con lo que los ex guerrilleros y un puñado de militares quedarán como únicos responsables de todo lo que ocurrió.
El tema de los 16 escaños es el último tramo de esta regresión del proceso de paz. Se había aceptado en La Habana que fueran cargos parlamentarios para que tuvieran voz en el Senado las víctimas del conflicto de las regiones más afectadas. Para la derecha se opone porque arguye que entre ellos puede haber criminales y delincuentes.
Santos confiaba en que el Senado aprobaría sin más, o por lo menos con voto mayoritario, el ingreso de los 16 nuevos legisladores. Hace dos semanas la mitad de los legisladores votaron contra. El gobierno replicó elevó una queja ante un tribunal por el no cumplimiento de un acuerdo que habían aceptado meses antes. Un juez dio la razón al Ejecutivo peor el tema sigue trabado por chicanas del presidente de la Cámara Alta, Efraín Cepeda.
Según Cepeda, el gobierno perdió la votación porque no logró la mayoría ya que solo obtuvo 50 votos. «Los proyectos de este tipo deben ser aprobados por la mayoría absoluta y para este caso el quórum es de 102 senadores», especificó a los medios. El problema es que en realidad hay tres senadores que fueron separados de sus cargos por causas de corrupción.
Para el gobierno los senadores son, entonces, 99 y los 50 a favor son la mitad mas uno.
Mientras tanto se divulgan noticias de ataques atribuidos a disidentes de las FARC que mantienen la lucha armadas en diversos puntos del país. De alguna manera todos estos reveses dan la razón a quienes dentro de la guerrilla no quisieron entregar sus armas por temor a una nueva trampa de la dirigencia política colombiana. Recuerdan los casi 5000 ex guerrilleros asesinados de la Unión Patriótica en los 80.
Tiempo Argentino Miércoles 13 de Diciembre de 2017
por Alberto López Girondo | Dic 12, 2017 | Sin categoría
Mientras comienza el debate por la educación superior gratuita sacaron a empellones al rector de Minas Gerais por un presunto desvío de fondos en un monumento a la lucha contra la dictadura. Quejas del João Bosco por el uso de una canción suya para nombrar el operativo.
La intempestiva incursión de efectivos de la Policía Federal de Brasil en la Universidad Federal de Minas Gerais para llevarse a la fuerza al rector y a algunos funcionarios en una investigación por presunto desvío de fondos alertó a las fuerzas progresistas y despertó un fuerte rechazo en uno de los músicos más importantes de ese país, João Bosco, alarmado por la utilización de una de sus canciones más emblemáticas para nombrar al operativo policial. Todo esto en el marco de un debate que recién comienza y que para los malpensados, se inscribe en una política destinada a poner fin de la enseñanza superior gratuita en ese país por recomendación del Banco Mundial.
La historia tiene esos dos aditamentos que están íntimamente entrelazados. Por un lado, un informe del BM conocido a fines de noviembre pasado recomienda al gobierno de Michel Temer, como se sabe, surgido de un golpe institucional contra Dilma Rousseff, acelerar la reforma previsional, reducir los salarios de los empleados públicos y poner fin a la gratuidad en las universidades públicas.
Por el otro, una causa por un presunto desvío de fondos destinados a la construcción del Memorial de la Amnistía Política de Brasil en el predio de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte.
El monumento recuerda la lucha de los brasileños contra la dictadura militar que se instauró en 1964 y duró hasta 1985. En 1979 la situación política y social estaba a punto de explotar y surgieron en todo el país movimientos para reclamar la amnistía política de los miles de presos políticos y exiliados por la represión.
En ese contexto el dictador Joao Batista Figueiredo emitió la Ley 6683, que amnistiaba a la mayoría de los detenidos salvo que estuvieran condenados por actos considerados terroristas, lo que restringía el alcance en algunos casos a la arbitrariedad de las autoridades. Pero también amnistiaba a militares implicados en crímenes y torturas.
Con todo, esa normativa fue una de las base para la frágil democracia que surgió en el 85 y nació como parte de la lucha popular.
El edificio del Coleginho de Belo Horizonte, vinculado a la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la UFMG, había sido escenario de la resistencia contra la dictadura y de formación de intelectuales de Minas Gerais en esa época. De hecho, la ex presidenta fue alumna de la Facultad de Ciencias Económicas de esa institución entre 1968 y 1970, cuando fue detenida por integrar el Comando de Liberación Nacional (Colina).
Es por estos antecedentes que en 2001 el Ministerio de Justicia decidió que era el lugar ideal para construir el Memorial, con recursos del Banco Nacional de Desarrollo por un total de 10 millones de reales. La obra se puso en marcha recién en 2008. Pero a la fecha aún falta mucho para darla por finalizada y todo se retrasó aún más desde que el gobierno de facto de Temer comenzó a retacear fondos para las universidades estatales. Además, ahora aparecieron denuncias sobre un presunto desvío de fondos por 4 millones de reales no justificados.
En noviembre pasado, Temer puso al mando de la Policía Federal, un organismo que cumple funciones de auxiliar judicial y de orden administrativo del estado central, a Fernando Segóvia, un funcionario muy cercano al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio mandatario.
El portal Brasil 247 afirma que para el nombramiento de Segóvia intercedió el jefe de gabinete de Temer, Eliseu Padilha. Y que entre las razones para la promoción está en primer lugar que la PF había encontrado 16 millones de dólares en valijas que estaban dentro de un departamento del ex ministro Geddel Vieira Lima, tan vinculado a Temer como para que se sospechara que el dinero podría no ser precisamente del acusado.
Como sea, Segóvia movilizó a 84 policías federales, 15 auditores de la Controladuría General de Brasil y dos del Tribunal de Cuentas para llevar a cabo ocho mandatos de “conducción coercitiva” y once de “búsqueda y apresamiento”. Pero cumplieron la medida entrando sin aviso y en forma brusca -sacando a empellones al rector Jaime Ramirez y a docentes y administrativos- en una institución que tiene inmunidad y en un momento de preocupación tras el pedido del BM. Para colmo, el operativo fue bautizado como “Esperanza equilibrista”.
Esa es una estrofa de una canción emblemática en la lucha contra la dictadura militar, O Bêbado e a Equilibrista (El borracho y la equilibrista), que popularizó Elis Regina en 1975 luego de la muerte en la celda de una prisión paulista del periodista Vladimir Herzog. Escrita por João Bosco y Aldir Blanc, el tema habla de los que debieron exiliarse y el dolor de los que se quedaron y termina con la metáfora del acróbata que danza en una cuerda, con una sombrilla, y que a cada paso se puede lastimar, para concluir:” la esperanza equilibrista/sabe que el show de todo artista/debe continuar”.
El propio Bosco, que ahora tiene 71 años, envió a los medios un texto en el que resalta que los académicos no tuvieron posibilidad de ver la causa por la que se los acusa, lo cual bastaría para sentirse indignado. “Pero la operación de la PF me toca de modo más directo porque (alude) a la canción que hicimos en honra de todos los que lucharon contra la dictadura brasileña y permanece en la memoria colectiva del país como un himno a la libertad y la lucha por la democracia”. Y agrega: “no autorizo políticamente el uso de esa canción por quien traiciona su deseo fundamental”.
Pero a esto le suma que sus sospecha de que esas medidas violentas son un ataque a la universidad pública encarada por instituciones “alineadas con una visión más plutócrata que democrática”. Y remata que la universidad pública “es un espacio fundamental para la promoción de la igualdad en la sociedad brasileña. Es esa la esperanza equilibrista que debe continuar”.
Tiempo Argentino Martes 12 de Diciembre de 2017
por Alberto López Girondo | Dic 9, 2017 | Sin categoría
La Alianza creada por Manuel Zelaya no acepta el recuento con documentos que considera fraudulentos ni ir a nuevos comicios como propondría la OEA. La Policía Nacional se negó a continuar reprimiendo a los manifestantes.
El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, analiza qué medidas proponer en relación a las escandalosas elecciones presidenciales de Honduras, que a 14 días de realizadas todavía mantienen al país en un berenjenal sin salida a la vista. «Si las irregularidades existentes fueran de tal entidad que hicieran imposible que este proceso brinde certeza y seguridad en el recuento, la Misión (de Observación Electoral del organismo) se reserva el derecho de realizar las recomendaciones adicionales», como por ejemplo, «la posibilidad de recomendar un nuevo llamado a elecciones con garantías de que corrijan todas las debilidades identificadas», prosigue el comunicado del excanciller del Frente Amplio.
Almagro, vapuleado por todo el arco progresista latinoamericano por su posición hostil al gobierno venezolano, se anota otra retahíla de críticas por mostrarse tan amistoso con las autoridades surgidas del proceso posterior al derrocamiento en 2009 de Manuel Zelaya como para obviar el pequeño detalle de que la Alianza de Oposición mostró pruebas de un colosal fraude. Que exige al Tribunal Superior Electoral (TSE) que reconozca ganador a su candidato Salvador Nasralla, y que hasta otro aspirante a la presidencia, que quedó ubicado en tercer lugar, el liberal Luis Zelaya (ningún parentesco con el exmandatario), dijo que según los cómputos de esa agrupación, el conductor televisivo fue el legítimo ganador de la contienda, realizada en 26 de noviembre pasado.
La Alianza no acepta nuevas elecciones y si bien no lo dicen en voz alta, repudian el planteo de Almagro: «Si según la OEA hubo irregularidades no se puede pedir nuevos comicios con el mismo candidato que las cometió». El actual presidente, Juan Orlando Hernández, forzó una declaración de la Corte autorizando su reelección cuando la Constitución lo prohíbe. No sólo eso, Mel Zelaya fue depuesto cuando intentó llamar a consulta para saber si la población aceptaba reformar la Carta Magna. Por otro lado, ir a nuevos comicios llevaría a desconocer el resultado de este, que según estos datos, fueron favorables a la Alianza.
Entre las irregularidades que Almagro todavía no admite figura un corte informático en pleno conteo, cuando el escrutinio rondaba el 60 % del padrón y el resultado era irreversible de acuerdo a la historia electoral hondureña, ya que la diferencia en favor de Nasralla era de 5 puntos. Cuando «el sistema» volvió, milagrosamente había unas décimas en favor de Hernández. El TSE dio finalmente como ganador a Hernández, por 42,98% a 42,39%, pero luego tuvo que admitir que en algunos centros de votación las irregularidades fueron por demás groseras.
A esa altura la población había salido a las calles para protestar contra un nuevo despojo de la voluntad popular. Hubo una decena de muertos por la represión y el gobierno decretó el Estado de Excepción y el toque de queda por diez días. Pero el dato fue que la Policía Nacional y la brigada de elite Cobra se negaron a continuar con la represión y se autoacuartelaron, dejando esa tarea a la Policía Militar, un cuerpo especial creado por Hernández en 2013. Las hondas diferencias en el trato y salariales de las autoridades hacia ambos estamentos de las fuerzas de seguridad son tales que en la práctica la PN y los Cobra se fueron inclinado con los años hacia posiciones más cercanas a la población. Es así que estos días se metieron en los destacamentos argumentando que no iban a reprimir porque «nosotros somos pueblo y no nos podemos estar matando con el propio pueblo, nosotros tenemos familia».
Esta dura realidad llevó al TSE a aceptar la revisión de, ahora, 4533 actas electorales. Pero la Alianza rechaza ese artilugio ya que no confían en la veracidad de los documentos que se auditarán. Por esa razón se negaron a participar de un acto al que consideran otra maniobra para legalizar comicios que entienden ya fueron realizados y dieron un ganador, Salvador Nasralla.
Mientras tanto, el gobierno de EE UU, que suele emitir informes lapidarios contra gobiernos no alineados, por ahora se limitó a recomendar a sus conciudadanos que no viajen a Honduras ante la posibilidad de que estalle la violencia en ese país centroamericano. «
Tiempo Argentino Sábado 9 de Diciembre de 2017
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